“He tomado la decisión de solicitar a la Secretaría de las Naciones Unidas la extensión del mandato de la CICIG”, anunció el mandatario durante un acto oficial celebrado en el Palacio Nacional de la Cultura, en el que estuvo acuerpado por su Gabinete de Gobierno, y acompañado de la fiscal general, Thelma Aldana, y el jefe de la CICIG, el fiscal colombiano Iván Velásquez, ante la presencia del cuerpo diplomático. “Guatemala pasa por momentos cruciales, en los cuales se está avanzado al hacer una limpieza en diferentes estructuras. Hemos reiterado que no importa quiénes estén señalados. Como ya se hizo, deben de enfrentar su responsabilidad ante los tribunales. Estamos convencidos”, señaló, “de que es la forma en que Guatemala debe seguir avanzado”.
A su lado, con rostro impávido, se encontraba Baldetti, quien sabía que el mandatario se refería al prófugo Juan Carlos Monzón Rojas, su Secretario Privado hasta la semana pasada, señalado por la CICIG y el Ministerio Público de ser el principal cabecilla de “La Línea”, la estructura criminal responsable de una millonaria defraudación fiscal y aduanera.
Pérez Molina obvió en su discurso hablar de las presiones políticas ejercidas por la comunidad internacional, principalmente del gobierno de los Estados Unidos, para ampliar el mandato de la CICIG, así como de las exigencias que en sentido realizaron durante la última semana, tras el estallido del caso de “La Línea”, diversos sectores sociales. Como el poderoso sector empresarial cuya cúpula, al igual que el mandatario, cambió de opinión al respecto tras conocerse la implicación de cientos de importadores en la red criminal desbaratada. El recién inaugurado presidente del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF), Jorge Briz, en una conferencia de prensa el pasado martes, pidió la ampliación del mandato de la CICIG, condicionado a que Iván Velásquez continúe en la “dirección y conducción” de esa Comisión. También manifestaron su apoyo la Iglesia Católica, por medio del arzobispo metropolitano, Óscar Vian Morales; y desde la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, el secretario general, Ban Ki-moon. Excepto algunos columnistas que ratificaron su rechazo, el resto de opositores a la CICIG, si no cambiaron de opinión, tampoco insistieron en repetirla.
Su decisión, aseguró Pérez Molina, se basó en el informe elaborado a su solicitud por la Instancia Coordinadora para la Modernización del Sector Justicia , integrada por la fiscal general, Thelma Aldana; el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Josué Baquiax; el director del Instituto de la Defensa Pública, Remberto León Ruiz; y el ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, el cual le fue entregado el pasado miércoles, y en el que se le recomendaba solicitar la ampliación del mandato.
La crisis desatada tras la develación de “La Línea”, obligó a un radical cambio de planes respecto a la ampliación del mandato de la CICIG. La decisión desde el principio era negarse en rotundo, según fuentes del Ejecutivo y del Organismo Judicial. “La idea original era que la comisión fuera la que le diera el no a la CICIG, en base a una supuesta evaluación técnica. Así el Presidente se lavaba la manos y no cargaba con el costo político”, asegura un miembro del Ejecutivo. El liderazgo dentro de la instancia lo asumió López Bonilla desde el principio, explica uno de los asesores jurídicos que trabajaron con la comisión. No había mucho que hacer, agrega: “Todo apuntaba a que el informe fuera negativo”.
Pero durante la última semana, tras la desarticulación de la “La Línea”, y las repercusiones políticas que esto desató, las cosas cambiaron dentro de la instancia. El borrador del informe final, que había sido redactado hacía varias semanas, fue sustituido por el documento que el miércoles se le entregó al presidente . En él se recomienda prorrogar dos años el mandato de la CICIG, y que se le pida a esta elaborar un plan de trabajo, en coordinación con la instancia, que incluya las áreas de investigación criminal que abordará en el futuro. Con ello, explicó Baquiax a los periodistas, no se pretende limitar las funciones de investigación criminal de la CICIG; sólo “establecer cuáles” serán.
El informe de la instancia, señaló Pérez Molina, le permitió “contar con elementos técnicos, datos estadísticos y posiciones institucionales” para tomar la decisión de ampliar el mandato de la CICIG, de la cual, dijo estar convencido “es por el bien de Guatemala”, y para que las instancias de seguridad y justicia del país sigan el camino del fortalecimiento y la profesionalización. “Hacemos el llamado, en respuesta al clamor de los guatemaltecos, para que efectivamente, tengamos un Estado con más seguridad y con más justicia”.
El comisionado de la CICIG, Iván Velásquez, cauto, tampoco hizo alusión a los hechos que giraron en torno a la ampliación del mandato de la Comisión durante los últimos meses. Pero envió un mensaje a quienes se oponen a su presencia en el país: “la CICIG no debe ser considerado como un cuerpo extraño al país, sino como un grupo de personas interesadas en contribuir, apoyar, colaborar con las instituciones nacionales y con la sociedad en la construcción y fortalecimiento de sus instituciones”.
Noches de insomnio
El presidente Otto Pérez Molina sufrió insomnio las últimas noches. “Varios fantasmas le roban el sueño”, asegura un allegado suyo que le vio “como pocas veces” tronarse los dedos, fruncir el ceño más de lo habitual y hablar y hablar y hablar con sus más cercanos y comprometidos colaboradores, mientras diseñaba y echaba a andar la estrategia de inteligencia de mayor importancia para él en su gestión, y quizá en su vida política: ampliar el mandato de la CICIG durante dos años más a partir de septiembre próximo, a cambio de garantizar que las investigaciones de ésta no le alcancen a él, a la vicepresidenta Roxana Baldetti, a su ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, luego de que concluya su Gobierno el 14 de enero del próximo año.
Supuestamente, la “impunidad”, que las fuentes consultadas para este reportaje prefieren llamar “protección” o “blindaje”, comenzó a negociarse de manera directa con el Gobierno de los Estados Unidos, principal interesado en la ampliación del mandato de la Comisión, y fueron dirigidas en Guatemala por López Bonilla como principal operador político —y beneficiario— y en Washington por diplomáticos guatemaltecos. De las contrapartes estadounidenses se conoce poco. Una fuente diplomática internacional asegura que “los mensajes” se transmitieron entre funcionarios de la Embajada de EE.UU. en Guatemala, el Departamento de Estado, la Agencia Federal Anti-Drogas y la Agencia de Seguridad Nacional (DEA y NAS, por sus siglas en inglés, respectivamente). De los acuerdos alcanzados se conoce aún menos. “No ser tocados, alcanzados ni investigados”, Pérez Molina, Baldetti y López Bonilla, asegura una fuente del Ejecutivo sin proporcionar mayores detalles sobre cómo se realizó el pacto ni de las garantías del cumplimiento por parte de la CICIG, que no estuvo implicada.
La misma fuente sugiere que, aunque la Vicepresidenta “por insistencia” de Pérez Molina fue incluida en la negociación, “es muy probable que vaya a ser ‘sacrificada’ porque (EE.UU.) tiene avanzados casos concretos en los que podría estar involucrada”. En ellos, agrega, no tendría por qué implicarse la CICIG: “son investigaciones que se han avanzado en EE.UU.”. Se refiere a casos de lavado de dinero y narcotráfico como el Marllory Chacón Rossell, procesada en una corte de la Florida ante la que se declaró “culpable” de narcotráfico, y que desde 2012 colabora con la DEA, y el de Hayron Borrayo Lasmibat, también detenido y procesado en el mismo Estado.
“Se sabe que hay mucha información, pero no se conocen detalles, habrá que esperar a que los procesos avancen”, explica una fuente diplomática que asegura tener información “de primera mano” sobre la incriminación de “altos funcionarios guatemaltecos” en actividades delictivas, según la confesión de criminales locales. Se prevé que la corte de Florida dicte sentencia en los casos Chacón y Borrayo entre mayo y junio próximos, y que las mismas dependerán de la colaboración que estos hayan prestado a las autoridades estadounidenses en sus investigaciones judiciales sobre narcotráfico y lavado de dinero.
Diego Álvarez, portavoz de la CICIG, dijo a Plaza Pública desconocer “cualquier tipo de negociación o acuerdo” respecto a la ampliación de su mandato. “Siempre hay rumores mal intencionados. Lo que puedo asegurar es que la Comisión no se presta a ese tipo de cosas”, aseguró Álvarez, horas antes de que Pérez Molina anunciara la permanencia de la CICIG durante dos años más. Ningún funcionario de la CICIG, precisó, “ha participado ni ha pedido la ampliación de su mandato. Es el Presidente quien decide, y su decisión será respetada”.
No fue posible obtener comentarios de la embajada estadounidense sobre este tema. En una declaración pública divulgada por la oficina de prensa de esa legación tras conocerse la decisión de Pérez Molina de prorrogar el mandatado de la CICIG, el embajador Todd D. Robinson, señaló que su país “acoge con beneplácito” la noticia, aplaudió “el liderazgo” del mandatario “en el avance de los esfuerzos de lucha contra el crimen organizado y la impunidad”. Además, señaló que es medida “demuestra el compromiso del gobierno y la ciudadanía de Guatemala para el imperio de la ley y rendición de cuentas”, y dijo que Estados Unidos seguirá colaborando con el Gobierno y la CICIG para “fortalecer las instituciones de justicia y el orden público”.
De la sonrisa de satisfacción al nerviosismo
El miércoles al mediodía, en Casa Presidencial, un sonriente Mauricio López Bonilla posaba ante las cámaras junto a los integrantes de la Instancia Coordinadora para la Modernización del Sector Justicia, tras haber entregado al presidente Pérez Molina el informe en el que recomendaban ampliar el mandato de la CICIG, del cual es su principal artífice. Ante la insistencia de los reporteros, amable como suele presentarse ante la prensa, el ministro respondió a las preguntas que sobre diversos temas le plantearon éstos. Entre ellas, la de si eran ciertos los rumores que desde la semana pasada corren en círculos políticos, sobre su renuncia a la cartera de Gobernación y al Partido Patriota. “No. En absoluto. Se hablaba de eso, se habla de mi renuncia (pero) de ningún modo”. No dejará ni el Gobierno ni su partido, aseguró —siempre sonriente—. “Fue pura especulación. Aquí estamos de frente hasta el final”, dijo contundente.
El sonriente rostro de López Bonilla pasó de la seriedad al nerviosismo durante una breve entrevista con Plaza Pública, tras despedirse de los reporteros.
—Diversas fuentes aseguran que el Gobierno aceptará ampliar el mandato de la CICIG a cambio de que ni el presidente Pérez Molina, ni la vicepresidenta Baldetti, ni usted y otros altos cargos sean investigados ni procesados. ¿Es eso cierto?
—¿Cómo cree? No hay nada de eso, para nada. Acá todo se hace con claridad y transparencia —responde, sonríe.
—Entonces, ¿por qué han cambiado de opinión respecto a la ampliación del mandato? Hasta la semana pasada la decisión era no más CICIG.
—Para darle certeza a las acciones —ahora luce serio, incómodo—. El comisionado Iván Velásquez no se prestaría a una cosa de estas.
—¿Tienen algún temor, usted, el presidente Pérez Molina o la vicepresidenta Baldetti, de ser investigados por la CICIG?
—Nosotros actuamos con claridad y transparencia —contesta seco.
—¿Tiene usted miedo de ser investigado? Hay quienes lo implican en las redes criminales que operan en el Ministerio de Gobernación e incluso se dice que su nombre ha sido mencionado en las cortes de Estados Unidos…
—Lo que vale ahora en las investigaciones y los juicios son las pruebas técnicas y científicas, que son las que le dan objetividad. Los testimonios de gente que dice cosas ya no valen como pruebas. Pueden decir muchas cosas pero todo se tiene que demostrar con pruebas científicas.
—¿Y si hay grabaciones, videos, fotos que lo incriminen…?
—No hay.
Pasos de animal grande
Desde septiembre del año pasado, cuando la CICIG propinó el golpe más fuerte en la era del colombiano Iván Velásquez a las redes criminales que operan dentro del Estado, al desmantelar la estructura dirigida por el excapitán Byron Lima que controlaba las cárceles del país con la complicidad de funcionarios de presidios, Pérez Molina había decidido no prorrogar el mandato de esa instancia internacional. “Antes creían que Velásquez —quien para entonces llevaba un año al frente de la CICIG— no representaba ningún peligro para sus intereses, y que se limitaría a transferir las capacidades de investigación de la comisión a la Fiscalía”, dice un funcionario de alto nivel de la Presidencia. Esta investigación evidenció la estrecha relación que López Bonilla mantenía con Lima y la influencia del reo en el nombramiento de los altos funcionarios de la Dirección General del Sistema Penitenciario para facilitar sus operaciones criminales.
A partir de entonces, la maquinaria diplomática del Gobierno empezó a preparar las condiciones entre la comunidad internacional para argumentar las razones por las cuales Guatemala ya no necesitaba de la CICIG: que esta instancia ya había cumplido con su cometido y que las autoridades de seguridad y justicia locales estaban preparadas para realizar su trabajo de manera profesional.
Las fuentes consultadas coinciden en que la captura de Haroldo Mendoza Matta, en noviembre del año pasado, fue lo que terminó de convencer a quienes aún tenían dudas dentro del Gobierno sobre “el peligro que la CICIG les representaba”. Mendoza es considerado líder de una estructura criminal territorial con fuertes vínculos con diputados, alcaldes e instituciones de seguridad, que cuenta con un ejército propio y que dirige y controla vastas zonas de los departamentos de Izabal y Petén. “Los Mendoza”, como se conoce a este clan, según las investigaciones judiciales, se inició en los años ochenta con operaciones de narcotráfico en el norte del país, y luego fueron mutando hasta crear empresas legales a través de las cuales lavan el dinero producto de sus actividades criminales. En septiembre de 2007, Pérez Molina y Baldetti admitieron al entonces embajador de los Estados Unidos en Guatemala, James Derham, haber tenido relación con “el menos malo” de los hermanos Mendoza, pero negaron haber recibido apoyo financiero de esta familia para su campaña electoral de ese año. Además, admitieron que Alejandro Sinibaldi —hasta hace una semana precandidato presidencial de Partido Patriota— fue quien los acercó a su agrupación.
En enero pasado, durante una entrevista en Emisoras Unidas, el Presidente criticó a la CICIG por haber desbaratado esa estructura criminal, porque, argumentó, combatirla no forma parte de su mandato. La de los Mendoza, dijo el mandatario, “no es una estructura paralela dentro del Gobierno. Mendoza es crimen organizado y ese no es el mandato de la CICIG”. Sus declaraciones formaban parte de la estrategia diseñada por el Gobierno para justificar la no renovación del mandato de la Comisión.
A principios de 2014, Iván Velásquez anunció que en el tiempo que le quedaba de vida a la CICIG lo destinaría a investigaciones criminales concretas: la financiación de los partidos políticos por parte de las redes ilegales, y las operaciones de contrabando y la defraudación aduanera. De los casos de Byron Lima y los Mendoza, que para entonces ya iban avanzados, no dijo nada. Tomaron por sorpresa al país, incluyendo al mismo Gobierno. Según fuentes del Ejecutivo, “los escenarios que se plantearon entonces, indicaban que (a la CICIG) no le daría tiempo ni tendría la capacidad de golpear las estructuras que todos conocían”. De ahí que el caso de “La Línea” también los haya dejado boquiabiertos y sin posibilidad de reaccionar.
#CICIGSI #CICIGNO
A partir de enero se intensificó, en Guatemala y en Washington, la batalla por el sí y el no alrededor de la CICIG. El Gobierno y los grupos conservadores de siempre opuestos a la Comisión echaron a andar una campaña mediática, diplomática y política para justificar la no ampliación del mandatado de la CICIG. Aunque conocían del apoyo de la comunidad internacional y diversos grupos sociales en sentido contrario, no esperaban que Estados Unidos y la misma Secretaría General de las Naciones Unidas, lo hiciera manera tan decidida.
En los primeros días de marzo, el vicepresidente de los Estados Unidos, Joe Biden , durante una visita oficial al país, de manera insistente pidió la ampliación del mandato de la CICIG, y condicionó ésta al millonario apoyo financiero ofrecido por la Casa Blanca para la ejecución del Plan Alianza para la Prosperidad. Pérez Molina rechazó la advertencia de Washington, invocó la soberanía para tomar la decisión, y aseguró que no aceptaría ningún tipo de presión.
Sin embargo, aconsejado por sus asesores más cercanos, para no cargar con la responsabilidad política de negar la ampliación del mandato de una instancia que combate las redes criminales que operan dentro del Estado, pasó la brasa a la Instancia Coordinadora para la Modernización del Sector Justicia, la que al final, tras el cambio de las circunstancias políticas en el país, recomendó a Pérez Molina recular y dar el sí a la CICIG.
En medio de esa particular forma de hacer política en Guatemala, y sin vistas de que crisis política que permitió la ampliación de su mandato concluya, la CICIG tendrá dos años más para continuar investigando y combatiendo a las redes criminales que operan bajo el amparo del Estado. Habrá que esperar más sorpresas.
