La audiencia judicial contra el expresidente Francisco Flores por delitos de corrupción terminó convertida en un examen para la Fiscalía General de la República (FGR) en el que quedó demostrado que la institución encargada de investigar si Flores había cometido enriquecimiento ilícito, peculado y desobediencia planteó un caso lleno de vacíos y que, además, mostró pocos avances en sus indagaciones respecto de los meses anteriores.
Será hasta el 3 de diciembre cuando se sepa la resolución del juez Séptimo de Instrucción de San Salvador, Miguel Ángel García Argüello, quien por espacio de dos días escuchó las posiciones de los fiscales y de la defensa, y es ahora quien debe decidir si amerita que la investigación pase a la siguiente etapa o si el expresidente debe ser puesto en libertad.
Algunas de las omisiones de la Fiscalía quedaron al descubierto no solo cuando los abogados defensores del expresidente hacían uso de la palabra sino también cuando la querella (acusadores particulares) mostraba sus alegatos ante el juez. “El papel de la Fiscalía ha sido precario, por decir lo menos”, señaló Bertha María Deleón, una de las acusadoras particulares pertenecientes a Fespad, y quien, en teoría, debía hacer un mismo equipo con la Fiscalía para montar la acusación contra el expresidente que gobernó El Salvador desde 1999 hasta 2004.
Los abogados defensores del expresidente Flores aprovecharon la ruptura entre los dos equipos de acusadores. El abogado Edgar Morales Joya llegó a decir, con un dejo de ironía, que su equipo y el de los acusadores tenían posiciones similares: “La querella ha respaldado la posición de la defensa cuando dice que la Fiscalía ha presentado un caso débil y que no ha presentado los fundamentos necesarios para su acusación”.
Todo depende ahora del criterio que use el juez. Vistos los reclamos jurídicos entre la Fiscalía y los acusadores particulares y, además, los 34 señalamientos que el propio juez García Argüello había hecho a la acusación en mayo, quedó claro que el caso lleva algunas debilidades. “Desde el inicio dijimos que el caso (presentado por la FGR) no tenía buen futuro”, auguró la abogada Deleón, durante un receso de la audiencia, a eso de las 8 de la noche el jueves 5 de noviembre.
Poniendo a prueba a la Fiscalía
La audiencia se desarrolló en una de las salas del edificio de audiencias del Centro Judicial Isidro Menéndez. La audiencia debió haberse dado en una fecha anterior, el 3 de noviembre, pero el juez la suspendió bajo el entendido de que Flores, ese día, iba a operarse. La operación nunca se llevó a cabo porque el juzgado encontró a través de una inspección de documentos que en realidad no había una fecha concreta para la operación, y que tampoco era tan urgente como lo había esbozado el médico de cabecera de Flores. Y fue así como el juez García Argüello reprogramó la audiencia para el jueves 5 de noviembre, a las 8 de la mañana. A la sala llegó la familia del expresidente, pero también llegaron amigos, abogados, curiosos y muchos periodistas. El público era tanto que a las cinco horas de audiencia, el juez decidió trasladar la cita a una sala con mayor espacio.
Una audiencia preliminar consiste en que las partes exponen sus versiones del caso, y después hay un espacio de réplica para cada interviniente. En este caso, los abogados de Fespad e ISD también tuvieron el mismo espacio que los fiscales y los defensores.
La primera en hablar fue la Fiscalía. Los fiscales Julio Zamora y Thelma Flores ratificaron que solo tenían pruebas para procesar a Flores por los delitos de enriquecimiento ilícito, peculado y desobediencia y la versión de los hechos que narraron coincidió plenamente con lo descrito en el dictamen de acusación presentados en mayo de 2015, lo cual indica que hicieron caso omiso a la advertencia que dos meses antes, en marzo, había hecho el juez García Argüello.
El juez había señalado que los hechos presentados encajaban más con el delito de lavado de dinero que con el de peculado o enriquecimiento ilícito y que por ello, eventualmente, cabía la posibilidad de que él cambiara a lavado de dinero la tipificación de los delitos acusados al expresidente. Pero los fiscales no hicieron cambios en su planteamiento, tampoco presentaron nuevas pruebas para su investigación y se quedaron con las que ya habían enlistado en el dictamen de acusación que fue señalado por el juez García Argüello, en un oficio con fecha de mayo, como insuficiente. En esa ocasión, el juez hizo 34 observaciones a la investigación. “Es como si yo, alumno, le entrego el examen al profesor y él me lo devolviera, corregido, antes de ponerme la nota”, opinaba el defensor de Flores, Edgar Morales Joya.
En la audiencia, la Fiscalía se volvió a desentender de la investigación por lavado de dinero y dijo que no había encontrado pruebas sobre su cometimiento por parte de Flores. “No basta con citar que se establece el delito de lavado, no basta con decir que aquí hay elementos suficientes para ello, hay que decir cómo, cuándo, por qué sucedió ese hecho y qué es lo que tenemos para probarlo”, dijo en la audiencia el fiscal Julio César Zamora, en alusión a los reclamos que escucharon a lo largo de la audiencia por parte de la querella. “No es lo mismo decir que la Fiscalía no hizo esto, que la Fiscalía le faltó hacer aquello, es preciso trabajar de la mano y ver muchas veces lo difícil que es construir una investigación”, añadió.
A pesar de que los fiscales dicen haber hecho todo lo posible, los hechos son elocuentes. Por ejemplo, nunca ordenaron un peritaje bancario para determinar la ruta de bancos que habían seguido los cuatro cheques desde su emisión. Fueron los querellantes los que lograron que el juez Primero de Instrucción de San Salvador ordenara el examen. Como no tenían fondos para pagar un peritaje especial, recurrieron a la Superintendencia del Sistema Financiero. Según la querellante Bertha de León, el día del peritaje la Fiscalía llegó pero no participó en la diligencia. “Lo que dijeron fue que oportunamente ellos, como Fiscalía, iban a presentar sus propios analistas, pero nunca lo hicieron”, dice a El Faro la abogada De León. Para la querellante, fue irónico que los fiscales presentaran como prueba ese peritaje bancario. En la audiencia, lo dejó claro: “Lo que vemos es que la Fiscalía presentó los mismos peritajes pedidos por nosotros, y ni siquiera han sabido citarlos de la mejor manera. La Fiscalía no nos permitió trabajar de manera coordinada con ellos”.
La Fiscalía veía que los únicos delitos configurados seguían siendo peculado y enriquecimiento ilícito pero para la querella, el peritaje daba pistas para investigar lavado de dinero. Ese examen demostró que los cuatro cheques emitidos por el International Bank of China, entre 2003 y 2004, llegaron a una cuenta en Costa Rica a nombre del Centro de Estudios Políticos José Antonio Rodríguez Porth (CEP) y que de ahí salieron a una cuenta en El Salvador, denominada “Coena especial”, que fue manejada por el partido Arena para financiar su campaña presidencial 2003-2004 y que llevó a la presidencia a Elías Antonio Saca González.
La Fiscalía nunca enlistó como prueba el testimonio de Guillermo Balzaretti Kriette, el presidente del CEP, que fue la organización sin fines de lucro que utilizó Arena para abrir una cuenta en Costa Rica para recibir los millonarios fondos de Taiwán. Balzaretti ha dicho que no recuerda quién le ordenó abrir esas cuentas, y una investigación de El Faro determinó que el CEP nunca reportó al Estado que había recibido, entre 2003 y 2004, 10 millones de dólares provenientes de unos cheques emitidos por el International Bank of China.
La Fiscalía tampoco obedeció sus propios hallazgos. Los investigadores habían encontrado que en Costa Rica, en una sucursal del Banco Cuscatlán, el dinero había sido maquillado de tal manera para que no se supiera que era un dinero proveniente de Taiwán. Mauricio Samayoa, el presidente del Banco Cuscatlán en esos años, cambió el origen del dinero: en las plantillas de la transferencia hacia una cuenta en El Salvador indicó que el dinero provenía de una cuenta de Arena (en realidad inexistente) y no del CEP, que había sido el primer receptor del dinero taiwanés. A pesar de que en el propio requerimiento fiscal (el documento oficial en el que la Fiscalía presenta su primera acusación contra un imputado) mencionaban que Samayoa había servido como encubridor, nunca lo entrevistaron. Samayoa -hermano del exdiputado Rodrigo Samayoa- falleció en Estados Unidos el año pasado.
La Fiscalía no pasó de entrevistar a empleados de los bancos en El Salvador y Costa Rica y personajes políticos (exministros, el vicepresidente de entonces Carlos Quintanilla Schmidt) que en realidad solo testificaron que nunca supieron nada de un tal desembolso de Taiwán y que, además, conocían que todas las donaciones oficiales se administraban por los canales oficiales en el Gobierno.
Los fiscales, por ejemplo, decidieron prescindir de los testimonios de personajes que tuvieron relación con el manejo del dinero desembolsado por Taiwán, entre ellos, el presidente del CEP, Guillermo Antonio Balzaretti Kriette; el expresidente del Banco Cuscatlán, Mauricio Samayoa; el expresidente de la República, Elías Antonio Saca González; y el exdirigente de Arena, Juan Tennant Wright, entre otros.
Al único que los fiscales quisieron entrevistar es un político de viejo cuño, un cafetalero llamado José Antonio Salaverría Borja, quien fue presidente de Arena entre abril y noviembre de 2003. A pesar de su poca utilidad en el juicio, los fiscales defendieron con vehemencia que se mantuviera incorporado al proceso y que no fuera desechado como prueba. Para los fiscales, al parecer, ese testimonio bastaba para comprender qué ocurrió en Arena entre los años 2003 y 2004 y cómo se manejó ese dinero. “¿No fue Arena el partido donde fueron a ingresar los fondos que se están discutiendo en esta audiencia? ¿Cómo no va a ser pertinente que el señor Salaverría nos indique cómo se daban las operaciones? A esto le agregamos que a unos pocos días de que él deja la presidencia de Arena, sucede este evento. Queremos saber cómo funciona el partido Arena”, dijo Zamora, para defender el testimonio de Salaverría al cual los abogados defensores de Flores querían desechar.
Pero el testimonio de Salaverría en realidad tiene muy poca utilidad. Su único mérito es haber tenido firma autorizada en la cuenta del CEP en Costa Rica a la hora de los primeros dos desembolsos. Pero Salaverría dejó la presidencia del partido justo un días antes de que desde la cuenta CEP se ordenara una transferencia por 1 millón de dólares a la cuenta “Coena especial” en San Salvador, es decir, dejó el partido cuando las conexiones con El Salvador comenzaron a ser evidentes. Además, Salaverría ha asegurado a El Faro que nunca supo nada de esos dos cheques de Taiwán depositados en la cuenta CEP de Costa Rica el 28 de octubre de 2003 porque, como presidente del partido, prefirió utilizar siempre las cuentas que él había abierto en el Banco Agrícola. Dijo que si él tenía firma en la cuenta fue porque el entonces presidente, Francisco Flores, se lo pidió, pero que nunca autorizó nada.
Los dirigentes que sucedieron a Salaverría -los mismos que la Fiscalía quiso dejar fuera de las pruebas- son los que podrían describir mejor la ruta que siguió el dinero de Taiwán, porque estaban dentro del partido. Pero la Fiscalía parece haberlos ignorado. Elías Antonio Saca, que fue el candidato presidencial de Arena beneficiado con los fondos de Taiwán y que además tomó la presidencia del partido después de Salaverría, es un personaje clave pero la Fiscalía no lo ha citado como testigo e incluso pidió durante la audiencia judicial que si la parte querellante quería entrevistar a Saca, ellos debían hacer todas las gestiones para asegurar su declaración pero que no pusieran a la Fiscalía a citarlo.
Así como Saca, hay otra media docena de dirigentes de Arena que tuvieron relación con las cuentas por las que pasaron los fondos de Taiwán y que la Fiscalía decidió nunca contactar. Entre ellos los exdirigentes Juan Tennant Wright Castro, Eduardo Zablah Touché, Guillermo Ávila Qüehl también tuvieron firmas autorizadas en las cuentas de Costa Rica que recibieron los millonarios desembolsos y que luego fueron transferidos a El Salvador. En El Salvador, los que manejaban la cuenta “Coena especial” eran los señores Eduardo Berdugo (parte del equipo contable actual del partido), Mario Acosta Oertel, Roberto Murray Meza. Pero la Fiscalía no los mencionó como testigos necesarios en la audiencia, y dijeron que la entrevista de Salaverría les bastaba.
Para la defensa de Flores, el delito de lavado de dinero no puede ser incorporado al caso porque los acusadores particulares no cuentan con la autorización para litigar por ese delito pues solo fueron autorizadas por sus instituciones (Fespad e ISD), en enero, para querellar por los delitos de peculado y enriquecimiento ilícito. A eso, los querellantes responden que se sumaron al caso después de que la Fiscalía ya había hecho su requerimiento por desobediencia, peculado y enriquecimiento ilícito.
En la mañana del viernes 6, en el segundo día de audiencias, la Fiscalía aprovechó su turno en la réplica para insistir lo que habían dicho el día anterior: que no tenían las pruebas suficientes para acusar a Flores de lavado de dinero, y pidió al juez que declarara no ha lugar la pretensión de la querella de incluir ese delito. Pero el fiscal Julio Zamora no solo se quedó ahí. Dijo que si había méritos para sacar a la querella del proceso, que apoyaba al juez para que lo hiciera. 'Otra cosa. Se acordó que determinada persona iba a ejercer el poder y en su defecto lo hizo otra persona, entonces, definitivamente es una posición que podría violar el principio de legalidad, y si eso pudiera generar la nulidad del proceso, le pedimos que si la defensa tiene razón, entonces debe excluirse a los abogados querellantes.”
La defensa no se quedó atrás y también atacó los planteamientos de la acusación. Los abogados defensores dijeron que la Fiscalía había sido incapaz de vincular los cuatro cheques emitidos por el International Bank of China con el expresidente Francisco Flores. “Los proyectos de cooperación con El Salvador no fueron financiados con cheques. ¿Dónde dice que fueron financiados con cheques?”, cuestionó Edgard Morales Joya, el defensor.
Morales también recriminó que no hubiera ningún testigo, ningún documento, informe o acta que evidenciara que fue el expresidente Flores quien recibió los cheques de Taiwán y que él los hubiera depositado en una cuenta de Costa Rica para luego ser transferidos a El Salvador.
En realidad, ambos señalamientos son dos taras que la acusación ha tenido desde el inicio. Toda la acusación se basa en que supuestamente los 10 millones de dólares en cuestión son los mismos 10 millones reportados como ayuda internacional para El Salvador por el Departamento de Asuntos Latinoamericanos y del Caribe del ministerio de Relaciones Exteriores de Taiwán. Pero eso no se sabe. Taiwán nunca reveló quién exactamente recibió el dinero de esos proyectos de cooperación.
El informe de Taiwán detallaba nueve desembolsos por un monto de 24 millones 600 mil dólares entre los años 2000 y 2003. De los nueve desembolsos solo cuatro fueron ejecutados para los fines que el cooperante entregó el dinero, según la hipótesis de la Fiscalía. Y cinco desembolsos, entre septiembre de 2002 y diciembre de 2003, por un total de 15 millones de dólares, no fueron reportados por el expresidente Flores, quien recibía los fondos a su nombre y en su calidad de presidente de la República.
Según la Fiscalía, 10 de esos 15 millones corresponden a los cheques que depositó en Costa Rica y que luego fueron transferidos a El Salvador para financiar la campaña presidencial de Arena en 2004. Pero hasta ahora no hay ningún documento que demuestre que esos cheques eran para financiar los proyectos consignados en el informe del Departamento de Asuntos Latinoamericanos y Caribeños del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de China Taiwán. Hace un año, los querellantes no descartaban la idea de que el objetivo de esos cuatro cheques hubiera sido, desde un inicio, financiar la campaña de Arena, tal como lo aseguró a El Faro Hugo Barrera, exvicepresidente de organización del partido y que en los años 2003 y 2004 tenía cargos directivos tanto en el partido como en el CEP.
De los otros cinco millones que detallaba el informe Taiwán se desconoce su paradero. Los fiscales “presumen” que esos cinco millones perdidos ingresaron al patrimonio de Flores y por eso lo acusan de enriquecimiento ilícito. Sin que quedara muy claro cómo pretendían relacionar esos 5 millones de dólares con las cuentas del expresidente, en la audiencia de la semana pasada, la Fiscalía mencionó que habían analizado contablemente los ingresos reportados por el expresidente a Hacienda y que habían encontrado que entre 2009 y 2012, Flores había obtenido ingresos por 1.9 millones de dólares, tal como lo reportó El Faro hace una semana. La querella logró, por su parte, que se autorizara un peritaje financiero sobre las cuentas, acciones y declaraciones patrimoniales del exmandatario pero el estudio no arrojó ningún tipo de conclusiones. “El perito dijo que no contó con apoyo de la Fiscalía, ni de los bancos”, explicó Bertha Deleón.
Los acusadores particulares de Fespad e ISD ahora sostienen que hay una vía mediante la cual el juez podría ratificar que Flores sí fue quien recibió los cheques que iban destinados a obras sociales, y por tanto, que se podría probar el delito de peculado. “Hay coincidencia en los montos desembolsados entre el informe de Taiwán y los cheques en el expediente, también en las fechas en las que se desembolsaron los mismos, y por el peritaje bancario vemos que la ruta llega hasta el partido Arena, además de que hay viajes oficiales del expresidente Flores, el 13 y 15 de agosto de 2003, en fechas cercanas a la liberación de los cheques a su nombre”, explica la querellante María Teresa Neves.
Para la querella, existe una posibilidad de que Flores no haya utilizado ni manipulado los cheques, pero aun en ese caso, el expresidente tuvo que haber reportado su extravío o que no los utilizó pues los cheques fueron endosados, siguieron su curso y llegaron a las arcas de Arena para financiar la campaña de Antonio Saca. “Por eso para el lavado de dinero, el delito de peculado fue el medio necesario para lograrlo”, explica Neves.
La visita del fiscal para “defender” a la Fiscalía
En las audiencias, el lenguaje utilizado nunca es coloquial. Las exposiciones de las partes siempre van cargadas de citas de artículos de leyes, figuras legales, principios doctrinarios, jurisprudencia... pero a pesar de todo el espesor, en la tarde del jueves 5, la guerra declarada entre la querella y la Fiscalía era evidente. Los querellantes de Fespad e ISD señalaron una y otra vez los errores de la investigación de la Fiscalía y llegaron al grado de pedirle al juez, como también lo habían hecho en marzo a través de un escrito, una certificación de que el fiscal general había incumplido sus deberes constitucionales y que en la investigación del caso Flores-Taiwán había caído en graves omisiones para enviarlo a la Asamblea Legislativa. “Ante la precaria actuación de la Fiscalía en este caso, fue la querella la que solicitó elementos probatorios fácticos y fundamentales para establecer los delitos que se le sindican a Francisco Flores. La Fiscalía nunca solicitó que se realizara el peritaje bancario, tampoco solicitó el peritaje financiero... ¿cómo pretendía la Fiscalía acreditar el delito de enriquecimiento ilícito para determinar si hubo o no hubo acrecentamiento patrimonial injustificado? No pueden alegar ignorancia, son fiscales de una unidad especial”, dijo Bertha Deleón, la querellante de Fespad.
La idea de pedir la certificación, según explicó René Landaverde, el acusador nombrado por ISD, es que la certificación llegara a manos de la Asamblea en un evidente guiño para buscar su destitución. Pero al fiscal general, Luis Martínez, le falta apenas un mes de trabajo (termina el 4 de diciembre) y por ahora parece intocable. Los partidos políticos últimamente se han guardado las críticas que le han hecho por su trabajo en estos casi tres años y parece que lo prefieren tratar con un guante de seda.
Los dardos hacia la Fiscalía no pararon ahí. En su turno de réplica, en la mañana del viernes 6, Bertha Deleón, la querellante, recordó puntualmente que la Fiscalía no solo había dejado de investigar si no también había ocultado información. Se refería al Reporte de Operación Sospechosa (ROS) y al informe de inteligencia financiera surgido a partir del mismo. “La Fiscalía no ha justificado el por qué está ocultándola”, dijo Deleón. Luego agregó: “¿Qué sentido tiene que la unidad de investigación financiera recabe información y bancaria nacional e internacional si no se puede acceder a ella?”, y luego recordó la colaboración interinstitucional de la que habla la Ley Contra el Lavado de Dinero. “Los ROS no se emiten por gusto, tienen una finalidad, según el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFIC) del cual es presidente el señor fiscal general”, señaló.
El famoso ROS fue elaborado por el International Bank of Miami en algún momento entre 2003 y 2004 debido a que detectó el movimiento de 10 millones de dólares y que tenían como receptor a Francisco Flores. La Fiscalía recibió ese ROS como parte de una investigación por el caso CEL – Enel, a mediados de 2013. En enero de 2014, el fiscal general Luis Martínez dijo que desde que recibieron el ROS, como parte de una investigación “por corrupción política”, habían abierto indagaciones, pero 10 meses después se contradijo cuando anunció que en realidad ellos no habían recibido ningún ROS sino solo informes de inteligencia basados en ese ROS. A partir de ahí, la Fiscalía amenazó con procesar penalmente a las personas que solicitaran información del ROS o que la hicieran pública, tal como amenazó al Diario La Página en mayo de 2015. La querella también fue amenazada por la FGR en ese sentido.
Cuestionados por los periodistas sobre estas supuestas obstaculizaciones, los fiscales se limitaban a responder cada vez -a toda prisa, mientras buscaban su salida hacia los ascensores- que se trataba de diferencias de criterio con la querella. Y en la audiencia, en la mañana del viernes 6 de noviembre, intentaron aclarar que no habían obstaculizado nada. “Nosotros hemos hecho una investigación y todo los hechos de prueba obtenidos lo hemos remitido al tribunal. No es cierto que no lo hemos hecho. A nuestro juicio solo se configuran los delitos de peculado, desobiediencia y enriquecimiento por lo que pedimos que declare sin lugar esa petición (de certificar las omisiones y enviarlas a la Asamblea Legislativa)”, dijo el fiscal Zamora.
Y más adelante, el fiscal incluso dijo que se sentían atacados: “Hay sectores que nos atacan, se nos ha atacado por todos lados, hemos sido objetivos y hemos tratado de avanzar sin perder la brújula. Ciertos sectores han cuestionado nuestras posiciones cuando nosotros hemos hecho la investigación pertinente (…) sin perder de vista que nos debemos a la Constitución, que nos debemos al mandato de acusar a una persona con lineamientos de prueba... no con lo que sale publicados en diarios, tenemos que hacerlo con pruebas... no es lo mismo hablar que hacer”.
Cuando parecía que la audiencia iba a terminar, y la Fiscalía iba a quedar como la mala de la película, un inesperado visitante congeló la audiencia y se ordenó un receso: el fiscal general Luis Martínez, quien evidentemente había estado atento al desarrollo de la audiencia a través de los medios de prensa, irrumpió en la sala y se sentó en los asientos del público del salón 5-B. “Señores periodistas”, dijo el juez, interrumpiendo la última disertación del abogado de Flores... “Señores periodistas, por favor, no hagan desorden... señores periodistas, si quieren entrevistar a esa persona que acaban de entrar, pídanle que salga junto a ustedes, no me interrrumpan la audiencia”.
Luis Martínez llegó al mediodía del viernes. Llegó acompañado del fiscal adjunto y su asesor de imagen, aunque él irrumpió solo en la sala con aire acondicionado, con lentes oscuros, una chaqueta y con las manos en los bolsillos. Los periodistas se acercaban para pedirle un espacio para entrevistarlo, pero él, con señas, indicaba que no, que estaba poniendo atención a lo que las partes en el proceso estaban diciendo. Pasados 20 minutos, el juez volvió a interrumpir la disertación de Morales Joya, el defensor de Flores. “Veo a los periodistas muy inquietos, voy a declarar un receso para que puedan entrevistar al señor fiscal general”, dijo García Argüello, esta vez, identificando a quien 20 minutos antes solo había descrito como una “persona”.
El fiscal no atendió a los periodistas de inmediato. Se levantó, y caminó en dirección a donde estaba sentado su equipo de fiscales. Los saludó y se reunió con ellos unos minutos hasta que el jefe de prensa de los tribunales anunció que el fiscal general iba a permitir preguntas de los periodistas, quienes se apretujaban para acercarse y tener la mejor imagen, el mejor sonido. “Los querellantes solo se han dedicado a librar una campaña de desprestigio contra el fiscal general, y como tanto se estaban refiriendo a mi persona, por eso vine”, dijo Martínez sobre la razón de su visita.
—Ellos dicen que no cuentan con las pruebas necesarias para imputar a Francisco Flores -preguntó alguien.
—Ellos debieron trabajar con nosotros como acusadores, aportando también pruebas -respondió Martínez.
—Ellos dicen que ustedes han ocultado información.
—No, mienten.
—¿No importaría si el juez decide certificar que hubo omisiones de la Fiscalía en la investigación?
—No, para nada, por eso estoy aquí presente.
—La querella dice que no pudieron coordinar el trabajo con la Fiscalía.
—Otra mentira más de ellos, nunca trabajaron ellos con nosotros, solo se dedicaron a criticar a la Fiscalía y al fiscal general. Hoy vean la telenovela perversa que ellos construyeron porque ellos solo se dedicaron a criticar, a destruir, a perjudicar el trabajo que se estaba haciendo. Nosotros nos mantuvimos siempre firmes en el proceso y hemos cumplido nuestro trabajo...
El fiscal hizo el amago de terminar sus declaraciones, dijo “gracias”, y abandonó el pelotón de periodistas que lo acechaban, pero luego alcanzó a ser increpado por otros periodistas. El Faro le preguntó si todavía tenía negocios con la familia Flores, la familia del expresidente que está siendo procesado. En 2007, Luis Antonio Martínez González fue nombrado director suplente de una empresa de telas llamada Dubrandt, en la que la esposa de Flores, Lourdes Rodríguez de Flores, también era directiva. La familia del expresidente también contrató a Martínez para finiquitar, como notario, deudas sobre unas propiedades.
—Nunca, nunca he tenido negocios... -respondió.
—En la empresa Dubrandt usted fue nombrado director suplente
—Sí... pero nunca he tenido negocios así que dejá de estar...
—Usted también fue contratado por la familia...
En ese momento, el Fiscal abandonó el salón 5-B y aún perseguido por periodistas entró en uno de los tres elevadores que lo conducirían a la salida. Al entrar, aún con las gafas oscuras puestas, y antes de que las dos hojas del ascensor se cerraran, el fiscal general se arregla el cuello de su camisa mientras esboza una sonrisa.
