El gobierno del FMLN y la oposición política liderada por el partidos de derechas, Arena, se unieron este viernes 1 de abril para aprobar una serie de medidas especiales que en lo medular arrinconan a los pandilleros recluidos en siete cárceles del país. Vía decreto, 83 de 84 diputados autorizaron a la Dirección General de Centros Penales (DGCP) para que promueva, si lo considera necesario, aislamientos totales contra los reos, así como un banderillazo de salida oficial, al menos en el papel, para que la Superintendencia de Electricidad y Telecomunicaciones (Siget) ordene el bloqueo de las señales telefónicas en esas cárceles, una medida que por primera vez ha sido acatada sin cuestionamientos por las compañías telefónicas y que busca golpear, principalmente, la comunicación de los mandos medios con las clicas en la calle, pero también el delito de la extorsión.
El gobierno anunció la intención de estas medidas en la primera semana de marzo, en un encuentro que contó con la venia las principales cabezas del órgano judicial, legislativo y el fiscal general de la República, Douglas Meléndez. Tres semanas después, la propuesta llegó madurada a la Asamblea Legislativa, apenas dos días después de que el gobierno aislara a 299 pandilleros, mandos medios de las maras, en celdas especiales recién construidas en el penal de Quezaltepeque. La aprobación de estas medidas especiales se da, además, en una coyuntura en la que el país promedia 22 homicidios diarios, con la excepción de los últimos días de marzo, en que las pandillas anunciaron -y han ejecutado- un cese indefinido de la violencia que ha repercutido en la disminución de los asesinatos.
El acuerdo entre el gobierno y la oposición fue tal que permitió la aprobación de las 'Disposiciones Especiales Transitorias y Extraordinarias en los Centros Penitenciarios, Granjas Penitenciarias, Centros Intermedios y Centros Temporales de Reclusión' en tiempo récord. El Órgano Ejecutivo presentó el decreto de 10 artículos el 31 de marzo. La Comisión de Seguridad se reunió dos horas antes de anunciar un acuerdo.
La presidenta de la Asamblea Legislativa, Lorena Peña, convocó en la mañana del 1 de abril a la comisión para que emitiera un dictamen favorable. Esa reunión duró 15 minutos. A las 10:45 de la mañana, la Comisión de Seguridad ofreció una conferencia de prensa para comunicar que había dictamen. Minutos después del mediodía, la agenda de la sesión plenaria de este viernes se modificó para incluir ese dictamen. A las 2:25 de la tarde, con 83 de 84 votos se aprobó el decreto. El diputado Rodrigo Ávila dijo después que una diputada de su partido, Arena, se perdió la votación porque andaba en el baño cuando esta se convocó.
Tres horas más tarde, el presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén, informó que ya había sancionado el decreto y ordenado que se publicara en el Diario Oficial. Es decir, menos de 24 horas después de que envió la pieza, las medidas extraordinarias ya eran ley vigente. Los diputados defendieron la rapidez del proceso porque ya habían discutido estas medidas en dos reuniones en Casa Presidencial.
Las medidas extraordinarias son el paso más reciente en la estrategia del gobierno de Sánchez Cerén para aumentar la presión sobre las pandillas. Este presidente no solo rompió con la estrategia de la Tregua -impulsada en 2012 por el primer gobierno del FMLN y liderada por el entonces ministro de Seguridad (hoy de Defensa), David Munguía Payés- sino que hizo un viraje completo al declarar discursivamente la guerra contra las pandillas. Esa retórica ha estado acompañada del traslado de los cabecillas de pandillas de regreso a Zacatecoluca en abril de 2015, así como por la orden para los agentes de la Policía Nacional Civil para que persigan y combatan a los pandilleros. El pasado 29 de marzo, al trasladar a los mandos medios al penal de Quezaltepeque, el gobierno dio un nuevo golpe contundente contra las pandillas, que de manera curiosa respondieron con un cese indefinido a la violencia, que hasta el ciere de esta nota han cumplido. Tras esta victoria legislativa, el siguiente paso implica la creación de nuevos batallones militares en algo que el ministro de Defensa, David Munguía Payés, llama 'fuerza especial de reacción'.
Los 11 artículos del decreto, que durará un año, tienen aplicaciones en la esfera cotidiana de los reos, en la relación de las autoridades con las compañías telefónicas y en el margen de maniobra presupuestal que tiene el Ministerio de Seguridad para construir y adaptar infraestructura.
En lo que atañe directamente a las personas presas, las autoridades pueden restringir o suspender las visitas en los siete centros penales del país en los que se concentra la mayoría de pandilleros: Chalatenango, Ciudad Barrios, Cojutepeque, San Francisco Gotera, Izalco, Quezaltepeque y Zacatecoluca. Los internos de esos centros también podrán ser sometidos a encierro o confinamiento en celdas especiales. Estarán obligados a participar en actividades reeducativas. Las visitas con sus abogados defensores sucederán en recintos especiales, pero no serán trasladados para audiencias ni otras diligencias procesales. El decreto obliga a la realización de audiencias virtuales o que se realicen en la misma prisión, esta última es una medida no muy popular entre los jueces. Durante el primer mes de vigencia de este decreto (abril) se suspenden las audiencias que involucren a los reos de estos siete centros y también se suspenden los plazos procesales, es decir, las garantías legales para que los procesos judiciales sean expeditos.
Algunas de estas medidas ya están comprendidas en el régimen especial del que habla la Ley Penitenciaria. Sin embargo, el decreto permite sobrepasar el aval de los jueces de vigilancia penitenciaria, que se necesita cuando se declara el estado de emergencia.
La radicalidad de estas condiciones abre el debate sobre su constitucionalidad. La resolución 5-2001 de la Sala de lo Constitucional, en la que los magistrados analizaron el régimen penitenciario especial, da alguna luz sobre posibles obstáculos legales para la aplicación de este decreto. 'Si las restricciones son llevadas a tales extremos que el régimen de vida impuesto es igual al aislamiento total o cercano a él, tales medidas se constituyen en sanciones aniquiladoras de la personalidad del interno, en la medida que no tiene acceso tanto al trabajo formativo penitenciario como a su reeducación, mucho menos comunicación con el exterior, determinando la degradación del individuo como ser social y obligándolo a vegetar en su propia celda la mayor parte de horas del día', dice un párrafo de ese fallo.
No obstante, esto no parece ser algo que preocupe a los diputados. 'Tenemos comprobado que aislando a estos sujetos, no permitiendo visitas, podemos lograr mucho. Se quiere sellar totalmente y restringir a lo mínimo posible que tengan contacto con la gente del exterior', dijo el diputado de Gana, Guillermo Gallegos, un legislador que promueve dentro y fuera de campaña electoral la pena de muerte contra los pandilleros. Por su parte, Misael Mejía, del FMLN, se anticipó a una posible admisión de la Sala si se presenta un recurso. 'Cualquier amparo va a desenmascarar del lado de quién están los magistrados de la Sala de lo Constitucional', dijo Mejía. Rodrigo Ávila, diputado de Arena y exdirector de la Policía Nacional Civil, también desdeñó de estas preocupaciones. 'Hay quienes cuestionan que estas medidas violan los derechos humanos. Los que más se violan son los de gente trabajadora', justificó el excandidato a la presidencia de la República.
La enésima prueba de bloquear celulares en prisiones
El decreto también supone un nuevo intento de detener el flujo de llamadas hacia y desde los centros penales. El artículo 6 de las medidas aprobadas establece un ultimátum de 24 horas a los operadores de telecomunicaciones para que eliminen el tráfico de telecomunicaciones en los espacios físicos de los centros penales. Si los operadores no atienden eso, la ley les da un rango de castigos, como un ultimátum de 30 días para reubicar las antenas o el corte del suministro de energía eléctrica. Además, se prohíbe instalar antenas en radio de medio kilómetro de las prisiones.
Los esfuerzos gubernamentales por bloquear la señal de celulares en las cárceles cumple, por lo menos, 10 años en 2016. A mediados de agosto de 2006, durante el último gobierno de Arena, el de Tony Saca, el Ejecutivo ya discutía qué hacer por las extorsiones desde las cárceles. Por aquel entonces, saldaron la eventualidad con la adición de sanciones para quienes introdujeran celulares en centros penales y con el establecimiento del régimen de emergencia en prisiones, mismo que hoy se juzga insuficiente. 'Los celulares son usados para coordinar hechos criminales con sujetos que están fuera del penal', dijo Astor Escalante a El Diario de Hoy en ese momento, cuando era viceministro de Seguridad Ciudadana y antes de ser fiscal general y superintendente de Electricidad y Telecomunicaciones.
Cuatro años más tarde, ya durante el primer gobierno de izquierda, en diciembre de 2010, Hato Hasbún comunicaba con éxito el acuerdo con las telefónicas para bloquear la señal de celulares en centros penales, según reportó La Prensa Gráfica. Casi dos años después, en noviembre de 2011, el ministro de Seguridad, Henry Campos, confesaba el fracaso en el anuncio de Hasbún: 'tenemos en el tintero una propuesta de reforma para establecer regulaciones a las compañías para que se permita disminuir la potencia de la señal, prohibir la construcción de estructuras en áreas cercanas a los centros penales y otras herramientas legales', dijo Campos a LPG.
La Tregua supuso una pausa a las políticas de aislar a los pandilleros encarcelados del mundo exterior, con la lógica de que era necesario que los líderes pandilleros se comunicaran con sus estructuras en la libre para operativizar la tregua. Sin embargo, después de la destitución de Munguía Payés como ministro de Seguridad, el gobierno volvió a la carga. En agosto de 2013, Ricardo Perdomo anunció un proyecto de ley para prohibir las señales de celulares en las cárceles. Ese proyecto se cristalizó ya en el segundo gobierno de izquierda. En enero de 2015, Salvador Sánchez Cerén anunció la reforma, ejecutada en marzo de 2015, en vigencia desde hace un año con la Ley Contra el Delito de Extorsiones.
¿Por qué cree el gobierno que ahora sí, esta vez lograrán bloquear la señal de telecomunicaciones en las cárceles? De acuerdo con el diputado Antonio Almendáriz, presidente de la Comisión de Seguridad, precisamente por el espaldarazo del sistema judicial a la ley antiextorsiones. El pasado 30 de marzo, la Sala de lo Constitucional rechazó una demanda en contra de las multas que ascienden a $755 mil diarios contra los operadores telefónicos que no acaten esas medidas ordenadas en desde la ley antiextorsiones. 'La resolución que tenía prácticamente detenido eso es la llave para poder aplicar la ley', dijo Almendáriz. El diputado Guillermo Gallegos resumió la posición legislativa hacia las telefónicas con esta frase: 'Es decir, o a las buenas o a las malas, corte y multa ya está asegurado en la ley'.
A decir de las telefónicas, la aplicación de multas no será necesaria. Un comunicado de Casatel, que aglutina a Tigo, Telefónica, Claro y Digicel, afirma que ven positivamente las medidas y que 'siempre hemos estado dispuestos a colaborar con las diferentes medidas que nos han solicitado las autoridades y lo seguiremos haciendo', pese a acusaciones -como la del fiscal Romeo Barahona- de que las empresas aumentaban la señal para superar los bloqueadores. En comunicados individuales, tanto Tigo como Telefónica solicitaron comprensión a sus clientes por la afectación que supondrá la implementación de las medidas.
Nuevas prisiones y la duda sobre el financiamiento
El decreto también mandata habilitar centros temporales de reclusión y permite la contratación directa - sin tomar en cuenta los requisitos de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP). Ese mecanismo aplica para 'obras, bienes y servicios para el mejoramiento, equipamiento, funcionamiento y ampliaciones que sean necesarias en la infraestructura penitenciaria' así como para el corte de tráfico de telecomunicaciones. En la práctica, Gallegos explicó que se constuirán tres centros 'al estilo de granjas penitenciarias', uno en cada zona del país (occidente, centro, oriente). El diputado de Gana dijo que se construirán en los próximos dos o tres meses. 'Es una cosa bien básica donde se pueda tener controlada a esta gente y tener de alguna manera aislamientos. Se está hablando de contenedores donde puedan tener condiciones donde puedan estar hasta dos o tres personas', agregó el legislador.
Gallegos también explicó que el Ejecutivo depende casi exclusivamente de préstamos para sostener la ejecución de este decreto. 'Con fondos propios va a ser bien difícil que podamos lograr implementar esto', dijo el diputado. En la primera fase, se utilizarán fondos provenientes de la contribución especial a la seguridad y algunas transferencias entre ministerios.
El ministro de Seguridad, Mauricio Ramírez Landaverde, deberá informar mes a mes sobre los efectos de las medidas y el avance de su ejecución a la Comisión de Seguridad de la Asamblea Legislativa.
