El 29 de febrero de 2016, un mes antes de la entrada en vigencia de las medidas extraordinarias contra las pandillas, un grupo de jueces advirtió a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que el sistema de audiencias virtuales no estaba dando los resultados esperados. Aprobado en octubre de 2015, este sistema buscaba que los jueces celebraran audiencias a la distancia, a través de videollamadas entre el juzgador y los reos, recluidos en las distintas cárceles del país. En el plano ideal, el Estado se ahorra los gastos del traslado de reos y, se suponía, el nuevo sistema agilizaría el desarrollo de los procesos judiciales. Pero a cuatro meses de su instalación, los jueces detectaron una anomalía. El sistema se había convertido en una especie de embudo en el que los procesos se estancaban debido a una larga lista de espera. Jueces de todo el país solicitan audiencias virtuales, pero en El Salvador solo hay un equipo para realizar esas videollamadas.
A principios de marzo de 2016, el Ejecutivo, el Órgano Judicial, la Asamblea Legislativa y la Fiscalía General de la República diseñaron una serie de medidas extraordinarias para combatir a las pandillas. El 29 de marzo, las medidas fueron puestas en marcha, y una de ellas restringió que los pandilleros encarcelados en siete prisiones salgan a comparecer ante las cortes del país. El gobierno y la oposición vendieron la reforma con esta idea: evitar la fuga de los pandilleros en el trayecto hacia las cortes (o de las cortes a las cárceles). Para solucionar el impasse de esos reos sin condena, a principios de abril, la Asamblea Legislativa aprobó una reforma que en síntesis descarga en manos del sistema judicial la atención de esos casos a través del sistema de audiencias virtuales… el sistema que ya estaba colapsado desde febrero.
“(Quedan suspendidos durante un año) los traslados de los privados de libertad para la realización de toda clase de audiencias judiciales y cualquier otro acto procesal', reza el artículo 4 del decreto aprobado por la Asamblea. Para que los procesos judiciales continúen, las medidas extraordinarias dejan dos caminos: realizar audiencias virtuales o que sean los jueces quienes vayan a los centros penales a realizar las audiencias. La última opción no es muy popular, y la primera ya era un imposible desde febrero, según un grupo de jueces.
El Faro tiene copias de seis escritos en que cuatro jueces antimafias de la capital advertían, desde el 29 de febrero, que no pueden hacer audiencias virtuales. De la falla en el sistema fueron advertidos el Departamento de Informática de la Corte Suprema de Justicia, el director de Centros Penales, Rodil Hernández, y los magistrados de Corte plena de la CSJ.
Según los jueces, el Departamento de Informática de la Corte Suprema les ha informado que pueden programar sus audiencias 'hasta tres o cuatro meses después de las fechas de señalamiento proyectadas, infiriéndose la existencia de un único equipo para la realización de las videoconferecencias, que resulta desbordado en demasía', se lee en un párrafo de una carta fechada el 29 de febrero de este año, a la que El Faro tuvo acceso.
En todo el país solo hay un equipo para realizar las videoconferencias, de acuerdo con una de las correspondencias que han enviado los jueces especializados a la Corte Plena. El equipo permite recibir la señal de videoconferencia emanada de los centros penales donde están los reos. Cada juez que quiera hacer una audiencia virtual debe hacer fila para que la Corte le envíe ese equipo itinerante a su juzgado. Y la fila ya es demasiado larga.
En las correspondencias, los jueces predicen lo que se avecina. 'Al dilatarse la solución de los inconvenientes, se acrecentaría la saturación de la agenda de audiencias, generándose retrasos en la tramitación de los procesos, impactando a la postre en la resolución de la situación jurídica de los imputados y las garantías inherentes a las víctimas', se lee en una de las cartas. En palabras más simples, los jueces piensan que el atraso en hacer audiencias puede influir en que personas culpables salgan libres o en que inocentes estén en la cárcel por crímenes que no cometieron.
El sistema judicial determina si una persona es culpable o inocente de un crimen a través de una serie de audiencias. Una audiencia inicial, para saber si los acusados estarán detenidos o no durante el proceso; una preliminar, para saber si hay suficientes pruebas para que el caso pase a juicio o no; y una vista pública, para determinar si los acusados son culpables o inocentes. Las personas acusadas deben estar en sus audiencias de manera presencial, salvo contadas excepciones. Y ese es el problema para los jueces especializados: no tienen a los imputados en sus audiencias ni de manera presencial ni virtual. Sin ellos, el litigio se estanca.
La suspensión de audiencias acarrea también el problema de que los procesos judiciales tienen fecha de vencimiento. Una persona solo puede estar detenida de manera provisional hasta dos años, según el Código Procesal Penal. Para este problema, el gobierno también ya tiene una solución: diputados del FMLN propusieron el pasado 18 de abril ampliar el plazo de la detención provisional dos años más, en los casos de delitos de crimen organizado. La propuesta del gobierno es que alguien pueda pasar cuatro años encerrado sin una condena.
Hasta el 25 de abril de 2016, en las cárceles de El Salvador había 33 mil 395 reos, de los cuales un 27% (9,054) estaban sin condena. Según la Organización de los Estados Americanos, para el 2013, en la región centroamericana, El Salvador es el segundo país con el menor porcentaje de reos sin condena. Eso no significa que el país tenga espacio para más reos.
En 2015, El Salvador tenía una tasa de hacinamiento del 327%. O sea que en las celdas de las prisiones salvadoreñas entre tres y cuatro personas ocupan el espacio destinado para una. 'Las cárceles ya de por sí están saturadas, hay hacinamiento. Entonces, es un problema grande para el Órgano Judicial que es parte del Estado mismo. Como Estado debemos responder por violación a los derechos y la dignidad de las personas. Yo sé de que estos discursos no son populares, pero nosotros no podemos ser populistas, sino responsables en nuestras decisiones', dice Martín Rogel, juez y magistrado suplente de la Sala de lo Constitucional.
Falta de equipo, de infraestructura y de personal
La responsabilidad de llevar a cabo las videoconferencias, desde que se aprobaron, recayó en el Departamento de Disminución de Reos sin Sentencia. Una empleada de ese departamento detalló a El Faro el proceso de las audiencias virtuales, con la condición de que no se revele su identidad por no estar autorizada a hablar del tema.
El sistema informático para una audiencia virtual se instala en un juzgado que, a través de sistemas de telecomunicación, se enlaza con todas las prisiones donde se encuentran los reos involucrados en ese proceso. Por ejemplo, si un tribunal de San Miguel realiza una videoconferencia, el equipo itinerante se instala en el juzgado migueleño y puede conectarse con reos en Quezaltepeque, Ciudad Barrios e Izalco, donde la CSJ instala cámaras y parlantes para permitir la interacción. El Faro ha confirmado que la cárcel de máxima de Seguridad de Zacatecoluca cuenta con un salón para realizar audiencias virtuales. El resto de cárceles, como el centro penal de Quezaltepeque, improvisan para adaptar esas videoconferencias. En Quezaltepeque improvisan las audiencias en un salón de talleres.
Estos salones improvisados plantean otros riesgos para el sistema: seguridad de los empleados estatales, problemas de ventilación y las dificultades para una adecuada conexión electrónica. Es decir, no solo son necesarios los aparatos electrónicos, la conectividad, sino también la infraestructura que aporte seguridad y condiciones para los reos y los empleados estatales.
El Órgano Judicial envía delegados a cada uno de los penales donde están los reos que participan en una audiencia virtual. Su labor es garantizar que las personas que están siendo juzgadas sean, efectivamente, las que están conectadas electrónicamente, y que se respeten sus derechos procesales. Hasta la fecha, según dice la fuente consultada por El Faro, los delegados no han recibido una capacitación del proceso, sino que aprenden sobre la marcha. Para cubrir todo el país, hay aproximadamente 30 delegados.
Todo apunta a que el Gobierno propuso las reformas, los diputados las aprobaron, pero nadie preguntó al sistema judicial si estaba listo para cumplirlas. O nadie quiso tomar en cuenta la advertencia que desde febrero plantearon cuatro jueces antimafias. Eso piensa Martín Rogel, quie es uno de los jueces del Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador.
'En este centro integrado de justicia (de San Salvador), habemos 21 jueces de sentencia realizando cada uno una audiencia diaria. Hay 10 juzgados de instrucción y dos especializados, que también tienen una diversidad de audiencias. 15 jueces de paz también necesitan hacer audiencias. Para poder generalizar eso (las audiencias virtuales), yo creo que no estaríamos preparados ni en un año. Se requiere una gran cantidad de recursos', dice Rogel. Ni en un año, aunque las medidas extraordinarias estarán vigentes por los próximos 11 meses.
'No podemos generalizar (el uso) de las videoconferencias. Si generalizamos eso, el sistema colapsa', advierte el magistrado Rogel. Y no es el único con ese pronóstico.
Los jueces han seguido insistiendo. El 4 de abril, el jefe del departamento de Informática de la CSJ recibió otra carta, en la que uno de los jueces le informó que ese día se suspendió un juicio contra 29 personas acusadas de cuatro delitos: homicidio, intento de homicidio, robo y agrupaciones ilícitas. El juez avisó que reprogramó la vista pública para que se realice en la modalidad virtual entre el 11 y 13 de mayo de este año. La petición al Departamento de Informática es que le confirme si podrá realizar el juicio en esas fechas.
'No omito manifestarle que este Juzgado ha solicitado en dos ocasiones anteriores, en fechas 1 y 30 de marzo respectivamente, información sobre la celebración de Audiencias Virtuales, sin que a la fecha se haya obtenido respuesta alguna por parte de esa unidad', señaló el juez. La carta se copió a seis jefes de unidades en la Corte.
El 5 de abril, el mismo juez reclamó al jefe del Departamento de Informática que tiene programadas dos audiencias virtuales: una del 2 al 5 de mayo y la ya mencionada del 11 al 13 de mayo, sin que le hayan respondido si podrá realizar alguna. El juez demandó una respuesta que ha estado pidiendo por tres meses. 'El 7 de enero de 2016 se solicitó a este departamento colaboración para llevar a cabo una audiencia bajo el mismo sistema de videoconferencia; sin que a la fecha se obtuviera respuesta', emplazó el juzgador. La jefatura de Informática recibió otro oficio, el 20 de abril a las 11:50 de la mañana. El juez volvió a inquirir sobre la audiencia que pretende llevar a cabo en la primera semana de mayo. Hasta la fecha de publicación de esta nota, no le han contestado.
Otro de los jueces especializados pidió, el 20 de abril, que se programe una vista pública en modo virtual entre el 4 y 5 de mayo de este año, con la participación de reclusos de San Francisco Gotera, Quezaltepeque y Cojutepeque. Tampoco ha tenido respuesta.
El 6 de abril, uno de los jueces avisó a Rodil Hernández, director de Centros Penales, sobre las dos audiencias virtuales que tiene en agenda para mayo, para pedirle que coordine con las prisiones correspondientes. Hasta el 19 de abril, con el tiempo en contra reiteró la petición. 'Es la segunda ocasión que se requiere la información y a la fecha no se ha obtenido respuesta por parte de esa institución', dijo el juez. La carta tiene firma y sello de recibida en la Dirección de Centros Penales el 20 de abril, a las 11:20 de la mañana.
El mismo día en que recibió esa segunda correspondencia, Hernández declaró a periodistas -a la salida del lanzamiento de las Fuerzas Especializadas de Reacción de El Salvador (FES), un comando antipandillas compuesto por soldados y policías- que próximamente se reactivarían todas las “audiencias que han sido suspendidas”. Hernández también sugirió que el embudo en el sistema venía siendo una responsabilidad de los jueces, y no del sistema (que solo cuenta con un equipo itinerante). Según Hernández, solo los jueces especializados de San Miguel solicitaban audiencias virtuales, pero desde que se aprobaron las medidas extraordinarias muchos se apuntaron en la lista. 'Con los que han querido, ahí estamos trabajando ahorita. Hoy tenemos una sobredemanda donde todos quieren entrar por el sistema de audiencias virtuales y habrá que dosificar. No es que no se va a poder hacer', dijo Hernández.
El Faro solicitó a la Corte Suprema de Justicia, a través del departamento de prensa del Centro Judicial Isidro Menéndez, el número de audiencias suspendidas desde el 29 de marzo, fecha en que iniciaron las medidas extraordinarias. El jefe de prensa respondió que esa información no podía ser entregada.
El retraso en la realización de audiencias virtuales es apenas uno de los problemas del sistema judicial, pero llama la atención que la medida que fue planteada para desentrampar los atascos del sistema se haya convertido en un tapón más. Cuando la Asamblea aprobó las audiencias virtuales, el 15 de octubre de 2015, los legisladores prometieron un escenario que nada tiene que ver con lo que está ocurriendo ahora. 'La reforma busca garantizar que los procesos penales no se interrumpan, que los delincuentes no aprovechen el traslado para escaparse y que además, el Ministerio de Justicia y Seguridad pública pueda ahorrar recursos', fueron las palabras de la diputada Jackeline Rivera (FMLN), recogidas por la prensa oficial de la Asamblea Legislativa.
