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El asesinato de una laureada ambientalista pone en aprietos al Estado hondureño

Berta Cáceres había logrado con su lucha que el Banco Mundial y la constructora de represas más grande del mundo desistiera de un proyecto en 2013, y mantenía la batalla para impedir que otros proyectos aprobados por el Estado continuarán en el departamento de Santa Bárbara. Se suponía que la policía debía brindarle seguridad, por órdenes de la CIDH, pero las autoridades dicen que ella se salió de sus radares sin avisar. 

El Faro / AFP

 
 

La laureada dirigente indígena ambientalista Berta Cáceres, de 43 años, fue asesinada a tiros la madrugada del jueves 3 de marzo por desconocidos que invadieron su casa en La Esperanza, 200 km al noroeste de la capital hondureña, denunciaron la familia y dirigentes populares.

Cáceres, a quien la Comisión Interamericana de Derechos Humanos había favorecido con medidas cautelares que obligaban al estado hondureño a velar por su seguridad, habia salido del radar de las autoridades hondureñas, que ahora descargan en que la ambientalista no notificó un cambio de residencia cuándo intentan responder por qué no estaba protegida. 

Cáceres, quien fuera coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) y ganadora del Premio Goldman 2015, uno de los más prestigiosos en el campo del medioambiente, fue asesinada para robarle, relató a TV Globo su madre, Berta Flores, "pero todos sabemos que fue por (su) lucha".

Como coordinadora del COPINH, Cáceres había emprendido una lucha por la defensa del río Gualcarque, en el departamento de Santa Bárbara (noroeste), donde una compañía pretende construir una represa hidroeléctrica que amenaza con dejar sin agua a cientos de indígenas lenca, etnia a la que ella pertenecía.

Flores añadió que recientemente su hija "fue al río Gualcarque y tuvo un altercado muy grande con los militares y con los dueños de la empresa que está haciendo (la represa) sobre ese río, y ella me dijo que tenían que parar (la construcción) porque era destruir la vida, era destruir la humanidad", subrayó.

Según la madre de Cáceres, su hija "tenía (dictadas) medidas cautelares" de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), pero en la práctica no recibía protección del Estado por la presión de las autoridades que defienden a la mineras y empresas hidroeléctricas.

Activistas protestan tras el asesinato de la medioambientalista indígena Berta Cáceres,  en La Esperanza, 200 km al noroeste de Tegucigalpa. AFP, Orlando Sierra.
 
Activistas protestan tras el asesinato de la medioambientalista indígena Berta Cáceres,  en La Esperanza, 200 km al noroeste de Tegucigalpa. AFP, Orlando Sierra.

El ministro de Seguridad, Julián Pacheco, dijo que la policía coordinaba con Cáceres su seguridad, pero la vivienda que tenía registrada está en el barrio El Calvario de la ciudad de La Esperanza, y que cuando fue asesinada estaba durmiendo en otro lugar, el residencial El Líbano, sobre el que las autoridades no tenían conocimiento. Indicó que inicialmente se le había asignado una patrulla policial permanente "pero a solicitud de ella" se estableció un patrullaje ocasional.

"El gobierno, la policía y la Secretaría de Seguridad estuvieron siempre pendientes de la seguridad" de Cáceres y "la semana pasada tuvieron un reunión de coordinación" a causa de las medidas cautelares que ordenó la CIDH, enfatizó.

Pacheco prometió que "el gobierno está en la mayor disposición de aclarar este lamentable hecho" e informó que fue detenido como sospechoso el guardia de la colonia donde mataron a la dirigente, así como otra persona que resultó herida, pero declinó dar detalles con el argumento de que el caso está en investigación.

El secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, condenó el "horrendo" crimen, que calificó también de "golpe a los derechos humanos del pueblo", y pidió "que se esclarezca ya" en un mensaje a través de Twitter.

En Honduras, un país en el que desde el golpe de estado contra el expresidente Manuel Zelaya (2009) se han asesinado a más de un centenar de campesinos que luchan por la tierra en una batalla contra terratenientes en el Bajo Aguán; a más de 100 activistas de derechos humanos; a decenas de abogados y fiscales; y a más de 30 comunicadores, este crimen vuelve a evidenciar que la violencia sigue ahí, impune, pese al desplome de las estadísticas de homicidios en el año 2015.

Honduras pasó de ser el país más violento del siglo con tasas de más de 80 homicidios por cada 100 mil habitantes, a uno que ya no aparece en los primeros lugares de esa lista, registrando en 2015 un desplome hasta los 57 homicidios por cada 100 mil habitantes. 

El escenario en Honduras se complica más para los medioambientalistas, según la oenegé Global Witness (Londres), que ya había advertido en mayo de 2015 que este país centroamericano era el más peligroso del mundo para los activistas por el medio ambiente. 

Para históricos dirigentes sindicales como Carlos H. Reyes, excandidato a la presidencia, presidente del sindicato de la Cervecería y dirigente del Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP), este crimen cumple con las mismas características y promueve las mismas sospechas contra el Estado, como las que él denunció en agosto de 2009, cuando fue gravemente vapuleado por policías antimotines en una de las marchas contra el gobierno de facto de Roberto Michelletti. 

En la zona en la que Berta Cáceres emprendió su último proyecto medioambiental, una empresa (Gersa S.A. de C.V.) cuenta desde el 2010 con una concesión aprobada por el Congreso Nacional para desarrollar, en 30 años, tres proyectos de hidroeléctricos, según una investigación del Centro de Estudios para la Democracia titulada "Represas hidroeléctricas y exclusión: El conflicto social en los valles del Norte de Santa Bárbara".

"La policía dice que fue por robarle pero es un crimen político de este gobierno", dijo a la AFP Carlos H. Reyes. "La información de la policía es que (desconocidos) entraron a la casa por la parte de atrás y le dieron dos disparos, pero todos sabemos que es mentira, que la mataron por su lucha en la protección del ambiente", denunció el dirigente obrero. 

Una vida por el medioambiente

Berta Isabel Cáceres Flores, una indígena hondureña laureada internacionalmente, fue una incansable luchadora en defensa del ambiente, que denunció las amenazas de las represas hidroeléctricas y mineras para los recursos naturales.

Fundadora en 1993 del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas (Copinh), junto a su entonces esposo Salvador Zúniga, Berta se construyó una reputación como defensora de la naturaleza que la llevó a merecer un prestigioso premio ambientalista, pero también a la muerte. Cáceres nació el 4 de marzo de 1972 y era madre de cuatro hijos.

"En nuestras cosmovisiones somos seres surgidos de la tierra, el agua y el maíz. De los ríos somos custodios ancestrales", declaró el 20 de abril del 2015 al recibir el premio ambiental Goldman en San Francisco, California.

Al fundar Copinh, Berta y Salvador daban un paso al frente para organizar a los indígenas lencas, una etnia de unos 400.000 miembros que viven en condiciones de pobreza entre los departamentos de Intibucá, Lempira y Santa Bárbara (oeste) en defensa de sus territorios codiciados por compañías hidroeléctricas y mineras.

El Copinh se insertó en el movimiento social hondureño en favor de las reivindicaciones sociales y la defensa de la tierra.

Después del golpe de Estado de 2009, Berta y todo el Copinh se sumaron a las movilizaciones de decenas de miles de personas exigiendo la vuelta del destituido gobernante.

La última lucha que emprendía la mujer, de baja estatura, cara redonda, ojos vivaces y abundante cabellera negra, era en defensa del río Gualcarque, en Santa Bárbara, contra una compañía que pretende construir una represa hidroeléctrica.

En el 2013, la campaña de Cáceres y el Copinh logró que la estatal china Sinohydro, la constructora más grande de presas en el planeta, retirara su participación en el proyecto hidroeléctrico. Esa lucha también logró que abandonara la iniciativa la Corporación Financiera Internacional, institución del Banco Mundial que invierte en el sector privado. Pero en la batalla también hubo una pérdida para la ambientalista, cuando uno de sus compañeros de lucha, Tomás García, fue abatido en una de las masivas manifestaciones emprendidas contra la represa a manos de un militar. 

La asesinada dirigente ambientalista elevó su voz de protesta a través de manifestaciones públicas y en todo tipo de foros dentro y fuera de Honduras.

"¡Despertemos humanidad, no hay tiempo! Nuestras conciencias serán sacudidas por el hecho de solo estar contemplando la autodestrucción basada en la depredación capitalista, racista y patriarcal", demandó en su discurso al recibir el premio.

Después de una reunión con la relatora de los derechos de la Mujer de Naciones Unidas, Tracy Robinson, en abril de 2014, declaraba a la AFP: "se expuso (a la funcionaria) la persecución del Estado, que se solidariza con los capitalistas nacionales y las transnacionales que se están apropiando del agua y de nuestras comunidades".

En 2013, la dirigente fue acusada por la fiscalía por portación ilegal de armas y ella se defendió ante los tribunales luego de que, según su denuncia, autoridades le pusieron un revólver en su vehículo para incriminarla. 

"Me siguen. Me amenazan con matarme. Amenazan a mi familia", había denunciado la asesinada luego de recibir el premio Goldman.

Por su denuncias, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dictó medidas cautelares en su favor, pero el ministro de Seguridad, Julián Pacheco, aseguró que ella había desistido de tener policías cuidándola en forma permanente aunque se le prestaba seguridad cuando lo solicitaba.

"Pedimos justicia, que se descubra a los verdaderos asesinos, no a los gatos (que dispararon). El gobierno es el responsable por esa gran indefensión que deja a los crímenes en la impunidad", exigió en entrevista telefónica, desde La Esperanza, Berta Flores, madre de la ambientalista asesinada.

 

CORRECCIÓN
En una primera versión de este artículo se dijo por error que el líder indígena y ambientalista hondureño Tomás García había sido esposo de Berta Cáceres. No es así. Se trató de una malinterpretación del término "compañero". García y Cáceres compartieron por años activismo político.

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