El operativo policial del viernes 5 de febrero, en el que cuatro militares fueron detenidos bajo acusaciones de haber conspirado para asesinar a seis sacerdotes jesuitas de la UCA, en 1989, agitó las aguas en la derecha política salvadoreña que protagonizó, en marzo de 1993, la obstaculización de la justicia contra las graves violaciones a los derechos humanos cometidas en la guerra, cuando aprobaron la 'ley de amnistía general para la consolidación de la paz'.
El domingo 7 de febrero, los partidos Arena, PCN y PDC emitieron un comunicado conjunto en el que rechazan las capturas y acusan que responden al “apetito de instrumentalización de las instituciones, que vulnera derechos fundamentales”. Diputados de Arena también manifestaron en redes sociales su rechazo a las órdenes de captura que un juzgado español ha emitido en total contra 17 militares salvadoreños, 13 de los cuales aun no han sido arrestados.
¿Un movimiento previsible o una respuesta que nace en el calor del evento histórico ocurrido el viernes? Lo cierto es que hasta este domingo, ningún partido político de derechas se había pronunciado de manera institucional ante los embates de la Audiencia Nacional de España contra los militares acusados por el crimen de los jesuitas, sino más bien habían dejado a discreción de sus filas salir a la palestra para pronunciarse en contra del proceso, que desde 2011 ha dependido de las peleas en las cortes salvadoreñas y estadounidenses para llegar a buen puerto a la Audiencia Nacional española. El viernes, tras la noticia de la orden de extradición desde Estados Unidos hacia España del exviceminsitro de Seguridad, Inocente Orlando Montano, y luego con el operativo de capturas del resto de acusados en El Salvador, las cosas paracen haber cambiado para esa derecha política salvadoreña.
Pero los movimientos institucionales tardarían día y medio en llegar. Primero reaccionaron de manera individual diputados como el general en retiro Mauricio Ernesto 'el chato' Vargas, quien en la noche de viernes, en pleno operativo policial, abandonó su casa, se montó en su carro y condujo hasta la colonia Manuel José Arce, ubicada al final del bulevar de los Próceres, cerca de la Universidad UCA, donde la Policía ya efectuaba los allanamientos de las casas de los militares.
El general Vargas, hoy diputado de Arena, anteriormente enlace del ejército en el equipo negociador del gobierno que firmó los Acuerdos de Paz en 1992, y excompañero de los máximos representantes de La Tandona —la generación de la Fuerza Armada señalada por graves violaciones a derechos humanos y que comandó los últimos años de la guerra—, vio como varios vehículos de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) tenían bloqueados las entradas de las residencias de los militares buscados. Vargas reclamó que los allanamientos y detenciones eran un error, una ilegalidad, una violación al principio de certeza jurídica de sus compañeros que ya en mayo de 2012 habían sido beneficiados por una decisión de la Corte Suprema de Justicia para no ser extraditados a España. “Vamos a dar la lucha legal que sea necesaria, hay un irrespeto a los derechos de todos ellos”, dijo.
Pero Vargas es apenas el poder de uno, y el pronunciamiento de este domingo en realidad refleja la unión de tres partidos de oposición que si bien no alcanzan la mayoría simple en el pleno (suman 42 de 43 votos) sí tienen una fuerte presencia y legitimidad en la mayoría de los 262 municipios del país. En el comunicado, los partidos cuestionan que “las acciones realizadas para allanar las residencias de militares en retiro (…) se enmarcan en actuaciones que agravan la polarización, reabren heridas en la sociedad salvadoreña y atentan a la letra y el espíritu de los Acuerdos de Paz firmados en 1992”.
El comunicado, de una página, intenta rearmar la historia con ideas que se vinculan entre sí y sugieren una mentira sobre los hechos que llevaron a la Asamblea Legislativa a aprobar la ley de amnistía general en 1993. Pero no solo en ese punto el comunicado sugiere cosas que no son o que no ocurrieron en realidad. Los partidos caen en otras ligerezas como cuando afirman que unas resoluciones del año 2011 y 2012 de la Corte Suprema de Justicia -y que beneficiaron a los militares que son buscados por la Audiencia Nacional de España para que en ese momento no fueran capturados y extraditados- obedecían al espíritu de los Acuerdos de Paz.
En el documento de los Acuerdos de Paz nunca se redactó un párrafo que reflejara un acuerdo para perdonar los crímenes de lesa humanidad, tal como ha sido catalogado por la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) el crimen de los jesuitas. La exguerrilla y el Ejército, según los Acuerdos, parecían condenados a que en algún momento debían reconocer sus pecados de guerra. El único acuerdo en común fue que reconocieran los excesos cometidos. Y eso sí quedó reflejado en los Acuerdos de Paz, en el capítulo que habla sobre la “superación de la impunidad”. Ese acuerdo señala que tanto la guerrilla como el Ejército respetarían lo que dijera la Comisión de la Verdad, un informe que se conoció en marzo de 1993 y que enumeraba crímenes de lesa humanidad cometidos tanto por el Ejército como por parte de la guerrilla. “… las partes igualmente reconocen de que hechos de esa naturaleza, independientemente del sector al que pertenecieron sus autores, deben ser objeto de la actuación ejemplarizante de los tribunales de justicia, a fin de que se apliquen las sanciones contempladas por la ley”, rezaban los Acuerdos.
El informe de la Comisión de la Verdad fue publicado el 15 de marzo de 1993, y solo dos días después, el PCN salió corriendo para presentar una pieza de correspondencia de la nueva ley, auspiciado por la presidencia de Alfredo Cristiani y el ejército, todavía dirigido por los generales de la Tandona, algunos de ellos vinculados al crimen de los jesuitas.
Aquella ley no fue aprobada por el PDC de esa época, que se abstuvo de votar. Pero al frente del PDC de la actualidad está el diputado Rodolfo Parker, secretario general del partido, y quien fuera señalado por la Comisión de la Verdad de encubrir a los coroneles del Estado Mayor de la Fuerza Armada salvadoreña acusados de ser los autores intelectuales del asesinato de los jesuitas. En aquel entonces, Parker era abogado de la Fuerza Armada y fue miembro de la Comisión de Honor que investigó a los soldados de batallón Atlacatl. Él interrogó a algunos de los oficiales y varios de ellos lo acusaron después, ante la Comisión de la Verdad, por haber cambiado sus declaraciones. Según los militares, Parker eliminó de las transcripciones -que se le entregaron al juez del caso- la parte en la que ellos confesaron que el coronel Guillermo Benavides, uno de los capturados el 5 de febrero, les dijo que había luz verde del Estado Mayor para asesinar a los jesuitas.
Políticos de aquella época y que impulsaron esa ley de amnistía, como el pecenista Rafael Machuca, incluso han sugerido que la redacción de esa ley fue obra del abogado Parker, cosas que él niega. '¡Yo no tuve nada que ver en eso! Yo en ese tiempo era asesor de la Fuerza Armada. Yo siempre he estado dispuesto a que me procesen hoy, mañana y siempre', dijo Parker a El Faro, en abril de 2014.
El comunicado no fue la única manifestación de descontento del partido Arena. El sábado, algunos diputados lanzaron cuestionamientos a la decisión del Ejecutivo de cumplir con las órdenes de captura. En sus expresiones, diputados como Norman Quijano también parecían ignorar que los Acuerdos de Paz no incluían el perdón a los delitos de lesa humanidad. El sábado, desde su cuenta de Twitter, Quijano escribió: “Detenciones arbitrarias efectuadas por la PNC, avaladas sin dudas por Sánchez Cerén, son un retroceso en la paz que elegimos los salvadoreños”. Quijano también exhortó a Arena a no quedarse de brazos cruzados. “Pido a la dirigencia de mi partido convoque con carácter urgente a la bancada para tomar decisiones y definir acciones”, dijo Quijano, un excandidato presidencial que durante la campaña de 2014 se comprometió a que solo respetaría los tratados internacionales que no tuvieran que ver con el respeto a los derechos humanos .
El diputado de Arena Ernesto Muyshondt se sumó a los señalamientos contra las detenciones: “Sin Ley de Amnistía no se habrían logrado Acuerdos de Paz, que permitieron a un grupo terrorista convertirse en Partido (que hoy Gobierna)”. Muyshondt se equivoca. Una semana después de firmada la Paz, y en seguimiento a la misma, el 23 de enero de 1992, la Asamblea Legislativa aprobó una primera amnistía denominada Ley de reconciliación nacional que, no obstante, en ningún lado rezaba que dejaría impunes los crímenes de lesa humanidad como el caso jesuitas. Esta ley se diferencia de la amnistía aprobada un año después, en un madrugonazo de los partidos Arena, PCN y MAC (disidentes del PDC), porque con esa sí se absolvieron las responsabilidades de todos los crímenes de guerra y de lesa humanidad.
El comunicado de Arena, PCN y PDC también exige, al igual que lo hace el general Vargas, de que debe seguirse el debido proceso en este caso: “Reafirmamos nuestra confianza en que prive el respeto a la Constitución como marco normativo para las garantías del debido proceso (…) Estamos seguros que se respetarán los principios de seguridad jurídica y cosa juzgada emanadas del órgano judicial”.
El comunicado añade que las capturas solo sirven para polarizar más a la sociedad salvadoreña. “La tensión política y social que sufre nuestro país, aparejada al recurrente apetito de instrumentalización de las instituciones, que parcializa y divide, que vulnera derechos fundamentales, incluyendo el debido proceso, fractura la estabilidad y no abona al alto propósito de construir un mejor país sin odios ni resentimientos”.
El comunicado difundido este domingo a través de redes sociales de los partidos Arena y PCN también mezcla los Acuerdos de Paz con resoluciones de la CSJ de agosto y octubre de 2011. Según el comunicado, fue gracias a los Acuerdos que en esos fallos la CSJ determinó que toda orden de captura con notificación roja no implicaba la detención del procesado, sino solo su ubicación. Este criterio, no obstante, fue modificado cinco años después, en agosto de 2015 por la Sala de lo Constitucional y, consecuentemente, por la corte plena de 15 magistrados de la CSJ, en octubre de 2015. En sus alegatos, tanto la Sala como la corte plena dijeron que la interpretación anterior, la de 2011 y con la cual los militares se están defendiendo actualmente, era un error.
La Fiscalía española y la Procuraduría de España ante los tribunales de la Audiencia Nacional, al igual que la PDDH, también han reconocido el asesinato de los jesuitas como un crimen de lesa humanidad y sostienen que, como tal, debía ser investigado y perseguido, conforme a “las normas internacionales imperativas”. Por ello es que el juez ratificó las órdenes de captura de los 17 militares del caso el 4 de enero pasado, porque consideró que las resoluciones de agosto y octubre de 2011, en las que la CSJ interpretó que la notificación roja no implicaba captura por parte de la PNC, ya fueron sustituidas por otras interpretaciones más recientes de la Corte Suprema.
Atendiendo a la nueva interpretación de las notificaciones rojas, la Policía efectuó las capturas este viernes. El juez español Eloy Velasco giró las órdenes de captura en mayo de 2011. El 4 de enero pasado, el juez ratificó las órdenes de captura como producto de un “cambio observado” en la manera en cómo la justicia salvadoreña interpretaba una orden de captura internacional con notificación roja. En 2011, la Corte dijo que no impolicaban detención de nadie.
El comunicado de Arena, PCN y PDC también alude a que la CSJ ya negó la extradición, lo cual es cierto, y ocurrió en mayo de 2012. El error en el comunicado de los partidos es señalar que dicha resolución que benefició a los militares surgió de los Acuerdos de Paz. “Las acciones realizadas (…) atentan contra los Acuerdos de Paz. Especialmente cuando la CSJ rechazó la extradición”.
Los cuatro militares hasta ahora detenidos son el sargento Tomás Zárpate Castillo, el subsargento José Antonio Ramiro Ávalos Vargas, el cabo Ángel Pérez Vásquez y el coronel Guillermo Alfredo Benavides. El sábado fueron puestosa disposición de un juzgado de paz de San Salvador, el cual por la noche los envió a las bartolinas policiales de la Dirección de Tránsito sobre el bulevar norte de la capital. Se prevé que este lunes sean puestos a disposición de la CSJ, la cual designará a otro juez para que ventile todo el proceso de extradición.
