Publicidad

Presidencia salva, de manera momentánea, a una comunidad que será desalojada a petición de la familia Dueñas

La Policía rehuyó de aplicar la fuerza en un desalojo que había sido ordenado por el juez de Paz de Antiguo Cuscatlán en la comunidad El Espino de Antiguo Cuscatlán. El director de la Policía explicó que Casa Presidencial trabaja en una alternativa para las 70 familias de la comunidad que será desalojada a petición de la familia Dueñas.

Gabriel Labrador / Fotos de Fred Ramos

 
 

Empleados contratados por la familia Dueñas, propietaria del inmueble donde está ubicada la comunidad El Espino, esperan que el juez de Paz de Antiguo Cuscatlán les dé la orden de ingresar a las casas y sacar los objetos de ella. Foto: Fred Ramos
 
Empleados contratados por la familia Dueñas, propietaria del inmueble donde está ubicada la comunidad El Espino, esperan que el juez de Paz de Antiguo Cuscatlán les dé la orden de ingresar a las casas y sacar los objetos de ella. Foto: Fred Ramos

El miércoles 3 de junio, en la finca El Espino, unas 70 familias estuvieron a punto de ser desalojadas por la Policía Nacional Civil (PNC), pero el operativo ordenado en mayo pasado por el Juzgado de Paz de Antiguo Cuscatlán fue suspendido cuando los agentes desobedecieron la orden del juez José Palma Trejo, que incluso les reclamó por no romper puertas ni cortar los candados de las casas que iban a ser desalojadas. Al filo del mediodía, el director de la Policía Nacional Civil, Mauricio Ramírez Landaverde, le informó al juez que desde Casa Presidencial se pedía un compás de espera para lanzar un salvavidas a la comunidad El Espino, otrora dueña de 2.8 manzanas de tierra en la finca.

La decisión de la Policía, aunque oportuna para las familias, es apenas una pausa en un caso en el que un juez decidió entregarle -o más bien devolverle- a dos grandes empresarios salvadoreños, los hermanos Dueñas Herrera, la extensión de tierra que antes fue parte de la finca de café El Espino, y que fue expropiada a la familia Dueñas en 1980 debido a la reforma agraria. La decisión del desalojo, ordenada el pasado 6 de mayo, se dio luego de un año de pleitos legales en los que los habitantes de la comunidad El Espino, 35 años después de habitar ese lugar, terminaron siendo identificados como ocupantes y usurpadores de los terrenos.

La comunidad El Espino está ubicada en un terreno de 2.8 manzanas de extensión (28,000 varas cuadradas), y volvió a manos de los Dueñas en mayo de 2009 por medio de un intercambio de propiedades entre el Estado y los Dueñas que quedó consignado en el protocolo del notario Roberto Alvergue Vides. La permuta se hizo con el objetivo de que el Estado pudiera construir el bulevar Diego de Holguín, ahora llamado bulevar Monseñor Romero.

El intercambio de tierras entre el Estado y los Dueñas se hizo a sabiendas de que en las tierras que el Estado entregaba -devolvía- había al menos unas 100 familias. De esas 100 familias a la fecha solo quedan 70. Sin embargo, la comunidad ha alegado que la permuta es ilegal debido a que quien representó a las familias ante el Gobierno fue alguien que no tenía la personería jurídica para hacerlo.

La acción de la Policía, ordenada desde Casa Presidencial, es también una decisión tomada sin un plan de acción concreto, pese a que desde 1995 existe un convenio suscrito por la Presidencia, entonces administrada por el gobierno del expresidente Armando Calderón Sol, para reubicar a esas familias en otros terrenos.

El juez de Paz de Antiguo Cuscatlán, José Palma Trejo, suspendió la diligencia al mediodía de este miércoles y la pospuso para el próximo martes 9 de junio. Para entonces, la Presidencia de la República y el viceministerio de Vivienda se supone que los habrán trasladado a otro lugar y no hará falta que los policías los desalojen a la fuerza. “El Gobierno buscará una solución para no dejar desamparadas a las familias de la comunidad. A las familias afectadas les expresamos nuestra solidaridad, les ofrecemos acompañamiento y les aseguramos que trabajaremos en la búsqueda de una pronta solución en el marco de sus derechos”, reza un comunicado emitido al mediodía del miércoles por Casa Presidencial.

El operativo de desalojo inició a las 6 de la mañana, cuando el juez Palma Trejo dio un compás de espera para que las 70 familias abandonaran sus casas de manera voluntaria. Sin embargo, tres horas más tarde nadie lo había hecho. A las 9 de la mañana, una comitiva de funcionarios se reunió en Casa Presidencial, y entre ellos estaba el secretario de Transparencia Marcos Rodríguez y el viceministro de Vivienda Roberto Góchez, quienes desde hace años conocen el desamparo en el que cayó la comunidad El Espino, cuyos habitantes debieron de haber sido trasladados a otro lugar para vivir , conforme a un convenio suscrito por el Estado en 1995. Ese convenio, sin embargo, 20 años después, cuatro administraciones gubernamentales -de dos partidos políticos distintos-después, nunca se ha cumplido.

Agentes de la Unidad de Mantenimiento del Orden (UMO) de la Policía acompañan el desalojo de la comunidad El Espino, en Antiguo Cuscatlán. Explicaron que solo estaban ahí por si había disturbios pero no tenían autorizado irrumpir en los hogares. Foto: Fred Ramos
 
Agentes de la Unidad de Mantenimiento del Orden (UMO) de la Policía acompañan el desalojo de la comunidad El Espino, en Antiguo Cuscatlán. Explicaron que solo estaban ahí por si había disturbios pero no tenían autorizado irrumpir en los hogares. Foto: Fred Ramos

Al mediodía de este miércoles, el juez Palma Trejo suspendió la evacuación de las familias porque, según dijo, había hablado con el director de la Policía Nacional Civil (PNC) Mauricio Ramírez Landaverde, quien le explicó que la corporación estaba trabajando en buscarle una alternativa habitacional a las personas de la comunidad. “Yo le pregunté al director por qué no autorizaba que se ejecutara el desalojo con el recurso humano que tenemos aquí, pero no me respondió y solo me pidió que postergáramos para el martes la diligencia en lo que conseguían una alternativa para la gente”, explicó Palma Trejo a los periodistas. “No es competencia de la Policía buscar esas alternativas pero eso fue lo que me dijo y, además dijo que se había comunicado con la Presidencia de la República para eso”, añadió el juez.

El juez de Paz de Antiguo Cuscatlán reclamó, durante toda la mañana, que los policías que lo acompañaban habían entorpecido la diligencia y hasta los amenazó con acusarlos ante la Fiscalía General de la República (FGR) por dos delitos relacionados a la desobediencia. Ningún policía de la División de seguridad pública o de la Unidad de Mantenimiento del Orden (UMO) había querido forzar ninguna puerta o despedazar ningún candado con un cortafrío que el juez había mandado a pedir. “Por eso y por otros detalles que me reservo parece que los Policías están recibiendo la orden de otro lado, no están colaborando con el desalojo ni prestando el auxilio debido como la ley manda”, dijo el juez a un grupo de periodistas.

La orden de no desalojar a las familias los policías la recibieron del Director General de la institución, Mauricio Ramírez Landaverde. “La razón es que no contamos con el personal policial suficiente”, explicó la jefa de la Delegación Centro del departamento de La Libertad, Patricia Granillo, quien se encontraba en la comunidad y quien había entablado comunicación con las máximas autoridades de la PNC para saber si procedía o no con el desalojo.

A primera hora de la mañana, Granillo había pedido al juez que reprogramara la evacuación para 48 horas más tarde por falta de personal, pero el juez Palma Trejo explicó que él no había pedido más policías para que lo custodiaran si no personal para ejecutar el desalojo. Palma Trejo decidió continuar con la evacuación pero la pasividad de la Policía fue evidente cuando un empleado del juzgado tuvo que romper el candado de la primera casa que iban a desalojar. “No estoy autorizado a hacer eso”, había respondido un agente policial cuando el juez le ordenó que cortara con el cortafrío el candado que aseguraba la casa.

El juez volvió a reclamar la pasividad de la Policía al llegar a la tercera casa, la cual también se había cerrado con candado. “¿Dónde está la UMO, pues?”, preguntó, aireado, el juez Palma Trejo. “La orden es que se le brinde seguridad al juez y que la UMO solo intervenga si hay problemas (resistencia)”, explicó la jefa policial Granillo.

Al final, lo que primó fue una negociación telefónica entre el director de la Policía Mauricio Ramírez Landaverde y el juez de Paz ocurrida al filo del mediodía. Aunque no fue por los motivos planteados por la Policía, el juez Palma Trejo suspendió la diligencia y la reprogramó para el martes 9 de junio.

En la llamada telefónica con el juez, el director de la PNC insistió en que en ese momento era imposible ejecutar el desalojo y que mejor se reprogramara para el martes 9, que ese día sí brindaría toda la colaboración necesaria al juez. “Me dio garantía de que acompañarán el desalojo en un futuro y pidió disculpas por no haber podido hacerlo este día. Se comprometió a que el martes próximo brindará toda la colaboración necesaria, así que accedí”, dijo el juez Palma Trejo.

El juez explicó que el director de la Policía le hizo ver que Casa Presidencial estaba enterada del problema y que estaba trabajando para buscar una alternativa de vivienda a los habitantes de la comunidad y que por eso, prácticamente, no era necesario desalojarlos.

Raquel Alas Recinos es propietaria de una de las dos casas a las que ingresó el juez para intentar desalojarla. En la comunidad El Espino, en Antiguo Cuscatlán, viven unas 70 familias. Foto: Fred Ramos
 
Raquel Alas Recinos es propietaria de una de las dos casas a las que ingresó el juez para intentar desalojarla. En la comunidad El Espino, en Antiguo Cuscatlán, viven unas 70 familias. Foto: Fred Ramos

Al mediodía, el director de la Policía también envió una carta al juez, la cual le llegó mientras este aun se encontraba en la comunidad, y en ella Ramírez Landaverde señalaba que “terceras personas” habían participado del desalojo y que eso podía entorpecer el procedimiento de ley. El director hacía referencia a los empleados del juzgado y a los obreros y trabajadores que la familia Dueñas, propietarios del inmueble donde está ubicada la comunidad, que habían llegado a la comunidad para colaborar con el juzgado.

Con esta, es la tercera vez que el desalojo se suspende en un mes. Las anteriores ocasiones -7 de mayo y 24 de mayo- también se habían frustrado por supuesta falta de personal de la PNC pues, entre otras cosas, se había tenido que brindar custodia a la ceremonia de la beatificación de monseñor Romero.

El origen del desalojo

El desalojo fue ordenado por el juez debido a un proceso civil promovido en julio del año pasado por los hermanos Roberto Miguel y Miguel Arturo Dueñas Herrera , dos empresarios de la cuarta generación de la familia Dueñas directamente relacionada al cafetalero que gobernó El Salvador durante varios períodos entre 1851 y 1871. Ambos son socios de las empresas Dueñas Hermanos Limitada, Dueñas Hermanos y Compañía, y Roberto Dueñas Limitada, que hace un año, en conjunto tenían un capital social de 121 millones 717 mil 215 dólares, según el Registro de Comercio.

El 2 de julio de 2012 estos empresarios pidieron a la Fiscalía que procesara por usurpación a las familias del caserío ubicado entre la Escuela Militar y el edificio de Relaciones Exteriores en Antiguo Cuscatlán. La Fiscalía, según el abogado de los Dueñas, Arístides Perla, nunca reportó si avanzó en las investigaciones, y entonces los Dueñas optaron por otra vía: acogerse a la Ley especial para la garantía de la propiedad, por los plazos relativamente cortos que dicta, que les daba una salida rápida para lograr un desalojo. La demanda la interpusieron el 7 de julio de 2014 y 15 días después el juez declaró que procedía el desalojo. El Idhuca -que en ese momento era la apoderada de la comunidad- apeló y el caso subió a la Cámara, en donde el 9 de septiembre los magistrados aceptaron la demanda y apoyaron la resolución en la que prácticamente se nombra como invasores a las familias de la comunidad, que habitan el lugar desde hace más de tres décadas.

habitantes de la Comunidad El Espino, Antiguo Cuscatlán, observan la llegada de los agentes de la UMO.
 
habitantes de la Comunidad El Espino, Antiguo Cuscatlán, observan la llegada de los agentes de la UMO.

Sin embargo, la comunidad no se quedó de brazos cruzados y presentó un amparo ante la Corte Suprema de Justicia. Primero fue ante la Sala de lo Constitucional, la cual a finales del año pasado declaró que no podía conocer el caso pero orientó a la comunidad a que buscara la vía civil. La comunidad presentó un escrito ante la Sala de lo Civil de la Corte, la cual también declaró improcedente la demanda, con lo cual el caso regresó al juzgado de Paz de Antiguo Cuscatlán. El juez Palma Trejo dejó firme la sentencia del 22 julio de 2014 para el día 6 de mayo de 2015.

Los habitantes de la comunidad se resisten a marchar de ahí porque esperan que se cumpla un convenio suscrito con el gobierno de Armando Calderón Sol. El convenio se firmó con las 426 familias que entonces residían al sur de donde hoy está el Bulevar Monseñor Romero. El convenio consistía en la entrega de viviendas de 10 x 10 metros en un terreno otorgado por el Estado en donde además habría una escuela, una cancha de fútbol y una clínica de salud. En 20 años ninguna de las cuatro administraciones gubernamentales (tres de Arena y una del FMLN) ha cumplido con lo pactado.

Estas 2.8 manzanas que están a punto de ser desalojadas se suman a las otras 350 manzanas urbanizables que le fueron devueltas a los Dueñas en 1986 por la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte. La Corte determinó que el Estado se había equivocado al expropiar tierra urbanizable cuando la Reforma Agraria afectaba solo las tierras de vocación agrícola. Años más tarde, y gracias a ese fallo, la familia Dueñas comerció sus tierras y fue así como se pudieron edificar los centros comerciales Multiplaza y Las Cascadas (por Grupo Roblea de la familia Poma); La Gran Vía y los complejos residenciales Portal del Casco y Puerta Gran Canaria (por las empresas urbanísticas de los Dueñas).

El juez de Paz de Antiguo Cuscatlán, José Palma Trejo, anuncia por megáfono, al mediodía del miércoles 3 de junio, que suspende el desalojo de la comunidad El Espino. Foto: Fred Ramos.
 
El juez de Paz de Antiguo Cuscatlán, José Palma Trejo, anuncia por megáfono, al mediodía del miércoles 3 de junio, que suspende el desalojo de la comunidad El Espino. Foto: Fred Ramos.

Publicidad
Publicidad

 

 CERRAR
Publicidad