Consuelo Hernández de Ramírez, la principal testigo de la masacre que la Policía Nacional Civil (PNC) perpetró en marzo en San José Villanueva, ha huido de su vivienda en el cantón El Matazano 2, luego de haber recibido una amenaza de muerte explícita en su teléfono celular. Consuelo, de 49 años de edad, desalojó su champa este domingo 15 de noviembre, y huyó junto a su familia: su esposo Fidencio y tres hijos menores de edad, testigos todos de la matanza.
“Te vamos a matar”, dice que le dijeron.
Consuelo y su familia son fuentes en ‘La PNC masacró en la finca San Blas’, la investigación de El Faro que –junto a otros testimonios de cuatro sobrevivientes, las autopsias oficiales, informes policiales y fiscales, voces de forenses y otros expertos– destapó que la versión oficial que Gobierno y Fiscalía difundieron sobre lo ocurrido aquella noche es falsa.
La madrugada del 26 de marzo de 2015, el Grupo de Reacción Policial (GRP) realizó un operativo en la finca cafetera San Blas. La acción se saldó con ocho muertos, dos de ellos menores de edad –siete hombres, una mujer–, ninguno del lado policial. La investigación de El Faro demostró que varios de los fallecidos no tenían armas de fuego, que hubo manipulación de la escena y que los policías ejecutaron con tiros en la cabeza a personas que ya se habían rendido.
Dennis Martínez, el hijo de Consuelo, tenía 20 años y ni siquiera era pandillero. Era el escribiente de la finca, y servidor de la sede local del Tabernáculo Bíblico Bautista. Desde un mes antes de la matanza, pandilleros de la Mara Salvatrucha se habían empezado a instalar en la finca. Dos de ellos dormían ahí, y otros los visitaban, como ocurrió la noche de la matanza. Su presencia era un problema para Consuelo y su familia.
Cuando ocurrió la masacre, Consuelo, sus tres hijos pequeños y su esposo estaban en la finca, a solo unos metros de Dennis. Ella, retenida por un grupo de agentes, escuchó con claridad cuando él suplicó que le permitieran dar explicaciones. Después, escuchó un par de detonaciones. Antes de eso también oyó las suplicas de la única muchacha asesinada: Sonia Guerrero, de 16 años, que murió de un disparo en la boca. Consuelo la escuchó suplicar y escuchó cómo una voz policial le ordenó que se hincara.
La mujer se atrevió a relatar a este periódico lo sucedido y aceptó que se publicara bajo su nombre. El riesgo en el que esto la ponía se le informó a altos mandos de la PNC, la Fiscalía y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Solo esta última institución hizo un amago de protegerla. La citaron una vez en agosto y la entrevistaron en sus instalaciones en San Salvador, pero no han vuelto a contactarla y no han hecho pública resolución alguna sobre su caso.
La familia, que vive en condiciones de extrema pobreza, abandonó la champa tras haber recibido, el 6 de noviembre, una llamada de 39 segundos en un teléfono cuya línea está registrada a nombre de Consuelo. Ella, una mujer profundamente evangélica, no quiso repetir los insultos y las ofensas que rodearon la amenaza.
“Primero se escuchó como que hablaban entre ellos, y luego dijeron todo eso que no voy a repetir, pero yo siento que si alguien te dice ‘Te vamos a matar’, es algo serio”, dijo el viernes 13 de noviembre a periodistas de El Faro.
Otras amenazas previas
El teléfono celular de Dennis, un smartphone nuevo que había adquirido unas semanas atrás, desapareció durante el operativo. En los días posteriores, recibieron llamadas intimidatorias desde ese número. Además, 22 días después de la masacre, Jesús Hernández –hermano de Consuelo y mandador de la finca San Blas– fue asesinado por desconocidos que lo secuestraron cuando se dirigía a pie desde El Matazano 2 hacia su trabajo.
Jesús Hernández fue la última persona con la que habló Dennis por teléfono, apenas unos segundos antes de su asesinato. Como mandador estuvo presente en el levantamiento de la escena el 27 de marzo por parte de fiscales y policías, y en un momento de tensión les llegó a gritar que a su sobrino lo habían asesinado.
La familia está convencida de que los responsables de la brutal muerte de Jesús Hernández son estructuras paraestatales que están tratando de evitar que se sepa lo que realmente ocurrió la madrugada del 26 de marzo en la finca San Blas.
Tras la amenaza de muerte recibida, se le preguntó a Consuelo a quién le temía. Tras insistirle, contestó: “Yo ya no confío en los policías”. ¿Y no creen que puedan haber sido los pandilleros?, se le repreguntó. “Los muchachos que rodean aquí, no; yo a esos no les tengo temor”.
Dos días después de pronunciar esas palabras, y tras superar varias dificultades para reunir los 100 dólares que una camioneta les cobró por llevar todas sus pertenencias a un lugar del interior del país, huyeron del cantón en el que asesinaron a Dennis y a Jesús.
“Ahora un problema que tenemos es que para ir a la iglesia tenemos que tomar un bus, porque está bien lejos”, dijo Consuelo la noche del domingo por teléfono desde su nueva vivienda.
