La revelación de los conocidos como Panama Papers, 2.6 terabytes de documentos internos del bufete panameño Mossack Fonseca, ha sacudido a la opinión pública en los cinco continentes. El detallado retrato de cómo líderes políticos, altos empresarios, artistas o deportistas comparten abogados y técnicas de evasión o lavado de dinero con traficantes de drogas, de armas o incluso de niñas forzadas a la prostitución permite un acercamiento sin precedentes a las cloacas del mundo corporativo transnacional.
La investigación global, en la que hemos participado más de 100 medios de comunicación coordinados por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), trasciende a los casos y denuncia en el fondo un sistema financiero opaco, tramposo, cínico, que utiliza ingeniería corporativa y financiera para, amparado en el secreto bancario y profesional, encubrir delitos como el lavado de activos o la evasión de impuestos, pero también maquillar la —legalísima— doble moral de quienes, desde la política, los medios de comunicación u otros espacios públicos defienden la transparencia, la justicia social y el nacionalismo más emocionado, pero a la hora de hacer cuentas recurren a —legalísimos también— paraísos fiscales para ocultar sus negocios y eludir impuestos en su país.
El escándalo ya ha tenido sus primeros efectos. El Primer Ministro de Islandia y el presidente de la ONG Chile Transparente han renunciado a sus cargos tras saberse que ocultaron su relación con empresas offshore. El premier británico se ha visto forzado a publicar su declaración de impuestos. Mientras la mayoría de clientes de Mossack Fonseca expuestos por las publicaciones han guardado silencio a la espera de que pase el temporal, un puñado han amenazado con demandar a los medios involucrados. En Francia, México, Argentina, Venezuela, Perú, Ecuador, la misma Panamá o El Salvador, las autoridades han allanado oficinas y anunciado investigaciones para detectar posibles delitos relacionados con el caso.
Las publicaciones basadas en los Panama Papers han logrado, parece, impulsar de una vez por todas un debate de fondo sobre el uso de las offshore y las herramientas de control de que disponen los Estados.
En El Salvador solo El Faro fue invitado por el ICIJ, en junio de 2015, a participar en la investigación global, y tiene acceso de momento a los documentos filtrados de Mossack Fonseca. Estos documentos incluyen principalmente actas de registro, poderes notariales, perfiles de algunos accionistas y directivos de sociedades, y correos electrónicos de los ejecutivos del bufete entre sí, con otras firmas legales y con sus clientes. En total, se trata de más de 11.5 millones de registros.
Entre esa enorme cantidad de información dispersa y compartimentada, El Faro se ha esforzado por encontrar secuencias de documentos y conversaciones que permitan revelar casos relevantes para nuestros lectores y explicar la forma en que operan bufetes como el de Mossack Fonseca. Tanto nosotros como el ICIJ coincidimos desde un inicio en que la investigación de los Panama Papers no era una cacería de brujas y en que nuestro fin debía ser construir casos y revelar lógicas. De hecho, en el documento de confidencialidad y buenas prácticas que El Faro firmó para unirse a la investigación se acordaba no publicar en bruto listados de clientes, empresas o accionistas. Sería irresponsable lanzar nombres a la mesa sin un contexto básico, sin un retrato de su conducta a la luz del cruce de documentos.
El acuerdo inicial nos prohíbe también dar acceso a terceros a la base de datos de los Panama Papers, ya se trate de privados o de otros medios de comunicación. El Faro tampoco dará a las autoridades acceso a los documentos, por principio de secreto profesional y por acuerdo con ICIJ y el resto de medios implicados en la investigación. No es nuestra, además, la propiedad de la información, sino del periódico aleman Süddeutsche Zeitung. Consultados al respecto por la Fiscalía General de la República, representantes de este periódico se reunieron el lunes 11 con el Fiscal General, Douglas Meléndez, y se lo hicieron saber. Él ha aceptado encaminar las gestiones legales que considere necesarias a los abogados del ICIJ o a otras instancias.
Qué publicar y qué no
A ojos de El Faro, ser titular o directivo de una empresa en Panamá o en cualquier otro paraíso fiscal no implica en sí mismo el encubrimiento de una actividad ilegal, una conducta antiética ni es reprochable en sí mismo. Como casi siempre en el periodismo, son los datos de contexto los que dan sentido a un hecho. El clima de linchamiento que se ha generado tras el estallido informativo de los Panama Papers retrata por desgracia a un país que juzga a personas y no conductas, que busca condenas antes que explicaciones. Y que además lo hace casi siempre con sesgo partidario.
Un buen número de lectores nos han hecho llegar preguntas sobre nuestro criterio al seleccionar los datos, nombres y documentos que deben publicarse o no. La respuesta es que El Faro publicará, sin distinción de color político o afinidad editorial, reportajes o notas sobre los casos o personas de los que encuentre información suficiente para sospechar de prácticas ilegales, o cuando entienda que esa prácticas podrían ser, pese a ceñirse a la ley, antiéticas o desleales.
Ni siquiera ser cliente de Mossack Fonseca supone automáticamente una conducta deshonesta, pero no hay que olvidar que se trata de una empresa especializada en la utilización de subterfugios —algunos tan burdos como la inscripción de sus empleados como directivos de cientos de empresas fachada— para ocultar la identidad de sus clientes y el rastro de sus capitales. En el bufete panameño las empresas legítimas convivían con compañías de narcos mexicanos en iguales condiciones de opacidad. Por eso nuestra cobertura se extiende también a aquellos hechos que, aun dentro de la ley, ayudan a comprender el funcionamiento del permisivo sistema legal y financiero de las compañías offshore.
En cualquier escenario, como siempre sucede en el periodismo que aspira al máximo rigor, será el alcance de la información disponible la que determine los términos precisos con los que calificaremos los hechos y conductas descritas en cada artículo.
Así, en el caso de las empresas vinculadas al empresario José Miguel Menéndez, Mecafé, sin afirmar que haya una ilegalidad, nos parece destacable que un empresario y exfuncionario perteneciente al círculo íntimo de un expresidente, y favorecido por contratos millonarios durante su gobierno, escondiera tras prestanombres sus empresas en Panamá . O en el de la Telecorporación Salvadoreña, consideramos de interés público que a una compañía que ya era sospechosa de haber usado prestanombres para acaparar frecuencias televisivas en El Salvador no le bastaran ocho empresas en Panamá para desarrollar sus actividades y recurriera a los registros opacos de Islas Vírgenes para hacer sus compras de derechos televisivos y revendérselos a sí misma.
Por último, que directivos del Alba Petróleos de El Salvador, empresa creada con dinero público, hayan creado hasta ocho compañías en Panamá y les hayan hecho préstamos por más de 290 millones de dólares no solo plantea un caso de, como mínimo, elusión de impuestos, sino que desafía los principios promulgados por Alba Petroleos y da una nueva dimensión a este poderoso entramado de empresas ligadas al partido en el poder. Este reportaje no forma parte de la investigación de los Panama Papers, sino de una alianza con el proyecto Connectas que El Faro puso en marcha a finales de 2015 para investigar el entramado financiero del Grupo Alba, pero su publicación en esta coyuntura amplía definitivamente hacia la izquierda el debate sobre el uso de offshores por parte de empresarios salvadoreños.
Deber de transparencia
Creemos que los principales personajes políticos y empresariales del país han de estar abiertos al escrutinio y responder por sus actos. En el contexto de una práctica que, como se ha demostrado en esta investigación global, lo legal y lo ilegal comparten bufete y procedimientos, las principales figuras públicas del país tienen un compromiso con la transparencia.
Eso incluye, desde luego, a los que hacemos este periódico.
Se ha intentado desacreditar a El Faro y su cobertura del tema por el hecho de que uno de nuestros accionistas, Jorge Simán, es parte de la directiva de una empresa familiar en Panamá. Se nos acusa de ocultar información, de hipocresía y de conflicto de intereses.
Hay que decir por un lado que Nakano Inc, la empresa en cuestión, figura desde hace años en los registros públicos de Panamá, disponibles online, y no es parte del caso de los Panama Papers ni tiene relación con Mossack Fonseca. No forma parte, por tanto, de la lista de compañías y clientes, la mayoría escondidos tras corporaciones opacas, que se estaban investigando. Aún así, es obvio que en este contexto la simple presencia de Simán en la directiva de una empresa asentada en Panamá abre preguntas legítimas sobre qué considera o no noticioso este periódico.
Por ello, El Faro pidió a su fundador y accionista información sobre la compañía para conocer su naturaleza y actividades, y verificar si estas pueden afectar la credibilidad del periódico o exigen —en el caso de que sobreviva la duda— un abordaje periodístico como parte del debate sobre el impacto de las offshore en El Salvador. Él ha accedido a entregarnos documentación que pruebe que Nakano Inc. no es una empresa offshore y que nunca fue utilizada para evadir ni eludir impuestos, ni para operar comercialmente en secreto.
En cualquier caso, como en ocasiones anteriores en las que las circunstancias personales de un periodista o accionista de El Faro han ocupado los titulares o el debate público, para este periódico no hay conflicto editorial alguno. En 18 años de existencia ninguno de nuestros accionistas ha tratado, nunca, de poner El Faro al servicio de sus intereses personales, ni nuestra mesa editorial lo permitiría. Seguiremos informando sobre el tema de los Panama Papers pensando en el interés general y basados únicamente en nuestro criterio periodístico.
Serán desde luego los lectores, como ha sido siempre, quienes juzguen al final nuestro desempeño. Estamos seguros de que lo harán con la misma acuciosidad y honestidad con la que El Faro trata de servirles periodismo.
