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La defensa de la institucionalidad (I)

Héctor Dada Hirezi

 
 

Está de moda afirmar que las contradicciones entre los titulares de los Órganos del Estado son un símbolo de que la institucionalidad democrática está en peligro. No es extraño en una sociedad en la que no ha habido respeto a la autonomía que la Constitución Política establece, y en la que ha sido norma que desde la Presidencia de la República se controlen las decisiones de las demás instancias del aparato del Estado. Por el contrario, en esa dialéctica inter-órganos hay un avance en el respeto a la institucionalidad, que no depende de los que añoran su antiguo control absoluto ni de quienes creen que ahora es su turno para ejercer una forma de poder similar en su beneficio. Sin embargo, como veremos en la segunda parte de este trabajo, hay amenazas que quienes suscriben una fe en la democracia deben tener presentes para defender el avance del estado de derecho, garante de nuestras libertades y del interés público de la sociedad.

La consolidación de la institucionalidad es un elemento indispensable en un proceso de profundización de la democracia. Ésta es por esencia una realidad dialéctica, que requiere simultáneamente el respeto a la libertad individual y a los intereses comunes (públicos) de la vida en sociedad. La libertad de las personas supone la existencia de una sociedad organizada, establecida sobre un estado de derecho que garantice que el juego entre lo público y lo privado se de tanto con respeto del espacio de lo colectivo como de la dignidad de los individuos, y generando desde lo público las condiciones en las que esta dignidad sea posible. En síntesis, el Estado democrático es el único ámbito en el que esa coexistencia aparentemente incompatible debe encontrar su resolución práctica, aunque nunca establecida plenamente. La ciudadanía se da por la pertenencia a un Estado determinado, en el que las autoridades deben ser electas por esa ciudadanía, y con equilibrio de poderes para evitar desviaciones que rompan los equilibrios entre la dignidad y la libertad de las personas, por un lado, y el ejercicio de lo que es del resorte de lo público. Por ello, todas las personas pertenecientes a ese Estado son a la vez miembros de la sociedad política (son ciudadanos, miembros del Estado, que es una realidad política, es decir pública) y de la sociedad civil, es decir de los espacios de la vida social en la que se trata más de los juegos de los intereses individuales que de los de la sociedad en su conjunto. En palabras del politólogo Fernado Mires: “Democracia es hoy la palabra que designa al conjunto de nuestras libertades políticamente organizadas”.

Roberto Bobbio, el reconocido politólogo italiano, afirmaba reiteradamente que el único consenso que es indispensable en una democracia es el que se refiere a las reglas a partir de las cuales se dirimen las diferencias naturales de los distintos grupos de interés, sean éstos económicos, sociales o políticos. En otras palabras podemos decir que es fundamental en una democracia la defensa de la institucionalidad, la que, en lo político, implica la existencia de reglas consensuadas para definir la forma en la que se establecen las decisiones —que en la democracia es por la voluntad de las mayorías― a la vez que se defienden los derechos de participación de las opciones políticas minoritarias y de su posibilidad de convertirse en mayorías.

En nuestro país, desde nuestra independencia, hemos asumido las formas de la democracia liberal con tres poderes constitucionalmente independientes, aunque responsabilizados de actuar coordinadamente en busca de los intereses superiores de la sociedad. Sin embargo, la realidad no ha sido tan fiel como debiera a esas normas. A mediados de los años 90 del siglo pasado, en una ponencia presentada a petición de la Corte Suprema de Justicia (que se titulaba “El derecho visto por alguien que no es abogado”), expresaba que hasta entonces mi vida había transcurrido siendo testigo de la falta de independencia de los poderes u órganos del Estado, y que más bien —al menos hasta los acuerdos de paz― una norma de facto, muchas veces alejada de la Constitución Política, había sido aplicada en desmedro de la vivencia democrática establecida en nuestra carta magna. En última instancia, la ley primaria se aplicaba en tanto cuanto no contrariaba esa norma fáctica aplicada, como administrador del Estado, por las Fuerzas Armadas.

Los Acuerdos de Paz firmados ese 16 de enero de 1992, y las previas reformas constitucionales del año anterior, parecieron establecer las bases para la construcción de una real institucionalidad democrática. La protección de la pluralidad política y la independencia de poderes del Estado, se decía, estarán garantizados por la inclusión de los alzados en armas en el sistema de partidos, los requisitos para las elecciones secundarias, las normas de supeditación de la Fuerza Armada al gobierno civil, etcétera. La elección de 1994, si bien ganada por un partido cuyo origen está en los grupos que practicaban la regla fáctica del pasado, ARENA, pareció significar un paso en el sentido correcto, y por tres años parecía haber un relativo respeto por la independencia de poderes (sin que eso pueda interpretarse como afirmando que antes, durante y después de los Acuerdos de Paz no se tomaran decisiones que contradecían lo que se firmó). Pero las realidades de la estructura social, y la intensificación del patrimonialismo del Estado como factor estructural del funcionamineto de grupos económicos y sociales, pronto comenzaron a conspirar contra lo que se había logrado. La manipulación de los tres órganos del Estado, y de las entidades del Ministerio Público, desde la Presidencia de la República, utilizando los elementos mismos de la legalidad recién creada, fue cada vez más intensa, así como la negación de la legitimidad de las aspiraciones de los partidos de izquierda de convertirse en mayoría gobernante.

En la elección del año 2009, pese a esa descalificación constante de la posibilidad de la alternancia, la población eligió cambiar de partido conductor del Órgano Ejecutivo. La alternancia, un hecho no conocido desde los Acuerdos de Paz, transformaba las reglas de juego en el sentido que el espíritu de éstos señalaba. El control y la manipulación de los tres órganos del Estado por ARENA (y los sectores sociales que son sus patrocinadores), con la cooperación negociada de otros partidos, parecía llegar a su fin. Para aquellos que asumen la creencia en la democracia se generaba una oportunidad histórica que no debía desaprovecharse. Quizá la primera prueba que debía pasar era la elección de cinco magistrados propietarios de la Corte Suprema de Justicia y sus respectivos suplentes. Con el importante matiz de que cuatro de ellos serían miembros de la Sala de lo Constitucional. Después de un estancamiento de las negociaciones, la intervención mediadora de la Presidencia de la República (faceta conciliadora, ahora olvidada, del presidente Mauricio Funes) fue un factor de racionalización de la negociación entre los grupos partidarios encargados de realizar la elección de segundo grado.

A partir de entonces hemos presenciado un comportamiento de los órganos del Estado al que evidentemente no estamos acostumbrados. La Sala de lo Constitucional comenzó a ejercer su función con un alto grado de independencia de la Presidencia de la República, a mantener conflictos de interpretación con al Asamblea Legislativa y el Órgano Ejecutivo, a entrar en contradicciones con algunos partidos políticos. La más notoria fue la iniciativa del decreto 743, una reacción conjunta de la dirección de ARENA con el Presidente Mauricio Funes, que para su aprobación no contó con los votos ni del CD ni del FMLN; intentaba impedir resoluciones “molestas” de la Sala de lo Constitucional, exigiendo unanimidad de sus miembros, con la creencia de que podían contar con la benevolencia de uno de sus magistrados entonces en funciones (a quien el partido de derecha consideraba de su lado). A partir de allí la discusión entre titulares de los diferentes órganos del Estado ha sido casi constante, y en no pocas ocasiones en términos más ofensivos que deliberativos, siguiendo la tónica de descalificación del otro que lamentablemente suele tener la contraposición de ideas y de hechos en las que participan dirigentes sociales y partidarios.

 

*Héctor Dada Hirezi es economista. Fue ministro de Economía durante el gobierno de Mauricio Funes y diputado en los periodos 1966-1970 y 2003-2012. También fue Canciller de la República después del golpe de Estado de 1979 y miembro de la Junta Revolucionaria de Gobierno entre enero y marzo de 1980.


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