El exviceministro de Seguridad Pública entre 1989 y 1992, Inocente Orlando Montano, ha presentado un habeas corpus ante una corte distrital para evadir la extradición que ordenó el 5 de febrero una jueza de Estados Unidos.
España ha pedido formalmente la extradición de Montano quien enfrenta una acusación en ese país, junto a otros 16 militares salvadoreños, por su presunta participación en la masacre de seis sacerdotes jesuitas de la Universidad Centroamericana en noviembre de 1989, en San Salvador. En 2011, el juez español Eloy Velasco libró órdenes de detención internacional contra Montano y los otros militares acusados para que enfrentaran un proceso en la Audiencia Nacional.
Montano pidió a través de sus abogados este viernes 1 de abril que se revierta la orden de extradición en su contra, pero además pidió libertad condicional mientras dura el proceso de extradición. 'Montano no supone un riesgo de fuga y tampoco es un peligro para la comunidad. La combinación de condiciones especiales y el debido proceso advierte que debe haber una libertad condicional', reza el escrito presentado por el abogado de Montano, James E. Todd Jr.
Montano fue enviado a prisión el 25 de abril de 2015 después de que las autoridades judiciales y el gobierno de Estados Unidos dieran por cierto que Montano supo de grandes violaciones a derechos humanos que las fuerzas de seguridad salvadoreñas cometieron bajo su mando, entre ellas desapariciones, ejecuciones extrajudiciales y torturas.
Montano también ha pedido una audiencia especial ante la corte distrital Este de Carolina del Norte para poder extenderse más sobre las razones por las cuales considera que no debe ser extraditado. Ya en anteriores ocasiones, Montano ha señalado ante las autoridades estadounidenses razones como que él no perteneció a ninguna mafia o asociación terrorista u organización rebelde, lo cual es un requerimiento para la extradición según el tratado entre Estados Unidos y España. Montano también ha señalado que cuando fueron asesinados, los jesuitas tenían nacionalidad salvadoreña, con lo cual el Órgano Judicial de España no tiene jurisdicción para conocer el caso jesuitas.
Ahora es el turno del gobierno de Estados Unidos y la Fiscalía para contestar la nueva solicitud de Montano, y solo entonces la corte distrital tendrá la palabra. 'Estamos hablando de que pueden pasar varios meses', dice Almudena Bernabéu, abogada querellante de una de las organizaciones que promovieron que el caso jesuitas fuera admitido por la Audiencia Nacional en 2009.
