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Diez respuestas que ayudan a comprender por qué las maras colapsaron el transporte público

El paro parcial en el transporte público por amenazas de las pandillas se salda con siete empleados asesinados, cientos de miles de salvadoreños afectados y millones de dólares en pérdidas estimadas. La discusión general durante los cuatro días se centró en las consecuencias del sabotaje entre la población. Este texto aborda algunos porqués.

 
 

Foto Fred Ramos.
 
Foto Fred Ramos.

1. ¿Quién estaba detrás del paro –o sabotaje, o boicot– en el sector transporte?
No hay todavía una certeza. Ante una acción de este calibre, que ha afectado a cientos de miles de ciudadanos, identificar públicamente a los autores debería ser una prioridad para las autoridades. Sin embargo, la versión oficial ha sido poco argumentada y ha perdido claridad con el paso de los días. El martes, desde la Secretaría de Comunicaciones se responsabilizó del paro a la facción Revolucionarios (R) de la pandilla Barrio 18, y tanto las detenciones realizadas como los movimientos carcelarios realizados durante el paro coinciden con esa tesis; pero desde el miércoles el gobierno no repite esa versión y ha respondido con hermetismo a las preguntas sobre la paternidad del paro. El director de la Policía Nacional Civil, Mauricio Ramírez Landaverde, evitó responder cuando se le cuestionó al respecto en la conferencia de prensa ad hoc que se organizó la noche del miércoles.

El Faro ha hablado en los últimos días con diversas fuentes alternativas a las oficiales, principalmente pandilleros y personas cercanas a las dos partes del Barrio 18 y a la Mara Salvatrucha (MS-13). A partir de sus versiones, la hipótesis más consistente es que las acciones contra las rutas de autobuses contaron en un inicio con la participación de las tres pandillas mayoritarias, pero que a partir del martes solo la R mantuvo las amenazas. Es decir, que el lunes 27 de julio también participaron la Mara Salvatrucha 13 y el Barrio 18 facción Sureños, pero después dejaron solos a la 18 Revolucionarios.

La 18 Revolucionarios nació en 2004 como una corriente interna del Barrio 18 y se terminó de convertir en una pandilla independiente a finales de la década, cuando la 18 se partió literalmente en dos. El Estado mantiene a los revolucionarios presos en penales distintos a los de la 18 Sureños; en concreto, en Quezaltepeque y San Francisco Gotera, además del grupo de líderes recluidos en el penal de máxima seguridad de Zacatecoluca. Como pandilla tienen una presencia muy agresiva en el área metropolitana de San Salvador, con zonas de control consolidadas en San Salvador, Ciudad Delgado, Apopa, Mejicanos, Ayutuxtepeque y Quezaltepeque. Fuera de la capital y alrededores, cuentan con fuerte implantación en el departamento de La Paz y en la mitad suroriente del departamento de La Libertad, incluido el puerto. Sus palabreros más connotados son César Daniel Renderos, alias Muerto de Las Palmas; Edgar Mauricio Rogel Vásquez, alias Paraday; Víctor García Cerón, alias Duke; y Jeffrey Isaac Corvera, alias Xochilt.

2. ¿Los pandilleros están siendo utilizados por algún partido político o grupo de interés?
Es una inquietud muy extendida en las redes sociales, como consecuencia de la polarización político-partidaria que afecta a El Salvador. Dar por hecho que las pandillas son instrumentalizadas por Arena, o por el FMLN, o por los empresarios del transporte, o por los cárteles de la droga internacionales, es pasar por alto que es muy difícil llegar a acuerdos con ellas, aunque la llamada Tregua (marzo de 2012 a enero de 2015) parezca un ejemplo de que las pandillas salvadoreñas han ganado capacidad para cumplir pactos y articularse temporalmente como una sola cuando les interesa. La evolución del fenómeno en los últimos años hace en todo caso improbable que este paro tenga detrás a un grupo político: por un lado, Arena entre 2012 y 2014 se esforzó para que la Tregua no se consolidara y se ganó el rechazo de las pandillas hasta el punto de que Norman Quijano buscó una mediación con ellas de cara a la segunda vuelta de la elección presidencial de 2014; por otro lado, el FMLN desde el gobierno rescindió el pacto que originó la Tregua y está impulsando una estrategia de represión que basta por sí misma como motivo para que las pandillas, las tres juntas o cada una por separado, quieran golpear al gobierno sin que nadie se los pida o las compense por ello.

3. ¿Cuál es el objetivo detrás del paro? ¿Qué piden sus promotores?
En esta ocasión no ha habido –hasta el momento– un comunicado fidedigno que reivindique la acción y que explique sus motivaciones. Aun así, no cuesta interpretar la acción como un sonoro mensaje de los pandilleros al gobierno, una demostración de fuerza que se da en un contexto de represión y manodurismo del que cuesta hallar precedentes desde la firma de los Acuerdos de Paz. Los planes Mano Dura y Súper Mano Dura no eran pese a las costosas campañas de propaganda de los gobiernos de Flores y Saca, tan agresivos como la estrategia actual. El subdirector de la PNC, Howard Cotto, cifró en 150 los enfrentamientos entre agentes y pandilleros en los cuatro primeros meses del año, un promedio de más de uno diario. El diálogo con todas las fuentes, tanto en las pandillas como en el Ejecutivo, apunta a que las pandillas han querido evidenciar que, pese a los operativos policiales y militares de la primera mitad del año, mantienen intacta su capacidad para desestabilizar la sociedad. Y lo han conseguido.

4. ¿Por qué dejaron de operar tantas rutas?
Al contrario de lo ocurrido con el paro que las pandillas promovieron en septiembre de 2010, en esta ocasión las llamadas telefónicas, las visitas a los puntos de buses y los afiches amenazantes entregados en mano fueron acuerpados por una ráfaga inicial de asesinatos de los motoristas que el lunes ignoraron las amenazas y salieron a trabajar. El lógico temor llevó a empresarios y empleados a suspender por completo la salida de unidades, sobre todo en las rutas que tienen sus puntos en zonas con férreo control de la 18 Revolucionarios, o que discurren por ellas.

5. ¿A qué se debe que el Sitramss operara con normalidad?
Con unas fuerzas de seguridad (PNC y Fuerza Armada destinada a seguridad pública) que en su conjunto no superan los 30,000 integrantes, el Estado salvadoreño no tiene capacidad para brindar seguridad permanente a las más de 10,000 buses y microbuses que operan en el país, pero sí para resguardar las pocas decenas de unidades que integran a día de hoy el incipiente Sitramss, un proyecto que une las dos ciudades más populosas del país (San Salvador y Soyapango), y cuya paralización habría supuesto para el Ejecutivo un golpe simbólico. El Sitramss, sus unidades y motoristas, tuvieron custodia durante todo el paro. 

Foto Fred Ramos.
 
Foto Fred Ramos.

6. ¿Por qué las órdenes del paro salieron de las cárceles?
En la cultura pandilleril forjada en Los Ángeles -no olvidemos que tanto el Barrio 18 como la Mara Salvatrucha nacieron allí- la cárcel es siempre un espacio de poder que gobierna la calle. En El Salvador, las pandillas asimilaron hace más de una década que la sanción máxima que el ordenamiento jurídico salvadoreño impone, la cárcel, como un espacio natural de su funcionamiento interno. Que los liderazgos con mayor peso en las pandillas estén encarcelados no impide que sigan tomando decisiones y dando órdenes, sobre todo por la debilidad del Estado tanto para impedir las comunicaciones desde y hacia los penales (ni siquiera el penal de Zacatecoluca es seguro en este sentido, como se demostró a mediados de junio, cuando los pandilleros lograron redactar y sacar un comunicado conjunto), como para fomentar la rehabilitación y la reinserción social de los pandilleros privados de libertad. Es casi imposible que una acción tan espectacular como imponer un paro general se haya tomado sin el aval de los líderes encarcelados.

7. ¿Hay voluntad política para resolver el problema de las pandillas?
Está por verse. Incluso durante una crisis tan aguda como la generada por el paro al transporte público no han faltado de ambos lados del espectro las acusaciones explícitas y veladas de carácter político-partidario. Importantes funcionarios y dirigentes del FMLN, por ejemplo, han sugerido que Arena estaba detrás de este sabotaje. La polarización política reinante en el país es, al menos desde inicios del presente siglo, un lastre para la búsqueda de soluciones efectivas para los problemas de violencia e inseguridad que carcomen la sociedad salvadoreña. Desde septiembre del año pasado existe el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia (CNSCC), en el que están representadas todas las fuerzas políticas; sin embargo, según han denunciado algunos de sus miembros, apenas se discuten asuntos clave como la apuesta por la represión desatada por el gobierno. José María Tojeira, exrector de la Universidad Centroamericana (UCA), abandonó el CNSCC por divergencias. "No se tocan con seriedad las causas estructurales de la violencia", dijo en una entrevista publicada esta semana en el portal Enfoque Jurídico. El plan El Salvador Seguro, que podría considerarse la hoja de ruta del actual gobierno y del CNSCC para frontar los problemas de inseguridad y violencia, apenas se refiere explícitamente en sus páginas al fenómeno de las pandillas. Tampoco hay que olvidar que en la campaña presidencial de 2014, por lo delicado del tema, ninguno de los candidatos dio peso en su campaña a propuestas específicas de solución; o que el principal partido de oposición, Arena, critica al gobierno actual, pero aún no ha hecho un mea culpa institucional por los planes Mano Dura y Súper Mano Dura, que fueron determinantes en la evolución de las pandillas porque en la práctica nunca llegó a intentar sofocar su origen ni los factores de su multiplicación y expansión.

8. ¿Es real la posibilidad de que las pandillas se unan para conformar una única mara?
No. Cabe especular –de hecho ya ha ocurrido– con algunas acciones coordinadas entre las tres pandillas mayoritarias, pero su unión atentaría contra las esencias de estos grupos delictivos, que tienen una estructura muy atomizada, que pese a sus alianzas coyunturales son enemigas mortales entre sí, y que sufren constantes pugnas internas que las convierten en cómplices muy poco confiables.

9. ¿Puede volverse a dar un sabotaje de estas dimensiones?
Si las pandillas deciden hacerlo de nuevo, nada hace pensar que el Estado esté en condiciones de evitarlo. El notable impacto del paro evidencia que en el sector transporte es más fuerte el temor a las amenazas de las pandillas que las promesas de seguridad del Ejecutivo. En las áreas más controladas por las pandillas, los buses dejaron de operar cuando los pandilleros quisieron y solo reanudaron labores cuando estos lo avalaron. El gobierno no solo no logró frenar el paro sino que no fue capaz de llegar a un acuerdo sobre las dimensiones reales del paro, y se contradijo a sí mismo en el número de rutas afectadas. Ante una opinión pública cada vez más insensibilizada ante las cifras de homicidios (mayo y junio de 2015 fueron los dos meses más violentos del siglo, sin aparente sanción social para el Ejecutivo), las pandillas han encontrado en este paro una herramienta más efectiva para desgastar a las autoridades. Por tanto, cabe suponer que podrían incorporar a su estrategia los paros en el servicio transporte público y otros golpes de impacto en la agenda nacional, amparados en las estructuras de terror que desde hace años mantienen en las colonias, barrios y cantones que controlan en todo el territorio nacional.

10. ¿Se puede erradicar las pandillas y con ello minimizar la posibilidad de que ocurran este tipo de acciones?
A corto y a medio plazo, no; quizá ni siquiera a largo plazo. Cifras oficiales hablaban en 2012 de más de 60,000 pandilleros brincados, que junto con su entorno social (simpatizantes, aspirantes, colaboradores, esposas, madres, hijos...) suman medio millón de salvadoreños, en torno al 8 % de la población actual de El Salvador, con mayor incidencia en las colonias y comunidades de clase media, media-baja y baja. Existe además un amplio consenso de que durante la Tregua el fenómeno de las maras se extendió, sobre todo en las áreas rurales y semi-rurales, aunque el ministro de la Defensa, David Munguía Payés, mantiene la cifra oficial de pandilleros activos en 60,000, según dijo este 31 de julio en conferencia de prensa. Con más de 30,000 personas ya privadas de libertad (alrededor de un tercio de ellas, pandilleros), y con las cárceles más hacinadas del continente según un informe de la Organización de Estados Americanos, parece inviable la vía exclusivamente represiva para acabar con un fenómeno que hunde sus raíces en el propio diseño de la sociedad salvadoreña, marcada por la desigualdad. El pandillero se ha convertido en referente de éxito en incontables comunidades, como señala el PNUD, y mientras así sea siempre habrá jóvenes dispuestos a incorporarse.

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