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El Salvador

Jueza aprueba extradición de Montano a España

Una corte de Carolina del Norte, en Estados Unidos, aprobó la petición del gobierno de ese país de enviar a España a un militar salvadoreño procesado por el caso jesuitas, ocurrido en San Salvador, en 1989. Montano fue detenido en Estados Unidos en agosto de 2011 y desde entonces España pidió su extradición para enfrentar el juicio en la Audiencia Nacional.

 
 

La jueza Kimberly Swank, de la corte distrital de Carolina del Norte, Estados Unidos, resolvió este jueves 4 de febrero que el coronel Inocente Orlando Montano, procesado por el caso jesuitas, sea extraditado a España para enfrentar un juicio en ese país, tal como lo pidió el gobierno de Estados Unidos en abril de 2015 en una petición formal.

Montano fue detenido en 2011, en el estado de Virginia, donde residía, con cargos por fraude migratorio. Montano mintió en la información que presentó a las autoridades para renovar su Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés). En 1989, cuando ocurrió el crimen de los jesuitas, Montano era el viceministro de seguridad pública durante el gobierno de Alfredo Cristiani. 

La jueza Swank tenía en estudio la posible deportación de Montano hacia El Salvador, donde algunos de sus viejos compañeros de armas permanecen refugiados, pero este jueves decidió darle trámite a la solicitud de extradición que hizo España en noviembre de 2011 al gobierno de Estados Unidos. Este último finalmente decidió acuerpar la solicitud y la envió al juzgado de Carolina del Norte en abril de 2015.

Montano es procesado junto a otros 16 militares en un juzgado de instrucción de la Audiencia Nacional de España, una instancia que bajo el principio de justicia universal, admitió una demanda de familiares de parte de los seis sacerdotes jesuitas que fueron asesinados en el campus de la Universidad Centroamericana en noviembre de 1989, junto a su cocinera y la hija de esta.

La jueza determinó que hay indicios suficientes de que Montano participó en la planificación del crimen de lesa humanidad, y dejó claro que su eventual responsabilidad debe ser determinada por la Audiencia Nacional.

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