Rubén Alonso Hernández Ventura llegó a Panamá en agosto de 2002. Trabajó en una planta cervecera antes de que Mossack Fonseca se fijara en él en mayo de 2010. El despacho panameño realizó numerosos trámites, ante el Servicio Nacional de Migración y el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, para justificar que la contratación de este salvadoreño, nacido en Santa Tecla en 1960, no vulneraba el 10% de personal extranjero que manda la ley panameña.
El puesto ofrecido no era poca cosa: Hernández Ventura se convirtió en el director ejecutivo, en el Chief Executive Officer (CEO), del Grupo Mossack Fonseca, el tercero al mando después de los socios Jürgen Mossack y Ramón Fonseca.
El salvadoreño era la cara pública de la firma, que desde esta semana enfrenta diversos señalamientos e investigaciones por sus prácticas para facilitar la creación de sociedades offshore tras la divulgación de los #PanamaPapers. Hernández Ventura, el “Lic. Hernández”, fue la última palabra en decenas de negociaciones, tal como consta en los correos de la compañía; el encargado de dar las palabras cuando el bufete decidió donar $20,000 a la Teletón panameña de 2014; y quien apareció en las fotos cuando el despacho donó, en 2013, $15,000 para patrocinar al equipo panameño de bobsled –sí, bobsled- liderado por Eduardo Fonseca Ward, hijo de Ramón Fonseca y consul de Panamá en Dubai.
El Faro, parte de los más 100 medios de comunicación que participaron en la investigación global de los #PanamáPapers, después de la filtración obtenida por el diario alemán Süddeutsche Zeitung, y coordinada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), corrobó la identidad de Hernández Ventura y su participación comercial posterior con El Salvador.
Hernández Ventura fue la decisión lógica para Mossack Fonseca cuando, después de años de trabajar con bufetes locales como intermediarios y socios, decidió abrir su filial en El Salvador.
La creación de la nueva empresa se hizo al estilo de la firma. Mossack Fonseca echó mano de dos de sus empresas sombrillas, Dubro Limited S.A y Aliator S.A., para que figuraran como personas jurídicas en la compañía salvadoreña. Según la documentación interna de Mossack Fonseca, el abogado salvadoreño Francisco José Serarols Vega los aconsejó para crear la nueva empresa, colocando la participación de dos entidades jurídicas en el acta de fundación en El Salvador. Para Mossack Fonseca esto no era nada nuevo. El bufete panameño utiliza este tipo de empresas, llamadas “shell” (o coraza), para dar vida a otras, volviendo casi imperceptible a los beneficiarios reales. Estas dos mismas shell fueron las que Mossack Fonseca usó, por ejemplo, para crear Rayne Services Corp., una de las dos empresas offshore que el empresario salvadoreño Miguel Menéndez, “Mecafé”, tenía en Panamá.
El 3 de diciembre de 2013, Hercibelle González y Yadira de Boutaud, dos panameñas empleadas de Mossack Fonseca, firmaron a nombre de Dubro y Aliator dos poderes especiales a favor del abogado salvadoreño Francisco José Serarols Vega para constituir una compañía en El Salvador. El nombre ya es conocido: Mossack Fonseca & Co (El Salvador) S.A. de C.V.
Hercibelle y Yadira aparecen como directoras pantalla en cientos de empresas offshore creadas por Mossack Fonseca. Hercibelle presta su nombre para 9,021; Yadira, para 3,959.
Los poderes apostillados sirvieron para que Serarols Vega acudiera, el 17 de marzo de 2014, ante la notaria salvadoreña Alicia María Girón para constituir la nueva filial de Mossack Fonseca en El Salvador. El capital inicial de la empresa fue de $2,000. Como representante legal aparece el CEO de Mossack Fonseca, Rubén Alonso Hernández Ventura, y como administradora suplente Josette Roquebert, una empleada del área corportativa de Mossack Fonseca Panamá.
La filial, con matrícula 2014078813, fue asentada el 29 de septiembre de 2014 en el Registro de Comercio salvadoreño. Su nuevo domicilio, según los documentos públicos, era Paseo General Escalón, pasaje La Ceiba #4828, local 3.
El allanamiento en San Salvador
Una foto, según la Fiscalía, fue el detonante. El 7 de abril, El Faro publicó una fotografía de la sede Mossack Fonseca El Salvador, con una fachada llena de cicatrices: el logotipo de la compañía, aún visible el día anterior, había sido arrancado.
Esto, según explicó el fiscal general Douglas Meléndez, motivó el allanamiento realizado el 8 de abril, donde la Fiscalía secuestró documentación física y equipo informático (20 computadoras).
El fiscal Meléndez aseguró que el representante legal de la compañía no se encontraba en la oficina. Es normal: Hernández Ventura vive en Panamá, donde es el CEO de Mossack Fonseca
Antes de la apertura de la oficina en San Salvador, en 2014, Mossack Fonseca tuvo como contraparte al bufete salvadoreño Rusconi, Medina y Asociados. Las comunicaciones entre El Salvador y Panamá, parte de los Panamá Papers, detallan que la firma salvadoreña actuaba como franquicia, tanto que algunos de los abogados salvadoreños firmaban, entre 2010 y 2012, sus correos como Mossack Fonseca & Co. (El Salvador Representative).
El acuerdo le dio a Rusconi Medina casi la exclusividad de los clientes salvadoreños que crearon offshore con Mossack Fonseca, pero la firma no excluyó a otros bufetes salvadoreños, como Ungo Bustamante, cuando se presentaba la oportunidad de nuevos clientes.
Es más, ni la creación de la filial salvadoreña de Mossack Fonseca, frenó los trámites entre la matriz panameña con Rusconi Medina, tal como lo demuestran documentos y correos enviados posterior a la fecha de vigencia de la nueva empresa en El Salvador. Rusconi Medina, por ejemplo, mantuvo comunicación con Mossack Fonseca relativa a la administración de las sociedades de la familia Eserski -dueña de la Telecorporación Salvadoreña en El Salvador- en Panamá y en Islas Vírgenes Británicas.
Tras el procedimiento del viernes 8, el fiscal Meléndez aseguró que no allanará los bufetes salvadoreños que tienen o han tenido relaciones con Mossack Fonseca. La Fiscalía, dijo, llamará a los abogados para solicitarles información.
“Quiero hacer un llamado a los abogados y a los bufetes jurídicos que pudieran haber estado prestando servicios a estas empresas, que no vayan a cometer un error. Nosotros vamos a llamarlos y les vamos a pedir información. Y los vamos a citar. Que no vayan a cometer un error de ocutar información”, dijo Meléndez.
