El pasado 26 de marzo un pelotón del Grupo de Reacción Policial de la PNC entró en una finca de café de San José Villanueva, al sur de San Salvador, y mató a ocho personas. El informe oficial habla de un intenso tiroteo con pandilleros armados con un resultado inevitable de muertes. Sin embargo, abundantes testimonios y documentos recogidos por El Faro apuntan a que la versión oficial es falsa: omite detalles relevantes y manipula los hechos. El relato de sobrevivientes y testigos, junto a las autopsias y decenas de fotografías de los cadáveres, hacen concluir que aquella madrugada la Policía ametralló por la espalda a pandilleros que huían sin disparar, disparó a sospechosos ya rendidos y ejecutó a sangre fría al menos a dos jóvenes que no eran pandilleros.
Hay razones para pensar que no se trata de un caso aislado. Desde enero la estrategia de seguridad del gobierno, que sobre el papel incluye medidas integrales, se basa en promover la confrontación directa y a tiros con las pandillas. En 2015 se registran ya más de 150 enfrentamientos armados entre pandilleros y policías que han terminado en su mayoría con la muerte de uno o varios —en algunos casos cinco, ocho, nueve― sospechosos. El Ejecutivo presume de esos muertos. Ya en abril el presidente de la República se vanagloriaba de que un 30 % de las víctimas de homicidio del mes anterior hubieran muerto por balas de la Policía y el Ejército.
La Policía también está pagando con una cuota de sangre el estar en primera línea de esa estrategia: en lo que va de año más de 35 agentes han sido asesinados, algunos de ellos cuando estaban fuera de servicio y en compañía de sus familias. En respuesta al desafío gubernamental las pandillas, que antes no atacaban de forma sistemática a las fuerzas de seguridad, matan policías —malpagados, malequipados, y en su mayoría residentes en comunidades de clase media baja con presencia de pandillas― para enviar al Estado un mensaje de fuerza.
Fuera de micrófonos, varios funcionarios sugieren que en esta guerra no declarada los agentes policiales han recibido licencia para no tomar prisioneros, como sucedió en San José Villanueva.
Es urgente sacar a la Policía de esa dinámica perversa y exigir que se ate con fuerza a la ley. Cuando, en las últimas semanas, este periódico ha denunciado casos de abuso de autoridad e incluso de torturas a detenidos en una sede policial, la respuesta casi generalizada ha sido la descalificación, la amenaza, y la defensa a ultranza del uniforme. En realidad, la mejor forma de defender a la Policía es condenar a quienes la utilizan para violar la ley y debilitan así su legitimidad y su vinculación con la comunidad a la que deben servir. Alentar que la Policía se libere, en su lucha contra el crimen, de la supuesta atadura de la ley no es sino corromperla, prostituirla.
De lo que hay que salvar a la Policía, tanto como de quienes disparan balas contra ella, es de prácticas, posibles directrices y estrategias que la desnaturalizan y la vuelven criminal.
Como hay que salvarla de los aplausos de gran parte de la población que ante la violencia de las pandillas pide venganza, sangre, exterminio. Es urgente que el Ejecutivo y la cúpula de las fuerzas de seguridad dejen las encuestas de popularidad de lado y hagan una profunda autocrítica que anteponga la salud de las instituciones democráticas y estrategias de largo plazo al interés político cortoplacista, a las pasiones callejeras y al patriotismo barato que pregona que en guerra todo vale.
El Salvador debe reconocer en su propio pasado el relato trágico de lo que está viviendo hoy. Ya antes se permitió que las fuerzas de seguridad pública cometieran abusos, actuaran fuera de la ley, exterminaran en defensa del orden y de la paz. El resultado fue la etapa más oscura de la historia reciente del país, una fractura social que aún no sana, una memoria del horror que por lo visto no nos ha marcado lo suficiente. Cuando terminó la guerra las policías de las décadas anteriores, brutales, dueñas de su propia ley y violadoras de derechos humanos, se consideraron insalvables y, por exigencia del mismo FMLN que hoy gobierna —qué paradoja―, se tuvo que inventar una nueva instancia: la Policía Nacional Civil.
Ahora hay que salvar a la Policía Nacional Civil de la desmemoria, denunciarla, prevenirla de repetir aquel camino.
Y hay, atención, que proteger a quienes la denuncian. Consuelo Hernández de Ramírez, la madre de una de las víctimas de la masacre de la Finca San Blas, en San José Villanueva, cuenta que teme ahora más a la Policía que a los propios pandilleros. En este clima de linchamiento al no alineado, y ante una Policía que se siente intocable, el miedo de esta mujer pobre y valiente es totalmente justificado. Junto a la investigación del caso y la depuración, una primera responsabilidad del Estado salvadoreño es garantizar la seguridad de Consuelo y su familia, cuyo caso ya es del conocimiento de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y del Instituto de Derechos Humanos de la UCA. Más que en cualquier otro momento, el Estado ha de enviar un claro mensaje de respaldo y protección a todos aquellos que tienen el valor de no quedarse callados, exigen a las autoridades el respeto a la ley y fiscalizan el poder del Estado para salvarlo de sí mismo.
