El Tribunal Supremo de España confirmó este miércoles 6 de mayo la decisión de investigar a varios exmilitares salvadoreños por el asesinato en 1989 de cinco sacerdotes jesuitas españoles, luego de dictaminar que el juicio celebrado en 1991 en El Salvador no tuvo las 'garantías necesarias' para uno de los casos más emblemáticos de violaciones a los derechos humanos ocurrido en el último trienio de la guerra civil salvadoreña.
El Tribunal Supremo considera en una decisión razonada que hay 'indicios suficientes' de que 'el proceso penal seguido en El Salvador no pretendió realmente que los responsables de los hechos fueran castigados, sino, más bien, su sustracción a la justicia, todo ello acompañado de la ausencia de las garantías necesarias de independencia e imparcialidad'.
El alto tribunal avala así la decisión del juez Eloy Velasco de proseguir con la investigación de este caso por 'ocho delitos de asesinatos terroristas', informó a la AFP una fuente judicial. El Tribunal Supremo español basó su decisión en que, por un lado, algunas de las víctimas eran españolas, y por otro, el proceso llevado a cabo en el país centroamericano no habría tenido las 'garantías necesarias'. Ambas son condiciones que exige la ley española, reformada el año pasado, para que un caso como el de los jesuitas pueda desarrollarse en la Audiencia Nacional de ese país.
Hace un año, una reforma a la Ley Orgánica Judicial de España limitó las posibilidades de juzgar en ese país el caso jesuitas, pero estas fueron superadas por el juez de la causa Eloy Velasco.
No obstante, con la reforma vigente, el caso jesuitas debía probar que el juicio en El Salvador entre los años 1990 y 1991 había sido un fraude. La reforma al artículo 23 de la Ley Orgánica Judicial española establece que para que la Audiencia Nacional española conozca casos sobre violaciones a derechos humanos, crímenes de guerra, o casos de lesa humanidad, debe probarse de que dichos casos no se juzgaron en el país donde se alega que ocurrieron. Cumpliendo con la reforma, el juez Eloy Velasco solicitó al Tribunal Supremo que dictaminara si el juicio salvadoreño en la década de los noventa había cumplido las garantías procesales.
El Supremo aprobó las razones por las cuales Velasco había decidido, en 2011, abrir en la Audiencia Nacional la causa de los jesuitas y entre las cuales pesa el hecho de que El Salvador fue incapaz de juzgar, con el rigor mínimo, la masacre de los jesuitas.
Las inconsistencias del juicio y las presiones sobre los fiscales acusados de investigar el asesinato de los sacerdotes fueron publicadas por El Faro en noviembre de 2014 en el marco del aniversario número 25 del crimen. Los fiscales del caso, Henry Campos y Sidney Blanco cuentan cómo sus superiores entorpecieron la investigación de la masacre. A 25 años del crimen, Mauricio Colorado, Fiscal General en 1989, admitió haber presionado para no implicar al Alto Mando de la Fuerza Armada.
El juez Velasco, de la Audiencia Nacional, mantiene procesados a una veintena de militares salvadoreños por el asesinato 1989 en El Salvador del rector y el vicerrector de la Universidad Centroamericana, los sacerdotes Ignacio Ellacuría e Ignacio Martín Baró, en un asalto a sus instalaciones. También fueron asesinados los sacerdotes españoles Segundo Montes, Amando López y Juan Ramón Moreno, así como el cura salvadoreño Joaquín López, la empleada doméstica Elba Ramos y su hija Celina.
En El Salvador fueron juzgados en 1991 nueve militares, entre ellos el director de la Escuela Militar de San Salvador, el coronel Guillermo Alfredo Benavides, condenado a 30 años de cárcel y liberado en 1993 tras promulgarse la ley de amnistía que perdonó todas las atrocidades cometidas durante la guerra civil en el país (1980-1992).
En 2011 el juez Velasco emitió un auto de procesamiento en el que ordenaba la captura de 20 militares salvadoreños, entre ellos Mariano Amaya Grimaldi, Rafael Humberto Larios, Juan Rafael Bustillo, Juan Orlando Zepeda, José Ricardo Espinoza, Francisco Elena Fuentes, Tomás Castillo, Gonzalo Guevara Cerritos y Antonio Ramiro Aválos. La lista también incluía el nombre de René Emilio Ponce, pero este falleció el 2 de mayo de 2011, a los 64 años de edad.
Tras la orden de captura, el gobierno de Mauricio Funes en El Salvador les dio cobijo en un brigada militar mientras la Corte Suprema de Justicia decidía que una orden de captura con difusión roja de Interpol no significaba la aprehensión de las personas buscadas, si no, nada más su ubicación. La Corte también negó la extradición a España de los militares buscados por la Audiencia Nacional.
En 2014, uno de los documentos que dejaba constancia que el Ejército salvadoreño había dado cobijo a los militares acusados de la masacre de los jesuitas mientras había una orden de captura en su contra desapareció de los archivos del ministerio de Defensa.
De los militares acusados, el coronel y exministro de Seguridad Inocente Orlando Montano se convertiría en el primer militar salvadoreño en pisar suelo español para enfrentar a la justicia española en este caso. El 8 de abril pasado, Estados Unidos decidió extraditarlo a España, luego de una petición de extradición hecha por el Departamento de Estado a la Corte Federal Oriental de Carolina del Norte.
“El Departamento de Justicia sometió un requerimiento para pedir el arresto y extradición de un excoronel salvadoreño para que enfrente cargos en España en relación con el asesinato de cinco sacerdotes jesuitas en El Salvador, sucedido en 1989”, reza el documento del Departamento de Estado, que fue difundido, además, por la Embajada de Estados Unidos en la capital salvadoreña a través de redes sociales. Montano residió en Saugus, Massachusetts, desde el 2 de julio de 2001. Entre 2003 y 2011, trabajó en una fábrica de dulces en la ciudad de Revere y ganaba un salario de 14 dólares la hora. En agosto de 2011 fue capturado en Estados Unidos acusado de fraude migratorio.
