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Los $1.4 millones en herencias del diputado de Gana por Usulután

Esta es la evolución patrimonial del diputado Rigoberto Soto, del partido Gana, quien empezó su carrera como legislador suplente del partido Arena en 2006. Entre 2009 y 2015 su patrimonio familiar se triplicó: pasó de medio millón de dólares a casi millón y medio. Con un sueldo de diputado de poco menos de 5 mil dólares mensuales, ¿cómo fue eso posible? Él respondió a esa pregunta.

Sergio Arauz y Gabriel Labrador

 
 

Rigoberto Soto es un diputado por el partido Gana, anque obtuvo su primera diputación hace casi 10 años, en marzo de 2006, cuando fue suplente de José Ernesto Castellanos por el partido Arena. Aún le faltaban siete años para romper con ese partido de derechas. Su declaración patrimonial de ese entonces era la de alguien con ingresos mensuales equivalentes a unas 15 veces el salario mínimo urbano: 2 mil 900 dólares. Tenía una deuda de 65 mil dólares y no tenía propiedades a su nombre. El valor de sus bienes muebles (en esta categoría caben, por ejemplo, automotores, computadoras y joyas) era de 9 mil dólares, dice el formulario que entregó a la sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia, revelado en una versión pública y abreviada de su declaración patrimonial. 

Tres años después, en 2009, se convirtió en diputado propietario por Arena. Ese año, el FMLN terminó en las urnas con dos décadas de gobiernos del partido Arena, y el patrimonio de Soto ya registraba 556 mil dólares en la casilla de bienes inmuebles: es decir, propiedades como terrenos o edificios. Sus deudas también habían crecido y de los 65 mil dólares de tres años antes había pasado a adeudar un cuarto de millón de dólares. Para 2012, cuando volvió a ser diputado por Arena, su patrimonio y sus deudas no variaron sustancialmente, aunque sus ingresos mejoraron: por primera vez obtuvo más de 20 mil dólares en concepto de "otros ingresos" producto de su trabajo como legislador. Así lo registra la casilla de "Vacaciones y sobresueldos" de su declaración patrimonial de la legislatura 2009-2012.

Soto ganó su tercera diputación con la bandera de Arena en 2012 –segunda como propietario-. Duró nueve meses hasta que en febrero de 2013 se declaró independiente con otro grupo de areneros disidentes: Jesús Grande, Adelmo Rivas, Sigifredo Ochoa Pérez y Claudia Luz Ramírez.

En las elecciones de marzo de 2015, compitió con la bandera del partido que nació con los primeros disidentes areneros de octubre de 2009 y que ha servido como recipiente de otros areneros descontentos: la Gran Alianza por la Unidad Nacional (Gana).

Soto es el hijo de un militar, el coronel Rigoberto Soto Martínez, miembro de la generación de militares que administró la guerra civil conocida como La Tandona. El nombre del coronel aparece en el oficio del juez español que procesa a 19 militares salvadoreños por la masacre de seis sacerdotes jesuitas en 1989.

Según el juez, el coronel Soto Martínez, director del ya desaparecido Centro Técnico de Instrucción Policial (Cetipol, sustituido a raíz de los acuerdos de paz por la actual Academia Nacional de Seguridad Pública), gritó a los soldados que iban a participar en el operativo: “No fallen en su misión”. Este militar, según las investigaciones del asesinato de los jesuitas, entregó "15 cajas con uniformes nuevos americanos modelo de lujo completados con botas de montaña" como estímulo a los miembros del Batallón Atlacatl que iban a participar en la misión.  

El diputado dice que el coronel Soto le heredó parte de lo que se refleja en sus declaraciones patrimoniales.

—De 2006 a 2009, cuando usted pasó de ser diputado suplente a diputado propietario, sus bienes inmuebles pasaron de cero a más de 500 mil dólares.

—Son diferentes aceptaciones de herencia. Mire, cuando mi papá se casó, mi papá nos trasladó a mi hermana y a mí la herencia.

—De 2009 a 2015 el patrimonio líquido de su grupo familiar creció aproximadamente un 300 %, pues pasó de medio millón de dólares a casi millón y medio. ¿Qué pasó?

—Es aceptación de herencia, mi madre murió, heredó el 50 % mi hermana y yo heredé el otro 50 %.

—¿Eso en qué momento fue, diputado?

—Mi mamá murió allá por el 2007, pero el proceso de aceptación de herencia duró varios años, entonces varias de sus propiedades ya aparecen a nombre mío.

—¿Y el crecimiento que aparece en el rubro de su grupo familiar?

—Aaaah... también, también. El papá de mi esposa falleció el 20 de diciembre de 2009, y ella también tuvo un proceso de aceptación de herencia que tardó varios años, ya a mediados de 2012 ya cada quien tenía sus propiedades.

—El mayor crecimiento, más de 800 mil dólares, aparece en su grupo familiar.

—Lo de mi mamá de 2009 a 2012. Lo de mi esposa fue de 2012 a la declaración de 2015. Creo que tiene una casa en San Salvador, la casa en Usulután del papá de ella, una lotificación también, son esas tres cosas que aparecen por ahí.

—¿Qué le dice a aquellos que relacionen que su grupo familiar incrementó el patrimonio en más de 800 mil dólares en el lapso de tiempo en que usted se cambiaba de partido?

—Correcto, correcto. Haga algo: le pido que investigue las propiedades de mi esposa… usted me va a llamar y me va a pedir disculpas. No está tratando con un principiante, está tratando con personas honestas, siempre hemos tenido propiedades, no estaban a mi nombre, estaban a nombre de mi familia. Y lo mismo con mi esposa. No hay nada que esconder.

Para la elección de 2015, el patrimonio familiar del diputado de Gana estaba valorado en 1.4 millones de dólares en terrenos, propiedades, casas, cuentas de ahorro, vehículos y otros bienes. Dice que cualquiera que vaya a Usulután conoce la trayectoria de su familia. “Vengan a Usulután y pregunten”, dijo a El Faro. “Vengan al registro de la propiedad e hipoteca de Usulután, ahí verán que todo lo que les digo es cierto”, añadió.

Las declaraciones patrimoniales de los funcionarios son públicas desde el mes pasado, gracias a una resolución del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), que fue ratificada por la Corte Suprema de Justicia. La Corte, siguiendo la línea de la orden del Instituto, ha creado versiones públicas de las declaraciones que los funcionarios tienen que rendir cuando inician un mandato y luego cuando lo terminan. El propósito de esos documentos es ayudar a detectar el enriquecimiento ilícito.

Una semana atrás, El Faro publicó lo que dice la versión pública de la declaración del patrimonio del diputado Reynaldo Cardoza, del PCN.

 
 

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