El Salvador / Política

10 investigados por enriquecimiento ilícito a quienes hay que vigilar en 2016

Un expresidente de la República por el partido Arena, otro expresidente de la República expulsado de Arena, un expresidente de la República por el FMLN, un expresidente de la Asamblea Legislativa, un exvicepresidente de la República y dos diputados de Arena son algunos de los casos con cuestionamientos sobre su crecimiento patrimonial que están en la agenda de la Corte Suprema de Justicia. De los más de 30 casos en estudio, estos 10 son los más importantes por el perfil de las personas bajo la lupa.


Martes, 19 de enero de 2016
Sergio Arauz

La Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia tiene más de 30 investigaciones abiertas en busca de indicios de enriquecimiento ilícito. El morbo y el escándalo que supone para las banderas políticas de los funcionarios cuestionados logró que los diputados mostraran un repentino interés en aprobar una nueva Ley de Probidad que, por más de una década, habían ignorado… Desde que la Corte Suprema presidida por Agustín García Calderón (2000-2009) frenó en 2005 las investigaciones de enriquecimiento ilícito contra 13 exfuncionarios del gobierno de Francisco Flores (1999-2004), pasaron 10 años de silencio en Arena y FMLN... El espíritu de la vetusta Ley de Enriquecimiento Ilícito de 1959 -ser usada para detectar funcionarios corruptos- revivió hasta el año pasado. 

Para hablar del debate de estos días, es preciso recordar lo ocurrido hace 10 años, cuando el entonces jefe de la Sección de Probidad, Eduardo Cáceres, recogió indicios de enriquecimiento ilícito y pidió acceso a la información sobre las cuentas bancarias de 12 exmiembros del gabinete de Francisco Flores, más las del expresidente. Su trabajo no prosperó porque los bancos doblaron el brazo a la Corte que presidía Agustín García Calderón. En los debates entre los magistrados, quien llevó la voz cantante en favor de quitar a Probidad la atribución de pedir esa información a los bancos fue Ulices del Dios Guzmán. En aquel momento, Guzmán aceptó en una entrevista con El Faro que trasladar esa atribución a los 15 magistrados de la Corte Suprema no era lo más eficiente para las tareas de combatir la corrupción.  

El debate sobre el papel de los magistrados y de la Corte en pleno en las investigaciones ahora se enfoca en si la nueva ley, cuya vigencia está en suspenso por orden de la Sala de lo Constitucional, es un retroceso o resuelve deficiencias de la normativa de 1959. Los que defienden la nueva Ley de Probidad, cuya constitucionalidad está bajo estudio, es que las investigaciones son dirigidas arbitrariamente por un puñado de magistrados con criterio partidario. Según la diputada del FMLN Jackelin Rivera eso es lo que evita la nueva normativa. Los que están en contra de la nueva normativa sostienen que los legisladores hicieron reformas de último momento al proyecto presentado por un consorcio de organizaciones no gubernamentales, con el fin de frenar las investigaciones sobre políticos o funcionarios o exfuncionarios vinculados al FMLN. 

A partir de este año, la Corte encomendó la responsabilidad de vigilar una serie de investigaciones de la sección de Probidad a cinco magistrados: ​Sidney Blanco y Belarmino Jaime, de la Sala de lo Constitucional; Sergio Luis Rivera y Dafne Sánchez, de la Sala de lo Contencioso, y Leonardo Ramírez, de la Sala de lo Penal.

La lista siguiente de casos involucra a funcionarios y exfuncionarios de todos los partidos políticos: tres expresidentes de El Salvador; dos diputados de Arena; dos diputados de Gana, un expresidente legislativo del FMLN y el exvicepresidente de la República y hoy diputado pecenista Francisco Merino. 

1. El expresidente Flores

En 2005, Probidad tenía dudas sobre dos puntos de la declaración del exmandatario, pues no había declarado como propiedad suya un terreno costero, y sospechaba que había subvaluado esa propiedad. 'El 28 de mayo de 2004 –tres días antes del cese de funciones– el declarante hizo una permuta por medio de la cual recibió un terreno ubicado en la Isla San Sebastián, Bahía de Jiquilisco, Usulután, de una extensión de 9,300.20 varas cuadradas, valorado en $34,285.61 y entrega un terreno ubicado en Punta San Juan, Cantón Corral de Mulas, Bahía de Jiquilisco, Usulután, de una extensión de 10,000.82 varas cuadradas, valorado en $34,285.61, que el declarante no poseía a la toma de posesión. La Sección encuentra que tales valores son anormalmente bajos para esas ubicaciones', dice una de las observaciones de Probidad.

Además, cuestionaba un crédito por 90 mil dólares cuyo destino no había sido declarado. 'En fecha del 19 de mayo de 2004 –12 días antes de finalizar su periodo– el declarante firmó una apertura de crédito con el Banco Agrícola cuyo monto original era de $90,000.00 y su saldo al 31 de mayo de 2004 era de $89,935.16. La sección estima que en tan corto tiempo el retiro de esa cantidad debió reflejarse en un activo que no se declara', dice el expediente de Probidad que fue archivado cuando pretendía 'investigar operaciones activas y pasivas del declarante y su cónyuge y, muy especialmente, el destino del crédito mencionado.' La Corte también frenó la investigación sobre 'el movimiento de los inmuebles incluidos en la permuta.'

El informe añadía lo siguiente sobre la descendencia del exgobernante: “Sus hijos recibieron un inmueble ubicado en North Miami Beach, Florida, Estados Unidos, por medio de su tío José Antonio Rodríguez Rivas.”

Además, en un segundo estudio elaborado el año pasado, Probidad señaló que entre los años 2009 y 2013, al expresidente Francisco Flores le fueron depositados en una cuenta corriente del banco HSBC -hoy Davivienda- 2.9 millones de dólares, cuyo origen es deconocido por las autoridades que lo investigan, que solo sabe que fueron remitidos por una organización denominada International Consultant, con sede en Panamá. Una empresa radicada en Panamá, y cuya directiva renunció 13 días después de la acusación contra Francisco Flores por el desvío de millonarios fondos donados por Taiwán, transfirió al exmandatario 874 mil dólares (de un total de 1.8 millones) que llamaron la atención de los autores del peritaje a las cuentas bancarias de Flores, realizado por la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF) a petición del juez Primero de Instrucción.

2. Saca, el expresidente expulsado de Arena

Los reparos que está haciendo Probidad al expresidente Saca son los siguientes: “El incremento de patrimonio del declarante es de $9,518,434.47” y “el incremento del patrimonio de su cónyuge es de $968,700.88”. Esto significa que Probidad no encontró explicación en las declaraciones de patrimonio al aumento de las posesiones de Saca por ese monto ocurrido durante su gobierno, entre 2004 y 2009.

Sobre estos incrementos Probidad elabora lo siguiente: “Al hacer una comparación entre su declaración de toma de posesión y cese de ejercicio se encuentra un incremento patrimonial sustancial en sus inversiones en acciones y el efectivo, que no se relacionó con el superávit anual de ingresos sobre egresos. Es necesario justificarlo con la siguiente información: presentar constancias de los Bancos Agrícola, HSBC, Uno, Credomátic, HSBC, Uno y Citibank por su efectivo y el de su cónyuge por depósitos a plazo fijo, cuentas corrientes y de ahorro, donde se reflejen los saldos actuales de estas. Dado que el incremento en activos y los de su cónyuge, por la compra de acciones en compañías radiales es bastante sustancial es necesarios aclarar el origen de los fondos que les permitieron el aumento en la cantidad de acciones adquiridas en Promotora de Comunicaciones SA de C.V y Grupo SAMIX, S.A de C.V. Llama la atención que en un período de 5 años no haya variado el valor declarado sus bienes muebles en casa de habitación, Planes de Renderos y en Costa del Sol. Amerita explicación. Constancias de las sociedades Promotora de Comunicaciones S.A. de C.V. y Grupo SAMIX SA de C.V. donde se refleje el tipo de préstamo otorgado por su persona y lo que corresponde a dividendos no pagados.”

3. Funes, el primer presidente por el FMLN

Las observaciones de Probidad al expresidente Mauricio Funes son las siguientes. 'Con el fin de documentar su declaración, es necesario presentar la siguiente información:

1- Llama la atención que a pesar de haber transcurrido cinco años, no hayan variado los valores de tres de sus vehículos y el de su cónyuge en relación al valor declarado en la declaración de toma de posesión. Amerita explicación'.

Probidad está documentando el número de vehículos y comparando la información declarada con información del Viceministerio de Transporte. Una casilla de la declaración jurada de patrimonio del expresidente dice que al terminar su mandato en 2014 tenía 213 mil 859 dólares en bienes muebles como vehículos y artículos del hogar. En 2009, al iniciar su mandato, tenía 236 mil dólares en este tipo de bienes. 

'2- Fotocopia de la escritura de compraventa o documento de compra del inmueble en Jardín La Concordia y aclarar si este se encuentra libre de gravamen.

3- Dado que en el anexo de ingresos no se visualiza el gasto por amortización de deudas, es necesario completar el cuadro de Ingresos y Egresos Anuales del Formulario de la Declaración, considerando los datos correspondientes al año 2013 y 2014'.

Probidad ha pedido información sobre depósitos y retiros de fondos en todas las cuentas bancarias del exmandatario.

'4- Debido a que en el anexo de su patrimonio consolidado no se relaciona la información correspondiente al pago de la deuda hipotecaria declarada en la toma de posesión, es necesario especificar por escrito el origen de los fondos que le permitieron cancelar dicha obligación.

'5- Si ha recibido otros ingresos adicionales en razón del Cargo de Presidente de la República de El Salvador, es necesario que los declare'.

Probidad ha pedido información sobre depósitos bancarios recibidos por el exmandatario desde que era candidato hasta el momento en que cesó sus funciones.  Durante su campaña política, previo a ganar las elecciones, el empresario Nicolás Salume transfirió 3 millones de dólares a la cuenta de ahorros de Funes y la Sección ha pedido detalles de todos los aportes. Cuando el presidente fue cuestionado sobre ese dinero en una entrevista en el canal 21 de televisión, se contradijo sobre el destino de esos fondos y sobre la calidad del aporte del empresario Salume. Aunque originalmente había dicho que se trataba de un préstamo, terminó diciendo que fue una donación, pero cuando la prensa le preguntó posteriormente si había pagado impuesto de renta por tal ingreso, dijo que no porque en realidad el aporte había sido para el partido FMLN. 

La empresa recicladora Inversiones Materiales, cuyo gerente buscó ser alcalde de Santa Teclar por Arena, recibió una carta de la Sección de Probidad en la que pide una copia y justificación de un cheque emitido a favor de Mauricio Funes en enero de 2009. 
La empresa recicladora Inversiones Materiales, cuyo gerente buscó ser alcalde de Santa Teclar por Arena, recibió una carta de la Sección de Probidad en la que pide una copia y justificación de un cheque emitido a favor de Mauricio Funes en enero de 2009. 
 

 4. Francisco Merino debe justificar 3.8 millones de dólares

En el último período legislativo, el diputado del PCN incrementó su patrimonio líquido, que en 2012 era de 1.47 millones de dólares, a 3.87 millones en 2015. En 1999, la Asamblea Legislativa cuestionó los bienes de Merino y lo obligó a renunciar a su pretensión de seguir en la presidencia de la Corte de Cuentas. Una comisión legislativa cuestionó la 'honradez notoria' de Francisco Merino por un informe de Probidad que señalaba un alza en su patrimonio personal en menos de 10 años.

Merino fue presidente de la Corte de Cuentas de 1998 a 1999 y fue señalado por una compraventa ilícita de terrenos de la Alcaldía de San Luis Talpa por una auditoría de la Corte de Cuentas de 1997. El expresidente de la Corte de Cuentas y militante de PCN, Rutilio Aguilera, reconoció públicamente que tuvo conocimiento del caso de Merino, sin embargo, no lo mencionó cuando Merino fue promovido por Arena para la presidencia de la contraloría. Aguilera dijo que su silencio sobre la compraventa ilícita fue para no inclinar la balanza a favor de alguno de los candidatos que lo sustituirían en el cargo de presidente de la Corte de Cuentas.

5. Carlos Reyes y sus propiedades

La versión pública de su declaración patrimonial revela que de 2012 a 2015 este diputado por Cabañas prácticamente duplicó su patrimonio líquido, pues pasó de 852,000 dólares a 1 millón 675 mil dólares. De esta cantidad, 93 mil 762 dólares los declaró como parte de sus bienes muebles y cuentas de ahorro. El resto lo declaró en la casilla de bienes inmuebles, en la que los funcionarios deben detallar cuántos terrenos, o casas o edificios poseen, cuánto valen, desde cuándo los tienen, en qué lugar están ubicados, la forma en que los obtuvieron y las mejoras que expliquen el aumento en su plusvalía.  

Al preguntarle cómo incrementó su patrimonio líquido en más de 800 mil dólares, el diputado responde que al menos 10 de sus propiedades en Sensuntepeque, uno de los municipios de Cabañas, valían en 2015 sustancialmente más que en 2012. 'Yo les consideré un aumento por plusvalía', respondió.  

La línea de ingresos anuales muestra que el diputado del partido Arena ha llegado a tener ingresos de más de 840 dólares al día, es decir, casi cuatro salarios mínimos. En 2012, entre salarios -sueldos, bonos, viáticos y otras prestaciones del cargo de legislador- reportó ingresos por 206 mil dólares, a los que sumó 104 mil en concepto de 'otras rentas'. En este último rubro entran los ingresos por alquiler de sus propiedades. Al menos dos de ellas, cada una ubicada a un par de cuadras del centro de Sensuntepeque, las arrienda a instituciones del Estado. Una le reporta 2 mil 700 dólares mensuales -32 mil 400 cada año- en concepto del alquiler de un edificio que ocupa la Policía Nacional Civil. La otra la alquila a la alcaldía de Sensuntepeque, y sirve como terminal para vehículos de transporte rural.

6. Jesús Grande y sus ingresos millonarios

El diputado suplente de Gana por La Paz, Jesús Grande, registró ante la sección de Probidad ingresos anuales que sobrepasan el millón de dólares.

Esta información está reflejada en las declaraciones de patrimonio al iniciar y concluir su período anterior como funcionario de la Asamblea Legislativa del 1 de mayo de 2012 al 30 de abril de 2015, así como al empezar el actual mandato el 1 de mayo de 2015. Grande, que hasta el período 2009-2012 fue diputado por Arena, dice que todo es producto de sus negocios y de préstamos bancarios. El diputado declaró a La Prensa Gráfica que en los últimos cuatro años tuvo un ingreso aproximado de 7.5 millones de dólares producto del cultivo de la caña de azúcar, actividad a la que, según expresó, se dedica desde 1998.

7. La diputada Ostorga y sus $3 millones anuales

La diputada de Arena por Sonsonate Silvia Ostorga dice tener una inversión millonaria en un negocio de productos varios llamado “Tienda Estrellita”, situado en la calle principal del cantón Metalío, en el municipio de Acajutla, Sonsonate. La declaración patrimonial de Ostorga, publicada por Diario1, dice que tiene ingresos de 3 millones de dólares anuales. La diputada por Sonsonate también alquila un terreno a la PNC.

8. Las herencias del diputado por Usulután

Rigoberto Soto es un diputado por el partido Gana, aunque obtuvo su primera diputación hace casi 10 años, en marzo de 2006, cuando fue suplente de José Ernesto Castellanos por el partido Arena. Su declaración patrimonial de ese entonces era la de alguien con ingresos mensuales equivalentes a unas 15 veces el salario mínimo urbano: 2 mil 900 dólares. Tenía una deuda de 65 mil dólares y no tenía propiedades a su nombre. El valor de sus bienes muebles (en esta categoría caben, por ejemplo, automotores, computadoras y joyas) era de 9 mil dólares, dice el formulario que entregó a la sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia, revelado en una versión pública y abreviada de su declaración patrimonial. Entre 2009 y 2015 su patrimonio familiar se triplicó: pasó de medio millón de dólares a casi millón y medio. Con un sueldo de diputado de poco menos de 5 mil dólares mensuales.

9. Guillermo Gallegos: 400 mil dólares en pagos extras

El vicepresidente de la Asamblea Legislativa por el partido Gana recibió de la institución más de 400 mil dólares en pagos extras a su sueldo entre 2009-2015. Gallegos, que antes de convertirse en diputado fue fiscal en San Pedro Masahuat, La Paz, ahora es un diputado de éxitos políticos y económicos. En noviembre de este año se convertirá en presidente de la Asamblea Legislativa. Cuando fue elegido como secretario, en 2009, este diputado registró ingresos extras de 72 mil dólares anuales en concepto de 'sobresueldos, vacaciones, aguinaldos, indemnizaciones, pensiones, etc.'.

10. Sigfrido Reyes el empresario de bienes raíces

El exdiputado del FMLN Sigfrido Reyes también está bajo investigación. El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Armando Pineda Navas, dijo a La Prensa Gráfica que la sección de Probidad analiza la información presentada por el expresidente de la Asamblea Legislativa, que registró un crecimiento patrimonial del 477 % en los nueve años que trabajó como diputado. El matutino ha revelado una serie de compraventas de propiedades e inversiones que Reyes hizo cuando fue legislador. Probidad ha detectado que Reyes no declaró todas sus propiedades.

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