El juez Eloy Velasco de la Audiencia Nacional de España ha reiterado la vigencia de las órdenes de capturas para los militares acusados por la masacre de seis sacerdotes jesuitas ocurrida en 1989, en un escenario en el que la Corte Suprema de Justicia salvadoreña ha abierto las puertas a la captura y extradición de aquellos requeridos por cortes internacionales.
La decisón del juez Velasco, de hecho, retoma los nuevos giros ocurridos en la CSJ salvadoreña para ordenar, de nuevo, la captura de 17 de 19 militares, en un escrito enviado este martes 5 de enero a la Interpol, y las copias de esas mismas órdenes de captura a la Policía Nacional Civil de El Salvador.
'Dispongo reiterar a las autoridades de El Salvador de las órdenes de detención de entrega que se encuentran en vigor de Inocente Orlando Montano, Rafael Humberto Larios, Juan Rafael Bustillo, Juan Orlando Zepeda, Francisco Elena Fuentes, José Ricardo Espinoza Guerra, Gonzalo Guevara Cerritos, Óscar Mauricio Amaya Grimaldi, Antonio Ramiro Ávalos García, Ángel Pérez Vásquez, Tomáz Zarpate Castillo, José Alberto Sierra Ascensio, Guillermo Alfredo Benavides, Joaquín Arnoldo Cerna Flores, Carlos Mauricio Guzmán Aguilar, Héctor Ulises Cuenca Ocampo, y Óscar Alberto León Linares', reza el escrito de Velasco, con fecha del 4 de enero.
Estas notificaciones no son nuevas, sino una reiteración de las órdenes que el juez Eloy Velasco libró en 2011, cuando se dio apertura a la causa por el asesinato de seis sacerdotes jesuitas (cinco españoles, un salvadoreño), en un crimen en el que también fueron asesinadas una empleada doméstica y su hija. En este nuevo escenario, ya no son 19 los militares que España pide a El Salvador para que sean extraditados. Dos de los militares vinculados al crimen, y contra quienes también se habían librado órdenes de captura en 2011, ahora están colaborando con la querella bajo la figura de testigos criteriados, según confirmaron a El Faro fuentes ligadas al proceso. Se trata del teniente coronel Carlos Camilo Hernández Barahona, y del teniente René Yusshy Mendoza Vallecillos, quienes ya han testificado en el proceso, según las fuentes.
En 2001, en una entrevista concedida a El Faro, Camilo Hernández Barahona ya había declarado que él supo de la planificación del asesinato de los sacerdotes jesuitas y que colaboró con el pelotón que ejecutó el crimen aportando una de las armas homicidas. 'Sí, yo les dí el rifle para que mataran a Ellacuría', dijo Hernández Barahona, condenado en 1992 a tres años de prisión por encubrimiento real en el crimen, y amnistiado en 1993 gracias a la ley de amnistía. Hernández, que dirigía la Escuela Militar, además de proveer un arma ordenó la destrucción de los archivos que involucraban a los autores materiales, según concluyó en 1990 la Comisión Investigadora de Hechos Delictivos.
En la etapa previa al juicio que se libró en El Salvador, en 1990, el teniente René Yusshy Mendoza Vallecillos declaró en una confesión extrajudicial que él atestiguó cómo se perpetró el crimen por órdenes del coronel Guillermo Alfredo Benavidez. Luego, en el juicio, negó su declaración extrajudicial, aunque sí aceptó haber participado en la destrucción de los libros de registros de la Escuela Militar que vinculaban a los autores materiales de la matanza. Mendoza fue condenado en a 30 años de prisión por el asesinato de la joven Celina Ramos, una de los dos mujeres asesinadas en el mismo operativo.
En su auto (escrito) de este martes 5, el juez Eloy Velasco además dejó claro que cuando los militares sean capturados, pedirá la extradición para que enfrenten el juicio en el juzgado número 6 de instrucción de la Audiencia Nacional que él dirige.
Esta es la segunda vez que España pide a El Salvador que capture a los militares acusados por el crimen contra los sacerdotes jesuitas. En 2011, la Policía Nacional Civil salvadoreña desobedeció las órdenes de captura y esto dio un margen de maniobra para que los militares buscados se resguardaran en un cuartel militar, amparados por las más altas autoridades del Ejército del gobierno del expresidente Mauricio Funes. Paralelamente, la Corte Suprema de Justicia salvadoreña (CSJ) emitió una resolución para evitar la detención de los militares, pues interpretó que las órdenes de captura con notificaciones rojas solo sirven para localizar y ubicar a las personas procesadas, no para detenerlas.
Entre los militares procesados se encuentra un excandidato a la diputación por San Salvador del partido Arena, el general retirado de la promoción de la Tandona, Juan Orlando Zepeda. Otro de los acusados, el general René Emilio Ponce, falleció en 2011. Ponce fungía como jefe del estado mayor de la Fuerza Armada en 1989.
'En consecuencia, esta mañana el Juzgado Central de Instrucción 6 ha dado traslado a Interpol y Sirene España de las 17 órdenes de detención y se ha mandado copia al jefe de la Oficina Central Nacional (OCN) de Interpol El Salvador y a la Dirección General de Policía Nacional Civil de ese país para que procedan a las detenciones, en cuyo caso España solicitará la extradición', reza un comunicado emitido por la Audiencia Nacional esta mañana.
La decisión del juez Velasco es una respuesta a una solicitud que la querella interpuso hace tres semanas, cuando los acusadores enviaron un escrito al juez Velasco donde pedían que se reiterara las órdenes de captura contra los militares. La querella argumentó en ese escrito que dentro de la CSJ se habían dado 'giros jurisdiccionales' que favorecerían a la causa. Los acusadores se referían a un cambio que había observado en las resoluciones de la Corte salvadoreña respecto a las órdenes de captura con difusión internacional. En agosto de 2015, la Sala de lo Constitucional reconoció que las órdenes de captura internacional con notificación roja implican detención y no solo ubicación o localización, como erróneamente lo había interpretado la Corte Plena en agosto de 2011.
Los acusadores, no obstante, ignoraban que ya la misma CSJ había dado un paso más hacia la captura de los militares. El 2 de octubre, en la misma sintonía que la resolución de la Sala de lo Constitucional de agosto de 2015, los 15 magistrados de la Corte Plena enmendaron la interpretación errónea que habían hecho sus predecesores cuatro años antes, en 2011. En síntesis, Corte Plena y Sala de lo Constitucional ahora defienden que toda orden de captura internacional implica detención, no solo ubicación.
Ante la petición de los acusadores particulares del caso jesuitas, el juez Velasco la trasladó a la Fiscalía española para que emitiera un informe. 'En fecha 23 de diciembre de 2015, el ministerio Fiscal emitió informe mediante el cual interesa el mantenimiento de las órdenes internacionales de detencion vigentes', se lee en el auto emitido este martes por Velasco, en el que hace un recuento de los pasos ocurridos hasta ahora en el caso.
Junto a la declaración de interés del Ministerio Fiscal de España, el juez Velasco relata en su escrito que tomó en consideración, además, la solicitud de la querella en la que le piden reitere las órdenes de captura y un informe de la Procuraduría de los Derechos Humanos de El Salvador en el que se recomienda a la CSJ modificar su criterio jurídico a fin de que se lleven a cabo las capturas de las personas perseguidas por la ley.
Este martes 5, la Audiencia Nacional de España emitió un comunicado de prensa que resume la decisión del juez Velasco: '(...) el titular del Juzgado Central de Instrucción 6 acuerda esta medida ante el 'giro jurisdiccional observado' en este caso y 'con el compromiso de formalizar las demandas extradicionales en caso de que haya detenciones'', se lee en el comunicado.
Ahora que se han girado las órdenes de captura a través de Interpol, la Policía Nacional de El Salvador estaría obligada a actuar y ubicar y detener a los militares acusados. Hecho este procedimiento, la Corte Suprema debe esperar la petición formal de extradición de la Audiciencia Nacional para dirimir si se envía o no a los militares requeridos hacia España.
De los 17 militares requeridos, Inocente Orlando Montano es el único que no se encuentra en territorio salvadoreño, ya que guarda prisión en Estados Unidos por fraude migratorio y está a la espera de una extradición a España o una deportación a El Salvador.
