La Corte Federal de Carolina del Norte desistió de pronunciarse este miércoles 19 de agosto sobre si procede o no la extradición hacia España del exviceministro de Seguridad, Inocente Orlando Montano, y pidió 30 días más para analizar mejor un proceso del que también depende un juicio contra el exmilitar por la masacre de seis sacerdotes jesuitas ocurrida en noviembre de 1989.
Contrario a lo que la parte querellante y el gobierno de Estados Unidos esperaban para esta audiencia, la jueza Kimberly Swank, del distrito Este de la Corte Federal de Carolina del Norte, ha dado hasta el 18 de septiembre para que se le presenten nuevos argumentos a favor y en contra para evaluar si procede o no la extradición. 'Me llevará un poco más de tiempo para asimilar todo esto', dijo en un momento durante la audiencia, según un cable de la agencia noticiosa AP.
Este miércoles, la jueza Swank escuchó los argumentos de James Todd, abogado defensor de Montano, así como las posturas a favor de la extradición por parte del Departamento de Justicia, de la Fiscalía de Estados Unidos y de la organización Center for Justice and Accountability (CJA). La jueza Swank advirtió que no daría a conocer su decisión final ese mismo día, y al final de la sesión, a eso de las 3:30 de la tarde, Swank abrió un nuevo plazo hasta el 18 de septiembre para que las partes le presenten la documentación que respalde todo lo dicho durante la jornada.
A partir de esa nueva información que provean los acusadores y la defensa, la jueza Swank decidirá. No habrá una nueva audiencia, según información de la Revista Factum, que cubrió la sesión desarrollada en la ciudad de Greenville, en Carolina del Norte, Estados Unidos. La jueza emitirá una resolución final por escrito basándose en la información que ella tenga disponible.
Montano tiene dos destinos posibles: ser extraditado y enfrentar, en Madrid, el juicio por el caso jesuitas, siendo él el único acusado presente. O que se le deniegue su extradición y, en cambio, sea deportado a El Salvador, en el que el caso no prospera en ninguna instancia judicial gracias a la ley de amnistía aprobada en 1993.
Montano integró la más numerosa y cuestionada generación de militares conocida como 'La Tandona'. A diferencia de Montano, que guarda prisión preventiva en Estados Unidos por fraude migratorio, otro grupo de militares también son buscados por la justicia española, pero todos han logrado resguardo en El Salvador gracias a que la Corte Suprema de Justicia ha desestimado la petición de extradición a España. Mediante una resolución conveniente a los intereses de los militares perseguidos, la Corte salvadoreña estimó que una orden internacional de captura solo implica que los sujetos perseguidos sean ubicados, pero no detenidos y extraditados al país que los persigue.
La audiencia de este miércoles 19 había sido programada en mayo por la jueza Swank. En esa ocasión, el defensor James Todd pidió tiempo suficiente para estudiar el caso y las pruebas vertidas por quienes buscan el envío de Montano a España. Desde entonces, Todd presentó escritos y documentos con los que intentó demostrar que la extradición del exviceministro no era posible por motivos legales. El abogado argumenta que el juez de la causa jesuita en la Audiencia Nacional de Madrid está aplicando mal la ley española. Uno de los nuevos argumentos es que el delito de terrorismo -el que se le imputa a Montano y a los otros militares- no podía ser cometido por agentes estatales.
Pero la jueza Swank, según reportes de la agencia AP, dejó clara su intención de decidir sobre la extradición y pareció cuestionar el escepticismo del abogado. '¿Esta corte está en posición de cuestionar la interpretación que hace un juez español sobre la ley española?', dijo Swank.
'Habrá que presentar informes adicionales por parte del Gobierno y la defensa para acotar las cuestiones planteadas', resumió Almudena Bernabéu, una de las abogadas del CJA que desde 2008 impulsan un juicio en España contra Montano y los otros salvadoreños a quienes documentos desclasificados del Gobierno estadounidense, testimonios, investigaciones y peritajes judiciales los señalan como los responsables de ejecutar la masacre de los jesuitas, su colaboradora doméstica y la hija de esta. 'Básicamente, el abogado del señor Montano ha intentado desacreditar la prueba, al juez español, las leyes en España en un esfuerzo de crear, en mi opinión, confusión', señaló Bernabéu a El Faro.
Según el cable de la AP, el defensor de Montano rechazó la prueba recogida a lo largo de siete años sobre la masacre de los jesuitas que involucra a Montano y sugirió que las acusaciones contra el militar de haber cometido 'asesinatos terroristas' no se alineaban bien con las definiciones legales de Estados Unidos.
'El defensor también argumentó que el juez español que emitió el auto de procesamiento contra los militares en 2011 no sabía si las víctimas aun retenían la nacionalidad española cuando murieron', dice el cable noticioso de la AP. El interés en la nacionalidad de los jesuitas radica en que una reforma a la Ley Orgánica Judicial -de 2014- determinó que en España únicamente son procesables bajo el principio de justicia universal los casos en donde las víctimas sean españolas, y en los que se haya demostrado que el país donde ocurrieron los hechos no ha procesado legalmente a ninguno por ello. Pese a la reforma, el caso logró continuar por razonamientos del juez de la causa en la Audiencia Nacional, Eloy Velasco. El Tribunal Supremo español le dio la razón cuando señaló que el juicio ocurrido en El Salvador entre 1990 y 1991 no contó con todas las garantías procesales.
La audiencia, según explicó otra de las querellantes del CJA, Carolin Patty Blum, perseguía que la jueza diera por existente un pedido de extradición, y que diera por probado que había suficiente evidencia de la probabilidad de que Montano hubiera cometido el delito por el cual se le pide presencia en España. Además, la jueza debía verificar que el delito -asesinato terrorista- estuviera contemplado en el tratado bilateral de extradición entre España y Estados Unidos, que data desde 1970. 'Para todo eso la respuesta es sí', dice Blum.
En mayo, el abogado Todd había dicho ante la corte que tenía dudas sobre cuál era el tratado empleado para pedir la extradición de España. 'Ese es un argumento que no tiene mayores opciones de prosperar', dijo Blum a El Faro.
El gobierno estadounidense, en una decisión que rompe con la protección a aquellos militares acusados de violar derechos humanos, pidió en abril pasado, a través del Departamento de Justicia, que se aprobara la extradición de Montano a España. La Fiscalía de Estados Unidos fue la encargada de operativizar el trámite ante ante la jueza Swank. El fiscal John Capin habla en nombre del Gobierno estadounidense, pero la voluntad mostrada por el Gobierno debe contar con el aval también del sistema judicial. Si Swank determina que procede la extradición, el Secretario de Estadao John Kerry es el que deberá dar la última firma para hacer valer la extradición.
Montano seguirá en prisión preventiva, el mismo estado en el que se encuentra desde el pasado 7 de mayo. Montano fue recapturado después de cumplir 21 meses de prisión -que se cumplieron en abril- y que habían sido impuestos por haber mentido en declaraciones migratorias para quedarse en Estados Unidos.
El exviceministro de Seguridad ocultó información sobre su pasado militar en tres formularios distintos en los años 2007, 2008 y 2010. Para este caso desfilaron testigos citados por la Fiscalía estadounidense que relacionaron al coronel retirado con cientos de violaciones a derechos humanos de la población civil salvadoreña basándose en informes de la Comisión de la Verdad (1993), el informe Barriers to Reform, de Estados Unidos (1990), y un informe de congresistas estadounidenses que se creó para investigar la masacre de los jesuitas.
Entre las pruebas que ha utilizado el Departamento de Justicia para denunciar la participación de Montano en el crimen de los jesuitas está un peritaje elaborado por la académica Terry Lynn Karl, profesora universitaria especialista en el conflicto salvadoreño. La elaboración del dictamen lo ordenó la Fiscalía de EUA, y en él se encontró que tropas militares bajo la conducción de Montano participaron en 65 ejecuciones y cientos de violaciones a derechos humanos entre detenciones arbitrarias y torturas durante la guerra.
