Son más de 2 mil páginas de papel bond tamaño oficio que están cosidas por un hilo que alguna vez fue blanco, guardadas en una caja de cartón, bajo la custodia del Juzgado Cuarto de Instrucción de San Salvador. Ellas contienen derruidos recortes de periódicos, viejas fotografías, declaraciones de testigos, informes de detectives de la desaparecida Policía Nacional… esas más de 2 mil páginas amarillentas recogen la investigación oficial que el Estado salvadoreño realizó para esclarecer el asesinato de monseñor Óscar Arnulfo Romero, quien este fin de semana fue beatificado por la jerarquía de la Iglesia Católica. Esas más de 2 mil páginas amarillentas recogen también evidencia de que el Estado no cumplió su obligación de investigar el asesinato del arzobispo.
¿Qué tan diligentes fueron los investigadores de aquella época? ¿Qué hizo el juez, principal responsable de las pesquisas? ¿Cuáles fueron los aportes de los fiscales? ¿Cuánto tiempo se demoró el sistema judicial para perfilar a los primeros sospechosos? El Faro revisó esas más de 2 mil páginas, repartidas en 13 piezas judiciales, y elaboró una cronología que resume algunos de los episodios más importantes de la investigación oficial.
Aunque el asesinato de monseñor Romero conmocionó al país y a la comunidad internacional, la velocidad de las autoridades para entrevistar testigos, para secuestrar evidencias, era tan lenta que luego de 1980 el promedio de diligencias anuales en la investigación era apenas superior a una. Un paso al año. Por ejemplo, las ampliaciones de las entrevistas de las personas que estuvieron en la iglesia de la Divina Providencia aquel 24 de marzo de 1980, se ordenaron tres, cuatro, cinco, siete años después del crimen, cuando muchos de los testigos ya habían huido del país.
Otro ejemplo: El 7 de mayo de 1980, la Junta Revolucionaria de Gobierno capturó al mayor Roberto d´Aubuisson y a otro grupo de civiles y militares, acusados de preparar un golpe de Estado. Ese día, las autoridades decomisaron una agenda que tenía pistas importantes para esclarecer el asesinato de Romero, pero esa evidencia desapareció. El juez del caso recibió una copia de la agenda nueve años después…
35 años de investigación sin fruto por lo cual el Estado salvadoreño ha sido demandado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos: el asesinato se mantiene en la impunidad, aunque hay abundante información sobre las personas involucradas en el homicidio.
1980
El atentado dinamitero que la policía ignoró
9 de marzo de 1980
Al sacerdote Ramiro Jiménez le pareció sospechoso aquel portafolios negro que estaba entre dos pilares, cerca del altar mayor de la Basílica del Sagrado Corazón de Jesús, en el centro de San Salvador, y por eso llamó a la Policía.
La Policía Nacional envió a un experto en explosivos, el detective Juan Francisco Alas. Él revisó aquella caja negra y tras abrirla descubrió que tenía un interruptor y un dispositivo en forma de radiotransmisor conectado a tres baterías Rayovac de 1.5 voltios, que alimentaban dos detonadores eléctricos para activar la carga a control remoto.
El detective desactivó el artefacto explosivo: 72 candelas de dinamita comercial que estaban en el lugar donde monseñor Óscar Arnulfo Romero debía oficiar una misa, en memoria de Mario Zamora Rivas, procurador general y secretario general del Partido Demócrata Cristiano, asesinado en su casa el 23 de febrero de 1980.
Aunque la Policía Nacional tenía la evidencia material del atentado dinamitero fallido, no se preocupó por investigar contra quién iba dirigido el ataque. Vino la Fiscalía y pidió a la Policía los informes del atentado... seis años después.
En un informe confidencial, fechado 14 de marzo de 1986, la Policía Nacional, que dependía del Ministerio de la Defensa, informó a los fiscales que en realidad la institución no había hecho nada en todo ese tiempo: “No se ha iniciado ningún proceso por esta institución, ni tampoco se ha remitido a ningún tribunal diligencias al respecto de parte de algún cuerpo auxiliar”.
Los detectives llegan tarde
24 de marzo de 1980
Aproximadamente a las 6:30 de la tarde, monseñor Óscar Arnulfo Romero está en el altar mayor de la iglesia la Divina Providencia, oficiando una misa por el primer aniversario de la muerte de Sara Meardi de Pinto. Un francotirador le dispara en el pecho y monseñor Romero es trasladado gravemente herido a la Policlínica Salvadoreña.
A las 9 de la noche, un juez de paz y un forense reconocen el cadáver. “La causa directamente de la muerte fue debido a una lesión ocasionada con arma de fuego en el tercer espacio intercostal izquierdo sin orificio de salida, por lo cual se le practicó autopsia, localizando la bala a 20 centímetros de línea clavicular anterior y a 6 centímetros del esternón, el agujero era circular como un diámetro de cinco milímetros, incrustado en la quinta costilla del tórax”.
Después del disparo, llegan a la capilla de La Divina Providencia a hacer las primeras diligencias el sargento Julio Morales y los detectivos Lázaro Moreno y Mario Merino... pero llegan tres horas después del atentado. A esa hora, las 9:30 de la noche, Morales, Moreno y Merino intentan entrevistar a varias religiosas que estaban a la entrada del hospital. “Se negaron a proporcionarnos información en lo relacionado con la muerte de monseñor Romero”. Cuando los detectives llegaron ya ni siquiera había escena del delito porque las monjas habían lavado la sangre del piso.
El niño que vio el carro rojo
8:30 a.m., 26 de marzo de 1980
Los detectives obtienen los primeros datos importantes del caso: la bala fue disparada desde una distancia aproximada de 35 metros, posiblemente desde un vehículo parado frente a la entrada principal de la iglesia. Esa información les fue proporcionada por Pedro Henríquez Lemus, un niño de 13 años, originario del cantón Los Planes, de La Palma, Chalatenango, que entonces trabajaba como sacristán de la capilla.
El niño dijo a los detectives que a las 6:25 de la tarde se encontraba tomando sus alimentos en la cocina del hospital para pacientes con cáncer, ubicada al costado norte, frente a la entrada principal de la iglesia. En ese momento escuchó una detonación que parecía de arma de fuego. De inmediato se paró, se asomó a una ventana y “vio que un automóvil capota color rojo salía a gran velocidad de ese lugar”. El niño salió a la calle para tratar de enterarse de lo que ocurría, y observó esta escena: “Que a monseñor lo sacaban de la capilla varias personas”.
Además del niño, otros testigos declararon a la Policía Nacional que el asesino llegó en un vehículo. Los investigadores creyeron que era una buena idea pedir un informe de los carros robados entre marzo y abril de 1980, pues tal vez ahí aparecía el carro rojo involucrado en el asesinato. “Tengo a honra solicitar a ud., ordenar a donde corresponda a fin de que se nos proporcione un informe de vehículos robados y recuperados, que comprenda del mes de marzo los primeros y del día 20 del mismo mes al último del mes de abril de 1980, incluyendo sus características”, se lee en un memorándum... cuatro años y ocho meses después del homicidio.
Fue el subteniente Miguel Ayala quien pidió ese informe al Departamento de Investigación Policial de la desaparecida Policía Nacional el 13 de noviembre de 1984.
Las monjas retienen al fotógrafo
24 de marzo de 1980
El 14 de marzo de 1980, Eulalio Pérez García, fotoperiodista de El Diario de Hoy y de la agencia United Press International (UPI), había leído en una esquela del periódico que monseñor Romero oficiaría una misa en la iglesia de la Divina Providencia el lunes 24 de marzo. Romero era una figura de interés para las agencias internacionales. La víspera de la misa, monseñor Romero había pronunciado aquel discurso en que había ordenado al ejército el cese de la represión.
Eulalio pidió permiso a su jefe en El Diario de Hoy para ir a tomar unas fotos de monseñor Romero para la agencia. El día 24, Pérez García abordó un taxi y llegó a la iglesia a las 6:30 de la tarde, cuando la misa ya había comenzado. Había unas 30 personas, dijo, y se sentó en la segunda banca de la entrada principal al lado derecho.
A los cinco minutos escuchó una detonación de arma de fuego, proveniente de la entrada principal de la iglesia, y observó que monseñor Romero se desplomó de espaldas. Escuchó que afuera un vehículo aceleró su marcha y, al costado poniente de la capilla, se escucharon dos detonaciones más. Eulalio se tiró al piso por un instante, pero luego se dedicó a tomar fotos. Del rostro de monseñor Romero manaba abundante sangre, por la boca y por la nariz.
Algunas religiosas, al observar a Pérez García tomar fotografías, le preguntaron quién lo había invitado a la misa. Él se identificó como corresponsal de UPI, pero a las monjas les pareció sospechosa su presencia en el lugar y lo retuvieron durante cuatro horas. Luego fue trasladado por unos sacerdotes al arzobispado episcopal, en el seminario San José de La Montaña, donde estaba reunido el clero y le pidieron que explicara lo sucedido.
Uno de los sacerdotes le pidió los rollos con las fotografías, pero Eulalio propuso, en cambio, que lo acompañaran al laboratorio fotográfico de El Diario de Hoy y que allí entregaría copias de las fotografías. El clero aceptó la propuesta.
¿De qué color quiere su ataúd?
11:15 p.m., 27 de marzo de 1980
Una mujer llamó a la casa del juez Atilio Ramírez Amaya y soltó una pregunta: '¿De qué color quiere su ataúd?' Y colgó y hubo silencio.
Minutos después sonó el timbre de la casa, en la Urbanización Guerrero, de San Salvador, y dos hombres jóvenes se presentaron como enviados del doctor Manuel Villatoro, un amigo íntimo del juez. La empleada doméstica invitó a pasar a los jóvenes.
El juez Ramírez Amaya estaba viendo televisión en una sala interior con su familia. En ese momento, Ramírez Amaya era el responsable del Juzgado Cuarto de lo Penal de San Salvador, la instancia a cargo de la investigación del asesinato de monseñor Romero. El juez Ramírez Amaya ya había recibido el informe de la autopsia y había ordenado una serie de experticias a los fragmentos de bala extraídos del cadáver.
Luego de que su empleada doméstica le comunicó sobre las visitas, el juez declaró ante los detectives de la Policía Nacional que sospechó de los visitantes y que puso una bata y bajo la bata escondió un fusil y en la pretina del pantalón llevaba otra arma de fuego. Cuando los vio, les dijo: “Si a matarme vienen, aquí también podrían morir ustedes, pues me los llevaré por delante”.
Uno de los jóvenes sacó de un portafolios negro una metralleta y disparó varias veces. El juez, dice, no disparó porque la empleada doméstica estaba entre ellos. Los atacantes hirieron a la empleada y huyeron, junto con otros dos hombres que esperaban en un vehículo Peugeot, color blanco, modelo 104.
Seis detectives llegaron al lugar del tiroteo. “No podía sospechar en nadie determinado y en cuanto a la causa, tampoco puede asociarla con ningún incidente, a excepción de los que en función de su cargo conoce, entre los que puede mencionar el asesinato de monseñor Óscar Arnulfo Romero”, dijeron los policías que les había respondido el juez, en el interrogatorio.
Posteriormente, los detectives llegaron al Juzgado Cuarto de lo Penal para pedir al juez que ampliara su declaración... pero habían transcurrido ya 40 días desde el tiroteo, y ese 5 de mayo de 1980 el juez ya había abandonado el país...
El incendio que se investigó seis años después
30 de marzo de 1980
El día del entierro de monseñor Romero, y apenas tres días después del atentado contra el juez Atilio Ramírez Amaya, un incendio acabó con los bufetes de dos abogados, ubicados en la 1a. Calle Oriente y 6a. Avenida Norte de San Salvador. Un bufete pertenecía al abogado Mario Samayoa y el otro al juez Ramírez Amaya.
El Juzgado Cuarto de lo Penal y la Fiscalía intuían que ese incendio era parte de un plan para obstaculizar las investigaciones sobre el asesinato de Romero, así que ordenaron investigarlo… seis años después de ocurrido. La única diligencia que realizaron los investigadores fue una entrevista al abogado Samayoa: “El incendio inició en una venta de calzado Adoc, pero el testigo Samayoa dijo que sospechaba de mano criminal”, se lee en una declaración que se le tomó en el año 1986.
La evidencia que se perdió
8 de mayo de 1980
Diario El Mundo publicó una nota sobre la captura de supuestos golpistas que estaban detenidos en el Cuartel San Carlos. En el noticiario del mediodía, Radio YSKL informó sobre la captura del mayor Roberto d´Aubuisson y otras 19 personas (dos mayores, tres capitanes, seis civiles y ocho guardaespaldas), en la finca San Luis, en Santa Tecla.
Dos días después, el 10 de mayo, Julio Adolfo Rey Prendes, en nombre de la junta de gobierno asegura que si los juzgados dejan libres a los golpistas, el PDC dejará el gobierno. Rey Prendes dijo: “Creía más inteligente a D´Aubuisson, pero fue ingenuo porque cargaba un maletín con una lista de personas que apoyaban financieramente a los golpistas y que un informante les aseguró que tenía contactos con senadores norteamericanos y conexiones en Chile y Argentina”.
En este operativo, la junta de gobierno decomisó una agenda que pertenecía al capitán Álvaro Rafael Saravia, con apuntes relacionados con el asesinato de monseñor Romero. Sin embargo, estos documentos no fueron entregados ni al Juzgado Cuarto de lo Penal ni a la Fiscalía. La fotocopia de la agenda aparecería y sería incorporada como prueba del caso Romero nueve años después: hasta en 1989.
1981
El fotógrafo vuelve a declarar
9:10 a.m., 9 de enero de 1981
El Juzgado Cuarto de lo Penal ordena la ampliación de la entrevista al fotoperiodista Eulalio Pérez García. Él no agrega novedades. Dice que el 23 de marzo de 1980 no había asistido a la misa dominical y, por eso creyó que la misa en memoria de Sara Meardi de Pinto era la ocasión para obtener la foto de monseñor Romero que necesitaba la agencia. Agregó que, luego de los disparos, vio que Jorge Pinto hijo se tiró al suelo, creyendo que el ataque iba dirigido contra él.
1982
Un cambio de fiscal que no cambió nada
Durante el año 1982, el Juzgado Cuarto de lo Penal no realizó ninguna diligencia significativa para esclarecer el asesinato de monseñor Romero. Ese año, la Fiscalía solo hizo un movimiento burocrático: cambió a Juan Gilberto Cardona por Luis Roberto Pineda Padilla como fiscal del caso y la investigación siguió igual: estancada.
1983
La justicia no es pronta
3 de mayo de 1983
Ricardo Alberto Zamora Pérez, el juez cuarto de lo Penal, encargado de esclarecer el asesinato de monseñor Óscar Arnulfo Romero, pide un informe oficial a El Diario de Hoy. El juez necesita saber si el fotógrafo Eulalio Pérez García, que registró los momentos posteriores al ataque a monseñor Romero, es empleado de ese periódico.
1984
El testigo que no revela nada
11:05 a.m., 9 de marzo de 1984
El detective de la Policía Nacional Mario Saúl Merino, uno de los tres investigadores que llegó a la iglesia Divina Providencia el día del asesinato de Romero, es llamado a declarar al juzgado. “Manifiesta que por medio de una llamada telefónica se dieron cuenta del hecho, que ignora quién realizó la llamada (…) que a la fecha se desconoce la identidad del hechor”.
Ya han pasado cuatro años del asesinato de monseñor Romero y por el cargo de fiscal general han pasado Guillermo Antonio Guevara Lacayo, Luis Arturo Argumedo hijo y José Francisco Guerrero. Ninguno de ellos fue protagonista para descubrir el camino que condujera a encontrar al asesino de Romero. El protagonismo de ellos ha sido quitar y poner a los fiscales del caso. En 1984 fue el turno de Guerrero, amigo de Roberto d´Aubuisson.
Guerrero pidió al Juzgado Cuarto de lo Penal que Ricardo Zelaya fuera nombrado fiscal del caso. Y fue nombrado, y la investigación oficial siguió sin dar frutos.
Ese año, en 1984, el entonces arzobispo de San Salvador, Arturo Rivera Damas, pidió una certificación del proceso judicial. Quizás por los pocos avances en la investigación, quizás por la falta de confianza en el sistema, la Iglesia Católica creó una comisión para investigar el asesinato de Romero. La iglesia tenía sus propios documentos relacionados con el caso. Algunos de los documentos de la Iglesia fueron agregados a la investigación oficial… eso sucedió tres años después de que Rivera Damas pidiera la copia de las diligencias.
1985
La Fiscalía convierte los días en años
13 de junio de 1985
La declaración oficial de Jorge Pinto data del 18 de abril de 1980. Pinto dijo a los investigadores que era propietario del periódico El Independiente y que organizó una misa para recordar el primer aniversario de la muerte de su madre, Sara Meardi de Pinto, la cual oficiaba monseñor Romero el día cuando fue asesinado.
En el acta de la entrevista a Pinto de abril de 1980 se lee: “En los días venideros aportaría más datos, así como el paradero de la cinta magnetofónica que contiene la homilía”. Los fiscales, sin embargo, convirtieron esos “días venideros” en años de espera. Fue hasta el 13 de junio de 1985 cuando los fiscales pidieron al Juzgado Cuarto de lo Penal que ordenara ampliar esa declaración. Cuando los fiscales hicieron esa solicitud, el testigo ya había emigrado hacia México.
El 13 de junio de 1985, los fiscales también pidieron la ampliación de la entrevista a la religiosa Luz Isabel de la Santísima Trinidad y del fotógrafo Eulalio Pérez García. La Fiscalía llegó, de nuevo, tarde. Eulalio también había emigrado hacia México, primero; y hacia Suecia, después.
La falsa prueba de D´Aubuisson
22 de agosto de 1985
El partido Arena, dirigido por el mayor Roberto d´Aubuisson, difundió en los principales medios de comunicación un vídeo con la confesión de Pedro Lobo, quien aseguró que las Fuerzas Populares de Liberación (FPL) asesinaron a monseñor Romero.
Pedro Lobo en realidad se llamaba Adalberto Salazar Collier, persona procesada por varias estafas y hurtos. Collier se presentó voluntariamente a la Guardia Nacional y dijo que lo habían coaccionado para grabar ese vídeo.
“Cuerpos de seguridad” robaron documentos a la Iglesia
8:00 a.m., 25 de noviembre de 1985
El sacerdote José Ricardo Urioste declara ante el juez que la Iglesia Católica formó una comisión informal para recoger datos sobre el asesinato de monseñor Romero. Esa comisión la dirigía Roberto Cuéllar. Que todos los documentos los guardaban en el colegio Externado San José, pero un cuerpo de seguridad realizó un cateo y se los llevaron todos.
1986
Gobierno crea comisión paralela
8:00 a.m., 31 de enero de 1986
El Juzgado Cuarto de lo Penal llama a declarar a María Juana Ávalos, una mujer que se encontraba de visita en el hospital de la Divina Providencia el día que asesinaron a monseñor Romero. Ella declaró que estaba en la cocina, que al escuchar el disparo se quedó inmóvil y, de pronto, escuchó a otras empleadas que decían: “Es monseñor, es monseñor”.
Mientras el Juzgado Cuarto de lo Penal tomaba declaraciones de testigos que no aportan datos relevantes para la investigación; el gobierno del entonces presidente José Napoleón Duarte nombró, el 13 de enero de 1986, una comisión especial para investigar el asesinato. Esta “Comisión Especial de Hechos Delictivos” investigó el crimen sin informar nada a los fiscales ni al juez del caso, responsable por ley de la investigación.
Julio Alfredo Samayoa hijo, entonces ministro de Justicia, era el presidente de la Comisión. Los otros dos miembros eran Ricardo Perdomo, representante de la Presidencia, y Amalia Pantoja de Morales, viceministra de Interior. La Comisión tenía una unidad ejecutiva formada por un selecto grupo de detectives de la Policía Nacional, y un grupo forense.
Sin informarle nada al juez, quien era el responsable de la investigación, la Comisión comenzó a documentar el caso desde cero. Los detectives visitaron hemerotecas, recogieron un gran número de documentos policiales, buscaron testigos tanto en El Salvador como en el extranjero y hasta aseguraban tener “videocasetes con importante información relacionada con dicho asesinato”.
El juez Ricardo Alberto Zamora Pérez se dio cuenta de que alguien estaba haciendo su trabajo hasta tres años después, en 1989.
1987
Siete años después, los sacerdotes declaran
3:00 p.m., 2 de abril de 1987
Monseñor Modesto López Portillo es llamado a declarar como testigo. Él dijo que cuando llegó a la Policlínica Salvadoreña monseñor Romero ya había muerto; entonces, en una de las salas de ese hospital se reunieron con monseñor Urioste y con el padre Jon Cortina. Los sacerdotes le encomendaron que fuera al Hospital de la Divina Providencia para hablar con un fotógrafo, “que lo tenían detenido los enfermos porque lo vieron sospechoso”.
Sin embargo, eso ya no fue necesario porque al fotógrafo lo llevaron al seminario San José de la Montaña, donde estaba reunidos un grupo de sacerdotes, Urioste, el padre Fabián Amaya, quienes examinaron la cámara. El fotógrafo se retiró para El Diario de Hoy en compañía del padre Jon Cortina.
Además, López Portillo declaró que el día del asesinato, él y monseñor Fernando Sáenz Lacalle, auxiliar de la iglesia de Santa Ana, habían ido a la playa con monseñor Romero, lo notaron alegre y no les comentó que tuviera algún problema. Regresaron a las 4 de la tarde porque Romero tenía que oficiar una misa y lo fueron a dejar a la Divina Providencia.
25 días después de esa declaración, el 27 de abril de 1987, el padre Fabián Amaya llegó al tribunal y su aporte se resume en una línea: “El día del asesinato le encomendaron a Modesto y Cortina para que hablaran con el fotógrafo”. El 4 de mayo declaró Jon Cortina y contó la misma historia. El 12 de mayo, Sáenz Lacalle fue el último religioso en declarar. Agregó dos detalles. Dijo que el día del asesinato, por la mañana, la playa que habían visitado con monseñor Romero era San Diego y que también los había acompañado el padre Sergio Moreno.
Los detectives “secretos” olfatean al testigo clave
18 de mayo de 1987
Un grupo de investigadores de la desaparecida Policía Nacional se tomó en serio su trabajo. El subteniente Velarmides Castillo, el sargento Cruz Argueta y los detectives Rodolfo Alas y Juan Melara llevan 15 meses tratando de localizar y convencer a algún testigo que conozca el entorno del mayor Roberto d´Aubuisson. En varios escritos de 1986, esos detectives “secretos” que son la unidad eEjecutiva de la Comisión Especial de Hechos Delictivos han buscado con obsesión a los miembros de la seguridad personal de D´Aubuissson.
“Tengo la honra de informar a usted, que en ocasión que hacía uso de mi licencia temporal, tuve conocimiento que el individuo de quien tuve información perteneció a la seguridad personal del mayor D´Aubuisson, no se llama Juan Gómez sino Gabriel Gómez Ramírez, en aquella fecha de alta en la Guarida Nacional, ignorando la fuente qué grado o rango poseía”, reportó el detective Rodolfo Alas, el 29 de marzo de 1986.
Aquella pista no les llevó a ningún lado. Tampoco les sirvieron de mucho las entrevistas a personal de seguridad de la cervecería La Constancia y de la embotelladora La Cascada, empresas donde creían que algún exempleado de D´Aubuisson estaba trabajando. Y también preguntaron a informantes de la colonia La Chacra y buscaron nombres en los registros de catastro de la alcaldía de San Salvador… y cuando todo se parecía a buscar una aguja en un pajar, un informante les recomendó buscar a una persona en Quezaltepeque.
Y fueron a Quezaltepeque y no encontraron a la persona que buscaban. Aquel 18 de mayo de 1987, los detectives, sin embargo, encontraron a un vecino que les reveló lo que ellos tanto buscaban: “Amado Garay está en Costa Rica desde 1982”.
Amado Antonio Garay Reyes, en ese momento de 37 años de edad, trabajó como chofer del capitán Álvaro Saravia. Por ahora, Saravia es la única persona condenada por el asesinato de Romero, aunque su condena se produjo en una corte en Estados Unidos. Garay Reyes, el motorista de Saravia, se convertiría en testigo clave, aunque para eso faltaban semanas…
Las confesiones de Garay
6 p.m., 19 de noviembre de 1987
La confesión de Amado Antonio Garay Reyes se puede resumir así: el 24 de marzo de 1980, el capitán Álvaro Saravia lo llevó hasta una casa de la colonia San Benito. Tras una breve reunión, Saravia le dijo: manejá ese carro.
Era un vehículo color rojo, de cuatro puertas, marca Volkswagen. En el asiento de atrás iba un hombre barbado, alto, delgado, como de unos 25 años. Llegaron hasta la iglesia Divina Providencia, el hombre barbado le pidió que se estacionara frente a la entrada principal de la iglesia, le pidió que simulara que reparaba algo del vehículo y cuando se agachó para levantar el hule de la palanca de velocidades escuchó una detonación fuerte.
Garay percibió olor a pólvora. Vio hacia atrás y el hombre sostenía un fusil con ambas manos, con dirección al lado derecho de la ventana trasera del vehículo. El tirador le dijo: “Camine despacio, tranquilo”. Y regresaron a la casa de la colonia San Benito.
Tres días después del asesinato de monseñor Romero, Garay llevó al capitán Saravia a una casa parecida a un castillo, frente al Canal 2 de televisión. Ahí, en la puerta, lo estaba esperando el mayor D´Aubuisson.
—Ya hicimos lo que habíamos planeado de la muerte de monseñor Arnulfo Romero -dijo Saravia.
—No hombre, no lo hubieras hecho todavía -le respondió D´Aubuisson.
—Como usted ordenó que lo hiciéramos, por eso lo hicimos.
Después de esas palabras entraron a la residencia, donde estaban otras personas que Garay no reconoció. Y que no informó a las autoridades porque consideró que a estas personas no les pasaría nada…
La acusación que no duró un mes
12:15 p.m., 24 de noviembre de 1987
El Juzgado Cuarto de lo Penal recibió la declaración de Garay como testigo y ordenó la detención del capitán Álvaro Saravia por el delito de homicidio agravado y ordenó un embargo en su contra por 100 mil colones (11,428 dólares al cambio actual). En el caso del mayor D´Aubuisson, el juez pidió al Consejo Central de Elecciones que informara si D´Aubuisson era diputado.
La acusación contra el capitán Saravia estuvo activa menos de un mes. El 11 de diciembre de 1987, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia admitió dos hábeas corpus y ese proceso judicial quedó congelado. Ni el juez ni los fiscales hicieron más diligencias respecto de Saravia y D´Aubuisson.
1988
La Corte Suprema salva al capitán Saravia
12:00 m., 19 de diciembre de 1988
La Sala de lo Constitucional desacreditó la declaración del testigo Garay, y anuló la petición de extradición contra el capitán Álvaro Saravia, en ese momento detenido provisionalmente en Miami, Estados Unidos.
“La Sala considera que la referida prueba testimonial no merece entera fe para que pueda servir de base a la detención provisional decretada (…) El testigo rindió su declaración siete años, siete meses, 24 días después de haber ocurrido el hecho sobre el cual depone, le resta completa credibilidad a su testimonio”.
La Sala de lo Constitucional era presidida en ese momento por Francisco José Guerrero, exfiscal general que no profundizó en la investigación del asesinato de monseñor Romero, y persona cercana a D´Aubuisson. Los otros magistrados eran Gabriel Mauricio Gutiérrez Castro, Fabio Hércules Pineda, Jorge Hernández Colocho y Eduardo Alfredo Cuéllar.
Los magistrados anularon el pedido de extradición en contra de Saravia porque ese proceso lo había iniciado la Fiscalía General de la República ante el Ministerio de Relaciones Exteriores. “El funcionario que solicitó la extradición no es juez ni autoridad judicial y, por lo tanto, no tiene competencia para ello”, resolvieron.
1989
“Esta información no se reveló porque fiscal general era amigo de d´Aubuisson”
10:00 a.m., 10 de febrero de 1989
El Juzgado Cuarto de lo Penal llamó a declarar al exfiscal general Roberto Girón Flores. Él dijo que la Comisión de Investigación de Hechos Delictivos había retomado la investigación en 1986 y habían descartado que fuera cometida por grupos de izquierda y todas las informaciones apuntaban a escuadrones de la muerte. Reveló que habían hecho muchos viajes al exterior para entrevistar a salvadoreños exiliados. Habían concentrado la atención en la agenda del capitán Álvaro Saravia, decomisada en la hacienda San Luis, de Santa Tecla, en mayo de 1980, en momentos que junto con otras personas se habían reunido posiblemente para preparar un golpe de Estado contra la Junta Revolucionaria de Gobierno.
“Que toda esta información no la habían hecho del conocimiento de la Fiscalía, ni habían informado de que estaban investigando la muerte del arzobispo por la razón de que el fiscal general que fungía en ese tiempo, Dr. José Francisco Guerrero, era abogado y amigo personal del señor Roberto d´Aubuisson Arrieta (…) por la falta de confianza que tenían, prefirieron no informarle a la Fiscalía”, declaró Girón Flores al juez.
Girón Flores dijo que al testigo Garay lo buscaron en Quezaltepeque y no lo encontraron, pero establecieron que ahí lo conocían como Mario y que desapareció dos meses después del asesinato. Rastrearon a la esposa. Buscaron en Migración y no encontraron registro de salida de Amado Garay, pero sí de su esposa. Por medio de la esposa lo ubicaron y la comisión le ofreció garantías y él accedió a declarar. Así fue como obtuvieron su confesión.
La comisión sabía que el tirador era un hombre experto y también había averiguado que cuando mataron al arzobispo había varias personas que de alguna manera se vinculaban con los escuadrones de la muerte, que eran buenos tiradores y que eran amigos y tenían relaciones con Álvaro Saravia. “Se le presentaron al testigo las fotos de todos estos sospechosos, y este determinó en forma categórica que el autor del disparo que mató a monseñor había sido el doctor Héctor Antonio Regalado, hombre que se había determinado su trayectoria vinculada a los escuadrones de la muerte”, dijo el exfiscal Girón Flores.
Girón Flores aseguró que iba presentar estas pruebas al tribunal, pero la Sala de lo Constitucional frenó todo el proceso. “La resolución de la Sala destruyó los esfuerzos de la comisión”.
Al exfiscal general se le cuestionó sobre la agenda del capitán Saravia, pero dijo que nunca vio la original sino una fotocopia que se le permitió revisar en la Comisión y que no sabía dónde estaba la agenda original del capitán Saravia.
“La agenda del capitán Saravia la tiene el Congreso de los Estados Unidos”
9:50 a.m., 21 de febrero de 1989
Este día, el juez encargado de esclarecer el asesinato de monseñor Romero, Ricardo Alberto Zamora Pérez, se enteró oficialmente de que hay una investigación paralela sobre el caso, de la cual él no había tenido control. Este día es citado a declarar Julio Alfredo Samayoa hijo, ministro de Justicia y presidente de la Comisión Investigadora de Hechos Delictivos, la que resolvió en tres años, lo que jueces y fiscales no pudieron resolver en nueve años.
“La comisión tenía un plan de acción destinado a identificar al tirador o autor material del hecho investigado por medio del testigo Amado Garay, a quien se le mostraron fotografías de los dos sospechosos que coincidían con los rasgos físicos que presentaba el retrato hablado hecho por la comisión. Estas fotografías no tenían el nombre de los sospechosos, al serle mostradas las fotografías al testigo Amado Garay, este señaló como la persona que hizo el disparo a la fotografía señalada con la letra B, fotografía que correspondía al Dr. Héctor Antonio Regalado; la fotografía A correspondía a José Luis Alas Romero”, declaró Samayoa hijo.
Dijo al juez que un día antes de su declaración, el 20 de febrero de 1989, la comisión había ordenado a la Unidad Ejecutiva la búsqueda y localización del doctor Regalado, para su reconocimiento físico. También se había ordenado la búsqueda del equipo de seguridad del capitán Saravia: Nelson Enrique Morales Reyes, Herber Romero Escobar, Nelson García, Andrés Antonio Córdova López y Fredy Salomón Guevara.
Luego, le preguntaron sobre la agenda decomisada al capitán Saravia, en mayo de 1980. “La fotocopia de la agenda fue remitida a la comisión por las diligencias que tenía la presidencia de la República. El original de la agenda fue presentado al Congreso de los Estados Unidos por el exembajador Robert White, pudiéndose pedir por este tribunal el original al Congreso de los Estados Unidos”.
Juez y fiscales le preguntaron a Samayoa hijo cómo era posible que esa evidencia estuviera en Estados Unidos. Él, entonces, apuntó la responsabilidad en la Junta Revolucionaria de Gobierno. “La agenda del capitán Álvaro Saravia fue puesta a la orden de la Junta Revolucionaria de aquel entonces, ignorando cómo es que dicha agenda llegó al poder del señor White”.
9 años después, juez recibe evidencia contra el capitán Saravia
24 de febrero de 1989
Cuando se trata de conocer hechos relativos al asesinato de monseñor Romero, el juez del caso siempre es el último en darse cuenta. Casi una década después de la captura del mayor Roberto d´Aubuisson y del decomiso de la agenda del capitán Álvaro Saravia, el Juzgado Cuarto de lo Penal ordenó interrogar a los miembros de la Junta Revolucionaria de Gobierno sobre los nombres de las personas capturadas en la finca San Luis, de Santa Tecla, en mayo de 1980, y sobre el decomiso de la agenda del capitán Saravia.
El juez quiere que le respondan tres preguntas: ¿Por qué fueron capturadas esas personas? ¿Por qué fueron liberadas? ¿Por qué la agenda del capitán Saravia, esa que parece evidencia clave para resolver el asesinato de monseñor Romero, terminó en manos del exembajador de los Estados Unidos, Robert White?
El 17 de marzo de 1989 declara el coronel Jaime Abdul Gutiérrez, miembro de la Junta Revolucionaria de Gobierno. Él declara que la Primera Brigada de Infantería y el Centro de Instrucción de Transmisiones, por órdenes del coronel Adolfo Majano, también miembro de la primera junta, capturaron a un grupo de militares y civiles que estaban conspirando un golpe de Estado. Entre los detenidos estaban D´Aubuisson y Antonio Cornejo Arango. Cuando los militares fueron llevados a Casa Presidencial aseguraron que estaban reunidos para celebrar el día del soldado. Cornejo Arango era un civil que se había convertido en mano derecha de D´Aubuisson.
Gutiérrez dijo que no sabía cómo la agenda del capitán Saravia terminó en manos del embajador White. Los otros miembros de la Junta Revolucionaria de Gobierno (José Napoleón Duarte, el coronel Adolfo Armando Majano Ramos, José Ramón Ávalos Navarrete y José Antonio Morales Ehrlich) también dijeron desconocer cómo el original de la agenda llegó hasta el exembajador White.
En junio de ese año, el presidente Duarte dejaría el cargo y asumiría Alfredo Cristiani, el primer presidente de El Salvador representante del partido Arena, el partido fundado por D´Aubuisson.
1990-1992
Nada. Durante los primeros años del gobierno de Cristiani, las autoridades judiciales no hicieron nada. El expediente estuvo inactivo. Ni juez, ni fiscales realizaron diligencia alguna para esclarecer el asesinato de monseñor Romero.
1993
El juez se pone diligente
9:00 a.m., 31 de marzo de 1993
La tardanza es una característica en las diligencias judiciales para esclarecer el asesinato de monseñor Romero. Hay testigos a quienes se les amplió las entrevistas cinco, seis o siete años después del homicidio. Hay evidencias, como la agenda del capitán Saravia, que se incorporaron al proceso casi una década después de que el gobierno la tuvo en sus manos. Pero el 31 de marzo de 1993, el juez Ricardo Alberto Zamora Pérez estará diligente. Por primera vez resolverá algo antes de que se lo pidan.
Este día, cuando se cumplen 13 años y una semana del asesinato de Romero, el juez Zamora Pérez aplicará una nueva ley, que apenas entró en vigencia el día anterior: la Ley de Amnistía. Y, al aplicarla, cerrará definitivamente el caso. La ley, mocionada por diputados del PCN como Ciro Cruz Zepeda, Luis Roberto Angulo y Rafael Machuca, fue aprobada sin mayor discusión el 20 de marzo de 1993. Fue publicada en el Diario Oficial el día 22, y entró en vigencia el día 30 de marzo. “Querer desconocer que la muerte de monseñor Óscar Arnulfo Romero no tenía un fin político es divorciarse de la realidad, porque fue conmocionante en todos los sectores de la vida nacional e internacional y que en varias épocas a lo largo del conflicto armado trascendió de lo jurídico a lo político. Consecuente con lo anterior, la conducta atribuida al capitán Álvaro Saravia, en el presente hecho, se adecua a los presupuestos del artículo 2 y 4, literal C, de la Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz, se sobresee de forma definitiva”, resolvió el juez Zamora Pérez.
La resolución del juez se adelantó a una solicitud de amnistía que el capitán Saravia presentaría al consulado general de El Salvador en San Francisco, Estados Unidos, el 29 de noviembre de 1993.
1994-1995
Nada. El expediente está inactivo.
1996
21 de marzo de 1996
La Unidad de Delitos Especiales de la Fiscalía pide al juez la certificación del archivo del caso. No es para investigar nada: para efectos de control administrativo, la Fiscalía también va a archivar el caso. El fiscal general entonces es Romeo Melara Granillo.
1997-2006
El expediente está inactivo, a pesar de que la Sala de lo Constitucional ya determinó en el año 2000 que la Ley de Amnistía no aplica para delitos contra la humanidad ni para delitos ocurridos durante la administración de Alfredo Cristiani (1989-1994) porque un gobierno no puede autoamnistiarse.
2007
14 de marzo de 2007
La Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia pide con urgencia una certificación del proceso judicial porque el Estado salvadoreño debe responder una demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por la falta de investigación del asesinato de monseñor Romero.
2008-2011
El expediente está inactivo. En 2009, el FMLN gana por primera vez la Presidencia de la República.
2012
11 de abril de 2012
En 1989, el gobierno de José Napoleón Duarte señaló a Héctor Antonio Regalado Herrera como el autor material del asesinato de monseñor Romero. El 12 de abril de 2012, Regalado Herrera presentó al Juzgado Cuarto de Instrucción —antes Juzgado Cuarto de lo Penal— una publicación del Diario CoLatino titulada “Exsargento de la Guardia Nacional disparó contra monseñor Romero”.
“El aparecimiento de esa noticia me llenó de esperanza porque me sirve para reafirmar ni inocencia, la cual desde que fui injustamente señalado he sostenido, porque no tuve ningún tipo de participación en el hecho que usted investiga”, reza el documento que presentó Regalado al juez Élmer Aristarco Chavarría.
Regalado pide al juez que, en caso de no existir investigación en su contra, le otorgue un documento que así lo certifique. El juez le respondió que no le podía dar esa certificación porque él nunca ha sido procesado oficialmente por el crimen de monseñor Romero, nunca ha tenido la calidad de imputado. El juez se limitó a entregarle una resolución que dice: “Se han revisado los libros de entrada de procesos penales desde 1976 hasta la fecha, no existiendo causa pendiente ni fenecida en contra del señor Héctor Antonio Regalado Herrera”.
2013-2015
En los dos años previos a la beatificación del primer beato salvadoreño, ni juez ni fiscales han realizado alguna diligencia para esclarecer el asesinato. En 2014, el FMLN logró por segunda vez la Presidencia de la República. La Sala de lo Constitucional estudia desde hace años una petición para declarar inconstitucionial la Ley de Amnistía, que sigue vigente.
