Estados Unidos decidió extraditar a España al coronel y ex viceministro de Seguridad Inocente Orlando Montano, para que enfrente un juicio por el asesinato de seis sacerdotes jesuitas -y sus dos empleadas- ocurrido en noviembre de 1989 en las instalaciones de la Universidad Centroamericana (UCA) de El Salvador. La petición de extradición fue hecha por el Departamento de Estado a la Corte Federal Oriental de Carolina del Norte, según un comunicado hecho público el miércoles 8 de abril. La resolución final -un tramité que apunta a ser favorable- sería el último muro que la Audiencia Nacional de España necesitaba saltar para abrir un juicio contra uno de los 19 militares acusados de participar en la planeación y cometimiento de una de las masacres que marcó los últimos años de la guerra civil salvadoreña.
El anuncio de la petición de 'arresto y extradición' fue hecho por los fiscales Leslie R. Caldwell, de la División Criminal del Departamento de Justicia, y Thornas G. Walker, del Distrito Oriental de Carolina del Norte.
El comunicado no deja resquicios para las interpretaciones. Estados Unidos acepta entregarle a España a un exmilitar salvadoreño contra quien la justicia estadounidense documentó responsabilidad en unas mil graves violaciones a los derechos humanos, incluidos 65 asesinatos, y de participar en una de las últimas masacres cometidas al final de la guerra civil.
“El Departamento de Justicia sometió un requerimiento para pedir el arresto y extradición de un excoronel salvadoreño para que enfrente cargos en España en relación con el asesinato de cinco sacerdotes jesuitas en El Salvador, sucedido en 1989”, reza el documento del Departamento de Estado, que fue difundido, además, por la Embajada de Estados Unidos en la capital salvadoreña a través de redes sociales.
Paralelamente, este miércoles 8, Estados Unidos hizo efectiva la deportación hacia El Salvador del exministro de Defensa y exdirector de la Guardia Nacional, el general Carlos Eugenio Vides Casanova, acusado de 'innumerables actos de violaciones a derechos humanos', en las que destacaron torturas y asesinatos.
La decisión del gobierno de los Estados Unidos es un parteaguas que habla de un desamparo para aquellos militares acusados de violaciones a derechos humanos. Durante muchos años, tanto Montano como Vides Casanova vivieron bajo la sombrilla de las autoridades migratorias estadounidenses (ambos con permisos de residencia) pese a los casos de acusaciones por violaciones a los derechos humanos. En el caso de Inocente Orlando Montano, la decisión también apunta a que el país norteamericano acepta los alegatos de España para que este sea juzgado en base a la pruebas recogidas en su contra. En síntesis, lo que Estados Unidos dice es que si bien no tiene cómo procesar a Montano por violaciones a derechos humanos, hay acusaciones que ameritan ser evaluadas por una corte que sí puede hacer de las denuncias un juicio concreto. “Los argumentos contenidos en el requerimiento presentado son meramente acusaciones y cualquier determinación de culpabilidad o inocencia será hecha por las cortes españolas luego de la extradición de Montano Morales”, dice el Departamento de Estado.
En 1989, en El Salvador, luego del asesinato de los jesuitas, se montó un juicio contra los soldados del Batallón Atlacatl que perpetuaron la masacre, pero la Fiscalía General de la República saboteó el caso para impedir que los fiscales acusadores fueran también tras el Alto Mando de la Fuerza Armada Salvadoreña. 26 años después, en España podría arrancar un juicio que sí logre ese cometido, empezando con quien fuera en aquella época el viceministro de Seguridad Pública.
La decisión estadounidense contra Vides Casanova, que arribó en el Aeropuerto Internacional Monseñor Óscar Arnulfo Romero, en un vuelo de deportados, al filo del mediodía, se circunscribe a una normativa de hace 11 años que permite la expulsión de un extranjero que haya ordenado, participado o colaborado en casos de torturas y ejecuciones extrajudiciales. Contra este militar, en El Salvador, no hay ninguna orden de captura ni ningún proceso abierto, pese a que sus víctimas siguen clamando por justicia. De hecho, unas 40 personas llegaron hasta las instalaciones del aeropuerto para gritarle '¡asesino!' a Vides Casanova.
En una nota publicada el 31 de marzo, el peródico New York Times reportó que Vides Casanova dijo a las autoridades migratorias que estaba listo para retornar a El Salvador, e incluso ofreció pagarse él mismo el boleto aéreo en un vuelo comercial. Las autoridades migratorias, según recogió el medio, le respondieron que ese escenario era imposible debido a que no podía deportarse a él mismo. El exministro de Defensa arribó al país junto a un nutrido grupo de migrantes salvadoreños deportados y fue recibido bajo el programa 'Bienvenido a Casa'.
El camino de Montano hacia la justicia
Inocente Orlando Montano es acusado por la Audiencia Nacional de España de participar en el planeamiento del asesinato de los seis sacerdotes jesuitas -españoles todos- y sus dos empleadas, cometido el 16 de noviembre de 1989 por un comando del desaparecido Batallón de Reaccción Inmediata Atlacatl. Montano, junto a otros 18 militares fueron acusado en el año 2008 por los familiares de las víctimas, pero la orden de su captura internacional no fue girada sino hasta agosto de 2011 por el juez español Eloy Velasco de la Audiencia Nacional de España.
Fue hasta esa fecha que España tuvo certezas del paradero de Montano, luego de conocerse la captura del militar en Estados Unidos por fraude migratorio. La petición de captura y extradición para el resto de los militares acusados fue evadida por la justicia salvadoreña cuando ese mismo mes y año fueron refugiados nueve de los militares solicitados por España en un regimiento militar de San Salvador.
Ese mismo agosto, en Estados Unidos, Montano intentó renovar su estatus migratorio de manera fraudelenta, fue capturado y en noviembre de ese año confesó el crimen de fraude migratorio. Según los querellantes en la causa librada en España, Montano confesó para intentar evitar una eminente extradición, ser procesado por esos cargos en Estados Unidos y buscar la deportación hacia El Salvador. España solicitó formalmente a Estados Unidos la extradición a principios de mayo de 2012. Montano residió en Saugus, Massachusetts, donde trabajó y vivió desde el 2 de julio de 2001. Entre 2003 y 2011, trabajó en una fábrica de dulces en la ciudad de Revere y ganaba un salario de 14 dólares la hora.
En el requerimiento hecho público este día, aunque Estados Unidos no emite juicios sobre la participación de Montano en el asesinato de los jesuitas, sí acepta que hay indicios que apuntan a su posible participación en este caso, y por lo tanto procede la orden de extradición a España, donde se le juzga precisamente como uno de los autores intelectuales de la masacre.
En esa época, 'Montano Morales era un coronel de alta en el ejército salvadoreño y fungía como Viceministro de Seguridad. Él tenía responsabilidad de supervisión sobre una estación de radio que, días antes de la masacre, emitió al aire amenazas llamando a asesinar a los sacerdotes jesuitas. Asimismo, un día antes de los asesinatos, Montano Morales supuestamente participó en una serie de reuniones en las que uno de sus compañeros oficiales dio la orden de matar al líder de los jesuitas y de no dejar sobrevivientes. Al dia siguiente, se supone que los militares ejecutaron a los seis sacerdotes y a sus dos colaboradoras”, reza el comunicado.
El próximo jueves 16 de abril, Montano cumpliría una condena de 21 meses en una prisión federal tras ser sentenciado en 2013, en el Distrito de Massachusetts, por fraude migratorio y perjurio. Montano ocultó información sobre su pasado militar en tres formularios distintos en los años 2007, 2008 y 2010. Para este caso desfilaron testigos citados por la Fiscalía estadounidense que relacionaron al coronel retirado con cientos de violaciones a derechos humanos de la población civil salvadoreña basándose en informes de la Comisión de la Verdad (1993), el informe Barriers to Reform, de Estados Unidos (1990), y un informe de congresistas estadounidenses que se creó para investigar la masacre de los jesuitas después de noviembre de 1989.
Terry Lynn Karl, profesora universitaria especialista en el conflicto salvadoreño, elaboró un dictamen a solicitud de la Fiscalía de Estados Unidos y encontró que tropas militares bajo la conducción de Montano habían participado en 65 ejecuciones y cientos de violaciones a derechos humanos entre detenciones arbitrarias y torturas durante la guerra. Para contrarrestar estos señalamientos, la defensa de Montano presentó a otro testigo, el general Mauricio Ernesto Vargas, firmante de los Acuerdos de Paz de 1992 y compañero de armas de Montano, quien intentó desvirtuar los señalamientos de Karl. Su esfuerzo fue vano. El juez Douglas Woodlock estableció que Vargas no era un testigo creíble debido a las violaciones a derechos humanas a las que se le vincula también a él, en los mismos informes estadounidenses. Vargas resultó electo como diputado de San Salvador por el partido Arena en los comicios electorales celebrados el pasado 1 de marzo.
La Fiscalía de Estados Unidos había pedido 51 meses de prisión para Montano, alegando que esas violaciones a derechos humanos agravaban el perfil del acusado. Sin embargo, el juez Douglas Woodlock aclaró el día de la sentencia que el juicio era por violaciones migratorias y que el pasado militar de Montano solo había servido para determinar, después que Montano admitió culpa de esas infracciones, cuánto tiempo debía permanecer en cárcel, pero que ese no era un proceso completo sobre las violaciones a derechos humanos cometidas por el coronel retirado. Tras el anuncio de su extradición, Montano hoy sí está a las puertas de un juicio en España por un caso: la masacre de seis sacerdotes jesuitas y sus dos empleadas domésticas.
Culmina una lucha de 16 años
En diciembre de 1980, nueve años antes de la matanza por la que Montano está siendo procesado en España, un grupo de guardias nacionales irrumpió en una clínica en el interior del país, donde encontraron a un estudiante de medicina al que balearon en una pierna, lo secuestraron y lo llevaron al cuartel general de la Guardia Nacional. Con el paso de los años, esa víctima se convirtió en pieza clave para que el general Carlos Eugenio Vides Casanova fuera obligado a retornar a El Salvador bajo el estigma de haber sido encontrado responsable de la comisión de torturas y ejecuciones extrajudiciales durante la guerra civil salvadoreña.
Este miércoles, aquella persona, el médico Juan Romagoza, se encontraba en el Aeropuerto Internacional Monseñor Romero, para recibir a Vides Casanova, quien llegó cerca del mediodía en un avión fletado por el gobierno estadounidense para el traslado de deportados. Según Romagoza, Vides Casanova estuvo presente en algunas de las sesiones de torturas de que fue víctima durante las más de tres semanas que estuvo retenido en el cuartel general de la Guardia Nacional, en San Salvador, entre diciembre de 1980 y enero de 1981.
Vides Casanova fue director de la Guardia Nacional de 1979 a marzo de 1983. Fue nombrado ministro de la Defensa en abril de 1983, en sustitución del general José Guillermo García. Duró en ese cargo hasta mayo de 1989. Tres meses más tarde, el 21 de agosto, llegó a Estados Unidos con visa de migrante, donde eventualmente obtuvo la residencia.
En 1999, el Centro para la Justicia y la Responsabilidad (CJA), una oenegé estadounidense promotora de la justicia, inició un litigio civil contra Vides Casanova por violaciones a derechos humanos. A la causa de Romagoza contra el exministro de Defensa salvadoreño se unieron las de otras personas sobrevivientes de torturas.
Cuando llegó el momento de rendir testimonio ante la justicia estadounidense, primero en 2002 y luego en el juicio por deportación que culminó con la expulsión de este miércoles, Romagoza aseguró que en algunas de esas sesiones de interrogatorios y de castigos físicos y sicológicos estuvo presente Vides Casanova. Las otras dos víctimas que dieron su testimonio fueron Carlos Mauricio, un catedrático de la Universidad de El Salvador, y Neris González, trabajadora laica para la Iglesia Católica. En 2002, los tres demandantes obtuvieron una primera victoria cuando un jurado de West Palm Beach, Florida, encontró a Vides Casanova, y a su antecesor, José Guillermo García, culpables de torturas. Fueron condenados a pagar una compensación por 54.6 millones de dólares.
Cuando Vides Casanova, de 78 años de edad, llegó al aeropuerto este miércoles, allí estaban esperándolo, entre otros, Romagoza y Neris González. Nunca se encontraron, porque el general abandonó las instalaciones por una zona que tiene vedado el acceso al público. Lo esperaba una camioneta todoterreno Suburban, en la que se marchó alrededor de las 3:30 de la tarde.
Vides Casanova, a quien los expedientes judiciales en Estados Unidos perfilan como 'el hombre más poderoso de la Fuerza Armada, que era la institución más poderosa en El Salvador durante la guerra civil', perdió la demanda de 2002 y el hecho de que se reconociera allí su responsabilidad en los crímenes de torturas, abrió la puerta al proceso posterior para expulsarlo del país.
En 2004, Estados Unidos emitió una ley que prohíbe la permanencia en el país de personas responsables de violaciones a derechos humanos.
Aunque en el período en que Vides Casanova dirigió la Guardia Nacional puede identificarse numerosos atropellos a derechos humanos que conmocionaron a El Salvador, al final su retorno obligatorio al país centroamericano solo fue posible por unos pocos de esos casos. El secuestro, la violación y el asesinato de cuatro religiosas estadounidenses perpetrado en 1980 por guardias nacionales, prácticamente terminó en nada en las cortes de Estados Unidos.
El Centro para la Justicia y la Responsabilidad, sin embargo, continuó con su esfuerzo por buscar justicia en los casos de Vides Casanova y José Guillermo García, y logró que se abriera un juicio por deportación ante una corte de inmigración.
En octubre de 2009, en la demanda que pretendía la deportación, el Departamento de Seguridad Interna (DHS), que ya se había convertido en parte acusadora, dijo que Vides Casanova fue responsable por ayudar o por participar en actos de tortura en El Salvador mientras estuvo en su posición de jefe militar. Por eso lo etiquetó como deportable bajo lo que establece el Acta de Inmigración y Naturalización de Estados Unidos.
Un año más tarde, en octubre de 2010, el DHS presentó un nuevo cargo alegando que durante el mismo período el demandado ayudó o participó en la comisión de ejecuciones extrajudiciales.
En la audiencia del proceso de deportación el DHS presentó los testimonios de Robert White (embajador de Estados Unidos en El Salvador entre febrero de 1980 y febrero de 1981), de Pedro Daniel Alvarado (un salvadoreño sobreviviente de torturas), el médico Romagoza, y el de Terry Karl, profesora de ciencias políticas de la Universdad de Stanford. El juez de inmigración calificó a Terry Karl como una testigo experta en la guerra civil salvadoreña, en la situación política durante y luego de la guerra civil, y en la estructura, organización y funcionamiento de la Fuerza Armada salvadoreña, incluyendo las líneas de mando.
El DHS también presentó como pruebas de cargo el informe de la Comisión de la Verdad y cables del Departamento de Estado entre 1979 y 1989.
Vides Casanova intentó durante todo el proceso convencer al juez de inmigración que en todo caso, lo que la Fuerza Armada salvadoreña hizo durante la guerra civil fue propiciado por las enseñanzas y guías de los asesores militares estadounidenses.
El general se defendió por su propia cuenta en un inicio y presentó los testimonios del exsubjefe de misión en El Salvador David Passage (1984-1986) y del exembajador Edwin Corr (1985-1988). Asimismo, mostró como pruebas de descargo de responsabilidad cartas y galardones recibidos de oficiales del gobierno estadounidense. Procuró persuadir al juez, además, de que él no tenía 'control efectivo' sobre las acciones de sus subordinados.
Durante el proceso, Vides Casanova intentó desacreditar el testimonio de Romagoza, alegando que no era creíble pues entre el juicio civil de 2002 y el juicio por deportación había cambiado su versión de que el general había estado presente durante algunas de las sesiones de tortura. En un inicio, Romagoza dijo que no había logrado ver el rostro del director de la Guardia Nacional, pero posteriormente aseguró que sí.
El juez de inmigración, no obstante, concluyó todo lo contrario: que toda la evidencia apuntaba a que Vides Casanova siempre tuvo control pleno sobre sus subordinados, que nunca enfrentó una insubordinación y que actuó con negligencia una vez se enteró de torturas o de ejecuciones sumarias bajo responsabilidad de miembros de la Guardia Nacional, o que simplemente impidió investigaciones o las entorpeció. Además, dijo que los testimonios de Romagoza y Alvarado eran creíbles y concluyó que el demandado ayudó o participó en la tortura de ambos hombres. Luego, a modo de conclusión, determinó que el demandado ayudó o participó 'en general' en actos de tortura entre 1979 y 1989.
Aunque la resolución en Estados Unidos es precisa, Vides Casanova llegó a El Salvador y pudo marcharse hacia donde quiso porque en este país no enfrenta demanda alguna.
El juez determinó también que Vides Casanova ayudó o participó en seis 'bien conocidos y documentados' casos de ejecuciones extrajudiciales. Dijo que el demandado falló en investigar los asesinatos después de ocurridos, en cooperar con las investigaciones, que él impidió capturar a los acusados de ser los perpetradores de los asesinatos.
En 2012, el juez de inmigración emitió su sentencia: el militar retirado salvadoreño debe ser expulsado del país. Entonces, el demandado apeló ante la Corte de Apelaciones de Inmigración del Departamento de Justicia.
El pasado 11 de marzo de 2015, la Corte dio su veredicto: ratificó la orden de deportación del general. 'De acuerdo con el juez, había clara y convencente evidencia de que, aparte de esos hechos particulares, el demandado participó 'en general' en ejecuciones extrajudiciales entre 1979 y 1989', reseñó la Corte, en su fallo.
Después de ratificar cada uno de los argumentos del juez para ordenar la deportación, resolvió: 'Por su participación en actos de tortura y ejecuciones extrajudiciales, estamos de acuerdo con el juez de inmigración de que el demandado es inelegible para la cancelación de la causa de deportación. Por lo tanto, desestimamos la apelación'.
En el expediente de Vides Casanova en Estados Unidos quedan registradas las advertencias que el mismo gobierno estadounidense le hizo al militar en la primera mitad de la década de los 80. En 1983 llegaron a El Salvador primero el secretario de Estado del gobierno de Ronald Reagan, George Schultz, y luego el vicepresidente George Bush padre. Schultz se reunió con Vides Casanova cuando este dirigía la Guardia Nacional y Bush padre con el ministro García. El mensaje que trajeron fue la exigencia de frenar los abusos a los derechos humanos so pena de arriesgarse a la suspensión de la ayuda militar.
Vides Casanova dejó el Ministerio de Defensa cuando el 1 de junio de 1989 asumió la presidencia Alfredo Cristiani.
