El 15 de marzo de 2016, a las 9 de la mañana, en el salón de sesiones del Palacio de Justicia, 11 magistrados decidieron que la “Petición de extradición solicitada por el Reino de España en el caso jesuitas” fuera el segundo punto a tratar en la agenda del día. Cuando la discusión del caso llegó, tras 72 minutos de deliberaciones sobre otros temas, la Corte se transformó en un intercambio con descalificaciones personales, ataques velados e insinuaciones sobre las intenciones de algunos para favorecer a las partes involucradas en el caso.
Esta sesión ocurrió un mes después de que cuatro militares fueran detenidos por la Policía Nacional Civil a petición de la justicia de España. Esos militares, junto a otros 13, son requeridos para que enfrenten un proceso por la masacre de seis sacerdotes jesuitas, una empleada y la hija de esta, ocurrida en la Universidad Centroamericana (UCA) de San Salvador en 1989. El caso marcó los últimos dos años de la guerra civil salvadoreña y continúa como una controversia capaz de partir por mitad a una sociedad que se debate entre enterrar el pasado o procurar justicia. La Corte, cuya Sala de lo Constitucional también tiene una deuda en entregar sentencia sobre la Ley de Amnistía de 1993, se debate en la misma controversia.
Aquella mañana, entre los protagonistas de la discusión figuraron tres miembros de la Sala de lo Constitucional. Uno de ellos, el magistrado Sidney Blanco, no estaba presente, pero hizo llegar una petición que estalló como una bomba en el pleno del máximo tribunal. Blanco pidió que dos de sus colegas de la Sala (Belarmino Jaime, presidente de la Corte entre 2009 y 2012, y Rodolfo Gonzalez) se excusaran de conocer el caso, como lo hizo él, porque ya habían adelantado criterio en relación con la petición de extradición. El pedido provocó que el nombre de Blanco fuera mencionado con mucha frecuencia en la sesión. Uno de los aludidos sugirió que Blanco quiere un 'tribunal a la medida'.
La discusión sobre extraditar o no se repite después de que en mayo de 2012 la Corte Suprema resolvió que no procedía la extradición de 13 militares investigados por España por la masacre. El caso resucitó con fuerza en enero pasado cuando el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco reactivó viejas órdenes de captura que pesaban contra casi una veintena de miembros retirados de la Fuerza Armada. Cuatro años después de la última decisión de la CSJ hay cosas que han cambiado, como por ejemplo, la integración del máximo tribunal. Otro cambio, y vital para el caso, es la interpretación que la Corte hizo sobre las órdenes de captura internacional: en una especie de revisión del fallo de 2011, los magistrados determinaron que las notificaciones rojas de Interpol no son solo pedidos de ubicación de los sospechosos, sino también de captura. Por eso es que el juez Velasco reabrió el caso y por eso es que el 5 de febrero la Policía detuvo a cuatro de los militares, y es su futuro lo que ahora discuten los 15 magistrados de la Corte.
La discusión de los magistrados en la sesión del 15 de marzo nunca llegó a aprobar o denegar la extradición a España de los militares Tomás Zárpate, Guillermo Benavides, Ramiro Ávalos y Ángel Pérez. De hecho, es algo que hasta el 22 de abril ni siquiera se ha mencionado. En esta sesión del 15 de marzo, los magistrados se dedicaron a discutir quiénes son los que tienen derecho a discutir sobre la extradición.
El audio de esa sesión refleja que quienes más intervienen en la disputa son la magistrada de la Sala de lo Penal Doris Luz Rivas, los magistrados de la Sala de lo Contencioso Paula Patricia Velásquez y Sergio Luis Rivera, y los magistrados suplentes de la Sala de lo Constitucional Martín Rogel y Carlos Avilés. Breve pero intensamente participan Belarmino Jaime y Rodolfo González, magistrados propietarios de la Sala de lo Constitucional. Otros magistrados, como Roberto Argueta Manzano, Dafne Sánchez o Juan Manuel Bolaños no emiten opinión alguna.
En la discusión surgen detalles sobre el trabajo de la Corte que parecieran indica negligencia y hasta indicios de corrupción. La magistrada Rivas, por ejemplo, dice que la Corte cae en 'desorden administrativo' cuando emite resoluciones que los magistrados firman sin haberlas discutido. También dice que hay expedientes a los que les dan “cualquier tratamiento”. Belarmino Jaime dice que en mayo de 2012, cuando era presidente y cuando la Corte rechazó extraditar a 13 militares, se enteró de que había fuga de información para favorecer a los militares. 'Hubo en ese momento otras cosas un poco feas, un poco feas, que magistrados de esta Corte estaban hablando ya con los militares e incluso asesorándolos e incluso diciéndoles lo que tenían que hacer', denunció Jaime.
Entre tantos alegatos, hubo magistrados que se decidieron por un bando: el suplente Martín Rogel y la magistrada de la Sala de lo Contencioso Paula Velásquez, exigieron a sus colegas Jaime y González que aclararan si era verdad lo dicho por Sidney Blanco, si sobre el caso ya habían adelantado opinión. Ambos defendieron su idoneidad pero además respondieron con fuego. Jaime dijo que Blanco lo que busca es “un tribunal a la medida'. El cuarto magistrado de lo constitucional, Florentín Meléndez, no estuvo presente –por haberse excusado, al igual que Blanco- pero eso no evitó que su nombre saliera a colación. En el audio se escucha al magistrado Jaime acusando a Florentín Meléndez de haber pujado para que él se apartara de conocer el caso jesuitas.
La grabación oficial de la sesión de la Corte dura cinco horas con 34 minutos y registra las voces de cada uno de los magistrados que intervienen. Hay grandes tramos en silencio y eso, según explican dos magistrados con los que El Faro conversó para este artículo, se debe a que hay quienes deciden nunca encender su micrófono para que su voz no quede registrada. Otras veces, algún magistrado ha utilizado el micrófono pero se le olvida apagarlo y, aunque la discusión de los jueces sigue, las intervenciones son difíciles de descifrar debido a la distancia que hay entre la persona que habla y el micrófono abierto.
“¡Me vale, señores! No tengo razón para excusarme”
El 29 de febrero, el magistrado Blanco presentó al pleno un aviso de retiro del caso jesuitas porque, según expuso, su imparcialidad estaba en juego. Blanco fue fiscal del caso entre 1990 y 1991, luego acusador particular y, por último, testigo en la investigación que desarrolla el juzgado central de instrucción número 6, de la Audiencia Nacional de Madrid, España. “En calidad de magistrado de la Corte debo abstenerme de conocer los expedientes (…) con el objeto de evitar dudas en cuanto a la imparcialidad que como juez debo tener en el ejercicio de mis funciones”, escribió Blanco.
Blanco añadió un párrafo en que pidió que otros magistrados se abstuvieran de conocer el caso. “Considero oportuno sostener que todos los magistrados de la Corte Suprema de Justicia que se hayan pronunciado en relación con el aludido caso también deben abstenerse de conocer los expedientes indicados”, sostuvo. Y en seguida puso dos ejemplos, el primero de los cuales vinculaba al magistrado Rodolfo González. 'Estimo pertinente señalar que el magistrado Rodolfo Ernesto González Bonilla emitió voto particular concurrente de la resolución emitida por corte plena el 17/6/2010 en el expediente 68-S-2009, relacionado con una solicitud de asistencia mutua penal realizada por el juez (Eloy Velasco)', decía Blanco en su escrito.
Y en un segundo ejemplo, Blanco citaba el acta de una sesión de corte plena del 4 de octubre de 2011 en la que Belarmino Jaime decía que ya había adelantado opinión, razón por la cual se apartaba del estudio del caso. 'Por otra parte -escribió Blanco- en la sesión de corte plena llevada a cabo el 4/10/2011 se discutió -entre otros- el tema de las difusiones rojas (...) En el momento de discutir el punto relacionado con la referida difusión roja, el magistrado José Belarmino Jaime, quien en esa fecha ejercía el cargo de presidente de la CSJ, expresó '... que en este caso, él también ya expresó opnión de manera pública, así es que no puede continuar participando''.
Cuando Blanco mencionó el precedente del magistrado González, también señaló que la magistrada María Luz Regalado había suscrito esa misma resolución de Corte Plena. 'A partir de lo antes expuesto -concluyó Blanco- en mi opinión, en estas nuevas solicitudes de captura con fines de extradición de los enjuiciados relacionados que ocupan a esta Corte, a fin de garantizar imparcialidad, deben separarse del conocimiento todos aquellos magistrados que participaron, tanto en las deliberaciones aludidas como en las votaciones a favor o en contra de las solicitudes realizadas por (la Audiencia Nacional)'. Al final de su escrito de cuatro páginas, en la parte del petitorio, Blanco formalizaba su petición para que la Corte considerara apartar a todos los magistrados en las situaciones que él había descrito. Ahí no mencionaba con nombre y apellido ni a Jaime ni a González, pero sus ejemplos habían sido elocuentes.
Coincidentemente, la magistrada María Luz Regalado decidió apartarse de conocer los expedientes sobre la extradición un mes antes de que el caso se conociera en la sesión plenaria de la Corte. Ella consideró que haber participado en ciertas sesiones durante 2011 y haberse pronunciado y votado sobre las notificaciones rojas de Interpol y las detenciones preventivas con fines de extradición la contaminaba. “…c ircunstancia que puede poner en duda mi imparcialidad frente a las partes e incluso frente a la sociedad para conocer de los casos venidos a decisión de Corte plena, por lo que concurren en mi persona razones suficientes para abstenerme de participar en la discusión de los mismos”, plasmó la magistrada en un texto el 16 de febrero pasado, a las 9:28 de la mañana.
El Faro pidió una entrevista al magistrado Sidney Blanco, pero él respondió que su petición a la Corte dice todo lo que tiene que decir sobre este caso. Este periódico también pidió una entrevista a la magistrada María Luz Regalado, pero al cierre de esta nota no había respondido.
En la sesión del 15 de marzo, cuando llegó el momento de discutir el caso, la magistrada Rivas fue la primera en pedir la palabra. En sus primera intervención retó al magistrado González a que explicara las razones que le permiten seguir conociendo del caso.
—Leyendo la excusa que plantea el licenciado Sidney Blanco, él hace referencia al voto particular concurrente que dio el magistrado González Bonilla, que también fue suscrito por la magistrada Regalado. Entonces, si está en la misma causa por la cual la magistrada Regalado se abstuvo de conocer, quisiera que, por lo menos, se dejara constancia en el acta las razones, que creo que ya ha planteado en algún momento el magistrado González Bonilla, para seguir conociendo este caso y no apartarse.
Rivas reclamó a sus colegas que la petición de Blanco en la práctica se ignoró sin razón.
—Aquí tomamos decisiones bien importantes y a veces no hay posibilidades de deliberación, ni registro de esas cosas. Sí era importante que esto se dijera y que en futuras oportunidades deliberen casos de trascendencia, casos donde hay intereses... incluso hay casos que porque no tienen gran connotación les damos cualquier tratamiento, y no debería ser así. Debería ser todos por igual.
Cerró su primera intervención con la insistencia en que los magistrados señalados por Blanco debían explicar si van a seguir conociendo el caso.
Jaime pidió la palabra y lo primero que hizo fue desacreditar el pedido de Blanco:
—En primer lugar, el hecho de excusarse es una situación personal y particular de cada uno de los que está conociendo. No creo que ningún magistrado tenga la potestad de decirle a alguien: 'mirá, excusate', ni mucho menos. No conozco hasta este momento que haya una reforma en el código procesal civil como para eso.
Blanco ha señalado que Jaime está contaminado porque cuando presidió una sesión de la Corte en octubre de 2011, él mismo se excusó de conocer los expedientes del caso jesuitas. En aquella sesión, que comenzó el 4 de octubre y que terminó dos días después, la Corte resolvió, entre otras cosas, que cinco militares salvadoreños implicados en el caso jesuitas no podían ser detenidos en el país a pesar de tener una orden de captura de Interpol, y que la Corte era la única autoridad jurídico-política para autorizar todo lo relacionado con extradiciones. Jaime no participó en esa decisión porque ya se había apartado, advirtiendo que tenía conflicto de intereses con unos recursos de habeas corpus que debía conocer en la Sala de lo Constitucional en esas mismas fechas.
Esa vez el resto de magistrados no aprobó que Jaime se apartara, y consta en las actas que lo notificaron para que regresara, pero tal parece que el entonces presidente de Corte estaba convencido de que volver a los debates habría supuesto una duda sobre su imparcialidad. Jaime nunca regresó a las sesiones que tuvieron como punto de agenda el caso jesuitas.
El 15 de marzo pasado, sin embargo, a diferencia de 2011 Jaime dejó claro que no se apartará de la discusión del caso:
—Creo que tal vez es un exceso de quienes pretenden excusarlo a uno del conocimiento del caso. Sobre todo en este caso que lo que se va a conocer es la petición de extradición. Yo nunca he manifestado absolutamente nada en lo que se refiere a la extradición. Efectivamente, yo estaba en presidencia en ese momento y lo único que hice fue presidir, no dije absolutamente nada ni en favor ni en contra. Así que yo les digo francamente, y se lo digo con claridad a Doris Luz, casi me siento ofendido que me estén diciendo eso porque eso es dudar de mi imparcialidad. Así es que yo no tengo ningún problema... Yo, porque lo dijo Florentín o porque lo dijo Sidney, ¡me vale, señores! Yo no tengo razón por la cual excusarme.
Los magistrados de la Sala de lo Constitucional parece que, a diferencia de lo que decidieron en 2011, esta vez han decidido abstenerse de conocer los recursos de habeas corpus interpuestos por los militares con tal de poder participar en los debates de la Corte plena sobre la extradición. Y eso explicaría por qué dichos recursos ni siquiera han sido admitidos por la Sala, algo de lo que ya se quejaron los abogados de los militares procesados en el caso. Los abogados Lizandro Quintanilla y Carlos Guzmán Segovia reclaman que después de 91 días –cumplidos el 21 de abril- la Sala de lo Constitucional no les ha notificado nada. “Desconocemos las razones por las cuales la Sala de lo Constitucional, en este caso en particular, a pesar de contar con todos los elementos necesarios y haber transcurrido un plazo más que prudencial, no ha procedido a emitir la resolución que conforme a derecho corresponde”, reza el comunicado del 21 de abril.
Tras la reacción de Jaime, la magistrada Rivas intervino intentando calmar los ánimos:
—Yo lo respeto mucho, doctor, tengo muy buena impresión de su trabajo. Pero a lo mejor debimos contestarle al magistrado en estas afirmaciones que hizo respecto de la situación de los dos colegas.
A continuación tomó la palabra el magistrado suplente Martín Rogel, quien sustituye al magistrado Florentín Meléndez. Meléndez se ha apartado del caso por haber emitido opinión en una resolución de 2010. Rogel respaldó a la magistrada Rivas, y citó la Convención Americana de Derechos Humanos que establece la garantía de un tribunal imparcial e independiente para cualquier procesado. Para reforzar su punto, se dirigió a un caso particular: el del magistrado Rodolfo González.
—Reviso las actas correspondientes al 25 de mayo de 2010 en donde aparece presidiendo el doctor Jaime y aparece el magistrado González, y analizando y buscando (…) encuentro que hay un voto concurrente en el que el magistrado González se pronuncia votando la denegatoria de una extradición y vota en el sentido de que hay un nebis in idem (cosa juzgada) -dice Rogel.
El magistrado suplente tiene razón en que González ya emitió un voto concurrente sobre el caso, pero se equivoca en un detalle. Lo que González y otros magistrados votaron en 2010 fue la denegación de una asistencia técnica que había pedido el juez español Eloy Velasco a la corte salvadoreña. Velasco pedía a la Corte que notificaran a 12 militares salvadoreños que había una investigación española en su contra, pedía que se les citara para tomarles declaración, y además solicitaba los antecedentes penales de cada uno de ellos y las copias de diversas sentencias sobre el caso. La CSJ negó esa asistencia técnica a España porque supuestamente había doble juzgamiento para los militares (lo cual está prohibió por ley para cualquier persona), y también porque, según los magistrados, de acceder, echaban al traste el proceso de pacificación en el que había entrado el país gracias a las leyes de amnistía.
González acompañó la resolución pero en un escrito adjunto explicó que no estaba de acuerdo con todos los argumentos de fondo. González censuró, por ejemplo, que la Corte invocara situaciones políticas como la reconciliación nacional para negar la ayuda a España, y también argumentó que era falso que hubiera doble juzgamiento para todos los militares investigados por España pues, a su juicio, seis militares (de 16 procesados por el caso) nunca enfrentaron un veredicto sino que solo recibieron un sobreseimiento definitivo por parte de un juez, el 12 de diciembre de 2000. En otras palabras, en 2010, González emitió opinión sobre aspectos relacionados con la extradición de los militares, no sobre la extradición misma. Y ese fue su argumento para mantenerse conociendo del caso jesuitas ese 15 de marzo:
—Si me preguntan en este momento sobre mi posible contaminación con el caso en cuanto a haber sentado posición, yo no he sentado posición de si procede o no la extradición porque no integré Corte en mayo de 2012 -dijo González.
El magistrado no participó de la sesión del 8 de mayo de 2012 en la que la Corte decidió negar la extradición de 13 militares. Nueve meses antes, el 18 de agosto de 2011 se apartó para conocer sobre las difusiones rojas por las mismas razones que Belarmino Jaime expuso en su momento, porque al mismo tiempo debía resolver recursos de exhibición personal presentados por los militares ante en la Sala de lo Constitucional por unas supuestas detenciones ilegales. Al igual que con Jaime, la Corte nunca aceptó la excusa de González, pero este decidió no incorporarse a aquellas discusiones.
González zanjó con ironía la discusión sobre si está habilitado o no para conocer el caso:
—Siempre uno aprende algo nuevo cada día. Me he enterado en esta sesión que en cada caso un miembro del tribunal debe exponer las razones por las que debe conocer un caso. ¡Me estoy enterando de esa figura jurídica! Ni siquiera se me ocurre un nombre para ella -dijo.
Y para atajar los señalamientos de que ya adelantó opinión con su voto concurrente en 2010, se fue contra Sidney Blanco:
—Es cierto que el magistrado Blanco, en su escrito, de forma muy creativa hace referencia a todos los que de alguna manera hayamos participado, algo así dice. Y no crean que no hemos discutido en Sala que el magistrado esté integrando el tribunal que va a resolver sobre la Ley de Amnistía, justamente, con el caso jesuitas que es el caso de su vida, ¿verdad? Entonces, yo solo digo, que el tema de integrar el tribunal a la carta es un riesgo al que me preocupa... que lo digan afuera, de verdad, ya sabemos que con estos temas hay todo tipo de voces... Lo que me preocupa es que en este salón sostengamos eso.
El Faro buscó una entrevista con el magistrado González para preguntarle si no debía excusarse por las mismas razones que se separó la magistrada María Luz Regalado, por el voto que había dado en 2010 para negar la asistencia técnica a España. González explicó que sus argumentos para no excusarse ahora en 2016 los había explicado en la sesión de Corte plena (que no se había pronunciado sobre el fondo, sino solo sobre un trámite) y que prefería no dar entrevistas mientras el caso jesuitas, la Ley de Amnistía y los habeas corpus presentados por los militares estuvieran en estudio.
En la sesión del 15 de marzo, González insistió:
—Miren, la tentación de integrar un tribunal a la carta la tienen siempre las partes, la tienen los poderes fácticos hacia afuera. Lo hemos vivido en la Sala de lo Constitucional en los últimos siete años… Hasta novelas hay, ¿verdad? Una de John Grisham que se llama La apelación, se las recomiendo… El riesgo de querer integrar un tribunal a la carta está permanentemente.
La magistrada Rivas, entonces, pidió respeto:
—Yo el caso jesuitas lo estoy estudiando, no sé realmente cuál va a ser el rumbo, entonces, yo sí creí que también merecemos un poquito de respeto, ¿verdad? No es que alguien acá quiera un tribunal a la medida.
Jaime, en la grabación, insiste en que él no está contaminado. Y para subrayar la idea, aludió a aquel episodio de 2012 cuando según él hubo magistrados que hablaaron con los militares y hasta les asesoraron sobre lo que debían hacer.
La magistrada de la Sala de lo Contencioso y exfiscal general adjunta Paula Patricia Velásquez intervino para pedir que se le dé una respuesta a Blanco:
—Ya planteó posición el magistrado Jaime y advierte que le es irrelevante el planteamiento que se haga acá respecto a otros magistrados. Yo sugiero, a fin de que podamos avanzar, que ambos magistrados den las razones de por qué se quedan o por qué se retiran, a efecto de continuar conociendo del fondo del asunto -pidió Velásquez.
Quien decidió apoyar la petición de Velásquez fue el magistrado Carlos Sergio Avilés, magistrado suplente de la Sala de lo Constitucional, que estuvo participando en lugar de Sidney Blanco:
—Hay una petición concreta y se tiene que resolver en ese sentido -dijo Avilés.
Entonces se opuso un magistrado que hasta ese momento no había tenido mayor participación, el presidente de la Corte, Óscar Pineda Navas:
—Aunque también está el planteamiento del magistrado (Sergio Luis) Rivera donde hablaba de que no se debe apartar del caso a nadie -dijo, en alusión a un comentario de Rivera, en el que sugirió que ningún magistrado debe separarse del caso.
Pero Rivas volvió a la carga e insisitió en que como pleno estaban dejando un mal precedente porque durante dos semanas no se dieron cuenta de la petición de Sidney Blanco.
—Aquí hemos cometido errores en otros casos (…) Sí realmente preocupa la sustentación de estas cosas tan a la ligera. A lo mejor ya nos hubiéramos ahorrado todo este espacio. No debe de volver a suceder porque nos deja realmente muy mal visto -dijo.
Después de Rivas retornó el magistrado Martin Rogel, quien retomó el punto central de la petición de Sidney Blanco.
—El caso jesuitas es su caso símbolo, como parte interesada él está diciendo que se aparten y eso no se puede pasar por alto -dijo.
Belarmino Jaime tomó entonces la palabra y reprendió a Rogel por lo que acababa de decir, al cuestionarle que considerara a Blanco como una de las partes y no como un juez imparcial:
—Yo no sé cuál es el concepto que tiene de parte. Sidney no está litigando por ninguna de las dos partes en este caso.
Aun así, Jaime se quedó con la idea de Rogel y elaboró con ella una descalificación más contra Blanco:
—Alguien ya lo dijo, para Sidney el caso jesuitas le cambió la vida. Primero fue fiscal, segundo fue acusador particular, después viajó a España como testigo a la Audiencia Nacional, luego los jesuitas lo tuvieron empleado en una universidad en los Estados Unidos. Este caso jesuitas para Sidney lo hizo diferente, si no hubiera sido este caso no sería el Sidney que es ahora. Yo entiendo que él tiene agradecimiento con los señores jesuitas.
Después, Jaime arremetió contra la magistrada Rivas:
—Yo quisiera decirle a Doris Luz: cuando plantee una cosa de estas, primero lea lo que pasó en el acta de cuando se conoció el caso de extradición. Yo no expresé nada, simplemente me limité a dirigir la sesión, no voté.
Jaime luego mencionó que por el caso jesuitas han llegado a tener desavenencias en otros expedientes que están en estudio dentro de la Sala de lo Constitucional, y acusó a Blanco de querer un tribunal a la medida en el caso.
—Fíjense ustedes –dijo Jaime- que en el caso de la Ley de Amnistía donde el caso jesuitas es clave, es el caso más importante, ahí no se excusa (Blanco) porque dice que no tiene razón para excusarse cuando esto prácticamente va a lo mismo, pues. Entonces yo sí creo que la pretensión de él era tener un tribunal a la medida.
Paula Patricia Velázquez, la exfiscal adjunta, pidió la palabra. Sonaba como alguien a quien se le agotó la paciencia:
—Desde hace... ¿qué? ¿45 minutos? Les estoy pidiendo que continuemos, porque el tiempo nos consume. Propongo que votemos por la segunda petición que hace el magistrado Blanco, de si es procedente o no.
Rodolfo González intervino para aclarar un último punto en el que se desliga de las palabras de Jaime:
—Mi afirmación en relación con que el caso jesuitas era el caso de su vida del magistrado Blanco no tiene todas las implicaciones que ha señalado el magistrado Jaime. Me refería a que es un caso en el que él como acusador se implicó vitalmente.
10 minutos más tarde, los magistrados se han puesto de acuerdo en que es momento de votar de si es procedente o no la petición del magistrado Sidney Blanco. Al final, ocho magistrados deciden que la petición de Blanco es improcedente porque la ley no permite que un juez objete la participación de otro cuando están conociendo la misma causa. En la grabación no queda registro de la votación. El micrófono se apaga después de la última intervención del magistrado Rivera, en la que ya adelantaba cuál era la conclusión a la que iban a llegar.
