La Junta de Apelaciones de Inmigración de los Estados Unidos confirmó la orden de expulsión en contra del exministro de la Defensa salvadoreño, José Guillermo García, señalado en el país norteamericano como responsable de graves violaciones a los derechos humanos durante los primeros años de la guerra civil en El Salvador.
García, de 82 años, fue ministro de la Defensa en El Salvador entre 1979 y 1983 y según la resolución del juez de Miami Michael C. Horn, emitida en abril de 2014, fue responsable de 11 crímenes ocurridos en el país durante la guerra civil, incluidos el asesinato del arzobispo de San Salvador Óscar Arnulfo Romero, de marzo de 1980; las masacres de más de mil campesinos en el Mozote, en diciembre de 1981; y el asesinato de cuatro monjas estadounidenses, en 1980.
La notificación de este fallo en contra de la apelación de los abogados de García fue divulgada por el periódico The New York Times el 16 de diciembre, la cual cita un comunicado difundido por el Centro para la Justicia y Responsabilidad (CJA, por sus siglas en inglés), una de las organizaciones que impulsó el caso ante los tribunales estadounidenses.
El martes 15, el juez Horn desestimó la apelación de la defensa al fallo emitido en abril de 2014, y confirmó que García asistió o participó de alguna manera en algunos de los crímenes más atroces cometidos en los primeros años de la guerra civil, período en el que, según la Comisión de la Verdad de las Naciones Unidas, se cometieron “las más graves violaciones a los derechos humanos”.
Según el CJA, pieza fundamental en el caso contra García han sido los testimonios de las víctimas como el médico salvadoreño Juan Romagoza Arce, capturado y torturado por la Guardia Nacional, cuando esta era dirigida por el general Eugenio Vides Casanova (excomandante de la Guardia y sucesor de García en el ministerio de la Defensa).
En abril de 2015, Vides Casanova fue deportado a El Salvador y se convirtió en el primer militar salvadoreño expulsado de suelo norteamericano precisamente por estar vinculado a graves violaciones a los derechos humanos. La orden de deportación obedeció a nuevas leyes estadounidenses que permiten la expulsión de un extranjero que haya ordenado, participado o colaborado en casos de torturas y ejecuciones extrajudiciales. Para aplicar esta ley se considera también la responsabilidad de mando, es decir, si los comandantes no hicieron nada para impedir que sus subalternos llevaran a cabo crímenes de esta naturaleza y si tampoco castigaron a quienes los cometieran. En esta ratificación, el juez Horn tomó como precedente el caso de Vides Casanova para ratificar el fallo contra García.
'Esta es una reivindicación de los anhelos de justicia de los que quedamos vivos de todas las atrocidades que cometieron estos señores, incluyendo a García', dice Romagoza a El Faro.
En un comunicado divulgado por el portal del CJA, la asesora legal Carolyn Blum celebra el falló de la Junta y resalta que se hace justicia dado que 'El ministro de Defensa, José Guillermo García fue el hombre más poderoso de El Salvador durante un reinado de terror de estado en el que fueron asesinados decenas de miles de salvadoreños inocentes”.
“Esperamos que García de la cara la justicia en El Salvador por la masacre de El Mozote y los muchos otros crímenes cometidos bajo su mando”, se lee en el comunicado.
En abril de 2015, tras la deportación de Vides Casanova, el procurador de Derechos Humanos, David Morales, instó a la Fiscalía General de la República a 'actuar de oficio' en contra del exministro de Defensa y exdirector de la Guardia Nacional. La Fiscalía, sin embargo, nunca se pronunció al respecto, pese a que el exfiscal Luis Martínez dijo que en su gestión -concluida el 3 de diciembre pasado- se investigarían los crímenes de lesa humanidad, algo que nunca ocurrió.
Consultado sobre si en El Salvador ve alguna posibilidad de justicia, Romagoza dice: 'Aquí en el país el sistema de justicia es débil. Esos señores tienen una impunidad al 100% en varios niveles. Debería al menos conocerse qué fue lo que pasó, quiénes fueron los perpetradores, qué hicieron. Es cierto, es difícil un juicio y el castigo, pero debería al menos investigarse. No hemos podido reparar tantos daños, ¿qué se va a perdonar si no se ha investigado ni juzgado nada aquí?'.
En El Salvador el sistema de justicia todavía da vigencia a la ley de amnistía de 1993, pese a que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a propósito de la masacre de El Mozote, condenó y sentenció en 2012 que esa ley no era un obstáculo para perseguir los crímenes de lesa humanidad en el Estado salvadoreño.
Por el momento, la decisión de la Junta de Inmigración no se ha hecho pública, y todavía está por definirse la fecha de deportación del general García. Del contenido de la resolución se conoce gracias a que el periódico The New York Times ganó una petición de información pública para conocer la decisión del Juez de Inmigración que dirige el proceso.
