En marzo de 2014, una empleada del Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local (FISDL) descubrió que entre sus compañeros de trabajo había un grupo de hombres que compartía fotografías de los traseros y los cuerpos de sus compañeras –junto a mensajes denigrantes de corte sexual- a través de la cadena de correos institucionales.
Sonia descubrió la red que habían creado sus compañeros cuando uno de los involucrados le pidió de favor que ingresara a su correo institucional para buscar una información laboral. El FISDL es una institución que administra proyectos de desarrollo para las zonas más pobres del país y es común que los trabajadores hagan visitas de campo a pueblos y ciudades fuera del área metropolitana de San Salvador. En aquella ocasión, Ricardo Lazo salió a una visita de campo y Sonia se quedó en la oficina de la Gerencia de Investigación y Desarrollo, donde ambos trabajaban. Mientras estaba fuera de la oficina, Lazo necesitaba una información alojada en su cuenta de correo y le pidió de favor a Sonia que le dictara los datos. Lazo le confió a Sonia su contraseña de acceso.
Los correos electrónicos institucionales del FISDL funcionan de manera muy similar al programa Outlook de Microsoft: mientras se busca un correo enviado o recibido, en la pantalla aparece una previsualización del contenido de cada mensaje. Mientras Sonia buscaba la información solicitada por Lazo vio una fotografía que le llamó la atención porque ella conocía el cuerpo de la mujer que estaba fotografiada. Ella reconoció su ropa y su cuerpo, su espalda y su trasero.
El FISDL tiene dos sedes, una en Santa Elena y otra en San Jacinto. Las fotos de las mujeres fueron tomadas en la tercera planta de las oficinas en San Jacinto, donde está ubicada una fotocopiadora cerca de un área de escritorios. Los hombres fotografiaban a las mujeres cuando estas llegaban a sacar fotocopias y quedaban de espaldas a sus compañeros. En ese momento, alguno de los empleados del FISDL aprovechaba la ocasión para fotografiar partes del cuerpo o el cuerpo completo de las mujeres y compartirlas con algunos colegas a través de la red de correo electrónico institucional. Así fue cómo las fotos llegaron al correo electrónico de Ricardo Lazo. En el correo electrónico que Sonia encontró había más fotos de otras dos compañeras de trabajo.
Las fotografías, tomadas en horario laboral, y enviadas en una cadena exclusivamente conformada por hombres, sirvieron de juego para al menos cinco empleados. Los compañeros de trabajo de Sonia jugaban a adivinar quiénes eran las mujeres que aparecían en la imagen a partir de la espalda, trasero y piernas de cada una. Según una fuente interna del FISDL que tuvo acceso a las conversaciones, entre los comentarios se leían adjetivos como: “simia” y “aguacata”.
Cuando Sonia se enteró de que alguien le había tomado una foto a escondidas mientras ella realizaba su trabajo, lo denunció a una jefatura intermedia del FISDL, pero en primera instancia la institución no supo cómo abordar el caso.
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Desde que el FMLN llegó al poder, en 2009, la lucha contra la violencia contra las mujeres se convirtió en una de las banderas más visibles del nuevo gobierno. De hecho, la creación de Ciudad Mujer [un complejo galardonado hasta por Naciones Unidas por el apoyo legal, psicológico y en emprendurismo para las mujeres salvadoreñas] fue quizá la prueba más palpable del cambio de paradigma del Estado frente a la violencia contra las mujeres. En enero del 2012, la Asamblea Legislativa aprobó la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres impulsada por el gobierno, en concreto por la Secretaría de Inclusión Social. Dentro de la ley se tipificó por primera vez el delito de feminicidio. La nueva ley también sirvió para identificar formas de violencia que no son físicas, como la violencia patrimonial, psicológica y simbólica.
En El Salvador, la violencia contra las mujeres va mucho más allá que la toma de fotografías sin consentimientos. Al finalizar marzo de 2014, para cuando Sonia descubrió que le habían fotografiado el trasero, el Instituto de Medicina Legal (IML) registró 743 agresiones sexuales contra mujeres, de esas, más de 500 habían sido en niñas y jóvenes de entre 10 a 19 años. Dicho así, un caso de un grupo de empleados de gobierno haciendo picardías contra un grupo de compañeras de trabajo suena a nada. Pero sí es importante según la nueva ley. El caso en el FISDL podría leerse como una falta tipificada como 'violencia simbólica' (entendida como los mensajes, valores, íconos o signos que transmiten y reproducen relaciones de dominación, desigualdad y discriminación en las relaciones sociales que se establecen entre las personas y naturalizan la subordinación de la mujer en la sociedad) o, como tipificó la Fiscalía General de la República, es un caso de 'expresiones de violencia contra la mujer'.
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En el 2014, el FISDL era presidido por Carolina Ávalos, ex asesora de la Secretaría Técnica de la Presidencia y ex directora ejecutiva del Organismo Promotor de Exportaciones e Inversiones de El Salvador (PROESA). Antes de que el caso llegara a sus oídos, Ávalos ya había experimentado de manera personal un comentario sexista de parte de un alto funcionario del gobierno del expresidente Mauricio Funes.
En abril del 2013 se dio el Encuentro Nacional de la Empresa Privada (ENADE), al que asistieron, entre otros funcionarios, Ávalos y el entonces titular de la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (SIGET), Luis Méndez Menéndez. Mientras Ávalos conversaba con un grupo de funcionarios de gobierno, Méndez Menéndez se acercó y, a manera de saludo, hizo un comentario sobre la apariencia física de Carolina Ávalos. El comentario incomodó a Ávalos, tanto como para denunciar al titular de la SIGET ante el Instituto Salvadoreño de Desarrollo de la Mujer (ISDEMU) y ante la Presidencia de la República.
Según la denuncia interpuesta por Ávalos, Méndez Menéndez había dicho que ella “está buena para ser Ministra de Deportes como en Venezuela”. En teoría, Méndez Menéndez había hecho el comentario en alusión a una modelo y deportista venezolana ascendida a Ministra de los Deportes por el presidente Nicolás Maduro. El caso de esa funcionaria había causado revuelo mediático internacional debido a que la deportista y modelo, antes de su juramentación, había posado desnuda para las cámaras de una revista. El desnudo de la ministra suramericana se reprodujo en la prensa salvadoreña con títulos como “la sexy ministra” y Méndez Menéndez aprovechó la oportunidad para comparar la apariencia de Ávalos con la apariencia de la venezolana.
Méndez Menéndez dice a El Faro que dicho comentario fue “irrelevante e intrascendente”, que todo fue un problema de percepción. Pero por intrascendente que fuera, la presidencia del FISDL lo denunció ante el ISDEMU. La institución estatal encargada de proteger a la mujer pidió al superintendente de la SIGET que le ofreciera una disculpa a Ávalos. Él, obligado, tuvo que disculparse. La expresidenta del FISDL es tajante al hablar sobre cualquier tipo de violencia contra la mujer: “Las mujeres tienen el derecho de ejercer el trabajo libremente sin esas estupideces”, dice Ávalos.
Cuando el caso de las fotografías de los traseros y los cuerpos de un grupo de empleadas del FISDL llegó a su oficina, Ávalos no dudó en consultarlo con el ISDEMU. Para ese momento, el caso ya era del conocimiento de Ángela Zamora, la gerente de programas y de Paulino Delgado, un economista que para entonces trabajaba como gerente general del FISDL. Que el caso llegara a los oídos de Ávalos fue una suerte o una casualidad. Las jefaturas, dice la expresidenta, optaron por resolverlo sin comunicárselo. Ávalos se enteró de los correos electrónicos y las fotografías cuando una empleada de la institución la abordó para preguntarle si la institución no pensaba reaccionar ante este caso de violencia.
-¿Usted no estaba informada del caso?
-Fui la última que se enteró -explica Ávalos- porque las instituciones tratan de resolver en otros niveles intermedios. Me di cuenta porque alguien puso la queja en Recursos Humanos y días después una jefa me preguntó si no íbamos a hacer nada. Es la primera vez que escucho del caso, le dije yo. Luego le llamé al gerente general y le dije que había que tomar esto en serio porque estábamos violando los derechos de las mujeres y lo primero que hicimos fue intentar separar a estos hombres de estas mujeres.
Un día antes de las vacaciones por las festividades de la semana santa, en abril de 2014, el gerente general Paulino Delgado llamó a la sala de juntas a todo el personal del FISDL. Debido a que la sala de juntas no podía albergar a todo el personal, ese día hubo múltiples reuniones, una con cada equipo de trabajo.
Delgado, la jefa de Recursos Humanos, Astrid Hernández, y los jefes del personal presente en la reunión, se colocaban al frente de los empleados y brindaban una versión oficial del problema que había pasado. El gerente general comentaba que había ocurrido una falta disciplinaria dentro del Fondo, pero no explicaba qué era lo que había sucedido.
En esas reuniones Delgado decía que en el FISDL se buscaba aplicar el enfoque de género y lograr la equidad dentro de la organización. El gerente general apenas mencionaba que el problema se había originado cuando tres empleadas sacaron fotocopias. “El caso que tocamos partió de una denuncia de imágenes de tres compañeras de la institución y se siguió un proceso.” dijo, sin explicar a qué tipo de imágenes se refería.
En una de esas reuniones sostenidas en abril, Paulino Delgado hizo énfasis en que la presidenta tomó la decisión de informar a organismos del Estado que “tenían que ver con el caso”. El gerente general dijo que el ISDEMU y la Fiscalía analizarían todo desde ese momento. Y que desde entonces “solo a ellos les corresponde la acción penal que existe. Nosotros no podemos revelar nombres de personas que hicieron esta denuncia, tampoco podemos revelar públicamente las personas que han sido denunciadas. Esto no abona al clima organizacional”, dijo el gerente general.
En la ronda de reuniones, algunos empleados exigieron mayores detalles a Delgado. No entendían de qué iba eso de gente denunciada y el llamado al enfoque de género. Puestas así las cosas por Delgado, lo que había ocurrido bien podía ser desde un acoso sexual hasta un asalto sexual o violación al interior del FISDL.
Una trabajadora le increpó:
-Licenciado, a mí con lo que usted dice, me quedan más dudas y preguntas que respuestas porque yo no entiendo cuál es el problema al final. Por haber sacado fotocopias yo no entiendo qué relación tiene el ISDEMU ni qué relación tiene la Fiscalía.
-Yo no sé qué tanto detalle puedo dar. La falta fue que tomaron fotos de las compañeras -dijo el gerente general.
-¿Inapropiadas? -preguntó la trabajadora.
-Inapropiadas- se limitó a contestar el gerente, que además explicó que los denunciados ya habían recibido una sanción interna por participar de una cadena de correos institucionales donde se comentaban “fotos inapropiadas”.
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En el FISDL había ocurrido un hecho grave de violencia contra un grupo de mujeres. O al menos así lo creía la presidenta Carolina Ávalos, que se amparó en el ISDEMU y que recibió del ISDEMU una recomendación: involucrar a la Fiscalía General de la República y recopilar pruebas. “No los despedimos (a los empleados acusados) porque queríamos que se investigara bien qué pasaba”, dice la expresidenta del FISDL, aunque también admite que cuando suceden casos de violencia contra la mujer las instituciones del Estado no tienen claro cómo proceder.
El ISDEMU recomendó que se iniciara una recuperación del registro electrónico de los trabajadores del Fondo que estaban dentro de la cadena de correos electrónicos. Y así lo hicieron. El FISDL recuperó los correos electrónicos de los empleados que se sabía habían compartido las fotografías y encontró nueva información y nuevos implicados. Por ejemplo, un chat institucional entre dos empleados en el que se decía que la entonces jefa del Proyecto de Fortalecimiento a los Gobiernos Locales del FISDL estaba “rica” y frecuentaba moteles. Esa jefa se llama Carla Recinos y es arquitecta.
JOSE VIALE 12:21 p.m.
Puta hasta aquí se escucha el vozaron (sic) de la Carla...pero ta rica vaya.
CARLOS MELGAR 12:22 p.m.
Así ha de ser en la soledad...y si...rica
JOSÉ VIALE 12:22 p.m.
Cuando entra a los moteles la mara se asusta
Recinos tuvo “la suerte” de que no le tomaran fotografías, sino que sus compañeros se limitaron a escribir sobre ella.
Para cuando con el FISDL descubrió los nuevos chats, la gerencia general ya había decidido sancionar a los hombres que se repartían las fotografías de tres de sus compañeras y los comentarios sexistas sobre Carla Recinos. La sanción, sin embargo, nada tenía que ver con los conceptos estipulados en la nueva ley que castiga la violencia contra las mujeres. En abril de 2014, el gerente general informó que los empleados que formaban parte de la cadena de correos habían sido sancionados por uso inadecuado del equipo de computadoras.
Según el Instructivo de Prestaciones, Derechos, Obligaciones y Prohibiciones del personal del FISDL, el castigo aplicado por uso inadecuado de computadoras va desde uno a quince días laborales sin derecho a sueldo.
El 18 de agosto de 2015, la Jefatura de Gestión del Talento Humano a través de su Oficina de Información y Respuesta respondió a El Faro que “en el año 2014 fueron sancionados 7 empleados (todos por contrato) por faltas disciplinarias al artículo 11 numeral 2 de ese instructivo interno. Ese artículo del instructivo interno prohíbe “emplear los útiles, materiales, herramientas, muebles, equipos, etc., suministrados por el FISDL para objeto diferente a su destino normal”.
El Faro preguntó vía acceso de información pública si durante el 2014 alguien había sido despedido por una falta que su reglamento sí tipificaba: acciones que impliquen actos graves de inmoralidad que perturben gravemente el orden y disciplina en la Institución, cometidos por el empleado cuando se encontrare en el desempeño de sus labores. El FISDL respondió vía acceso de información pública que respecto a esos motivos, “no hubo ningún despido de persona”.
Aunque el reglamento interno de la institución establece en su artículo 5 que uno de los derechos del personal es “hacer prevalecer la igualdad de género”, el FISDL no recoge sanciones para las situaciones de violencia de género. Carla Recinos, la exjefa mencionada en los chats institucionales, sostiene que en el 2014 algunas jefaturas propusieron modificar el reglamento interno y agregar un nuevo tipo de faltas: las sexistas. Hasta la fecha, la última actualización continúa siendo una realizada en el 2005 y en el presente no está siendo discutido ningún cambio.
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Mientras al interior del FISDL el caso murió en una sanción administrativa por el mal uso de las computadoras, afuera de las paredes del FISDL, Sonia, la mujer que descubrió que la habían fotografiado el trasero continuó exigiendo justicia.
Después de que el FISDL recolectó las pruebas de los correos electrónicos de los hombres involucrados, se creó una carpeta llena de correos electrónicos y chats con comentarios sexistas y burlones que se presentó ante la Fiscalía de Antiguo Cuscatlán, en la Unidad de Atención Especializada para las Mujeres. El FISDL ayudó a que se formara el caso y ahí terminó su actuación. Las mujeres que se sintieron afectadas interpusieron una demanda a nombre personal.
Para julio del 2014, el caso estaba en las manos de la fiscal Carmen Elena Mejía. La Fiscalía entendió que se trataba de un caso de “expresiones de violencia contra la mujer”. El delito está tipificado como “elaborar, publicar, difundir o transmitir por cualquier medio, imágenes o mensajes visuales, audiovisuales, multimedia o plataformas informáticas con contenido de odio o menosprecio hacia las mujeres”.
Carlos Melgar, Carlos Ávila, Henry Carranza, Ricardo Lazo, José Viale, Osmín Olivo, Alejandro Rosales y Ovidio Cabezas fueron procesados por el delito de “expresiones de violencia contra las mujeres” contemplado en la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia contra las Mujeres.
El 23 de julio, Carla Recinos, la mujer sobre la cual dos hombres emitieron comentarios sexistas y deningrantes, fue sorprendida por la Fiscalía. Aunque el FISDL había hecho la recolección de pruebas, la institución jamás le notificó que era una víctima en el caso de expresiones de violencia contra la mujer. Las autoridades del FISDL -que en un principio se resistieron a explicar a sus empleados de qué se trataba el caso- tampoco se atrevieron a informar a una de las afectadas que ella también era afectada. Parangones. El Salvador es violento por sus homicidios y sus pandillas, por su violencia común y también por la violencia contra sus mujeres. En 2014, Medicina Legal registró 2 mil 943 casos de violencia intrafamiliar contra mujeres. Que lo haya registrado no significa que esos casos se hayan convertido en un expediente judicial que busque juzgar a los responsables de esa violencia. En el Instituto de Medicina Legal, los peritos forenses que atienden estos casos aseguran que el mayor obstáculo es que las víctimas, y sus familiares testigos, superen el miedo a hablar de la violencia contra las mujeres. En el FISDL ocurrió algo parecido: a todos los involucrados les cuesta hablar del tema.
En agosto del 2014, las mujeres afectadas fueron citadas en Instituto de Medicina Legal (IML) para evaluar el posible daño psicológico y emocional que les causaron sus compañeros de trabajo. A diferencia de los otros psiquiatras forenses que evaluaron a sus compañeras, Carla Recinos sintió que su queja parecía pequeña en Medicina Legal. “Me preguntaron que por qué me sentía ofendida. Ellos (los compañeros del FISDL) no tienen por qué estar hablando de mi vida sexual. No les importa”, comenta Recinos.
El caso tuvo que esperar nueve meses para ventilarse en una audiencia. Solo hasta diciembre del 2014, el juzgado 5° de Paz conoció el caso de expresiones de violencia contra la mujer.
El juzgado entendió que había un delito que perseguir y el expediente avanzó. En enero del 2015 el caso por expresiones de violencia fue trasladado al juzgado 5° de Instrucción. Para este punto, de las cuatro mujeres que decidieron demandar, solo dos continuaron activas en el proceso. Una de ellas decidió retirarse para evitar problemas con sus colegas y Carla Recinos, aquella exjefa de la cual se hablaba con nombre y apellido en chats institucionales, decidió emigrar.
Más de un año después de que unos hombres fotografiaron los traseros de unas mujeres, y se burlaron de ellas, el caso se mantuvo con vida gracias a una persona: Sonia, aquella mujer que reconoció su cuerpo y el de sus compañeras en una una carpeta de correos. Sonia no se rindió ni siquiera cuando el 21 de julio del 2015, la jueza 5° de Instrucción, Alba Salamanca, dio sobreseimiento definitivo a los acusados. Para Sonia, este caso que puede sonar a picardía de hombres, a nada, sí importa. Le afecta.
Sonia recibió apoyo de otra mujer, la fiscal del caso Carmen Elena Mejía. El fallo fue apelado ante la Cámara Segunda de lo Penal. El 20 de agosto de 2015 la Cámara resolvió a favor de la Fiscalía y el caso fue reabierto.
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En junio del 2014, Paulino Delgado, el gerente que no se atrevió a pronunciar de qué iba el caso con sus empleados, dejó la gerencia general del FISDL. La gerente general actual, María Eugenia de Botteri, dice que su institución tiene una política de cero tolerancia con las expresiones de violencia contra la mujer, pero admite que el caso es difícil de conocer y manejar. Algunos de los hombres que fueron demandados ya no trabajan dentro de la institución. Y no precisamente porque el FISDL los despidiera para garantizar un ambiente de laboral seguro. “Son personas que por su propia voluntad se fueron”, añade Marlene Novoa, coordinadora de la Unidad Judicial del FISDL.
Dentro de la institución siguen trabajando tres de los acusados: Henry Carranza, Alejandro Rosales y Ricardo Lazo, aquel que le dio su contraseña de correo electrónico a su compañera Sonia.
El Faro cuestionó al FISDL si despediría a los empleados ante un eventual fallo de culpabilidad en el proceso judicial en su contra.“Pudiera ser… A nosotros nos aplica el Código de Trabajo… y está un poco desfasado. Las causas que tiene para terminar un contrato de trabajo son bien complejas, como por ejemplo, causar un daño al patrimonio de las empresas. Las causales que tiene no encajan con esta situación. (...) No me malinterprete pero esto fue algo que pudo haber pasado toda la vida y las víctimas no se iban a enterar. A la institución le ha parecido grave y sancionable, pero no hubo un tocamiento o un acoso sexual, una cosa tan patente como esa”, dice Marlene Novoa.
La violencia simbólica y las expresiones de violencia contra la mujer, aunque aparezca mencionadas en una ley quizá sigan siendo imperceptibles o quizá poco importantes como para hablar sobre ellas. En el juzgado el expediente está bajo reserva. El ISDEMU, la institución que vela por el desarrollo de las salvadoreñas, tras múltiples gestiones vía telefónica, correo electrónico y una visita a sus instalaciones, prefirió no hacer valoraciones sobre este caso. Dos de los imputados, Henry Carranza y Ricardo Lazo, también fueron contactados por El Faro pero prefirieron guardar silencio.
Tras la decisión de la Cámara Segundo de lo Penal, el 8 de septiembre, en la audiencia de reapertura del caso, la defensa de los imputados planteó una opción a las pardes: un acuerdo de suspensión. Es decir, que a cambio de un juicio, la defensa ofreció a la Fiscalía que los imputados se sometan a medidas de conducta por un periodo de 12 a 14 meses. Caso contrario, de ser encontrados culpables, los imputados enfrentarían una multa de 2 a 25 salarios mínimos, pues el delito de expresiones de la violencia contra la mujer no contempla cárcel.
Veintiún días después de la audiencia especial, el martes 29 de septiembre, en el juzgado 6° de lo Penal, Sonia y la FGR aceptaron el acuerdo de suspensión. De los ocho acusados se presentaron solo siete. Una fuente que estuvo presente cuando se realizó el acuerdo confirmó que uno de los acusados, Ernesto Viale, se encuentra fuera del país. De los siete que se presentaron, uno de ellos se negó a someterse a medidas de conducta y solo él podría enfrentar juicio. Los seis restantes participarán en terapias psicológicas durante un año y no pueden mudarse ni salir del país sin avisar al juzgado.
Como parte de las medidas de conducta, los seis hombres que aceptaron el acuerdo debieron presentar una disculpa por escrito dirigido a las mujeres ofendidas dentro del FISDL. Según un documento en poder de este periódico, el 12 de octubre, ante el Departamento de Gestión del Talento del FISDL, seis de los acusados expresaron que en 'nuestra condición de hombres, inmersos dentro de una cultura machista, se puede llegar a pensar que este tipo de compartamiento es ¨normal¨, sin embargo, después de recorrer todo este proceso, estamos convencidos que no es así, y que ante todo, todas y todos somos seres humanos que merecemos respeto'. En la disculpa, los imputados dicen estar conscientes 'ahora más que nunca de la grave afectación que nuestras palabras puedan causar en una mujer (...) cuyos daños muchas veces son irreparables o de difícil sanación.' El Faro tuvo solicitó al Departamento de Gestión del Talento la validación de esa carta, con sello y firma de recibido del FISDL, pero al cierre de esta nota esa oficina no negó ni confirmó la legitimidad de esa disculpa.
Tras más de un año en litigios legales, audiencias, un juicio, un sobreseimiento y un amparo, las mujeres afectadas han ganado una disculpa, pero también una promesa de parte de los hombres que las afectaron: 'tengan por descontado que situaciones como las sucedidas no volverán a ocurrir por nuestra parte', cierran los hombres que firman esa carta.
