La justicia salvadoreña decidió este jueves 3 de diciembre que el expresidente Francisco Flores (1999-2004) debe enfrentar juicio por el desvío de millonarios donativos de Taiwán que recibió cuando gobernó El Salvador, con la adición de un cuarto delito a los de desobediencia, peculado y enriquecimiento ilícito que se le imputaban desde el inicio del proceso en 2014.
El juez séptimo de instrucción, Miguel Ángel García Argüello, decidió que hay suficientes evidencias de que Flores cometió los tres delitos que le imputó la Fiscalía, pero agregó el de 'caso especial de lavado de dinero', algo que Edgar Morales Joya, uno de los defensores del exmandatario, calificó como “sorpresivo”.
García Argüello pasó por encima de la renuencia de la Fiscalía y dijo que el desvío de 10 millones de dólares donados por Taiwán al Estado salvadoreño constituyó la 'primera etapa de lavado de dinero', con lo que en la práctica dio la razón a los querellantes particulares, que durante el último año insistieron en que la Fiscalía debía investigar ese delito. Más adelante, al analizar la acusación por enriquecimiento ilícito en relación con la desaparición de otros 5 millones de dólares, el juez optó por cambiarlo a caso especial de lavado de dinero.
Previo al fallo de este jueves, la Procuraduría para la Defensa de Derechos Humanos ya había señalado que la Fiscalía de Luis Martínez y su equipo de fiscales “omitieron de forma inexcusable” procesar a Flores por lavado de dinero, un señalamiento que también reclamó la querella durante todo el proceso.
García Argüello dio por probado que los cheques por 10 millones de dólares emitidos por la embajada de Taiwán en El Salvador y depositados en una cuenta en Costa Rica en 2003, fueron endosados por Flores. 'La firma en el reverso de los cheques coincide con una firma del expresidente al abrir una cuenta en el Banco Salvadoreño', dijo el juez.
Además, dijo que el exgobernante actuó 'con dolo directo' en las operaciones de desvío de fondos, que estaban destinados a programas de lucha contra la pobreza, ayuda a las víctimas de los terremotos de 2001 y apuntalamiento de la seguridad pública. También determinó que los donativos venían destinados al Estado salvadoreño, no a la persona natural Francisco Guillermo Flores Pérez.
“El imputado adquirió la custodia y la obligación de entregar los fondos a las carteras de Estado competentes, con el fin de realizar los proyectos para los que se entregaron. Se infiere que esos fondos de cooperación internacional no reembolsable adquirieron la calidad de fondos públicos”, sentenció García.
El delito de peculado constituye, en el análisis de García Argüello, el hecho que origina la ilegalidad del dinero y, por tanto, conduce a un caso lavado de dinero que la Fiscalía no atendió. “Los fondos peculados iniciaron un circuito financiero internacional mediante múltiples depósitos de dinero para iniciar su camino de legitimación, lo que a criterio de este juzgador significa el inicio del delito de caso especial de lavado de dinero y activos”, dijo García, que ya en etapas anteriores del proceso había advertido a la Fiscalía que los hechos presentados en el dictamen de acusación se ajustaban a este cargo.
Flores pasa a la etapa de sentencia acusado de cuatro delitos: peculado, debido a que mientras el expresidente era responsable de administrar 10 millones de dólares donados por Taiwán para destinarlos a financiar programas sociales del Estado salvadoreño, los desvió a cuentas de su partido Arena para financiar la campaña presidencial de Antonio Saca, en 2004; enriquecimiento ilícito, por un incremento patrimonial de 333 mil dólares que no se justifica; caso especial de lavado de dinero, por el ocultamiento o desaparición de 5 millones de dólares, cuyo destino aún se desconoce y desobediencia de particulares, por negarse a comparecer ante la comisión especial de la Asamblea Legislativa que lo había citado, para investigar el destino de los fondos donados por Taiwán.
El peculado se castiga con prisión de hasta 15 años cuando el monto cuestionado es superior a los 500 mil colones (57 mil 142 dólares). En este caso, la suma desviada es de 10 millones de dólares. El enriquecimiento ilícito acarrea una pena de hasta 10 años de cárcel. El caso especial de lavado de dinero tiene un techo de 12 años de prisión.
El juez también dejó abierta la posibilidad de que en la etapa de sentencia sea cambiada la acusación por peculado. Según el juez, en el juicio podría recalificarse como 'lavado de dinero' el traspaso de los $10 millones donados por Taiwán a las cuentas de Arena, el partido de Flores. “Una vez los fondos peculados por el imputado ingresaron a la cuenta del Banco Cuscatlán de Costa Rica, fueron velozmente transferidos a la cuenta operativa del Banco Davivienda, dificultando su seguimiento, acción que ayudó a ocultar origen ilícito de los fondos”, dijo el juzgador.
La defensa, encabezada por el abogado Edgar Morales Joya, ha sostenido que la Fiscalía ha sido incapaz de demostrar que Flores fue el responsable de llevar los donativos a la cuenta bancaria en Costa Rica, de donde se enviaron a cuentas en El Salvador a nombre del partido Arena. Sin embargo, el juez rebatió ese argumento. “El imputado inició el proceso de lavado cuando colocó los fondos en la cuenta de Costa Rica”, aseguró el juez García.
Morales Joya también había dicho que en la acusación por enriquecimiento ilícito no se sostenía porque la Fiscalía no podía demostrar que Flores se hubiera apropiado de los fondos de Taiwán. El juez, sin embargo, dijo que se cumple el artículo 5 de la Ley contra el lavado de dinero, que se refiere a ocultar o disfrazar el origen o destino de fondos que procedan de actividades delictivas. “El procesado desvió las donaciones de Taiwán para ocultar el origen de los fondos que tenían una finalidad social, para que los fondos ingresaran a través de la cuenta de Arena, que parecieran donaciones y no originados con un ilícito como el peculado”, dijo García. Esta afirmación pudo hacerla una vez que había argumentado que hay evidencias de que Flores cometió los delitos de enriquecimiento ilícito y peculado.
El juez también decidió revocar la concesión del arresto domiciliar que tenía Flores. García argumento que la gravedad y el castigo de las posibles penas, la necesidad del expresidente de asistir a consultas (que “no es de tanta frecuencia como se quiso hacer creer”) y la falta de certeza sobre la conducta de Flores –quien estuvo cuatro meses prófugo- no dan certezas para afirmar que “no se sustraerá del proceso”.
La lectura de la resolución terminó al mediodía, pero se prolongó hasta la tarde de este jueves porque la defensa de Flores hizo uso de su derecho de revocatoria. Morales Joya pidió al juez que reconsiderara dos decisiones: dejar a los querellantes continuar en el proceso y de enviar a Flores a un centro de detención.
La defensa pidió en la audiencia preliminar que los querellantes fueran apartados del caso porque aseguraron que no estaban legitimados para esa función. Al respecto, García Argüello consideró que los abogados Berta Deleón, María Teresa Naves y René Landaverde estaban doblemente legitimados: como representantes de las organizaciones FESPAD e ISD, y además como ciudadanos. Morales Joya dijo que en el proceso no había pruebas de que los abogados fueran ciudadanos y dijo que se requerían las certificaciones de partidas de nacimiento de ellos. El juez desechó esa petición. Los querellantes seguirán en el caso hasta su última etapa.
En torno al envío de Flores a bartolinas, Morales Joya alegó que la medida cautelar del arresto domiciliar ha surtido efecto, puesto que el expresidente ha asistido a todas las audiencias que ha requerido el Juzgado Séptimo de Instrucción.
Al final de la audiencia, el juez García Argüello resolvió que Francisco Flores esperará el juicio recluido en las bartolinas de la División Antinarcóticos de la Policía Nacional Civil. Morales Joya advirtió que apelará esa decisión ante una Cámara superior.
