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Ochoa Pérez se lava las manos

Leonel Rivas

 
 

Recientemente, en un artículo publicado en El Faro, el coronel en retiro Sigifredo Ochoa Pérez niega su responsabilidad en el operativo militar que culminó en ataque directo contra civiles en los poblados del cantón Santa Marta, Cabañas, en el mes noviembre de 1981.

Tras conocerse las publicaciones del informe y el documental “Solo Dios con nosotros: La masacre de Santa Cruz”, realizado y difundido por el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Washington y Oraciones Incompletas el pasado 27 de abril, y tras publicarse la nota Investigación señala responsabilidad de coronel Ochoa Pérez en masacre en Cabañas, del periódico digital El Faro, este hombre que acaba de finalizar su período como diputado no tardó en reaccionar.

Las investigaciones revelan pruebas inobjetables de la responsabilidad del coronel en la masacre de Santa Cruz, registrada la madrugada del 16 de noviembre de 1981. Ochoa Pérez, como reafirman estas publicaciones, lideró un operativo militar de gran magnitud al frente del Destacamento Militar Número Dos (DM-2) de Sensuntepeque, en el departamento de Cabañas. Esta operación estaba enmarcada en los llamados planes de “tierra arrasada’’ que pretendía acabar con todo intento de organización y levantamiento civil.

Como resultado de esta operación de limpieza cientos de personas de los cantones de Santa Marta y Peña Blanca fueron expulsadas y masacradas en las cercanías del río Copinolapa, frente a la escuelita de Santa Cruz, jurisdicción de Sensuntepeque.

El informe “Solo Dios con nosotros” es el primer intento por documentar en forma sistemática la masacre de Santa Cruz; el cual arroja evidencias claras de un hecho que pasó –salvo para los sobrevivientes y los hijos de los muertos- ignorado todos estos años.

Aun así, Ochoa Pérez dice en su respuesta a la publicación de El Faro del 26 de abril que “cualquier lector esperaría, después de tan rimbombante titular, encontrar en lo reportado lugares específicos donde ocurrieron los hechos; número, por lo menos aproximado, de los supuestos fallecidos en lo que se da en llamar masacre”. “Después de 34 años de investigación deberían tenerse los nombres de las víctimas, para poder comprobar su supuesta muerte; sería muy valioso describir la metodología por medio de la cual se pudo identificar a los miembros de la unidad que el día 11 de noviembre produjo la guinda, y quién dio la orden de dicho operativo. Importante sería también informar sobre entrevistas al Fiscal General de la República”, reclama Ochoa, por lo que según él, “si la investigación no habla sobre datos elementales como los mencionados anteriormente, el contenido de las dos líneas incriminatorias es totalmente falso y solo se persigue atraer la atención del lector sobre una crónica en la que se narran supuestos hechos, casi en forma dramatúrgica, mismos que están muy alejados del concepto de masacre según se define en los tratados internacionales sobre la materia”.

Con sus alegatos, el coronel pretende restar importancia y veracidad a los hechos descritos en ambas investigaciones, lo cual no es nuevo. Al ser abordado por la periodista Vilma Laínez, de YSUCA, el 25 de marzo de 2014 dijo “que ahí no hubo masacres, ahí fueron operaciones militares”, “no ha habido ningún reclamo  de ninguna cosa”, ya que “a mí me tocó cumplir una misión y la misión era limpiar el departamento de guerrillas, eso fue lo que hice”.

La comunidad de Santa Marta lleva 34 años atragantada con esta historia, a la que nunca antes alguien prestó atención, menos las instancias de justicia del país, que apenas resuelven tibiamente las peripecias del día.

El exdiputado muestra amnesia intencionada. Supongo que supone que las víctimas también padecen la misma enfermedad, cosa que no es cierta. Cada persona sobreviviente recuerda perfectamente lo que ahí pasó y quienes nacimos en Santa Marta posteriormente hemos aprendido de sus palabras los hechos.

Voy a recordar al coronel –a grandes rasgos- la travesía tortuosa vivida, por si el olor de la carne quemada de los restos que apilaron de niños y ancianos, mujeres y hombres la mañana del 16 de noviembre en Santa Cruz ya se le olvidó, si es que se puede olvidar y vivir con ello.

Walter Laínez –sobreviviente de la masacre de Santa Cruz- recuerda que desde lejos vieron alzarse “tres chorros de humo negro” de los cuerpos que fueron quemados por el ejército, entre ellos heridos que gritaban. Algunos lugareños confirman la veracidad de este hecho y recuerdan que en los días siguientes enterraron trozos de cuerpos que encontraron tirados en la zona. El cielo conoció esa mañana el sabor de la carne quemada por el odio y el desprecio a la vida humana [2].

El operativo militar de tierra arrasada que inició el 11 de noviembre de 1981, fue el segundo gran operativo que buscó exterminar por completo la naciente guerrilla que vivía en la zona, que contaba con un par de decenas de hombres armados, afectando también a la población civil de los cantones de Santa Marta y Peña Blanca, bajo la estrategia de quitar el agua al pez.

El 17 y 18 de marzo de ese mismo año habían expulsado por primera vez a toda esta población, que al verse acorralada no le quedó más escapatoria que salir hacia Honduras.

En esta ocasión la población fue masacrada en el cruce del río Lempa en la zona de Piedras Coloradas, ya que el río estaba desbordado –porque habían abierto las compuertas de la presa 5 de noviembre- y se concentraron tanto las fuerzas del ejército salvadoreño y hondureño, ambos ejércitos consumaron el crimen en masa.

Hasta ahora nadie ha contado con exactitud el número de muertos de la guinda de marzo, y no es porque no ocurriera, sino porque ninguna instancia de justicia ha mostrado interés alguno en investigar los hechos, a tal punto que su registro es mínimo y sin abundancia de información documentada. Incluso el informe de la Comisión de la Verdad sólo lo comenta brevemente. La mayor cantidad de información de la que se dispone es el testimonio de los sobrevivientes y la memoria de testigos internacionales que presenciaron el hecho, mientras arriesgaban sus vidas en labores humanitarias ayudando a la población.

La población que sobrevivió a la guinda de marzo se refugió en los meses siguientes en la aldea Los Hernández y en La Virtud en Honduras. Ahí, las condiciones de vida y sanidad eran precarias y vivían con el acecho permanente del ejército. En esos meses, muchos refugiados fueron desaparecidos, torturados y brutalmente asesinados, mientras que ancianos y niños morían de enfermedades y desnutrición.

Al salir huyendo, aquella población había dejado todo atrás, más las condiciones que vivían en el refugio, hicieron que muchos optaran por regresar a sus lugares de origen entre marzo y noviembre de ese año, con la esperanza de que las cosas volverían a la normalidad, que podrían cultivar la tierra y rehacer sus vidas. Nadie se imaginaba que la ola de exterminio solo acababa de empezar y que lo peor estaba por venir.

La guerrilla había vuelto a tomar presencia en la zona, luego de la invasión de marzo, cuando defendieron del exterminio total a la población civil. Casi toda esta célula guerrillera estaba integrada por lugareños, que se habían incorporado a consecuencia de la brutal represión.

La invasión de noviembre vuelve a tomar por sorpresa a la población que ronda entre las mil y mil quinientas personas en la zona de La Pinte y Peña Blanca. Entre ellos había ancianos, mujeres embarazadas y con niños en brazos, como fue el caso de María Julia Ayala, quien perdió a su pequeño en brazos tras un impacto de bala en el cruce de Santa Cruz.

Philippe Bourgois, estudiante de posgrado de antropología en la Universidad de Stanford en California me contó en una entrevista para Abriendo Brecha el año pasado, que había llegado a Peña Blanca dos días antes de la invasión, para estudiar a las “comunidades de origen”, donde según él “se estaba experimentando, tratando de construir en actualidad el principito de una nueva sociedad”. Cuenta que “la noche antes de que empezara el operativo se oía el movimiento de tropa por aire, porque se traía una parte de la tropa en helicóptero, entonces se pensaba que sí iba a haber invasión, pero no se sabía si iba a ser una invasión de tierra arrasada o una operación menor, donde uno podía tal vez correr y esconderse. La cosa que nos tomó por sorpresa era que habían hecho nuevo entrenamiento a las tropas del ejército, entonces, pues, tenían nueva estrategia de hacer la tierra arrasada, mucho más sistemáticamente que lo hacían antes. Por eso fue tan dura la invasión de noviembre”, asegura Philippe.

Los testimonios de la masacre de Santa Cruz se cuentan por decenas en Santa Marta y San Felipe, hoy en día. Los mismos pobladores de Santa Cruz, zona controlada por el ejército y paramilitares en ese tiempo, cuentan lo que ahí pasó.

Nadie ignora los hechos, como nadie desconoce quién fue el responsable de conducir aquella mortandad inhumana. Que el coronel diga 34 años más tarde que es “totalmente falso” todo esto es la mejor evidencia de su culpabilidad, dado que rara vez un verdugo acepta sus crímenes y siempre que puede niega cualquier responsabilidad.

Hay que reconocer que es verdad que no se conocen datos reales de cuántos fueron los muertos en Santa Cruz, pero eso no quita veracidad a los hechos, como pretende hacer creer el coronel; lo único que muestra es la impunidad reinante que ha habido en nuestro país, al punto que nadie se ha preocupado alguna vez por esclarecer lo que ahí pasó.

Ochoa, en su intento por retorcer más la historia, dice que “cualquier investigador de la realidad nacional, y sobre todo de los hechos acontecidos en esos años fratricidas –de la guerra civil en El Salvador-, debe informar que dicha guerra no la inició la Fuerza Armada de El Salvador”. ¿Acaso la iniciaron los campesinos y campesinas que vivían la miseria más brutal que se pueda uno imaginar? ¿Acaso los culpables no fueron quienes se impusieron con fraudes electorales y desangraron este país al punto de la indignación? ¿Acaso el alto mando militar de la época no eran los guardaespaldas de la oligarquía? La respuesta a estas preguntas aclara cualquier confusión.

El coronel dice “que no se puede ocultar el odio, rencor y hasta una incontrolable sed de venganza de ciertos grupos nacionales y extranjeros”, si así fuera, la historia aquí contada sería muy distinta. La búsqueda de la verdad y la justicia no se hace por venganza ni revanchismo, ya que la sangre de nuestros niños y nuestras niñas, la sangre de nuestras mujeres y nuestros hombres no tiene precio, nadie podría pagarla, ni todos los criminales juntos podrían pagarla con la suya.

Considero que cualquier persona con un poco de juicio y sensibilidad, al estar en su lugar, coronel, sería más humilde en reconocer que se cometieron errores y graves violaciones al derecho más fundamental de todo ser humano, el derecho a vivir. Y a la violación de ese derecho le ha sucedido otros muchos, como el derecho a la verdad y la justicia.

Por lo que indignan sus palabras al afirmar que “como orgulloso veterano de guerra sé percibir el hedor que despide el sudor de los cobardes, cuyo papel de ave de rapiña dista mucho del papel de redentores que buscan asumir…”. Téngalo por seguro que ni los que investigan estos crímenes ni las victimas despedimos sudor de cobardes.

¿Sabe? Creo que personas como usted, coronel, se expresan de esta forma porque se creen intocables bajo el mítico recuerdo del blindaje que su cargo de militar ostentó en el pasado y quieren aparentar estar libres de culpa. Urge, por tanto, una investigación minuciosa de estos hechos, que contemple exhumaciones para recoger evidencias contundentes de la masacre y determine el castigo ejemplar a los responsables de tales atrocidades, lo cual es indispensable para asegurar la paz y el sistema de justicia en El Salvador.

Los familiares de las victimas hemos de continuar la incansable labor de la memoria contra el olvido, para que criminales como Ochoa Pérez no pasen a la historia como héroes y patriotas. Que el mundo sepa lo que es: un mentiroso y un genocida. Al coronel, la historia le tiene reservado el lugar menos deseado: la condena popular, mientras Santa Marta conmemora cada año a sus hijas e hijos caídos, cosa que nadie hará por él.

El presidente Funes, en nombre del Estado salvadoreño, pidió perdón por la masacre de El Mozote y otros caseríos aledaños, perpetrada por el ejército en diciembre de 1981, lo cual valoro y admiro mucho, ya que  saldó una deuda histórica con el pueblo. Pero creo que nadie en nombre de los responsables materiales e intelectuales vivos, de matanzas consumadas contra población civil en años pasados, puede saldar sus deudas con las víctimas. Sin un acto de arrepentimiento y reconocimiento público, por quienes fueron y por cuanto hicieron, difícilmente las victimas reconocerán el perdón como un acto de justicia y resarcimiento. Peor aún, si lejos de eso, responsables directos como el coronel Ochoa se enorgullecen diciendo que lo “volvería a cumplir”, “si estuviera de alta”.

Al igual que lo ha hecho el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Washington en su informe, llamo y recuerdo al “gobierno salvadoreño” que “tiene la obligación particular e inexorable de investigar estos crímenes para cumplir con sus obligaciones internacionales, y cuando sea posible, hacer que los responsables paguen sus culpas”, ya que al “no investigar y analizar estos sucesos ocurridos en tiempo de guerra permite la persistencia de la impunidad, un cáncer que continúa corroyendo la confianza en el sistema judicial salvadoreño que lucha bajo el peso de significativas dificultades en este momento”.

 

*Leonel Rivas es un periodista de Cabañas, miembro fundador del periódico Abriendo Brecha. Rivas es hijo de supervivientes de los operativos militares ocurridos en Cabañas, en 1981, y nació en el campamento de refugiados de Mesa Grande, Honduras. Junto a su familia, Rivas regresó a El Salvador en 1991, a la edad de seis años.

 

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