“Cuando estás cerca de un rinoceronte siempre hay una oportunidad de que embista,
ya sea por estupidez, miedo o ira. El problema es que uno nunca sabe si va a embestir o no”.
Teodoro Roosevelt.
Una señal de tránsito romboide, en amarillo y negro, advierte de un cruce de rinocerontes en la 81a. Avenida Norte de San Salvador, junto al despacho rotulado con el número 1 del Edificio Capelli. Esta era la oficina de Luis Martínez antes de que, en diciembre de 2012, fuera elegido fiscal general y se convirtiera en uno de los personajes más mediáticos y confrontativos de la política nacional. Aquí gestó su carrera profesional. Aquí hizo el rinoceronte su animal símbolo.
En el número 1 de la segunda planta del Edificio Capelli hay 38 de ellos. 38 rinocerontes. Unos son de cerámica, otros de madera, otros de plástico, otros de peluche… incluso hay uno, pequeño, que es alcancía. Además, hay tres fotos de rinocerontes, una de ellas enmarcada. “Sería magnífico si lograras conseguir un cartel de un rinoceronte a la carga. Enmárcalo y colócalo en la sala. Busca figuras de rinocerontes labradas en madera”, aconseja un pequeño libro del subgénero de autoayuda del que el fiscal general ha hecho su guía. “La idea es la de recordarte permanentemente que eres un poderoso y fuerte rinoceronte a la carga”, agrega esta obra publicada en 1980 por Alexander Scott.
En 1991, once años después de que el libro viera la luz, el entonces joven abogado Martínez adoptó el libro “El Rinoceronte” como una especie de manual personal, y llevó consigo sus enseñanzas cuando aterrizó en la Fiscalía una década después. No solo inundó su nuevo despacho oficial con nuevas e innumerables figuras y retratos de rinos —”Me dan un mensaje de fortaleza, de integridad y de valores”, ha dicho en público—, sino que ha predicado el evangelio de Scott entre sus subalternos. “A través de ese libro hemos ido mandándole mensajes positivos incluso a los fiscales para el mejor desarrollo de su trabajo”, dijo a finales de 2014 en una entrevista al canal 33 de televisión. “Todo está contenido en esa filosofía de los rinocerontes... después lo vamos a hacer mascota de la Fiscalía”, agregó.
“¡Eres un rinoceronte! ¡No hay nada que no puedas acometer!”, susurra Alexander Scott desde las páginas de su librito al oído del fiscal.
Ha pasado un año desde aquellas declaraciones televisivas, su cargo expira el próximo 3 de diciembre, y Martínez no ha cumplido la promesa televisiva, pero sí ha hecho honor al espíritu audaz que promueve el libro, que desprecia a los seres débiles y pasivos, a los que denomina “vacas”. En 2012, en su solicitud de elección ante la Asamblea Legislativa, el Fiscal se describió como “solucionador de deudas”. Tres meses después de ser nombrado salió de un embargo que arrastraba desde hacía más de un año y de una deuda por más de 150 mil dólares que lo atribulaba desde hacía más de siete. Actualmente, en la cochera de su residencia, cual mascotas que esperan a su amo, destacan dos hermosos Mercedes Benz: un espigado deportivo de dos puertas, blanco, y un todoterreno negro.
En estos tres años el responsable de la defensa de los intereses de la sociedad ha presumido a menudo de liderar una “Fiscalía reforzada”. El Salvador, pese a ello, cerrará 2015 convertido en el país más violento del mundo, después de la caída de homicidios de 2012 y 2013, producto del diálogo entre el gobierno de Mauricio Funes y las pandillas. Martínez bautizó aquella negociación como 'tregua hipócrita' y ha amagado varias veces con embestir contra el gestor de la estrategia, el general David Munguía Payés, que hoy es ministro de Defensa. 'A él solo le puedo decir que es el ministro más mentiroso y falso que he conocido y lo vamos a desenmascarar esta semana', resopló el fiscal el 1 de junio de 2014, tras la toma de posesión del presidente Salvador Sánchez Cerén. 17 meses más tarde, no ha tomado acción legal alguna contra él ni contra ninguno de los gestores o ejecutores de aquel diálogo. La tregua, la embistió con palabras.
En sus tres años como Fiscal, Luis Martínez ha dado declaraciones esporádicas a El Faro pero nunca aceptó una entrevista formal para analizar su gestión. En los últimos dos meses, mientras se preparaba este perfil, declinó varias peticiones de entrevista hechas por medio de su jefe de prensa, en mensajes directos que este periódico le envió a su cuenta de Twitter —Martínez responde a menudo por esa vía a periodistas— e incluso en una carta que un reportero entregó personalmente a uno de los dos guardaespaldas apostados frente su casa, en la tarde del 19 de noviembre. En este mismo periodo, concedió una entrevista al diario digital La Página, que en una entrevista de tono amable le preguntó: “¿Cómo hace un fiscal para sobrellevar las amenazas y calificaciones negativas?”.
¿Quién es este funcionario de 51 años que busca la reelección, que se siente un rinoceronte, que ha empujado casos de extraordinario eco público pero escaso resultado jurídico como el CEL-ENEL o el caso Flores aún en curso, que criticó una tregua que redujo los homicidios y cerrará su mandato con un aumento de muertes, que inauguró el uso legal de escuchas telefónicas en El Salvador y utilizó -contra la ley- conversaciones personales de un sacerdote para forzar su confesión, que clama a menudo ante los medios por lo que considera “culeradas” de otros funcionarios, y que tiene predilección por las notas de un café que se llama Amor Perfecto?
Los importantes amigos del Fiscal
Hijo de Ana Luisa y Joaquín Antonio Martínez, Luis nació el 16 de mayo de 1964. Estudió entre 1971 y 1979 en el Colegio Marista San Alfonso e hizo su bachillerato en el Liceo Salvadoreño, de donde se graduó el 30 de noviembre de 1982. Su título de bachiller adorna una estantería en una esquina de esa jaula de rinocerontes abandonada en la que ya solo permanece uno de sus socios de bufette, el abogado Arturo Ramiro Méndez Azahar.
Méndez Azahar, que fue ministro de Justicia a inicios de los años 80, bajo el gobierno de Magaña, se ha quedado con la oficina que compartía con Martínez y otro funcionario: Óscar López Jerez, recientemente nombrado magistrado de la Corte Suprema de Justicia. López Jerez asesoró a la Fuerza Armada durante la última etapa de la guerra civil y ha asesorado al Partido Demócrata Cristiano (PDC).
El fiscal subió a Twitter, el 26 de junio de este año, dos fotos tomadas en El Vaticano, en las que saluda al papa Francisco. En ellas aparece una tercera persona, de traje negro y camisa blanca: Juan Torres Polanco, expresidente de la Federación Salvadoreña de Fútbol (Fedefut), procesado y dos veces absuelto después de que la Corte de Cuentas expusiera un desfalco por 36 millones de colones (unos 4.1 millones de dólares) durante su gestión al frente del fútbol nacional.
“Luis le dice tío a Sergio Torres”, el padre de Juan, dice Méndez Azahar. Al exministro le da risa recordar una madrugada del año 2002 en la que él y Martínez, rodeados de unas 200 cajas de expedientes judiciales, le dieron parranda a López Jerez cuando les demostró que nunca en su vida había usado una cafetera: vertió café molido en el compartimento donde se pone el agua. Para entonces los tres trabajaban en la defensa de Juan Torres. Aquel caso fue una primera gran victoria de Luis Martínez como litigante: la jueza Décimo Primera de Paz absolvió a Torres. Diez años después, Martínez nombró a esa jueza, Paula Patricia Velásquez, como su fiscal adjunta. Y ella solo dejó ese cargo cuando la Asamblea la eligió magistrada de la Corte Suprema en septiembre pasado. El Fiscal tiene amigos en la Corte.
En el que fue despacho de Martínez, Méndez Azahar cuenta otra anécdota, de hace 33 años. Detrás de él, las otras pertenencias que el fiscal dejó atrás: una foto autografiada con el efemelenista Sigfrido Reyes, presidente de la Asamblea que le tomó juramento como Fiscal, otra con el expresidente guatemalteco Álvaro Colom, un retrato de Ronald Reagan, dos discos de Luis Miguel, otros dos de música clásica, uno más de Phil Collins, otro de Antonio Carlos Jobim. Dos estampas de Jesús. Una cruz de madera. Un frasquito de agua bendita. Dos fotos familiares. En una, el fiscal, su esposa y sus tres hijos posan con un delfín. En la otra, los cinco sonríen, vestidos de traje, en fondo boscoso. Decenas de libros de derecho. Mesita de café. Cenicero de cristal para apagar los Marlboro rojo que acostumbra fumar.
Méndez Azahar se ufana de haber participado en la escritura de los artículos que regulan la Fiscalía General de la República en la actual Constitución, firmada en 1983. “Dejamos atribuciones en las que, al tener el respaldo del poder democrático, uy, el Fiscal pudiera hacer mucho. Y Luis ha hecho mucho”, afirma. Méndez Azahar también quiso ser fiscal, y ahora ve a Martínez con el orgullo de un padre que mira a su hijo llegar adonde él no pudo.
Durante su estancia en la Fiscalía, Martínez ha empujado tanto como ha podido los límites de su blindaje, con el beneplácito —o al menos la indiferencia— de los diputados. A él le ha tocado, como Fiscal General, estrenar un recurso de investigación que era ilegal hasta antes de su administración: escuchar y grabar telecomunicaciones. Esta herramienta ya ha sido usada para lograr algunas condenas por distintos delitos. Quizá el caso más destacado es el que se sigue contra una amplia estructura de extorsión del Barrio 18 Revolucionarios, uno de los principales grupos pandilleros del país.
Por otro lado, este poder también ha colocado bajo sospecha al Fiscal. Martínez ha usado las escuchas, al menos una vez, más allá del ámbito que establece la Constitución: en 2014 utilizó conversaciones íntimas del sacerdote español Antonio Rodríguez , vinculado a la tregua, para forzar su confesión en un caso de ingreso de objetos ilícitos a cárceles. En su propio despacho, el Fiscal hizo que el arzobispo de San Salvador, monseñor José Luis Escobar Alas; el representante del Vaticano en El Salvador, el nuncio apostólico monseñor León Kalenga Badkibele; representantes de la congregación de sacerdotes pasionistas, a la que pertenece Rodríguez; el embajador de España en El Salvador, Francisco Ravena; y el entonces cónsul de ese país, Fernando Villena, escucharan grabaciones del sacerdote que revelaban asuntos de su vida personal, alejados de la investigación por la que la Fiscalía obtuvo autorización para intervenir sus comunicaciones. Era una forma de demostrar su poder. Una forma de presionar, a través de su entorno, a Rodríguez, conocido como el padre Toño.
La Constitución establece claramente que el uso ilegal de comunicaciones personales captadas por medio de escuchas telefónicas legales es causa de destitución. Rolando Monroy Síntigo, exjefe de la Unidad de Investigación Financiera de la Fiscalía, agrega que la ley secundaria ordena prisión para quienes incurran en esa práctica. “De hecho, la abogada que defendió al padre Antonio puede todavía pedir la nulidad de esas actuaciones porque el padre Antonio no aceptó el procedimiento abreviado. Ahí hubo un vicio del consentimiento. Eso es gravísimo. Cuando yo lo leí en su periódico dije: ¡Dios santo, en este país no sucede nada!”, dijo Monroy en una entrevista.
No sucedió nada. Nadie inició acción alguna contra Martínez. Ninguna institución del Estado le pidió explicaciones públicas sobre el caso. Él, que otras veces busca los micrófonos, se acorazó en el silencio.
Méndez Azahar asegura que Luis Martínez ha hecho mucho. Su trayectoria hacia la Fiscalía es de hecho un relato de puestos públicos y cercanía con el poder político. En su currículum, presentado ante la Asamblea Legislativa, expuso que estudió entre 1983 y 1989 en la Universidad Salvadoreña Alberto Masferrer y se graduó allí el 5 de diciembre de 1990. Para ello redactó una monografía de 72 páginas que había entregado un mes antes, titulada “Nociones elementales sobre los títulos valores”. La tesis cumplía literalmente con su título. “Este trabajo es un esfuerzo de síntesis doctrinal y legal respecto a las normas generales y que en ningún momento privará al lector de la aventura de pensar”, escribió un joven Martínez, que se estrenó como abogado a los 26 años y en esa etapa de su vida pensaba más en el derecho mercantil que en impulsar reformas penales o perseguir el crimen. El Salvador se encaminaba al fin de la guerra civil, a una paz y una esperanza de reconstruir un país para que fuera identificable por algo más que el conflicto. Los epítetos de dementes, destructores y terroristas que hoy día adjudica el fiscal a los pandilleros —“Mensaje a tregüeros hipócritas: La Paz Social no puede someterse al capricho de dementes asesinos terroristas”, tuiteó @luism_abogado el 28 de abril de 2014— se usaban en esa época contra los guerrilleros que hoy gobiernan El Salvador.
Martínez pasó en los años posteriores por un ramillete de instituciones de gobierno, según describe su hoja de vida. El Banco Hipotecario. El Fondo de Saneamiento y Fortalecimiento Financiero (FOSAFFI). El Ministerio del Interior. La Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA). El Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos (INPEP). El Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria (ISTA). El Ministerio de Agricultura y Ganadería. La Comisión Presidencial del gobierno de Antonio Saca para el Desarrollo del Golfo de Fonseca. Fue abogado personal de Francisco Flores y trabajó con todos los gobiernos de Arena hasta que, en 2009, el partido de derecha perdió la elección presidencial ante el FMLN.
Después, se abre un vacío en el currículum del fiscal. Entre 2009 y 2012 no reseña más que actividades gremiales y su papel de síndico de la Asociación Liceo Francés. El fiscal no detalla haber tenido un vínculo laboral estable con ninguna institución o empresa durante tres años. Tal vez eso explique su bache económico: en 2011 le embargaron una propiedad en la residencial de Nuevo Cuscatlán en la que vive. Pasó un año sin solventar ese embargo. Pero en diciembre de 2012 fue nombrado Fiscal General y antes del tercer mes en el cargo logró cancelar la hipoteca que le encadenaba.
La historia que cuenta el Registro Público de la Propiedad del departamento de La Libertad es esta: el 28 de febrero de 2005 el Banco Salvadoreño concedió a Martínez un préstamo por 174,282.50 dólares. Él se comprometió a pagarlo en 25 años y puso como garantía un inmueble con matrícula M 30024514, el Lote 6 del Polígono B en la Residencial Joya de las Piletas, Nuevo Cuscatlán. En estos días, en avisos clasificados, una casa en esa colonia se ofrece en venta por 300 mil doláres.
Entre la entrega del préstamo en 2005 y 2011, cuando se embargó el inmueble, el Registro muestra que solo hubo un recorte de 14,640.84 dólares en el saldo pendiente de la deuda. Faltaban cinco días para la Navidad de 2011 cuando Martínez recibió la noticia de que el Juzgado Primero de lo Civil y Mercantil de San Salvador ordenaba el embargo por una deuda de capital de 159,641.66 dólares.
Cuando Martínez se convirtió en Fiscal a finales de 2012 dijo a la sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia que no tenía ninguna deuda , aunque ese inmueble seguía embargado. Dejó en cero la casilla de deudas en la sección de Balance Patrimonial de su declaración de patrimonio, pero en en la casilla 'amortización de deudas', del cuadro de Ingresos y Egresos, dijo que erogaba 16,800 dólares cada año.
Era en todo caso un avance: en 2004, cuando asumió como director del ISTA, Luis Martínez no presentó su declaración de patrimonio, según los registros de Probidad. Aunque el numeral 16 del artículo 3 de la Ley sobre el Enriquecimiento Ilícito le obligaba a ello.
En su declaración de inicio de mandato como Fiscal, Martínez aseguró que el patrimonio de su grupo familiar superaba el medio millón de dólares: 587,290.87. Ese patrimonio también incluye lo que reporta su esposa, Carla García. De ese medio millón la mayoría (405,540.87 dólares) corresponde a propiedades. En julio de 2002 tanto Martínez como Carla García inscribieron los lotes 1 y 2 del Polígono C en la residencial El Cortijo, ubicada en la carretera al Puerto de La Libertad. El de García es de 2,587 metros cuadrados. El de Martínez, de 3,411 metros cuadrados.
Cuando la esposa de Luis Martínez compró su lote, firmó una hipoteca por 36,767 dólares pagadera en 15 años, que canceló en menos de once, el 2 de mayo de 2013. Su esposo ya era Fiscal. La historia del lote de Martínez tiene más recovecos. Inscribió una hipoteca por 30,401.83 dólares que canceló menos de dos años después, según un escrito firmado ante los oficios de su socio, el notario Méndez Azahar. El Registro de la Propiedad da cuenta de un traspaso denegado de ese inmueble en el año 2010. Esa operación se canceló porque no se corrigieron observaciones realizadas a un instrumento que hizo el abogado —ahora magistrado de la CSJ— López Jerez. El destinatario de esa venta era otro viejo conocido de Martínez: Aldo Mauricio Parducci López, hijo del que fuera secretario privado de la presidencia de Francisco Flores. El año pasado, Parducci padre apoyó públicamente al expresidente Antonio Saca en su intento por volver a la presidencia de la República. Martínez admitió en 2013 que había trabajado con Parducci, después de que el expresidente Mauricio Funes ventilara esa relación en plena campaña de presión pública sobre el Fiscal para que procesara al expresidente Flores.
La historia del inmueble embargado a Martínez termina solo tres meses después de que empezara a ganar 4,000 al mes —el sueldo de ley— como Fiscal General. El 25 de febrero de 2013 Martínez canceló el embargo del inmueble de Las Piletas. En menos de tres meses se deshizo de una deuda de ocho años de antigüedad, que representaba el triple de lo que ganaba en todo un año según su declaración de Probidad. Para la anécdota queda un detalle: en el currículum que Luis Martínez presentó a la Asamblea en 2012, en pleno proceso hacia su elección, se presentó a sí mismo como “solucionador de deudas y experto en salvataje financiero”.
Los dos Luis Martínez que mira el FMLN
Luis Martínez quería ser fiscal general desde 2006, según su socio Méndez Azahar. Ya en 2009 fue parte del grupo de diez finalistas que una subcomisión especial de diputados seleccionó, aunque finalmente el elegido fue Romeo Barahona.
Para que tres años después la historia no se repitiera, Martínez se asoció con dos personas que han hecho carrera como jueces: Ramón Iván García y Saúl Morales. García contó a El Faro que Martínez les propuso a él y a Morales que se postularan conjuntamente para las elecciones en que los abogados escogen a 15 candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Los tres abogados nunca firmaron nada entre ellos, dice García. Fue un pacto de caballeros que incluía recibir el apoyo de la Asociación de Abogados de Nueva San Salvador y asumir compromisos solo con otras asociaciones que quisieran apoyarlos a los tres juntos, no a alguno de ellos individualmente. Morales y García clasificaron entre los primeros diez lugares y Martínez quedó 21. Aparentemente, una mala noticia para Martínez. Pero García calcula que fue una jugada estratégica en la que el hoy Fiscal buscaba lo que antes le faltó: reconocimiento. “Creo que su idea era proyectarse y agarrar impulso. Él era desconocido en el gremio de jueces, que es el que vota”, dice García, quien recuerda aquella como una campaña austera. En noviembre de 2012, Martínez les preguntó:
—¿Y si yo llegara a la Fiscalía se irían conmigo?
—Sí —le dije. Pero fue un sí de “este está loco. No va a quedar”.
García se equivocaba. A inicios de diciembre de 2012 Martínez ya sabía que sería Fiscal General. Y tanto Morales como García le acompañaron de asesores. Morales presidió la comisión especial que investigó el caso CEL-Enel. García, juez y magistrado suplente, llegó a estrechar su relación con el fiscal. Es él quien revela uno de los escasos datos —personal, una simple curiosidad— que Martínez aceptó confirmar a El Faro para este perfil: su gusto por el café colombiano Amor Perfecto. Amor Perfecto se presenta en su página en internet como la primera empresa colombiana en participar en el certamen Barista Internacional y dice ser “el café de los amantes”. “Ese café lo conocí en Colombia en un viaje para conocer experiencia sobre extinción de dominio y otras reuniones con el fiscal Montealegre”, respondió el fiscal en un mensaje directo de Twitter el 21 de octubre.
Después de su alianza con Morales y García, que le sirvió como catapulta y como argumento de defensa ante quienes le acusan de no ser penalista —cierto, no lo es—, Martínez encontró otro aliado en quien apoyarse: Enrique Rais, el hombre en cuyos aviones viaja. El Faro ha documentado 14 vuelos de Luis Martínez en aviones cuya propiedad está vinculada con Rais, un empresario que ha visto cómo los casos en su contra en la Fiscalía se desvanecen mientras prosperan aquellos casos en los que él es el denunciante. El Fiscal se ha negado a aclarar la naturaleza de aquellos viajes, de los 14, que no son oficiales, ni quién pagó por ellos, y cuando se le ha cuestionado sobre el conflicto de intereses que entraña su relación con Rais se ha limitado a responder que es un asunto “banal”, al que no vale la pena referirse. Acaso las relaciones con García, Morales y Rais le recuerden a alguien uno de los mandamientos de El Rinoceronte: “Aprende a usar la experiencia de otros animales. Luego aprenderás a usar el dinero de otros animales”.
Dos de las personas que podrían arrojar luces sobre cómo Enrique Rais y Luis Martínez se conocieron están en prisión: Mario Calderón, exsocio de Rais, y su esposa, Claudia María Herrera de Calderón. Herrera lloró cuando El Faro le preguntó por el fiscal Martínez el pasado 23 de septiembre. “¿Qué te puedo decir? Si yo ni lo conozco”, alcanzó a decir a las puertas del Juzgado Noveno de Paz de San Salvador. Herrera esperaba ese día el arranque de su audiencia inicial, acusada de lavado de dinero y activos. Es el tercer proceso judicial en el que la acusan, en año y medio. Mario Calderón, encarcelado en ese momento por otro proceso pendiente, también era imputado en este caso de lavado. El abogado de ambos, René Medrano, fue apresado el 6 de noviembre acusado de falsedad documental agravada y recuperó su libertad unos días después, tras la audiencia inicial.
Uno de los seis expedientes que tiene la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) abiertos sobre Martínez es por este caso. El procurador David Morales pidió al Fiscal que investigara “los actos de persecución y hostigamiento a la seguridad personal” de los Calderón. La exfiscal Bertha María Deleón, que hoy trabaja en la oenegé FESPAD y actúa como querellante del caso Flores, dice: “A Mario Calderón nadie lo quería defender. Nadie quiere ir en contra de él (Martínez) porque es loco”.
El mandato de Luis Martínez vence el 3 de diciembre pero quiere reelegirse. Y a pocos días de la votación los dos partidos clave para decidir ese nombramiento, Arena y el FMLN, lo siguen considerando para el cargo. Las razones para ello son difusas: de ambas bancadas se han oído críticas duras al desempeño de Martínez, especialmente por casos de trascendencia política como el CEL-ENEL, en el que funcionarios de gobiernos de Arena fueron acusados de peculado y sebreseídos después de dos años de litigio; y el caso Flores, en el que el expresidente Francisco Flores está acusado de peculado y enriquecimiento ilícito por recibir del gobierno de Taiwán cheques a su nombre por quince millones de dólares, que terminaron sirviendo en gran parte para financiar la campaña electoral de Arena en 2004 y hacer que Antonio Saca fuera presidente.
Quizás en el caso de Arena, a pesar de que ha denunciado un posible uso político de la Fiscalía y sus casos, sea más fácil entender su apertura a la reelección: el caso formulado por el Fiscal contra el expresidente Flores ha sido muy débil y Martínez no ha logrado condenas en ningún otro caso de posible corrupción que involucre a exfuncionarios de los gobiernos de derecha. Pero en el FMLN es más difícil de entenderlo.
Dirigentes del FMLN han cuestionado la independencia de Luis Martínez en el caso Flores por la antigua relación laboral entre ambos. Han dicho que lamentan que Martínez no presentara cargos por lavado de dinero contra Flores y le han acusado de tibieza en otros de los casos por corrupción contra exfuncionarios de Arena. “Luis Martínez ha salvado hasta hoy a Francisco Flores; Luis Martínez ha salvado a los de CEL-Enel, Luis Martínez no ha perseguido las 150 denuncias (de corrupción en gobiernos anteriores) que puso el expresidente Funes”, ha dicho la diputada efemelenista Norma Guevara, una de las voces de mayor peso del partido. Pero en contraste José Luis Merino, uno de los efemelenistas más poderosos porque es el principal responsable del partido en Alba Petróleos de El Salvador —centro del entramado de negocios millonarios Alba, forjado en los últimos años por los efemelenistas—, dijo a Diario El Mundo esto otro sobre el mismo funcionario, hace unas semanas: “Ha hecho el esfuerzo necesario, ha habido una notoria mejoría en la capacidad investigativa de la Fiscalía”.
¿Por qué estaría el FMLN dispuesto a ser parte de los 56 votos —dos tercios de la Asamblea Legislativa— que, como mínimo, se requieren para reelegir a Martínez? Ni Merino ni el secretario general del FMLN, Medardo González, han accedido a dar entrevista a El Faro, pero hay una manera rápida de conectar a Merino con el Fiscal, o viceversa. El puente se llama Enrique Rais.
Rais tiene o ha tenido una relación de negocios con parientes del dirigente del FMLN. Un documento de la Fiscalía registra que el 17 de marzo de 2014 el empresario canadiense Franco Pacetti interpuso una denuncia en contra de Rais por administración fraudulenta. Según la denuncia 1181-UDDP-2014, Pacetti y Rais invirtieron en la compra del relleno sanitario de Sonsonate, que es administrado por la compañía Coordinadora y Asesora de Proyectos (CAPSA). CAPSA es una empresa manejada por familiares de José Luis Merino. El FMLN, a pesar de no decirlo en público, y a pesar de sus constantes críticas al el trabajo fiscal de Martínez, está dispuesto a apoyarlo para un segundo mandato. “Luis Martínez ha ayudado a que mejore la aplicación de la justicia en el país”, sostiene Merino.
El hombre que decide quién debe ser juzgado
Bertha María Deleón no es precisamente amiga de Luis Martínez, pero ambos compartieron mesa de trabajo a fines de 2014 e inicios de 2015 en el Consejo Nacional de Seguridad y Convivencia, durante la elaboración del plan El Salvador Seguro. Martínez estaba a cargo del eje de persecución del delito y la oenegé Fespad había sido invitada por el Ejecutivo a hacer aportes. Martínez, dice Deleón, la trató en esa mesa como si fuera su enemiga y lanzó una embestida: “No entiendo qué está haciendo cierta gente aquí. Aquí tenemos que estar los que sabemos. ¿Qué hace Fespad aquí?”. Un pastor invitado se dio por aludido y le respondió: “Si quiere, nos salimos”. Deleón agregó: “Si le molesta mi presencia, me voy”. La abogada recuerda que fue Arnoldo Jiménez, quien en ese entonces era el director ejecutivo de la Asociación de la Empresa Privada (ANEP), el que suavizó el ambiente y dijo que esas confrontaciones reñían con el principio por el que se formaron el Consejo y sus mesas. Acto seguido, amenazó con seguir los pasos de las oenegés si estas se retiraban. La empresa privada era un aliado demasiado grande para perder, así que Martínez se calmó.
Para entender la animadversión de Martínez contra Deleón no basta saber que FESPAD está querellada en el caso Flores y ha sido crítica con las debilidades de la actuación Fiscal. Hay que recordar también que ella fue la abogada del padre Antonio Rodríguez. “Si el estado de derecho funcionara en este país, él (Martínez) tuvo que haber sido destituido por ese caso”, dice Deleón. Y recuerda que en aquel caso la Fiscalía no tenía ningún documento para contrastar la confesión forzada del padre Toño, o que le abrió juicio dos veces por los mismos hechos.
—Yo fui fiscal y nunca había visto una cosa así —dice Deleón—. Un funcionario que hace uso de chantaje para sacarlo del juego me parece nefasto. Si eso lo hace con alguien con notoriedad (como el padre Toño), lo puede hacer con cualquiera. No sé cómo no me ha sacado algo (un proceso contra mí) todavía
—Quizá no tiene nada...
—No, pero eso se hace y yo he estado en la Fiscalía. Me da miedo que lo haga.
Tres abogados que estuvieron en esas reuniones del Consejo de Seguridad y Convivencia —un funcionario del Ejecutivo, una litigante particular y una abogada que trabaja con la cooperación internacional— recuerdan el desprecio con que el Fiscal se refería en aquela mesa a las decisiones de otros funcionarios. “Él es un poco malcriado, se expresa así en general, en la vida”, rememora la abogada de la agencia internacional.
Una de las primeras decisiones que cada grupo tenía que tomar era decidir un representante por mesa. Luis Martínez lo tenía claro: “Aquí no hay nada que escoger. Yo voy a ser el representante”, les dijo. El Fiscal puso los horarios, las reglas, el lugar de las reuniones. El funcionario del Ejecutivo que participó en esas sesiones de trabajo añade que el Fiscal se aprovechaba de la localía —porque las reuniones eran en su oficina— para presionar por su agenda. “Se refería a la actitud de los titulares del Ministerio de Seguridad y Justicia como ‘culeradas’ por no trasladar a los cabecillas de pandillas a Zacatecoluca. De hecho, fue él quién más presionó porque eso sucediera y quedara plasmado como una recomendación del plan (El Salvador Seguro)”, dice. La litigante particular lo recuerda de forma más precisa. “En uno de esos encuentros, Martínez dijo que no entendía por qué en la Policía habían puesto a puros ‘culeros’ en los puestos de mando. ‘Para nadie es un secreto que para tener un puesto más o menos (bueno) hay que ser culero’, dijo”. Luis Martínez sin diluir.
El 7 de marzo de este año, un jefe fiscal fue asesinado en Usulután. En la siguiente reunión del Consejo de Seguridad, Martínez estaba molesto. “Él llegó a regañarnos otra vez. El regaño era que cómo era posible que habían matado a un fiscal y que el Consejo no se había pronunciado condenando la acción”, recuerda el pastor Mario Vega, que estaba en esa reunión. Martínez regañaba a un grupo integrado por el Director de la Policía, el Comisionado Presidencial para la Seguridad, el Ministro de Justicia, diplomáticos y líderes religiosos. “Yo no voy a permitir que haya un diálogo (con las pandillas). Mientras yo sea Fiscal no lo voy a permitir y voy a perseguir a las personas que se atrevan a hacerlo”, les dijo Martínez en esa reunión para consensuar estrategias de seguridad. Bufaba. Y los demás callaban o asentían. Una persona rompió el silencio en una de esas reuniones: Medardo Gómez, el obispo luterano.
Gómez estaba hablando de la importancia de dialogar para buscar una salida al problema de la violencia. Martínez pidió la palabra. “Hizo lo mismo de siempre, que era denigrar el diálogo y decir que no”, recuerda Vega. “(Martínez) dijo todo y de la manera más despectiva que se puede decir”. Gómez le contestó: “ Nosotros vamos a seguir dialogando y lo vamos a hacer porque es nuestra vocación cristiana hacerlo”. Gómez, en su oficina, comenta estos días: “Si usted me pregunta concretamente, ¿quiere que reelijan al Fiscal? Le digo que no”.
El pastor Mario Vega señala algo que le preocupa más que el genio del Fiscal: “Da la impresión de que él investiga lo que desea investigar, y no lo que debería”. La base del pastor de la iglesia Elim para afirmar esto es una intimidad del Consejo de Seguridad: “El director de la Policía (Mauricio Ramírez Landaverde) dijo que él mismo estaba preocupado y que tenía investigaciones alrededor de la Policía para saber qué es lo que estaba pasando (en referencia a las ejecuciones sumarias que perpetran policías o soldados)”. Aunque en público ha dicho que no hay pruebas para investigar masacres cometidas por policía, en privado el jefe de la PNC sí duda de que las actuaciones de sus agentes estén apegadas a la ley. Vega cierra la idea: “Publicaciones como las de El Faro y que hoy también hizo La Prensa Gráfica y El Diario de Hoy, o sea, el Fiscal debería investigar de oficio, con todos esos elementos que tiene en la boca. Pero hasta donde yo sé no ha iniciado una investigación”.
Cuando Martínez fue elegido fiscal, El Salvador era un país menos violento que hoy. Y a pesar de que se declaró enemigo público de la tregua gobierno-pandillas, y a pesar del sinnúmero de veces que aseguró que la tregua era hipócrita, y a pesar de la clara participación de funcionarios de todo nivel del gobierno Funes en ese proceso que parecía violar la Ley de proscripción de pandillas , el fiscal general no procedió contra ningún funcionario o exfuncionario. Y en el área del narcotráfico cerró una investigación sobre una persona a la que Estados Unidos tiene por capo de la droga: José Adán Salazar Umaña, a quien la Policía, el Ejército y la propia Fiscalía conocen como “Chepe Diablo”, uno de los líderes del Cártel de Texis.
La Fiscalía de Martínez castigó con trabajos de utilidad pública a seis exfuncionarios del ISTA que abusaron de recursos públicos; excluyó al exministro David Gutiérrez de la investigación por corrupción en la construcción de la carretera Diego de Holguín; empezó a investigar supuesta corrupción en la construcción de la presa El Chaparral, sin entregar resultados; presentó un caso endeble en la investigación del contrato CEL-Enel, caso por el que recibió críticas tanto de los imputados y el partido Arena, que le acusaron de cacería política, como del juez que ventiló la causa, que acusó al Fiscal de ineficiente; pidió fondos para investigar crímenes de la guerra civil y no judicializó ninguno; cambió de homicidio agravado a homicidio simple el cargo por el que condenó a un hombre —hijo del influyente político y abogado Fidel Chávez Mena— que descuartizó a su víctima y esparció sus restos por San Salvador. Pero resolvió de manera exprés un caso de bebés intercambiados al nacer. Aunque quizá ninguna de estas acciones haya levantado tanto escozor y debate popular como su decisión de no acusar a Francisco Flores de lavado de dinero ni llamar a citar al otro expresidente arenero que se benefició de ese dinero: Antonio Saca.
La Procuraduría para la Defensa de Derechos Humanos estableció que Martínez y su equipo de fiscales “omitieron de forma inexcusable” procesar a Flores por lavado de dinero, en una acusación tan débil que el juez del caso le ha intentado corregir la plana. Las audiencias públicas del caso se han convertido en un enfrentamiento constante entre los fiscales del caso y los acusadores privados, entre ellos Deleón, que denuncian obstáculos a la investigación desde la misma Fiscalía.
Martínez y Flores tienen una relación personal desde hace más de 20 años. Al menos en cuatro ocasiones el hoy Fiscal tuvo como cliente a Flores y en una fue parte de la junta directiva en una empresa en que estaba involucrada la esposa de Flores. De hecho, un informe pericial que es parte del expediente judicial contra Flores y trata de establecer una estimación de su patrimonio incluye la referencia a un cheque por 10,938.05 dólares endosado años atrás por el expresidente en favor de “Luis Antonio M. González”. Ese informe de la Superintendencia del Sistema Financiero detalla la emisión de 144 cheques a favor de 19 personas entre julio de 2004 y agosto de 2008 por diferentes conceptos. El del Fiscal es uno de ellos.
La Fiscalía General de la República no volverá a ser igual después de Martínez. Antes el eslogan de la institución era “Justicia, Legalidad, Seguridad”. Él lo cambió por “Fuerte y justa”. Ha roto en El Salvador la reciente tradición de fiscales generales a los que se atribuía lealtad incondicional al gobierno de turno y a base de polémicas y estridencias ha maniobrado de forma imprevisible en el complejo mapa político del El Salvador actual. Cercano en el pasado a Arena, a Flores y a funcionarios hoy afines a Antonio Saca; cuestionado y temido por la derecha actual; amado y odiado por el FMLN; es difícil asegurar qué apoyos tiene realmente Luis Martínez en su búsqueda de la reelección. Los principales partidos no se han lanzado a respaldarlo públicamente, pero quedan pocos días para la votación y tampoco se han atrevido a descartarlo. Su candidatura se sostiene en hilos invisibles.
Un cazador solitario
Dice la literatura especializada que los rinocerontes adultos son usualmente animales solitarios, pero pueden estar en compañía de otros machos de su especie siempre y cuando estos respeten su posición subordinada. En sus viajes oficiales —incluídos algunos de los que hizo en aviones de Rais— Luis Martínez suele repetir dos acompañantes. Uno es Édgar Márquez, su fiscal adjunto. Según un detalle hecho público por la Fiscalía este año, Márquez viajó diez veces con Martínez en 2013 y otras doce veces el año pasado. El nuevo fiscal adjunto apenas cumple por unos meses el requisito constitucional de llevar nueve años como abogado autorizado para ejercer el cargo. Antes de ser su adjunto era el asistente particular de Martínez: le llevaba la agenda.
El otro acompañante habitual en los viajes del Fiscal es Roberto Antonio Avilés Fuentes, exeditor de la sección de economía de La Prensa Gráfica convertido ahora en asesor de imagen de Martínez. Hizo con el cuatro viajes en 2013 y nueve en 2014.
Un exempleado de la Fiscalía atribuye a Avilés la responsabilidad de unas populares fotos del fiscal en el agua, recostado en un flotador verde, en calzoneta, sin camisa, que el mismo funcionario publicó en su cuenta de Twitter explicando que estaba “recargado”. “Por lo menos dos veces al año, un rinoceronte debe separarse una semana y descansar en su hueco de lodo”, escribe Scott en su libro, junto a una ilustración de un rinoceronte que, en posición tremendamente parecida a la de la foto de Martínez, retoza en una piscina de fango.
Marquez y Avilés acompañaban al Fiscal cuando el pasado 6 de noviembre irrumpió sin avisar en la audiencia preliminar contra expresidente Francisco Flores. El juez, incómodo por el sonoro revuelo que la aparición de Martínez causó en los periodistas presentes, pidió orden: “Señores periodistas, si quieren entrevistar a esa persona que acaban de entrar, pídanle que salga junto a ustedes, no me interrrumpan la audiencia”. Martínez, que en los actos oficiales alterna el traje y corbata con cinematográficas chaquetas sport con enormes letras FGR en la espalda, vestía mocasines, pantalón formal, chaqueta Ralph Lauren, camisa a cuadros y lentes oscuros. Como en un soleado día libre. Cuando salió de trabajar esa tarde, asistió con la misma ropa y sus habituales lentes de lectura a una actividad del colegio de sus hijos. Le acompañaban dos guardaespaldas más relajados que de costumbre que dieron espacio para que el resto de asistentes lo saludaran. Le vieron, apartados, hacer la fila para comprar un hot dog. Uno de ellos le dio una moneda para comprar una botella de agua. Él estrechó manos de otros padres de familia. Abrazó a una anciana.
Terminada la función de sus hijos, los gemelos Luis Antonio y Luis Ernesto —los tres hijos del Fiscal se llaman Luis Martínez—, el funcionario salió del teatro, platicó con el primero de sus hijos que llegó a saludarlo, lo rodeó con su brazo, lo besó en la mejilla. Se despidió de ambos. Sus camionetas —la que él maneja y la que lo escolta— ya lo esperaban. Uno de los versículos de El Rinoceronte reza: “Enseña a los muchachos desde un principio para que no sean vacas. Los rinos que juegan juntos permanecen juntos”.
Martínez, se afana por proyectar un carácter campechano pero fuerte. En septiembre de 2014, llegaba tarde para el acto del Día de la Independencia, en la Plaza Barrios. Había trabazón. Cuando estaba en su camioneta, a punto de doblar de la Avenida Juan Pablo II, por el Cine Majestic, su asesor Iván García le sugirió caminar para llegar antes. Pese al escándalo y la aflicción de su equipo de seguridad, Luis Martínez se bajó del vehículo y caminó con sus guardaespaldas por el centro de San Salvador, hasta la plaza. Saludó a la gente, se tomó una foto con unas piñateras.
Pese a la sensación de blindaje que transmitió aquel día, el Fiscal suele cuidar sus medidas de seguridad. Alrededor de la sede central de la Fiscalía, en Santa Elena, han proliferado los conos anaranjados que impiden el parqueo y frenan el tráfico: hay 80 de ellos solo en la calzada frente al edificio, que los automovilistas deben sortear en zigzag. No es una medida gratuita: el 28 de agosto de 2015 un automóvil con explosivos fue abandonado frente al Ministerio de Seguridad, en San Salvador. Una fuente del Ejecutivo revela que inmediatamente después de esto, Martínez pidió al Ministerio de la Defensa que asignara seguridad perimetral a las sedes de la Fiscalía.
Dos semanas después, el Fiscal General volvió a la carga contra uno de sus blancos usuales: el general Munguía Payés, el funcionario que impulsó la tregua, el actual ministro de Defensa. Repitió que Munguía era el ministro más mentiroso que él había conocido. Después de ese episodio, Defensa retiró la seguridad perimetral a las sedes fiscales. El pasado 18 de noviembre El Faro pidió a Munguía Payés que hiciera una valoración sobre el fiscal Luis Martínez. Su respuesta fue escueta: “Claro que tengo una opinión, pero prefiero no dártela”.
*Con reportes de Carlos Martínez y Sergio Arauz.
