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Los libros que la CIA quemó en Guatemala

La quema de libros fue parte de la política de Estados Unidos durante la guerra fría y contó con el apoyo decidido de aliados locales. El caso de Guatemala, después de la caída de Jacobo Arbenz en 1954, es ejemplo de una práctica común en Centroamérica: la represión violenta de la libre discusión de ideas necesaria para la democracia. Durante la guerra fría se perdió de vista que el verdadero compromiso con la democracia se demuestra cuando se defiende la libertad de expresión, inclusive cuando se trata de ideas con las que uno discrepa.

José Cal*

 
 

Jacobo Árbenz Guzmán (1913-1971) renunció a la presidencia de Guatemala el 27 de junio de 1954. La operación PBSUCCESS, impulsada por la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA), cumplió con su objetivo primordial de derrocar a otro gobierno incómodo propenso al comunismo. Frank Wisner (1910-1965), jefe de la nueva dirección de planes de la agencia -que se había apuntado el éxito de derrocar al régimen nacionalista de Mohammad Mossadegh (1882-1967) en Irán, y ahora al de Árbenz en Guatemala-, instruía a sus colaboradores para desmantelar la infraestructura de esta operación sacando del país a los “cirujanos” (agentes) y “enfermeras” (diplomáticos) que habían trabajado en ella meses atrás.

No obstante, el trabajo de la agencia para él y sus jefes no había terminado. De la guerra fría política y militar, se pasó a la guerra fría cultural: esa guerra de ideas en la que los agentes estadounidenses justificaban sus acciones a partir de la amenaza que significaba para el mundo libre la estrategia soviética de penetración y expansión del comunismo en América Latina. Sus planteamientos sostenían que la enorme cantidad de propaganda, documentos y libros que no habían podido destruir los seguidores de Árbenz, debía ser registrada y analizada para entender las relaciones de los comunistas guatemaltecos con Moscú. Desde el 4 de julio, dos agentes de la agencia y dos agentes de la Oficina de Investigaciones en Inteligencia del departamento de estado (OIR) recopilan y registran la documentación. Casi tres semanas después, el 23 de julio de 1954, el secretario de Estado John Foster Dulles (1888-1959) envía un telegrama al embajador John Peurifoy (1907-1955) en el que le solicita -con urgencia- seleccionar documentación que pueda ser utilizada apropiadamente para reconstruir el patrón de la influencia comunista en Guatemala, y recopilar datos biográficos esenciales de inteligencia. La operación PBHISTORY había comenzado.

Anticipando el fracaso de sus propios objetivos, la agencia indicaba en sus primeros reportes que los documentos “especialmente sensibles” para demostrar las relaciones de los comunistas guatemaltecos con Moscú habían sido destruidos.  Pese a esta “decepción”, los reportes consignan la elaboración de más de 150,000 registros sin contar con la documentación gubernamental. Sobre este inventario preliminar se presentó un informe  en Washington, el 20 de julio, y se elaboró un dossier –impreso por la agencia- con documentación de interés para el presidente Eisenhower. El 4 de agosto, después de diversas reuniones, la inteligencia estadounidense estructuró el nuevo equipo de PBHISTORY compuesto por doce oficiales: tres del Departamento de Estado, uno de la Agencia de Información (USIA) y ocho de la CIA. Cuatro de ellos llegaron a ciudad de Guatemala un día después. El agente de la CIA con el seudónimo de Francis T. Mylkes quedó a cargo de la operación. 

Ya en Guatemala, el equipo PBHISTORY adoptó el nombre de Social Research Group (Grupo de Estudios Sociales).  Después de algunas desavenencias con el gobierno de Carlos Castillo Armas (1914-1957) empezó a desarrollar sus operaciones en la sede del Comité Nacional de Defensa contra el Comunismo (CNDC), definido como una agencia ejecutiva del nuevo gobierno destinada a “combatir el comunismo en el país”. Los miembros del equipo PBHISTORY instruyeron a los miembros del CNDC para desarrollar el trabajo de búsqueda, clasificación y registro de propaganda, libros y documentos “comunistas” que posteriormente serían enviados a Washington. Los sumarios de la documentación desclasificada anotan que para el 28 de septiembre de 1954, el equipo PBHISTORY había recolectado aproximadamente 500 mil documentos, de los que 2 mil 95 fueron fotografiados, 50 mil microfilmados y 750 fotografías utilizadas con fines propagandísticos en el exterior (para acometer las opiniones negativas sobre las acciones de Estados Unidos en Guatemala, ya que los pronunciamientos desde el laborismo británico y el socialismo sueco eran motivo de inquietud para la diplomacia cultural estadounidense).  

El CNDC también se constituyó en el primer proyecto de organización del sistema de inteligencia guatemalteco bajo control de la agencia, tal y como lo muestra el informe enviado por el equipo PBHISTORY a John Foster Dulles el 19 de febrero de 1955. Desde el arribo de los agentes estadounidenses también se convirtió en un organismo de persecución política sobre toda persona sospechosa de simpatizar con el comunismo. Esta persecución se emprendió no solamente contra activistas, sino también contra profesores universitarios y sus libros, como bien lo señala el historiador Augusto Cazali Ávila (1929-2008), quien fue testigo de los hechos: 

“(..)  La quema de libros y diversas publicaciones del período revolucionario fue cuestión corriente en los primeros meses del régimen de Castillo Armas, y a ello se agregó la expurgación de bibliotecas, incluyendo a las de algunas Facultades de la Universidad".

El Imparcial, en su edición vespertina del 4 de diciembre de 1954, da cuenta de lo mencionado por el profesor Cazali en su extensa nota titulada: ¿Una purga de libros? En ella se habla de la resonancia que tuvieron en los periódicos Prensa Libre y Diario de Centroamérica las actividades del CNDC y el Ministerio de Educación Pública, instituciones que formaron una comisión encargada de recoger en las bibliotecas públicas y otros establecimientos los libros que por sus tendencias e ideología se consideraban “peligrosos” y debían ser retirados de circulación.  Libros como las Efemérides de hechos notables… de Alejandro Marure (1895) o la Guía ejemplificada para medir el rendimiento escolar de Hugo Cerezo Dardón (1947) aparecieron en los listados de la comisión. Este hecho sorprendente esboza los criterios establecidos por esta comisión para identificar la filiación comunista de las obras y, al mismo tiempo, ofrece evidencias sobre cómo el intenso debate periodístico se convirtió en una de las primeras acciones de divulgación del discurso cultural del anticomunismo entre los sectores medios y urbanos de la ciudad de Guatemala. Según esta nota, el Diario de Centroamérica, en su edición del 3 de diciembre de 1954, mencionó que la comisión haría un inventario profuso y detallado de las obras decomisadas por sus tendencias comunistas y filocomunistas guardándose un ejemplar de cada publicación, mientras que el resto sería quemado en una pira pública ante “todas aquellas personas que quieran asistir al entierro del comunismo”. Aunque los redactores de El Imparcial manifiestan una opinión desfavorable sobre estas acciones de purga y censura sobre obras del pensamiento, consideran que “tan ingrata tarea” debía realizarse cuanto antes, sugiriendo que se separaran las obras científicas marxistas de las meramente propagandísticas, las que debían destruirse sin mayor problema pero sin “hacer alardes de función teatral en la plaza pública”, sobre todo en un país de tan escasa cultura.  

Pocos años después, el escritor y dirigente comunista Huberto Alvarado Arellano (1927-1974) señaló en su libro: Preocupaciones (1967), que esta persecución y censura se constituía en uno de los más brutales linchamientos de la cultura del continente americano, dirigido a impedir la formación de una mentalidad democrática en Guatemala. Alvarado, otro testigo de los hechos, se queja en su obra de que una de las grandes desventajas del CNDC respecto a la inquisición española es que los conocimientos de sus censores eran nulos. En lugar de frailes doctos, quienes cateaban las casas en busca de los “libros prohibidos” eran verdaderos cancerberos para quienes no había ninguna distinción y cargaban con todo lo que encontraban. La incautación y quema de libros ya no solamente fue tarea del gobierno por medio del CNDC: muchos ciudadanos propietarios de libros, ante el creciente ambiente de sospecha y persecución, se encargaron de enterrarlos, romperlos o quemarlos para evitarse problemas.

Los libros La revolución guatemalteca, de Luis Cardoza y Aragón y El carácter de la revolución guatemalteca, de Jaime Díaz Rozzotto, publicados en 1956 y 1958, tuvieron amplia resonancia más allá de las fronteras latinoamericanas por sus señalamientos críticos hacia la intervención de Estados Unidos en Guatemala. Inmediatamente, el equipo PBHISTORY puso a disposición del historiador Ronald M. Schneider los documentos incautados para escribir un libro, basado en su disertación doctoral, sobre la presencia del comunismo en Guatemala como parte del amplio programa de publicaciones que la agencia financió para difundir su visión de los hechos.  Hasta 1967, la agencia había financiado la publicación de un millar de libros sobre la penetración comunista en el mundo. Sus funcionarios estaban convencidos de que la publicación de libros debía formar parte de sus acciones de “cambio de actitud” hacia Estados Unidos en los sectores medios e intelectuales a nivel internacional, por lo que el programa de publicaciones pasó a formar parte de sus acciones encubiertas. 

El libro de Schneider Communism in Guatemala, 1944-1954, publicado en 1959 en Nueva York, del que también se publicó la traducción al castellano el mismo año en Buenos Aires, con fondos de la agencia, llegó a una conclusión desconcertante: los vínculos entre los comunistas guatemaltecos y Moscú eran inexistentes. La documentación revisada tenía para Schneider una significación mayoritariamente local, lo que le condujo a concluir que aunque había relaciones identificables entre algunos comunistas guatemaltecos y elementos de apoyo de la política exterior de la Unión Soviética, éstos actuaron solos, sin ninguna ayuda o soporte fuera de su país.      

Aunque la operación PBHISTORY no consiguió cumplir uno de sus objetivos fundamentales, contribuyó decisivamente a la expansión del anticomunismo en Guatemala y a que sus actividades relacionadas con la política editorial de la agencia se proyectaran hacia el resto de América Latina. La selección de la documentación incautada en Guatemala en 1954 se encuentra en la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos bajo el nombre de Guatemala Documents Collection y en los Archivos Nacionales de Maryland dentro de la serie Records Relating to Activities in Guatemala, 1949-1996. Aunque estos acervos han sido revisados por los profesores Nick Cullather, Aaron Coy Moulton y el periodista Max Holland –para estudios sobre las operaciones de la agencia en Guatemala-, su contenido requiere de nuevas lecturas como la que se ha querido proponer en este trabajo; desde la que se pretende elaborar una caracterización del discurso cultural del anticomunismo expandido por Estados Unidos en el país, y pensar en una Historia crítica de su política exterior para entender cómo buscó combatir el comunismo en la esfera de las ideas. Fue precisamente en esta esfera donde se libraba una batalla tan decisiva como la militar: defender, desde cada sistema político, la propia forma de vida como la mejor. Las evidencias aportadas muestran que la divulgación, implantación y politización del anticomunismo en un país como Guatemala supera los tópicos simplistas de la “propaganda” y se entiende como una sofisticada estrategia de “diplomacia cultural”. Por ello, no es de extrañar que el uso generalizante  y despectivo del término “comunismo” o del adjetivo “comunista”, aún presente en las opiniones cotidianas y en los desarrollos editoriales de los medios de comunicación del país, sean en gran medida resultado y reflejo de aquella incautación y destrucción de literatura comunista con la que se inauguraron sus peores años de guerra civil.

*José Cal es Profesor Titular de Historiografía de Guatemala en la Escuela de Historia de la Universidad de San Carlos de Guatemala y Coordinador del Programa de Investigaciones en Historia de la Educación del Instituto de Investigaciones Educativas (IIE-USAC) de la misma universidad. Este artículo es un resumen de una ponencia presentada en el XVII Congreso de la Asociación de Historiadores Latinoamericanistas Europeos en Berlin.

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Laura Aguirre, Julia Evelyn Martínez, María Candelaria Navas, Josefa A. Viegas y Olga Vásquez Monzón

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