El gobierno salvadoreño anunció el 7 de marzo que no cambiará la hoja de ruta que se trazó en 2015 para combatir a las pandillas pese a que el repunte de las cifras de homicidios, que en los primeros dos meses de 2016 se han incrementado en un 118% respecto el mismo periodo del año anterior (1,536 homicidios hasta el 6 de marzo), sugiere que algo no está funcionando bien en los planes de seguridad.
En una conferencia motivada por la masacre más numerosa en lo que va del año, ocurrida el pasado 3 de marzo, en el cantón Agua Escondida del municipio de San Juan Opico, en La Libertad, y en la que fueron asesinadas 11 personas, el gabinete de seguridad se presentó para enviar un mensaje congruente con todas las acciones que ha tomado este gobierno desde enero de 2015, cuando decidió enviar a los agentes de la policía a una guerra abierta contra las pandillas.
'Aunque algunos digan que estamos en una guerra, pero no queda otro camino. No hay espacios para diálogo, no hay espacios para treguas, no hay espacios para entenderse con ellos, son criminales y así como criminales hay que tratarlos', dijo el presidente Salvador Sánchez Cerén, desde casa presidencial.
Sánchez Cerén repitió ese desdén por la estrategia de seguridad que gestó el gobierno del que él fue vicepresidente: la tregua con las pandillas. 'Yo no voy a volver a la tregua -dijo dos veces- porque no fue correcta. No voy a volver a la mano dura porque no fue correcta', añadió, refiriéndose a las políticas de mano dura aplicadas por los gobiernos del partido de derechas, Arena, en las adminsitraciones de Francisco Flores (1999-2004) y Antonio Saca (2004-2009).
La idea que sostiene el gobierno ahora se resume en dos adjetivos: ser fuertes y duros. En la conferencia, fue el ministro de Seguridad, Mauricio Ramírez Landaverde, quien mejor dejó claro el ánimo que mueve a las autoridades cuando advirtió a las clicas de la Mara Salvatrucha, a las que responsabilizan por la masacre de Opico, que su objetivo es 'borrar del mapa, desarticular completamente a los grupos que han cometido este hecho tan condenable y que cualquier grupo que tenga dentro de sus planes cometer un hecho así que esté claro que le vamos a dar un tratamiento fuerte, un tratamiento duro'.
Una vez más, tras un año de batallas contra las pandillas, el gobierno insiste de nuevo en que episodios como el de la masacre o el repunte en la escalada de violencia obedece a que 'si nosotros no estuviéramos actuando sobre ellas (las pandillas), si no estuviéramos capturando a miles de pandilleros y desarticulando sus estructuras, ellos estuvieran tranquilos y estuviera disminuido el homicidio. Pero estamos combatiéndolo', dijo Sánchez Cerén. A mediados y finales de 2015, las autoridades insistían en ese mismo argumento, pero antes ocupaban una idea más para sostenerlo: que esas reacciones de las pandillas en realidad eran un síntoma de que estaban a punto de ser vencidas, cosa que, a juzgar por el comienzo de 2016, está muy lejos de concretarse.
Según Sánchez Cerén, 'esta estrategia está dando resultados', aunque en enero de 2016, en el anuncio del relevo en el gabinete de seguridad, fue él mismo quien pidió a las nuevas autoridades que quería más y mejores resultados este año, cosa que tampoco ha ocurrido, a menos que lo que el mandatario pidiera fuese exactamente lo que está ocurriendo: que el país llegue a los 23 homicidios diarios.
Y hablando de homicidios, el presidente sugirió que el repunte al alza de la cifra de homicidios no debería preocupar a la gente, porque la ciudadanía debe reflexionar en quiénes son los muertos diarios.
'Han existido asesinatos múltiples pero no había sucedido un asesinato de estas dimensiones, creo que eso es lo que nos tiene preocupados a todos', dijo el mandatario. Pero ya había asesinatos de dimensiones mayores durante su gestión, que empezó en junio de 2014. En agosto del año pasado, por ejemplo, 14 reos del penal de Quezaltepeque fueron asesinados. Esta omisión de Sánchez Cerén no es casual. El presidente considera que los homicidios de pandilleros deberían llevarse en un registro aparte. La muerte de los pandilleros pertenece a otra categoría, de acuerdo con el gobernante.
'¿Te has puesto a pensar que dentro de esos 1400 o cuántos son? -el presidente pausó su pregunta retórica porque dudó en la cifra- los que van este año, más de 1500 homicidios pues tiene que ver con que dentro de ellos hay una cantidad que son pandilleros. Nosotros vamos a mejorar nuestras estadísticas y tratar de que se refleje cuál es la población afectada', dijo. Los pandilleros, un estimado de 60 mil miembros que, cuando se suman a sus grupos familiares llega a aproximadamente 450 mil personas no son población afectada, según ese análisis. 'Es decir, el homicidio está creando esa sensación de que está muriendo la población, pero muchos de esos asesinatos son pandilleros', agregó Sánchez Cerén, quien con sus palabras pareciera sugerir que los pandilleros son una categiría de individuos aparte o alejada de la 'población' salvadoreña.
Para el mandantario, los problemas no están en el gobierno, sino en que las desventajas en el combate a la inseguridad las ponen actores externos como la Sala de lo Constitucional, que ha frenado una serie de préstamos internacionales por 900 millones en 'en los cuales 200 iban para fortalecer a la Policía Nacional Civil'.
En la conferencia, Sánchez Cerén anunció 82 capturas contra clicas -células pandilleras- en San Juan Opico y zonas aledañas como Joya de Cerén y el Sitio del Niño. Además, dijo que las órdenes del múltiple asesinato salieron de los centros penales de Izalco (Sonsonate) y Ciudad Barrios (San Miguel). El director de la Policía, Howard Cotto, dijo que para la masacre se utilizaron entre siete y nueve armas. Cotto también dijo que han desplegado 100 policías y 200 soldados que permanecerán en la zona de la masacre hasta nuevo aviso.
Las reacciones de este lunes 7 de este gabinete de seguridad se corresponde con las palabras que expresara el secretario de Comunicaciones de la Presidencia, Eugenio Chicas, cuando el año pasado declaró que 'era de esperarse que esto esté produciendo muchos muertos', en una entrevista en la que dejó entrever que la estrategia del gobierno es batallar contra las pandillas hasta finales de este año, en el entendido de que ese es el tiempo que se requiere para acabar con sus estructuras y su presencia territorial. Estas reacciones, además, vendrían a ser una confirmación de que pese a la salida del exministro de Seguridad, Benito Lara, y el ascenso del exdirector de la Policía al rango ministerial (enero de 2016), la estrategia que se ha trazado este gobierno se mantiene intacta, aunque ahora ha llamado a consultas a la Corte Suprema de Justicia, a la Fiscalía General de la República y a la Asamblea Legislativa para incorporar un nuevo ingrediente.
Medidas extraordinarias para un plan que 'funciona'
Pese a defender los resultados de su estrategia de choque contra las pandillas, Sánchez Cerén convocó al fiscal general, Douglas Meléndez y a los presidentes de los Órganos Judicial -Óscar Pineda- y Legislativo -Lorena Peña- para analizar la adopción de 'medidas extraordinarias'. Y en eso plantea una contradicción: ¿por qué necesita ese tipo de medidas una estrategia que supuestamente está dando los resultados esperados?
Sánchez Cerén dijo que no ha decidido todavía hacer una declaratoria de emergencia. La Constitución plantea entre los artículos 29 al 31 la posibilidad de declarar un régimen de excepción, entre otras razones, por 'graves pertubaciones del orden público'. En ese caso, el Estado puede suspender, por un periodo menor o igual a 60 días, el ejercicio de cuatro derechos fundamentales: la libre movilidad, la libertad de expresión, de asociación y la inviolabilidad de la correspondencia. Esa limitaciones pueden dictarse para todo el país o solo a ciertos municipios.
A priori, el plan tendría apoyos. Diputados como Guillermo Gallegos ya se han mostrado proclives a régimenes de excepción focalizados. El fiscal Meléndez también pidió un mayor apoyo de la Fuerza Armada.
Sin embargo, podría encontrar un freno constitucional. Una sentencia de la Sala de lo Constitucional del 14 de febrero de 1997 establece que 'un período de aumento de la criminalidad que-como es natural-altera el orden normal de los acontecimientos de la vida nacional, pero no se encuentra regulado en la Constitución como un supuesto de suspensión de garantías constitucionales'. Y esa será un escollo que tendrá que superar el gobierno de Sánchez Cerén si quiere seguir adelante con este plan.
