La reunión del dirigente de Arena Ernesto Muyshondt con líderes nacionales de la Mara Salvatrucha y el Barrio 18, celebrada en febrero de 2014 y revelada este viernes por El Faro, expone la doble moral del partido de derecha, cuya campaña electoral se había basado desde 2013 en un brutal ataque al FMLN por haber negociado con las pandillas la llamada Tregua. Muyshondt defiende ahora que el diálogo dentro de la ley es necesario para la reinserción de pandilleros y para terminar con el problema de violencia en El Salvador, pero en aquel entonces acusaba al Ejecutivo de traicionar a las víctimas y rendirse a los criminales. Dos discursos. Dos caras.
Aquella campaña arenera, encabezada por el candidato a la presidencia Norman Quijano, tuvo en parte la culpa de que el gobierno de Mauricio Funes renunciara al diálogo en marcha y dejara morir la Tregua. Las políticas de inversión social y de reinserción prometidas por el Ejecutivo a las pandillas nunca llegaron. Los homicidios volvieron a subir. La hipocresía de Arena acorraló políticamente la hipócrita estrategia de Funes, que nunca reconoció públicamente haber negociado con la Mara Salvatrucha y el Barrio 18. El mundo de las apariencias y el miedo general a perder votos en un país profundamente herido, plagado de víctimas, rompían un diálogo que, se comprueba ahora, consideraban necesario tanto el gobierno como la oposición .
Es urgente terminar de una vez por todas con las poses y la doble moral. El Salvador registró en 2015 6,657 homicidios. Somos el país en paz más violento del mundo y los tomadores de decisiones siguen más preocupados por sus niveles en las encuestas que por sincerar sus reflexiones, confrontar ideas y acordar y ejecutar una estrategia integral que entienda las raíces de las pandillas, incida en ellas para hacerlas menos violentas y se enfoque, sin renunciar a la persecución policial, la aplicación de la ley y la recuperación del control territorial, en promover la reinserción de sus miembros.
Asumamos que Muyshondt no es el único político de este país que ha dialogado con pandilleros, así como la llamada Tregua no fue el único caso de diálogo entre el gobierno de El Salvador y las pandillas. Es sabido que durante el gobierno de Francisco Flores el Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP) sostuvo un diálogo constante con líderes pandilleros encarcelados, para coordinar la ejecución de mejoras en las condiciones de encierro y facilitar el desarrollo de estrategias de prevención de violencia en comunidades violentas. Años después, el Ejecutivo de Antonio Saca combinó el conocido como plan Súper Mano Dura con un diálogo semisecreto pero oficial con el Barrio 18. Tanto el entonces líder de la 18, Carlos Ernesto Mojica Lechuga “Viejo Lyn”, como el entonces presidente del CNSP, Óscar Bonilla, reconocieron aquellos contactos, luego frustrados. También la cúpula de la Mara Salvatrucha asegura haber mantenido conversaciones secretas con el gobierno de Saca. Es falso, por último, que el Estado no negocia con los pandilleros. Lo hace cada día cuando concede criterio de oportunidad a decenas de ellos. Con dudoso criterio de selección y ningún éxito en términos de reducción de la impunidad, por cierto.
Arena tiene, no cabe duda, que purgar sus mentiras y sincerarse. Pero la mayor carga de responsabilidad recae en estos momentos en el FMLN y el gobierno de Sánchez Cerén. Sería hipócrita que la izquierda use la reunión de Muyshondt como arma arrojadiza puesto que también el FMLN negoció en secreto con las pandillas. El actual presidente de la República era vicepresidente en la administración Funes y David Munguía Payés, que encabezó aquel diálogo, es su actual ministro de Defensa. El mismo Benito Lara, ministro de Seguridad durante la escalada represiva de 2015 y actual asesor del presidente, dijo a El Faro al llegar al gobierno que estaba dispuesto a sentarse a dialogar con los líderes pandilleros si eso le ayudaba a ejecutar su estrategia de seguridad.
Y usar con fines partidarios el striptease de Arena sería ante todo irresponsable. El Ejecutivo se obceca desde hace un año en mostrar su lado más despiadado y populista en materia de seguridad, y ha permitido que la Policía hiciera de las ejecuciones sumarias casi un modus operandi el último año. Ahora, está en plena campaña facilista alrededor de unas medidas de excepción que solo agravarían el problema. Seguir por esa senda es parasitar el dolor de las víctimas. Es sacar rédito del miedo de los ciudadanos en lugar de aplacarlo. Intentar, a lomos de la propaganda, etiquetar a Arena como cómplice de las pandillas y presentarse como azote de los criminales —como ya hicieran en su momento Flores y Saca en contra del Frente, con desastrosos resultados en número de muertes— es una canallada y obstaculiza la verdadera tarea política que los salvadoreños encomendaron a este Gobierno.
Fue El Faro el que en 2012 desnudó al primer gobierno del FMLN con el anuncio de que había negociado con las pandillas una reducción de homicidios. Ahora hace lo propio con Arena al revelar que buscó no solo favores electorales sino un diálogo permanente en caso de llegar al poder. Ojalá ahora que ambos partidos han visto expuestas sus vergüenzas comiencen a aceptarse como son, a hablar sin dobles agendas de la sangre que se derrama todos los días en el país y a impulsar soluciones reales, afianzadas en la complejidad del fenómeno de las pandillas y no en la simplificación cínica del problema. Los últimos 20 años de historia nos dicen que tanto la derecha como la izquierda han usado o han ignorado la muerte de salvadoreños en su lucha por la victoria electoral. Es hora de que eso termine. Por responsabilidad, por decencia y por un principio de humanidad.
