La Corte Suprema de Justicia informó al Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) y a la oenegé Centro de Asesoría Legal Anti Corrupción (ALAC) que no entregará las auditorías a las declaraciones patrimoniales de los expresidentes Francisco Flores, Elías Antonio Saca y Mauricio Funes porque la sección de Probidad nunca las hizo.
Con la respuesta oficial de la CSJ, entregada el viernes 9 de octubre a ALAC y el 12 al IAIP, se da por confirmado un rumor que recorría desde hace diez años por los pasillos del órgano judicial, y en el que se hablaba de una sección de Probidad -oficina encargada de vigilar que los funcionarios y empleados públicos no se enriquezcan de manera ilícita en sus periodos- convertida en una entidad que se dedicó únicamente a recibir papeles, cosa que incluso admite el actual jefe de la entidad, Carlos Pineda.
'La Seccion de Probidad de la Corte Suprema de Justicia contestó que a la fecha no se cuenta con los exámenes, análisis o dictámenes de las declaraciones de patrimonio de los ex Presidentes de la República Francisco Flores Pérez, Elías Antonio Saca y Mauricio Funes Cartagena', dice la resolución del oficial de información entregada a las dos intancias, y en las que la CSJ cita el memorándum 268-2015-SP autorizado por la Corte Plena.
La respuesta oficial del órgano de justicia se dio en el marco del vencimiento del plazo que el IAIP otorgó para que entregara los exámenes hechos a las declaraciones patrimoniales de los tres expresidentes. La resolución de los comisionados del IAIP respondió a la solicitud de los representantes de ALAC, Roberto Burgos y Xenia Hernández, quienes solicitaron los exámenes a las declaraciones de patrimonio de los exmandatarios el pasado 10 de julio, luego de que la información les fuera denegada.
El 1 de septiembre, el IAIP emitió una resolución en la que le ordenaron a la CSJ desclasificar los exámenes a las declaraciones patrimoniales en versiones públicas. Pero el presidente de la CSJ, Óscar Armando Pineda, se negó a entregar la información y presentó un recurso de revocatoria el 14 de septiembre, alegando que la petición del IAIP iba en contra de la Constitución. El IAIP denegó por segunda vez ese alegato de la CSJ y ratificó la orden entrega de la información a más tardar el pasado viernes 9 de octubre.
Un día antes de entregar la respuesta oficial a ALAC, el 8 de octubre, Carlos Pineda, jefe de la sección de Probidad, explicó a los magistrados de la Corte Plena de la CSJ que los exámenes a la declaraciones patrimoniales de los tres expresidentes estaban en trámite. 'Por no tener a la fecha el informe final de los análisis a las declaraciones juradas de patrimonio al inicio y cese de funciones de los ex Presidentes de la Republica Francisco Flores Pérez, Elías Antonio Saca y Mauricio Funes Cartagena, no es posible entregar los análisis, dictámenes o exámenes finales antes mencionados'.
Francisco Flores terminó su mandado como presidente en 2004; Elías Antonio Saca en 2009 y Mauricio Funes en 2014. Sin embargo, a la fecha, Probidad no tiene ninguna investigación finalizada sobre los patrimonios de los tres expresidentes.
Francisco Flores está siendo procesado por la Fiscalía General de la República, que lo acusa de desviar donativos por 10 millones de dólares del gobierno de Taiwán para financiar la campaña presidencial del partido Arena a finales del año 2003 y principios del 2004. Es decir, lo acusan de desviar donativos de Taiwán para financiar la campaña presidencial de Elías Antonio Saca, de quien tampoco existe un auditoría a su declaración de patrimonio.
En agosto de 2015, la CSJ liberó las declaraciones patrimoniales de entrada y salida del periodo presidencial de cada uno de los exmandatarios. En esos documentos se registra un incremento de 259.8% en el patrimonio del expresidente Saca. Cuando asumió el poder en 2004, Saca reportó como bienes, muebles y otros activos un total de $4 millones 216 mil 249 versus los $10 millones 435 mil 34 que reportó al dejar la presidencia, cinco años más tarde. En noviembre de 2013, El Faro ya había publicado que Saca pasó de vivir en una residencial con propiedades valoradas entre los $250 mil y $325 mil a una mansión de $2.1 millones en las faldas del volcán de San Salvador.
En esas versiones públicas de las declaraciones patrimoniales consta también que Flores ingresó a su periodo presidencial con un patrimonio de $1 millón 954 mil 757 y salió con $2 millones 314 mil 412 (un crecimiento de 18.4% en su patrimonio).
Funes, según esos documentos, reportó un incremento de poco más de cerca de 57 mil 910 dólares en su patrimonio (9.5% respecto a su declaración inicial de $611 mil 884).
En agosto de 2015, ALAC/FUNDE señaló que las incongruencias de esas declaraciones con hechos que no aparecen reflejadas en las mismas (explicaciones claras para el incremento patrimonial de Saca, la acusación por los millonarios fondos donados por Taiwán contra Flores, y el préstamo de $3 millones de dólares que el expresidente Funes recibió de su padrino político, el empresario Nicolás Salume) ameritaban una investigación a profundidad y por eso solicitó copia de los exámenes de auditoría a esas declaraciones. Exámenes y auditorías que la sección de Probidad nunca hizo.
'A la fecha se han realizado acciones, a fin de verificar lo declarado por los ex funcionarios antes dichos. Razón por la cual, a la fecha solo se tienen análisis preliminares, es decir, que la verificación del contenido de las declaraciones juradas de patrimonio de los expresidentes de la República aún está en trámite', dice la resolución del oficial de información de la CSJ.
La Ley de Enriquecimiento Ilícito establece en el artículo 11 que los juicios por enriquecimiento ilícito solo podrán incoarse dentro de diez años siguientes a la fecha en que el funcionario o empleado público haya cesado el cargo cuyo ejercicio pudo dar lugar a dicho enriquecimiento. El expresidente Francisco Flores cumplió diez años desde que cesó funciones en 2014. A la fecha, Probidad no ha terminado ningún examen a su declaración jurada de su patrimonio.
Carlos Pineda se excusó de no tener ningún examen a las declaraciones patrimoniales de los tres expresidentes culpando a los magistrados de la CSJ administrada por Agustín García Calderón. Hace más de diez años, el 9 de junio de 2005, la Corte Plena -presidida por García Calderón- le quitó a la sección de Probidad la atribución de pedir informes a los bancos sobre las cuentas bancarias de los funcionarios del gobierno del expresidente Flores. Esta decisión se tomó después de que la sección de Probidad, que en ese entonces era dirigida por José Eduardo Cáceres, detectara irregularidades de enriquecimiento en las declaraciones juradas del presidente Francisco Flores y de miembros de su gabinete.
Cáceres solicitó, en 2005, reportes bancarios de las cuentas de Francisco Flores, de su esposa Lourdes de Flores y de 12 funcionarios de su gabinete, entre los que figuraron María Eugenia Brizuela de Ávila (quien fuera ministra de Relaciones Exteriores), Juan José Daboub Abdalá (exsecretario técnico de la Presidencia y exministro de Hacienda), Carlos Mauricio Duque González (exviceministro de Obras Públicas), Miguel Ernesto Lacayo Arguello (exministro de Economía), Edgar Ramiro Mendoza Jerez (otrora presidente del Fondo Social para la Vivienda), Ruy Cesar Miranda González (expresidente de CEPA), Enrique Molins Rubio (expresidente de INDES), Aldo Vinicio Parducci Meléndez (quien fuera secretario privado de la Presidencia), Carlos Quintanilla Schimidt (exvicepresidente de la República), Mauricio Ramos Falla (exdirector general del ISSS), Guillermo Alfredo Sol Bang (expresidente de CEL) y Flavio Villacorta Ibarra (exdirector del Organismo de Inteligencia del Estado).
Los bancos en lugar de enviar los informes a la sección de Probidad, le enviaron cartas a Agustín García Calderón, objetando la atribución de la Corte de solicitar información bancaria. Carlos Pineda dijo en el memorándum 268-2015-SP que desde el 9 de junio de 2005 hasta el 9 de enero de 2014 (9 años) Probidad solo se dedicó a recibir papeles.
Dicha de otra manera, lo que se desprende de las palabras de Pineda es que en nueve de los últimos diez años, la CSJ quizá nunca haya auditado ni realizado exámenes especiales -para detectar enriquecimientos ilícitos- a las declaraciones patrimoniales de todos los funcionarios que han transitado en tres distintas administraciones del órgano Ejecutivo (dos de Arena y una del FMLN); de los diputados de cuatro legislaturas (2003-2006, 2006-2009, 2009-2012 y 2012-2015); y de los magistrados salientes, jueces retirados y fiscales generales de la República durante el mismo periodo.
'Que por acuerdo de Corte Plena, de fecha 9 de junio de 2005, se determinó, quitarle la facultad que de conformidad a Ley sobre Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos le corresponde a la Sección de Probidad, convirtiendo a partir de esa fecha a esta Sección, en una oficina receptora de declaraciones de patrimonio, la cual se limitó al cumplimiento de los requisitos formales establecidos por la ley', dice Pineda en un memorándum con fecha 9 de octubre de 2015.
El 9 de enero de 2014, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia le devolvieron a Probidad la facultad de solicitar información bancaria. Dicho acuerdo de la CSJ establece que para cumplir el mandato Constitucional de investigar enriquecimiento ilícito, el jefe de la sección de Probidad tiene la facultad de requerir información a bancos, instituciones financieras, instituciones públicas o privadas, personas naturales y jurídicas. En un año, sin embargo, Carlos Pineda no logró hacer mucho, y alega que solo tiene documentos parciales sobre los expresidentes, que no se ha terminado ninguno de los tres exámenes y que no puede entregar la información. “El documento solicitado forma parte de un proceso deliberativo por lo que no puede entregarse a los ciudadanos mientras no exista un pronunciamiento final y firme”, añadió Pineda.
La confesión de la CSJ a ALAC ocurre apenas una semana después de que se ordenara abrir un juicio por enriquecimiento ilícito contra el diputado Reynaldo López Cardoza, secretario de la junta directiva de la Asamblea Legislativa por el Partido Concertación Nacional (PCN), quien deberá aclarar el origen de 1.3 millones de dólares de su patrimonio que, según la sección de Probidad, no están justificados por los ingresos declarados del legislador.
El de Cardoza es el primer juicio de este tipo contra un diputado, y la CSJ ya notificó del caso a la Fiscalía General, para que esta decida si procesa penalmente al diputado.
*Fe de errata: En la versión original de este artículo se consignó que la respuesta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) del día 9 de octubre fue dirigida al Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), cuando lo correcto es que la respuesta fue dirigida a la oenegé Centro de Asesoría Legal Anti Corrupción (ALAC). El IAIP informó a El Faro, en la mañana del lunes 12 de octubre, que la CSJ no les había notificado nada sobre la denegatoria de información. En la nota original también se consignó que la CSJ tenía como plazo final para dar una respuesta al IAIP el 9 de octubre, pero el jefe de fiscalización del Instituto, René Valiente, explicó que el plazo final de la Corte para rendir un informe al Instituto sobre 'todas las acciones que llevaron a cabo para cumplir la resolución del IAIP' vencía el 12 de octubre. Por la tarde del lunes 12, el IAIP remitió a El Faro la respuesta oficial de la CSJ a la institución. El Faro tuvo acceso a los documentos que la CSJ entregó a ALAC y al IAIP, en los que comunicó que esos exámenes no existen. La versión original de este artículo fue corregida a las 10:20 de la mañana, y la nueva información fue añadida a las 6:20 de la tarde del lunes 12 de octubre de 2015.
Respuesta de la Corte Suprema de Justicia a la oenegé Centro de Asesoría Legal Anti Corrupción (ALAC)
Respuesta de la Corte Suprema de Justicia al Instituto de Acceso a la Información Pública
Lea más sobre esta cobertura (investigaciones publicadas en 2005):
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