El PH 909 es un edificio de 17 pisos al este de la ciudad de Panamá. La oficina principal está ocupada por un banco; en la entrada principal, a la derecha, hay un pasillo y un recepcionista que controla el ingreso hacia el ascensor. Por este pasillo desfilan elegantes hombres y mujeres de negocios que contratan abogados para crear en Panamá, uno de los paraísos fiscales más importantes del continente, empresas y cuentas bancarias al servicio de empresas y particulares de otros países. En el sector se los conoce como “servicios offshore”.
El piso 16 del PH 909 es la sede de Arias, Alemán & Mora, la firma de abogados que, en 1998, creó empresas para que Carlos Perla y Mario Orellana, expresidente y exgerente de la empresa pública de aguas en El Salvador, ANDA, ocultaran sobornos por nueve millones de dólares durante el tercer gobierno del partido Arena. Aquellas empresas están hoy inactivas porque Perla fue condenado por corrupción, mientras que Orellana es prófugo. Se le busca por lavado de dinero.
Han pasado los años, pero el edificio PH 909 es como un imán que sigue atrayendo a otros salvadoreños ansiosos de llevar su dinero a Panamá, un país caluroso en el que los propietarios de empresas offshore no pagan ningún impuesto. Dos pisos abajo del bufete que atendió a los exfuncionarios de ANDA, en el 14, está Infante & Pérez Almillano, otra firma legal, relacionada con la creación de empresas de Miguel Menéndez, Mecafé, según ha revelado la investigación de los #PanamáPapers.
Infante & Pérez Almillano es también el bufete que Alba Petróleos de El Salvador contrató para representar a una de las ocho empresas filiales offshore que tiene en Panamá.
Alba Petróleos es una empresa semipública, creada en 2006 por el entorno del partido Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) para importar combustible subsidiado desde Venezuela. La empresa pública venezolana PDVSA es dueña del 60% de las acciones y 18 alcaldías gobernadas por el Frente son propietarias del 40% restante.
Desde su nacimiento en 2006, Alba Petróleos de El Salvador compra combustible subsidiado al gobierno venezolano gracias a que el Estado salvadoreño, por medio de las municipalidades, se ha comprometido a pagar una deuda con PDVSA que en el año 2014 ya alcanzaba los 943.4 millones de dólares. El de Alba Petróleos es un millonario negocio, un delicioso banquete en el que los principales comensales son un puñado de empresas relacionadas con dirigentes del FMLN, que gozan de millonarios créditos a bajos intereses, sin responsabilidad directa alguna con Venezuela. Las alcaldías, que han comprometido el dinero de los contribuyentes en esa inversión, se alimentan mientras tanto de las migajas.
Es decir: las alcaldías pusieron su dinero en Alba Petróleos; Venezuela puso el combustible en Alba Petróleos; pero Alba Petróleos no ha repartido utilidades a las alcaldías sino que ha destinado sus ingresos a hacer préstamos a empresas, dirigidas por socios y abogados relacionados con José Luis Merino. Y, por ser estas empresas privadas, el dinero que entra a sus cuentas bancarias ya no puede ser fiscalizado por la Corte de Cuentas.
En enero de 2014, El Faro ya publicó que una buena parte de las ganancias de Alba Petróleos se había destinado a financiar el nacimiento de una veintena de empresas manejadas por familiares, socios y abogados relacionados con José Luis Merino, asesor de Alba Petróleos y uno de los principales dirigentes del FMLN. Pero además de en sus inversiones en El Salvador, Alba Petróleos ha utilizado su dinero para montar ocho empresas en Panamá: Atlantic Pacific Logistic, Inversiones para el Desarrollo Internacional, Conemite Internacional, Guazapa, Subes Panamá, Alba Refining Company Latin América, Apalsa Marítima y Apes Inc. (Ver documentos)
También en estas compañías son directivos o apoderados familiares, socios y abogados relacionados con el dirigente del FMLN José Luis Merino. En Apes Inc., por ejemplo, su hermano Sigfredo Israel Merino recibió el 20 de abril de 2011 un poder para abrir cuentas bancarias, comprar o vender bienes muebles o inmuebles.
Otra figura clave en el manejo de las empresas panameñas del grupo Alba es José Mauricio Cortez Avelar, asesor de Alba Petróleos. En El Salvador, Cortez Avelar ha trabajado como notario para Alba Alimentos, empresa que preside José Luis Merino; mientras que en Panamá aparece, por ejemplo, como directivo de Guazapa, de Atlantic Pacific Logistic, de Apalsa Marítima y de Inversiones para el Desarrollo Internacional. Consultado al respecto, Cortez Avelar confirmó que es directivo de empresas panameñas, pero afirmó que, por tratarse de cuestiones de su trabajo, no podía conceder entrevistas para profundizar sobre las mismas. “Algo sé, pero entenderá que por la confidencialidad de mi trabajo no puedo hacer ningún comentario”, dijo.
Alba Petróleos comenzó a invertir en Panamá en 2008. El 8 de septiembre de ese año tres alcaldes del FMLN crearon con un capital de 10 mil dólares Apes Inc., empresa que en sus primeros tres meses de operaciones recibió más de medio millón de dólares desde Alba Petróleos en El Salvador en concepto de préstamos. En los años siguientes, la empresa semipública salvadoreña también haría préstamos a otra empresa en Panamá ligada al FMLN: Atlantic Pacific Logistic. Para 2014, los préstamos de Alba Petróleos a estas dos empresas ascendían a 290.6 millones de dólares. De ese dinero, por estar radicadas en Panamá, estas empresas no pagan ni un centavo de impuestos. Ni renta ni IVA por sus operaciones o por la compra de cualquier bien o servicio.
En Panamá, todas las empresas relacionadas con Alba Petróleos son representadas por firmas de abogados que se promocionan explícitamente en sus sitios web como especialistas en el uso de sociedades offshore para obtener beneficios fiscales.
Tres alcaldes invierten en Panamá
Apes Inc nació en la oficina 1918 del edificio Century Tower, el local de Delvalle & Delvalle, un bufete que destaca en su sitio web que el secreto bancario y la “reducción de impuestos pagados por sus negocios” son algunos de los atractivos para que inversionistas extranjeros creen empresas en Panamá. La oficina 1918 ahora está vacía, pero el bufete tiene otra oficina en pleno corazón financiero panameño.
El 8 de septiembre de 2008 tres alcaldes del FMLN, directivos en ese momento de Alba Petróleos de El Salvador, viajaron a Panamá para ser nombrados directivos de Apes Inc. La compañía se creó para un giro comercial bastante amplio: “llevar a cabo cualesquiera negocios lícitos”. Esos primeros directivos de Apes Inc fueron: como presidente Carlos Alberto García Ruiz, exalcalde de Soyapango y actual diputado del FMLN, conocido popularmente como “El diablito” Ruiz; como vicepresidente Francisco Humberto Castaneda Monterrosa, exalcalde de San Sebastián Salitrillo y actual viceministro de Educación; y como tesorero Miguel Ángel Hernández Ventura, exalcalde de San Pedro Perulapán.
En 2008, El diablito Ruiz era presidente de Alba Petróleos en El Salvador, y presidente de Apes Inc., en Panamá. El balance de Alba Petróleos inscrito en el Registro de Comercio detalla que Apes Inc. recibió en sus primeros cinco meses de vida un préstamo de 750 mil 966 dólares. Eso significa que Alba Petróleos, la empresa que presidía El Diablito Ruiz, le prestó más de medio millón de dólares a la panameña Apes Inc., empresa que también presidía El Diablito Ruiz. En Panamá, Apes Inc. puede hacer lo que quiera con los 750 mil 966 dólares. Aunque el dinero proviene de una empresa semipública, allí no está sujeto de ningún control por parte de la Corte de Cuentas de la República.
El préstamo significa que Alba Petróleos destinó, en cinco meses, más dinero a la compañía panameña que a las obras sociales más emblemáticas durante un año. Una investigación de la Universidad de El Salvador destaca que, durante 2009, Alba Petróleos donó 609 mil 270 dólares en combustible para que el Ministerio de Obras Públicas atendiera la emergencia del huracán Ida, y otros 100 mil dólares para la construcción de unas canchas en Cuscatancingo. La inversión total suma 709 mil 879 dólares.
El mismo día que nació Apes Inc, dos abogados relacionados con los negocios de Alba Petróleos recibieron un “poder general” para, sin autorización de los directivos o accionistas, poder abrir cuentas bancarias, contratar préstamos, adquirir bienes muebles o inmuebles, comprar acciones, bonos y valores de cualquier naturaleza en nombre de la nueva compañía. Esos abogados eran José Salomón Padilla y Orestes David Ortez Quintanar.
Gracias al préstamo que recibió de Alba Petróleos, Apes Inc. arrancó con tanto éxito que, siete meses después de su fundación, aumentó el valor de sus acciones. Apes Inc. arrancó con un capital de 10 mil dólares, pero solo seis meses después de su nacimiento, el Diablito Ruiz viajó a Panamá para inscribir el siguiente documento: “El capital autorizado de la sociedad será la suma de 500 mil (dólares), dividido en 100 acciones al portador, aumentándose el valor nominal de las acciones de 100 a 5 mil dólares cada una”.
Ese año, 2009, la izquierda ganó por primera vez una elección presidencial. Ese año, 2009, el monto de los préstamos de Alba Petróleos para Apes Inc aumentaron casi diez veces: a siete millones 551 mil 786 dólares.
Eso significa que, en apenas siete meses, Alba Petróleos destinó más dinero a la empresa panameña Apes Inc. que, por ejemplo, lo entregado a una de sus alcaldías socias que está sumergida en la pobreza: El Divisadero, en Morazán. En un año, Alba Petróleos prestó 7.5 millones de dólares a Apes Inc., mientras que el dinero destinado durante los nueve años a la alcaldía de El Divisadero, socia de Alba Petróleos, ha sido de 200 mil dólares, 37 veces menos del monto que durante un año se fue a Panamá. El monto de la inversión en El Divisadero fue proporcionado por Ángel Rubén Benítez, alcalde de ese municipio y presidente suplente de Alba Petróleos.
El 8 de julio de 2010, Apes Inc retiró el poder general a los abogados Padilla y Ortez Quintanar. En su lugar fueron nombrados Jaime Ambrosio Alvarenga Reyes, exgerente financiero de la alcaldía de San Salvador durante la gestión de Violeta Menjívar (2006-2009), y Sigfredo Israel Merino Cabrera, hermano de José Luis Merino, asesor de Alba Petróleos y uno de los principales dirigentes del FMLN.
En 2010, los préstamos de Alba Petróleos a la panameña Apes Inc. casi se triplicaron. De 7.5 millones de dólares, el préstamo aumentó a 25 millones 893 mil 661 dólares.
Los abogados cercanos a Alba
La relación en Panamá entre el Diablito Ruiz y los abogados José Salomón Padilla y Orestes David Ortez Quintanar terminó el 8 de julio de 2010, cuando dejaron de tener un “poder general” en Apes Inc, pero la política salvadoreña se encargó de juntarlos nuevamente como funcionarios públicos, gracias al apoyo del FMLN.
Padilla es el notario que creó Enepasa, la asociación de alcaldías accionistas de Alba Petróleos. También fue gerente jurídico de Alba Petróleos y, en enero del 2012, fue nombrado fiscal electoral. En agosto de ese año, el FMLN lo promovió para dirigir uno de los tres órganos del Estado, el Órgano Judicial: Presidente de la Corte Suprema de Justicia y de la Sala de lo Constitucional, el máximo tribunal de justicia en el país.
La administración de Padilla contrató como subjefe de seguridad a García Ruiz y como gerente jurídico a Ortez Quintanar. Para entender el peso político y económico de estos dos personajes hay que decir que el Diablito Ruiz fue alcalde de Soyapango desde 2003 hasta 2012 (actualmente es diputado); mientras que Ortez Quintanar fue apoderado de PDV Caribe y exsecretario de Importaciones y Exportaciones Lubbex, empresa que dirigen familiares del expresidente de la Asamblea Legislativa, Sigfrido Reyes, ahora al mando del Organismo Promotor de Exportaciones e Inversiones de El Salvador (Proesa).
El padre de Ortez Quintanar es el ministro de agricultura y ganadería, Orestes Fredesman Ortez Andrade, presidente de la cooperativa Siglo XXI y asesor de Alba Petróleos. Durante el 2014, Alba Petróleos prestó 5.2 millones de dólares a Siglo XXI. Además, la madre de Ortez Quintanar, Elsa Margarita Quintanar de Ortez, es la directora general de Correos.
En octubre del 2013, la Sala de lo Constitucional declaró inconstitucional el nombramiento de Padilla como presidente de la CSJ por su afiliación al FMLN. “El riesgo de la pérdida de independencia se intensifica cuando se enjuicia un acto de una autoridad que pertenece al mismo partido político al que está afiliado el juzgador, o al de un adversario político”, resolvieron los magistrados.
Tras la salida de Padilla de la presidencia de la CSJ, el Diablito Ruiz y el abogado Ortez Quintanar también dejaron de laborar para el Órgano Judicial.
iNo... no soy accionista!
Guazapa es el nombre de un volcán duramente bombardeado por el ejército durante la guerra civil, en la década de los ochenta. Guazapa se convirtió en el bastión del brazo armado del Partido Comunista, una eterna amenaza para quienes querían evitar el control de la guerrilla sobre San Salvador. Guazapa es el nombre de un volcán donde dirigió operaciones uno de los comandantes de las Fuerzas Armadas de Liberación (FAL) conocido como Ramiro Vásquez (José Luis Merino). “Sobreviviendo Guazapa” es el nombre de una película que cuenta la historia de un guerrillero y un soldado que se unen para sobrevivir a un bombardeo durante la guerra. Guazapa es un nombre que evoca recuerdos de la guerra salvadoreña, pero también es un nombre que revela la transformación de algunos guerrilleros que ahora son empresarios que manejan millones de dólares. Guazapa SA es una compañía radicada en Panamá que tiene hilos comunicantes con los salvadoreños que dirigen Alba Petróleos.
Guazapa SA es una agencia naviera creada el 25 de octubre de 2012. La escritura de constitución, elaborada por la firma Delvalle & Delvalle, dice que se dedica a mercadear y comercializar petróleo y sus derivados. También hace trading, “en su aplicación más amplia”: el fletamento, alquiler y operación de sus propios buques tanqueros, alquilados o de terceras personas. Es, además, una agencia intermediaria para la compra y venta de buques.
Los directivos de Guazapa SA son tres salvadoreños: José Mauricio Cortez Avelar, presidente; y Marco René Martínez Estrada, tesorero; y Obdulio Pérez Gómez, secretario.
Guazapa SA tiene una empresa gemela llamada Apalsa Marítima. Nacieron el mismo día, 25 de octubre de 2012, se dedican a la misma actividad y tienen los mismos directivos. Ambas fueron fundadas por las panameñas María Lucrecia Martínez y Nicole Beverly Smith ¿Por qué crear dos empresas que se dedican a lo mismo? ¿Cómo se les ocurrió fundar una empresa panameña y nombrar como directivos a tres salvadoreños?
Una parte de esa respuesta está en una oficina del lujoso edificio Ocean Business Plaza, en el centro financiero de ciudad Panamá. Esa oficina es el local del bufete Delvalle & Delvalle, para el cual trabajan las panameñas María Lucrecia Martínez y Nicole Beverly Smith, que aparecen como directoras de 217 sociedades. En Panamá, que uno de sus ciudadanos aparezca como directivo de un centenar de empresas es algo tan cotidiano como que miles de vendedores ambulantes trabajen en el centro de San Salvador. No se trata de grandes empresarios sino de empleados de bufetes que viven en zonas populares panameñas y que se dedican a prestar sus nombres para la creación de empresas offshore. Y que sean cientos de empresas en las que aparecen Martínez y Smith es poco. Tras la revelación de los #PanamáPapers, en los miles de documentos filtrados del Bufete Mossack Fonseca de Panamá aparecen prestanombres como Martínez y Smith que no tienen cientos, sino que decenas de miles de empresas a quienes sirven como directivos o accionistas.
El edificio Ocean Business Plaza es de cristal azul polarizado y, en la cima, luce las letras de Banesco, uno de los bancos más grandes de Venezuela. La mañana del 9 de diciembre de 2015, El Faro buscó a las fundadoras de Apalsa Marítima y Guazapa SA.
La firma Delvalle & Delvalle tiene un local con puertas de vidrio, una recepción con mullidos sillones negros, un cuadro colgado en la pared y atrás unos pequeños cubículos. Ese día de diciembre, entre la recepción y el espacio que lleva hacia los cubículos estaba un hombre mediano, de camisa blanca y corbata, que no se movió de ese lugar desde que se preguntó por María Lucrecia Martínez, directora de 154 empresas panameñas.
María Lucrecia, una de las fundadoras de Guazapa y Apalsa Marítima, es una mujer de tez blanca que parece una veinteañera.
—Hola. Sé que usted es accionista de unas empresas panameñas que…
Ella pone una cara de asombro e interrumpe la pregunta.
—¡No… no soy accionista!, responde.
El hombre de camisa blanca y corbata que ha seguido atento la corta conversación interviene y pregunta por qué y para qué se está indagando esa información. La mujer aprovecha esa intervención para regresar a uno de los cubículos, atrás de la recepción. El hombre de camisa blanca y corbata escucha un resumen de este reportaje sobre Alba Petróleos.
—No, no le podemos decir nada por la política de confidencialidad con nuestros clientes.
—Ah, entonces, ¿Alba Petróleos es su cliente?
El hombre esboza una mueca de fastidio y no responde.
—Adiós, gracias…
Sánchez Cerén: “no saquen su dinero del país”
En el último trimestre de 2015, cuando las estadísticas sobre homicidios ya perfilaban a El Salvador como uno de los más violentos del continente, el gobierno pidió la aprobación de un paquete de impuestos para financiar El Salvador Seguro, el plan gubernamental contra la delincuencia. Los diputados aprobaron un impuesto del 5 % para las empresas cuyas ganancias sobrepasen los 500 mil dólares, durante un plazo de 5 años.
La Asamblea Legislativa aprobó otro impuesto que tendrá una duración de 10 años. Es el impuesto del 5% a la factura de telefonía fija, telefonía celular, la televisión por cable, el internet por cable e inalámbrico, así como la adquisición de dispositivos tecnológicos para el uso de esos servicios. “Es justo que todos contribuyamos (…) quisiéramos tener una varita mágica para no afectar a nadie porque los tributos afectan, a nadie le gustan, pero es de justicia que todos aportemos a garantizar la seguridad del país”, dijo el presidente Salvador Sánchez Cerén cuando justificó que el Estado no tenía los recursos suficientes para financiar los planes contra la delincuencia.
El paquete de impuestos se aprobó a finales de octubre del 2015, pero desde principios de año el Ejecutivo advertía que el dinero no alcanzaba para desarrollar su programa de gobierno. En abril de ese año, Sánchez Cerén hizo un llamado a los empresarios: “Yo lo que le pido a los grandes empresarios es que no saquen su dinero del país, que lo inviertan aquí en el país. Ahora tienen más ganancia los grandes empresarios ¿Por qué? Porque ha bajado el precio de la energía y están ahorrando, esos ahorros lo debían de utilizar en generar más desarrollo de la planta productiva del país, y generar más oportunidades, y generar más empleo”.
Tres meses antes del discurso del mandatario, en el año 2014, la empresa Alba Petróleos sacó -por medio de préstamos- 290.6 millones de dólares hacia empresas domiciliadas en Panamá, donde no pagan impuestos.
De ese total, 144 millones 287 mil 971 dólares se destinaron para Apes Inc, la empresa panameña que, según el Registro Panameño, sigue presidiendo El Diablito Ruiz. El Faro llamó al celular del diputado Ruiz para consultarle sobre el tema, pero no correspondió a las mensajes que se dejaron en su teléfono.
En 2014, Alba Petróleos también prestó otros 146 millones 330 mil 73 dólares a Atlantic Pacific Logistic, otra empresa radicada en Panamá. Esta empresa fue creada por unos abogados panameños el 28 de agosto de 2008 para invertir en mensajería, construir muelles, carreteras, puentes y urbanizaciones. Además para comercializar y distribuir equipo para seguir por satélite embarcaciones terrestres o marítimas.
El 12 de octubre de 2011, los abogados panameños dejaron la directiva de Atlantic Pacific Logistic y en su lugar fueron nombrados tres salvadoreños que manejan los principales negocios de Alba Petróleos en El Salvador. Algunas de esas personas también aparecen en la directiva de Guazapa (el presidente José Mauricio Cortez Avelar y el tesorero Marco René Martínez Estrada). El tercer directivo de esta empresa panameña es Julio César Gutiérrez Ramos. En el balance de 2014, Alba Petróleos reportó al Registro de Comercio que concedió un préstamo en El Salvador a Gutiérrez Ramos por un monto de 10 millones de dólares.
Atlantic Pacific Logistic se promociona como la entidad exclusiva de comercio internacional de Alba Petróleos, socia comercial de Petróleos de Venezuela (PDVSA), que tiene negocios con grandes compañías como las suizas Vitol y Trafigura, así como la estadounidense Glencore. En cuanto a sus finanzas destaca “una fuerte” relación con el banco Promérica de El Salvador; Banco G&T de Guatemala y el Banco Industrial Venezuela-Curazao.
Aunque ha crecido gracias al paraguas financiero de Alba Petróleos, la irrupción de Atlantic Pacific Logistic rompe con el discurso público que la empresa de las municipalidades era para importar combustible venezolano y que las ganancias se usarían para proyectos sociales. Atlantic Pacific Logistic es un intermediario que compra combustible en Estados Unidos y en Aruba, operaciones comerciales de las cuales no tiene que rendir cuentas a las alcaldías que aportaron dinero para el montaje del negocio.
Un paraíso fiscal es un lugar anhelado por los corruptos para ocultar su dinero sucio, como en el caso de ANDA. Un paraíso fiscal también es un lugar al que llegan grandes compañías para crear holdings (grupos de empresas) para no pagar o pagar menos impuestos que los establecidos en sus países de origen. Al crear varias empresas, las grandes compañías pueden jugar con el valor de transferencia o romper la relación proveedor-cliente, por medio de la refacturación, para tener más ganancia y pagar menos impuestos.
El valor de transferencia es el precio que pactan dos empresas para transferir bienes o servicios. Los estados regulan el precio de transferencia para evitar que empresas de un mismo conglomerado compren o vendan un producto a un precio más bajo o más alto de los establecidos en el mercado para afectar a la competencia.
Otra ventaja de los paraísos fiscales es que permiten la refacturación de un producto. Imagine que usted es un comerciante que compra una camisa en Estados Unidos en cuatro dólares y la vende en El Salvador en seis dólares; entonces los impuestos que paga al Estado se calcula sobre los dos dólares de la ganancia.
Ahora imagine que usted es dueño de una empresa offshore en Panamá. Usted compra la camisa en $4 dolares en Estados Unidos, pero usa su empresa offshore como intermediaria para declarar la compra en $5.50 dólares, en Panamá. Usted siempre vende la camisa en seis dólares en El Salvador, pero los impuestos que pagará al fisco salvadoreño será calculado sobre la ganancia de $50 centavos. En Panamá, su empresa offshore se queda con 1.50 de dólar que están libre de impuestos.
Según datos de la Dirección General de Renta y Aduanas, entre el 2013 y 2014, Atlantic Pacific Logistic realizó 18 compras de gasolina regular en Aruba por 61 millones de dólares. Además hay reporte de cinco compras de diésel en los Estados Unidos por un monto de 38 millones 672 mil 277 dólares. Todas esas compras que hizo la empresa panameña fueron gracias al dinero de Alba Petróleos y, por toda esa actividad comercial en Panamá, el fisco salvadoreño no recibirá ni un centavo. Además de esto, subsiste la siguiente pregunta: ¿Por qué Alba Petróleos decidió prestar millones de dólares a una empresa panameña para luego comprarle el producto a la misma empresa panameña?
El Faro pidió, por medio de la unidad de comunicaciones, una entrevista con el presidente de Alba Petróleos, Bernardo Luis Del Carmen Alvarez Herrera, o la persona que la empresa designara, pero hasta el cierre de esta nota, este periódico no había recibido respuesta. También se solicitó entrevista al vicepresidente y tesorero de Alba Petróleos, Jaime Alberto Recinos Crespín y José Tomás Minero (alcaldes de Cuscatancingo y Ciudad Delgado, respectivamente), pero tampoco hubo respuesta. Antes de las vacaciones de Semana Santa también se pidió una entrevista con Francisco Castaneda, viceministro de educación. La oficina de comunicaciones del MINED pidió solicitar la misma por correo electrónico, pero al cierre de esta nota no habían respondido.
Antes de las vacaciones de Semana Santa, al diputado Ruiz se le llamó cinco veces a su teléfono celular para pedirle una entrevista, pero no atendió ni devolvió las llamadas. Este lunes 11 de abril, Diario El Mundo publicó una nota sobre Apes Inc, y el diputado Ruiz dio la siguiente declaración: “Mire, por eso cada quien sabrá, podrá explicar, yo de eso no tengo opinión porque no es un problema ni que tenga que ver con la organización partidaria, ni que tenga que ver con la necesidad de país. Así es que cada quien personalmente tenga”.
De las entrevistas solicitadas por El Faro, el único que atendió la solicitud fue Ángel Rubén Benítez, el presidente suplente de Alba Petróleos y alcalde de El Divisadero, en Morazán.
—Entiendo que Alba Petróleos tiene inversiones en Panamá, ¿Usted, como representante de la alcaldía, participó en la discusión sobre esas inversiones?
Yo te decía que los socios mayoritarios de la empresa Alba Petróleos son venezolanos. Ellos son los socios mayoritarios, tú sabes que la empresa PDVSA tiene inversiones en todo el mundo. Ellos son los socios mayoritarios, nuestra parte El Salvador para que te hagás una idea tienen la vicepresidencia. O sea, por ejemplo, no es cierto que yo soy suplente del presidente porque el presidente de Alba Petróleos es un venezolano. Ellos tienen la mayor cantidad de acciones tienen derecho de la presidencia, entonces, PDVSA tiene proyectos en todo el mundo y Petrocaribe, por ejemplo.
—Pero las alcaldías son socias de los venezolanos, ¿Ustedes no participan en la discusión sobre las inversiones de Alba Petróleos en el exterior?
Como no. Nosotros nos reunimos, en mi caso por ser director suplente no participo siempre en las reuniones, solamente que se excuse un propietario entonces yo voy. Esa es la forma, pero las discusiones siempre se dan y te voy a decir, a veces, cuesta llegar a entendimientos.
—¿Por qué?
Porque tenemos a los socios mayoritarios que ellos piensan más en grande y nosotros por la capacidad que tenemos y el aporte inicial que no fue la mayor cosa, cuando ellos vienen y el aporte fue más significativo.
—¿En cuantas empresas panameñas tiene inversiones Alba Petróleos?
No…
—¿Por qué las alcaldías, socias de Alba Petróleos, no saben dónde está el dinero de Alba Petróleos?
Si tiene inversiones en Panamá han de ser inversiones que se han dado estos meses, nosotros generalmente tenemos una Asamblea cada tres meses, entonces, ahorita vamos a una Asamblea General de socios.
—Estas inversiones comenzaron en el 2008
Ujum… eh… pues, yo desconozco. Te digo, yo no manejo alguna información, soy director de Enepasa y soy director suplente de Alba Petróleos, pero ahora hay acceso a la información y en las oficinas está eso.
—Si, eso lo tengo documentado, pero mi pregunta es: ¿Por qué no le informan a las alcaldías que una parte del dinero de su empresa está fuera del país?
Si… eh... en eso no tengo mayor comentario.
Aunque algunos alcaldes no saben que parte del dinero de su empresa está fuera del país, el abogado panameño Ramón Ricardo Arias, miembro de la fundación que representa el capítulo panameño de Transparencia Internacional, da algunas luces por qué Alba Petróleos prestó dinero a empresas domiciliadas en Panamá, una acción contraria a la solicitud del presidente Sánchez Cerén, quien pidió a los grandes empresarios no sacar su dinero del país.
“Aquí (en Panamá) solo se tributa sobre los ingresos que se generan en el país, no de los dineros que son del extranjero o que provienen del extranjero. Los dineros del extranjero y los dineros que están en cuentas bancarias no tributan, eso nos hace a nuestro sistema fiscal un poco distinto (…) Las empresas offshore no pagan impuestos y los intereses que generan las cuentas bancarias están exentos de impuesto sobre la renta en Panamá”, dice Arias.
*Este reportaje fue realizado por Efren Lemus para El Faro en el marco de la Iniciativa por el Periodismo de Investigación en las Américas, del International Center for Journalists (ICFJ), en alianza con CONNECTAS.
