Mossack Fonseca comenzó a operar en 1986, cuando Ramón Fonseca unió su pequeña firma legal en Panamá con otra firma local dirigida por Jürgen Mossack, un panameño de origen alemán. Los archivos a los que tuvo acceso ICIJ muestran la evolución de esta firma durante 40 años, pues las prácticas datan desde 1977. En este periodo la empresa se dedicó a la creación de empresas difíciles de rastrear y ha hecho todo lo posible por mantener ocultas sus prácticas ante las autoridades de Estados Unidos (Nevada), Brasil y Alemania, países en los que es investigada. En su historial de clientes célebres se encuentran narcotraficantes, miembros de la Mafia, políticos corruptos y evasores de impuestos.
Esta empresa ha operado en diversos paraísos fiscales. En 1987 abrió una sucursal en las Islas Vírgenes Británicas, que años antes había aprobado una ley que facilitaba establecer compañías offshore sin revelar públicamente a sus dueños y directores. Hoy, las Islas Vírgenes Británicas albergan cerca del 40 por ciento de las compañías offshore del mundo. De las compañías que aparecen en los archivos de Mossack Fonseca, una de cada dos compañías —más de 113.000— fueron incorporadas en las Islas Vírgenes Británicas.
En 1994, Mossack Fonseca ayudó a la isla de Niue —una una diminuta nación e una isla coral del Pacífico Sur, con una población de menos de 2.000 personas— a idear legislación que permitía la incorporación de compañías offshore. La firma había elegido Niue, según dijo Mossack luego a la Agence France-Press, porque quería una locación en la zona horaria Pacífico asiático y porque allí no tendría competencia. “Si teníamos una jurisdicción así de pequeña, y la teníamos desde el principio, podíamos ofrecer a la gente un ambiente estable, un precio estable”.
Entonces, Mossack Fonseca firmó un contrato de 20 años con el gobierno del pequeño atolón por derechos exclusivos para registrar compañías offshore en Niue. Niue ofrecía registros en caracteres chinos o cirílicos, lo que la hacía atractiva para clientes chinos o rusos.
Para 2001, Mossack Fonseca hacía tantos negocios en Niue que estaba pagando el equivalente de $1,6 millones de los $2 millones en los que está estimado el presupuesto anual del gobierno de Niue.
Pero las cercanas relaciones de la firma con la isla también comenzaron a atraer atención no deseada. Ese mismo año, el Departamento de Estado de Estados Unidos cuestionó los “inquietantes acuerdos” entre Niue y Mossack Fonseca y advirtió que la industria offshore de Niue había estado “vinculada al lavado de ganancias criminales de Rusia y Sudamérica”.
La Fuerza de Tarea de Acción Financiera, una organización intergubernamental establecida por grandes naciones para combatir el lavado de dinero, puso a Niue en una lista negra de jurisdicciones que no tomaban pasos para prevenir el lavado de dinero, amenazando con sanciones económicas.
Aunque Mossack negó que Niue estuviera involucrada en lavado de dinero, en 2001 el Banco de Nueva York y Chase Manhattan impusieron embargos sobre las transferencias de dólares a Niue. En 2003, Niue se negó a renovar a cuatro compañías incorporadas por Mossack Fonseca, señalando que estaría cerrando la franquicia exclusiva de la firma.
Estallido en Brasil
A principios de 2016, Mossack Fonseca se volvió en Brasil el blanco de una investigación de sobornos y lavado de dinero denominada “Operación Lavado de Autos”, que se está convirtiendo en uno de los mayores escándalos de corrupción en la historia de Latinoamérica. Los fiscales alegan que empresas brasileñas cooperaron entre sí para dividirse las subastas por contratos con el conglomerado petrolero estatal Petrobras, inflando precios y utilizando el dinero extra para sobornar a políticos y funcionarios de la petrolera, y para enriquecerse.
Los fiscales brasileños afirman que la oficina de Mossack Fonseca en Brasil ayudó a algunos de los acusados creando compañías que se usaron para cometer crímenes. En una conferencia de prensa en enero de 2016, llamaron a Mossack Fonseca “un gran lavador de dinero” y anunciaron que elevaron cargos criminales contra cinco empleados de la oficina brasileña de Mossack Fonseca, por crímenes que van desde el lavado de dinero hasta la destrucción y ocultación de documentos.
La firma niega cualquier falta en el caso. Dijo en una declaración que la oficina de Mossack Fonseca en Brasil es una franquicia, y que la firma de Panamá, que practica solo en Panamá, “está siendo erróneamente implicada en asuntos en los que no tiene responsabilidad”.
La recientemente resuelta acción legal en Las Vegas fue iniciada por una compañía de Estados Unidos, NML Capital, que está controlada por el inversor millonario Paul Singer, un gerente de fondos quizá mejor conocido por sus masivas donaciones al Partido Republicano de Estados Unidos. Documentos legales archivados en la Corte de Distrito en Las Vegas afirmaban que la firma con base en Panamá había creado 123 compañías en Nevada que habían sido utilizadas por un asociado del expresidente de Argentina para robar millones de dólares de contratos gubernamentales. Una orden exigía que Mossack Fonseca entregara detalles sobre todo el dinero que había fluido a través de las compañías de Nevada.
Mossack Fonseca no quería dar esta información. Para una firma que se especializa en establecer compañías offshore difíciles de rastrear para clientes de todo el mundo, la confidencialidad es obligatoria. La firma trató de bloquear la orden negando que sus operaciones en Las Vegas, llevadas a cabo por una compañía llamada M.F. Corporate Services (Nevada) Limited, fueran parte del grupo Mossack Fonseca.
Un email de 2014, por ejemplo, instruye que cualquier vínculo entre el sistema informático central de Mossack Fonseca en Panamá y la oficina de Nevada “debe estar oculto a los investigadores”. Otros emails reportan que empleados informáticos operando vía control remoto desde Panamá “trataron de limpiar los registros de las PCs de la oficina de Nevada” y planeaban llevar a cabo una “sesión remota para eliminar los rastros de acceso directo a nuestra CIS”, en referencia al sistema de información computarizada de la firma.
Los documentos incluso muestran que un empleado de la firma viajó de Panamá a Las Vegas para sacar documentos del país. “Cuando Andrés vino a Nevada, limpió todo y trajo todos los documentos a Panamá”, dijo un email del 24 de setiembre de 2014.
En comentarios a ICIJ, Mossack Fonseca negó “categóricamente” destruir o esconder documentos que puedan ser utilizadas en una investigación o litigación. Sin embargo, correos electrónicos internos obtenidos por ICIJ muestras que empleados de Mossack Fonseca en Panamá destuyeron u ocultaron apresuradamente evidencia del control de MF Nevada por parte de la firma, preocupados por que el caso lleve a una redada en la oficina de Nevada.
Otra preocupación, indican los emails, era si la gerente de MF Nevada, Patricia Amunategui, podía ser obligada a testificar. En un email, un funcionario de Mossack Fonseca dijo que la casa matriz quería que se “comporte como si fuera una proveedora”, actuando como si estuviera a la cabeza de una compañía independiente de Estados Unidos que tenía una relación comercial con Mossack Fonseca, pero no una relación de propiedad.
Pero a funcionarios de Mossack Fonseca les preocupaba que ella no fuera lo suficientemente astuta para lograrlo. El gerente informático de Mossack Fonseca escribió que los empleados de informática estaban preocupados porque Amunategui “no tiene la habilidad para pasar por una auditoría básica sin dejarnos en evidencia - ¡¡¡Cuidado!!!... Estoy muy preocupado por que la señora Patricia se olvide de las cosas y se ponga demasiado nerviosa. Creo que en esta situación podría volverse evidente que escondemos algo”.
El magistrado de EE.UU. Cam Ferenbach rechazó el intento de la casa matriz de distanciarse de MF Nevada. Destacó que el contrato de la gerente de la sucursal estaba firmado por los socios de la firma, Mossack y Fonseca, y que ella recibía “todas sus órdenes” de un empleado de Mossack Fonseca que vive y trabaja en Panamá. “El propio sitio web de Mossack Fonseca & Co. vende los servicios de M.F. Corporate Services como propios”, escribió el juez. El juez dictaminó en marzo de 2015 que Mossack Fonseca y MF Nevada eran una sola entidad.
El más buscado
Mossack Fonseca es considerado uno de los cinco mayores proveedores de secreto offshore al por mayor en todo el mundo. Tiene más de 500 empleados y colaboradores en más de 40 oficinas alrededor del mundo, incluyendo tres en Suiza y ocho en China. Aunque Mossack Fonseca dice públicamente que “conduce exhaustivas evaluaciones para verifical la legitimidad de cada uno de nuestros clientes” y dice que nunca trabajaría con políticos corruptos, criminales u otros personajes dudosos, los registros internos de la firma pintan una imagen distinta.
Un análisis por parte de ICIJ descubrió, por ejemplo, que Mossack Fonseca ha trabajado con al menos 33 compañías y personas en la lista negra de las autoridades de EE.UU por sus vínculos con el terrorismo, el tráfico de drogas o porque ayudaron a regímenes renegados como Corea del Norte e Irán.
Mossack Fonseca dijo que “no alberga o promueve actos ilegales” y que “nunca permitió a sabiendas el uso de nuestras compañías” por parte de individuos que trabajen con gobiernos sancionados. En la mayoría de los casos, la obligación de vetar a los clientes es de los bancos, las firmas legales y otros intermediarios que son los vínculos entre la firma panameña y los dueños de sus compañías offshore, dijo.
Los archivos muestran que Mossack Fonseca a veces hizo un cálculo financiero para aferrarse a clientes que eran grandes fuentes de honorarios para la compañía, incluso si eran revelados como indeseables por las autoridades. En otros casos, los laxos procedimientos de Mossack Fonseca permitieron a individuos en listas negras y otros clientes cuestionables pasar desapercibidos incluso si la propia firma sabía con quiénes estaba tratando.
En un episodio que involucró a Rafael Caro Quintero, otrora jefe del cartel de drogas de Guadalajara en México, las acciones de la firma se basaron aparentemente en una consideración más visceral: miedo.
Las autoridades arrestaron a Caro Quintero en Costa Rica en 1985 por la tortura y el asesinato del agente antidrogas de EE.UU. Enrique “Kiki” Camarena. Fue extraditado a México y sentenciado en 1989 a 40 años en prisión. El gobierno mexicano confiscó su fortuna —incluyendo una propiedad que pertenecía a una compañía offshore establecida por Mossack Fonseca— y la entregó al gobierno de Costa Rica, que la pasó al Comité Olímpico Nacional de Costa Rica.
Los archivos muestran que en marzo de 2005, funcionarios olímpicos costarricenses pidieron a Mossack Fonseca ayuda para conseguir el título a la propiedad. Jürgen Mossack puso objection. Los accionistas de la compañía offshore tendrían que decidir. Y no se sabía quiénes eran, dijo.
Sin embargo, un abogado de Mossack Fonseca escribió en un intercambio interno por email que “parece que el verdadero dueño de la propiedad, y por lo tanto la compañía, era el narcotraficante Rafael Caro Quintero”. Mossack, uno de los tres directores citados en la compañía, no tenía interés en ponerse en la mira de Caro Quintero.
“Comparado con Quintero incluso Pablo Escobar era un bebé”, escribió en un email, cuya idea central era que Mossack Fonseca renunciaría a su representación de la offshore de Caro Quintero. “No quiero estar entre los que Quintero visite al salir de la cárcel”. En 2013, Caro Quintero fue liberado de prisión por un tecnicismo y desapareció inmediatamente. Sigue libre y está de vuelta en la lista de más buscados de Interpol.
*Con aportes de Rigoberto Carvajal, Emilia Díaz-Struck, Cecile Schillis-Gallego, Mar Cabra, Mago Torres, y Sol Lauría.
