El expresidente salvadoreño Armando Calderón Sol calificó de “atentado a la soberanía nacional” la solicitud de captura y extradición que el juez Eloy Velasco, de la Audiencia Nacional española, ha girado contra 17 militares salvadoreños acusados de participar en el asesinato de seis sacerdotes jesuitas en 1989. “Es ilegal. Ellos expulsaron al juez Baltasar Garzón de la Audiencia Nacional por querer indagar el pasado español, pero ahora quieren juzgar el nuestro”, dijo el viernes pasado en Nueva York, durante su participación en una conferencia organizada por la Universidad de Nueva York (NYU) y la Universidad de Columbia para revisar el proceso que culminó con la firma de los Acuerdos de Paz de 1992. “A los 25 años de haberse firmado la paz, que venga España a revivir esto no es justo con El Salvador. Esto es un juez queriendo patear la soberanía nacional”.
Calderón Sol también manifestó su oposición a que se abra un juicio en El Salvador porque, dijo, “entonces abriríamos también los crímenes que cometieron los otros y no terminaríamos nunca”. El expresidente cerró su respuesta con la frase que ha guiado la posición de su partido, Arena, desde la firma de los Acuerdos de Paz: “Mejor hay que ver hacia el futuro”.
Le acompañaban en el estrado el exguerrillero Facundo Guardado —quien también se manifestó en contra de un juicio por el caso Jesuitas—, el capitán retirado salvadoreño Luis Parada y el general estadounidense Mark Hamilton, quien fue agregado militar en la embajada estadounidense en El Salvador durante el proceso de paz. Paradójicamente, fueron los dos militares quienes abogaron por juzgar a los asesinos de los sacerdotes jesuitas.
“La Fuerza Armada, aun en una guerra, debe amparar sus acciones en la ley”, dijo el capitán Parada. “Quienes hicieron ese crimen le hicieron un grave daño al país y es necesario un esclarecimiento. Hasta ahora nadie se ha hecho cargo ni ha aceptado su responsabilidad.”
Seis sacerdotes jesuitas, entre ellos el rector de la Universidad Centroamericana (UCA), Ignacio Ellacuría, además de una mujer y una menor de edad, fueron asesinados por el Batallón Atlacatl del Ejército en la madrugada del 16 de noviembre de 1989, en medio de una ofensiva guerrillera sobre San Salvador.
Parada, que para entonces trabajaba en inteligencia militar, dice haber estado a 500 metros de la UCA el día del asesinato. “Fui a ver y me impactó mucho. De inteligencia habíamos pasado un informe al Estado Mayor varios días antes de la ofensiva. Incluso les sugeríamos cómo evitarla. Pero no nos escucharon, lamentablemente”.
El juicio en España
Ante la presión internacional, nueve militares fueron juzgados en El Salvador por el crimen en 1991, entre ellos el entonces director de la Escuela Militar, coronel Benavides. En un proceso que ha sido cuestionado en repetidas ocasiones por su falta de independencia, sólo Benavides y el teniente Yushi Mendoza fuero encontrados culpables. Poco tiempo después de la firma de los Acuerdos de Paz de 1992, fueron puestos en libertad.
Las investigaciones de la Comisión de la Verdad de Naciones Unidas y del Instituto de Derechos Humanos de la UCA concluyen que los asesinatos fueron planificados y ordenados por la cúpula militar durante una reunión en el Estado Mayor Presidencial, y desde entonces se ha cuestionado también el rol del presidente Alfredo Cristiani, no solo si estuvo al tanto de la orden de su Estado Mayor, sino también por el encubrimiento posterior de los responsables.
Dada la práctica imposibilidad de que los responsables intelectuales del crimen sean llevados a juicio en El Salvador, familiares de algunos de los sacerdotes asesinados interpusieron una demanda ante la Audiencia Nacional española, que tras admitirla giró orden internacional de captura contra 18 militares retirados (ahora 17, tras la muerte del exministro de Defensa René Emilio Ponce), durante la administración del presidente Mauricio Funes.
Ante la pasividad de la Policía salvadoreña, que no cumplió de inmediato la orden de detención internacional girada por Interpol a instancias de la justicia española, varios de los acusados buscaron refugio el agosto de 2011 en una guarnición militar protegidos por el aún hoy ministro de Defensa, general David Munguía Payés. El gobierno guardó silencio ante este hecho y esperó a que, pocos días después, la Corte Suprema de Justicia decretara improcedentes las alertas rojas de Interpol y decretara la libertad de los militares.
A principios de 2016, sin embargo, la Corte Suprema revisó aquella resolución y confirmó la validez de las órdenes de captura. El 5 de febrero pasado, la PNC logró detener a cuatro de los acusados. Los de menor rango militar. Los demás continúan prófugos. Su posible extradición a España depende ahora de una nueva decisión de la Corte Suprema, como la de otro de los 17, Inocente Montano, condenado en Estados Unidos por fraude migratorio, depende de un tribunal de apelaciones estadounidense.
“Una orden ilegal”
El viernes pasado, en Nueva York, el Capitán Luis Parada también abordó la solicitud de extradición girada por la Audiencia Nacional española: “En El Salvador se dice que (juzgarlos) es contrario a los acuerdos de paz pero eso no es cierto. En ningún lado de los acuerdos se habla de impunidad ni de amnistías. Por el contrario: en la sección 5 dice que quienes hayan violado derechos humanos deben ir a tribunales. A quienes dicen que los militares solo obedecían órdenes hay que recordar que eran órdenes ilegales y no solo no estaban obligados a cumplirlas, sino que estaban obligados a no cumplirlas”.
Parada fungió como agregado militar en la embajada de El Salvador en Washington a partir de la firma de los acuerdos de paz, y posteriormente se retiró. Ahora ejerce como abogado en la firma estadounidense Foley Hoag, en Washington D.C.
El general norteamericano Mark Hamilton secundó a Parada: “La subordinación no es una excusa para una violación de los derechos humanos. Esa fue una orden ilegal y es responsabilidad de quienes decidieron seguir también esa orden. La guerra no es una excusa para violaciones de derechos humanos”.
Antes de Hamilton, el exjefe guerrillero Facundo Guardado expuso su peculiar concepción de justicia: “El asesinato de los jesuitas y de monseñor Romero fueron violaciones de derechos humanos, pero ni las más horrendas ni las más crueles. Yo no creo en las guerras buenas. El asunto era eliminar al enemigo y a su entorno. Nuestra sociedad y el mundo tienen derecho a conocer la verdad pero que no sean vendetas. Yo me alejo de quienes dicen que la justicia pasa por la cárcel. En la cárcel deben estar quienes son una amenaza y (los militares acusados) no son una amenaza”.
Guardado fue Secretario General del FMLN tras el fin de la guerra y su candidato presidencial en las elecciones de 1999, pero renunció al Frente poco después de ser derrotado en las urnas por el arenero Francisco Flores y perder peso en el partido en favor de corrientes más radicales. Tras crear su propia fuerza política, el Partido Renovador, y fracasar electoralmente, Guardado se ha convertido en activo opositor al FMLN e incluso apoyó públicamente la candidatura a la presidencia del arenero Norman Quijano en 2014. Hace pocas semanas, El Faro dio a conocer un video grabado en febrero de 2014 , en el que el dirigente de Arena Ernesto Muyshondt, reunido con pandilleros, les pregunta su opinión sobre la posibilidad de que Facundo Guardado llegara a ser ministro de Seguridad si Quijano ganaba la Presidencia.
En 1999, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) resolvió, entre otras cosas, que los autores intelectuales de la masacre en la UCA “pertenecientes al Alto Mando de la Fuerza Armada salvadoreña, nunca fueron investigados, procesados ni castigados”. “Como consecuencia de la sanción de la Ley de Amnistía, el Estado salvadoreño ha violado el artículo 2 de la Convención Americana. Además, a raíz de su aplicación al presente caso, el Estado ha violado el derecho a la justicia y su obligación de investigar, procesar y reparar establecidos en los artículos 1(1), 8 y 25 de la Convención Americana, en perjuicio de los familiares de las víctimas y de los miembros de la comunidad religiosa y académica a la que pertenecían”, afirmó la CIDH.
En Nueva York, Guardado dijo: “Nadie habla de la crudeza de la guerra. Yo, si me preguntan, lo hago. Pero no voy a ir a la cárcel. ¿A cuenta de qué?”
