Los cinco partidos políticos con representación en la Asamblea Legislativa recibieron, entre 2014 y 2015, al menos 22.5 millones de dólares de financiamiento. Hasta la fecha, los salvadoreños desconocen los detalles del origen, el destino y el uso que dieron los partidos a los fondos obtenidos en la últimas dos contiendas electorales.
Por ley, Arena, FMLN, Gana, PCN y PDC reportan su información financiera a instancias que, solo en teoría, fiscalizan esas cuentas. Arena por ejemplo, reportó ingresos por 10.9 millones, pero esconde los detalles. El FMLN no ha dado a conocer su lista de donantes, ni los montos que cada uno de ellos aportó, así como tampoco la pormenorización de los gastos ni sus respectivos comprobantes.
Los institutos políticos están obligados a transparentar quiénes son sus financistas, según lo dicta la Ley de partidos políticos aprobada en febrero de 2013. Pero los partidos siguen resistiéndose a revelar los nombres de sus donantes, pese a que por ley deberían abrir su secreto mejor guardado.
Durante casi cuatro meses, abogados de la organización Acción Ciudadana han intentado averiguar si los partidos cumplen con la transparencia que exige la ley. Enviaron a los institutos peticiones escritas para que mostraran sus finanzas, incluida la lista de donantes, el monto que cada uno de los financistas aportó en 2014 y 2015, y el uso que se le dio a todo ese dinero. Pero el FMLN, Arena, Gana, PCN y PDC solo entregaron información incompleta de 2015, y mantienen en secreto todo sobre las finanzas de 2014, a excepción del PDC que en este año también entregó información limitada.
El FMLN, por ejemplo, después de casi cuatro meses de haber recibido la solicitud de Acción Ciudadana, solo compartió información del período comprendido entre diciembre de 2014 y marzo de 2015 según el cual está en números rojos, con un déficit de 2.9 millones de dólares. Los restantes 19 meses siguen en la oscuridad.
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Arena solo entregó montos globales de 2015. Reportó que ese año tuvo ingresos por 10.9 millones de dólares pero ocultó, y sigue ocultando, la información sobre sus financistas así como también niega entregar el detalle de los gastos hechos en el año. Para el partido de derechas, según las respuestas que dio a Acción Ciudadana, cumplir los términos de transparencia que conlleva entregar la información es revelar su estrategia política. Arena tampoco ha dado ninguna información sobre 2014.
Gana, PDC y PCN fueron los únicos en mostrar algunos nombres de sus donantes pero admitieron que no entregarían la lista completa ni las cantidades que aportaron por dos motivos: porque temían por la seguridad de sus financistas o porque, según ellos, la ley les exige conseguir su autorización antes de hacer público su nombre, lo cual es una mala interpretación de la Ley de partidos políticos que incluso la Sala de lo Constitucional ya dijo que es errónea.
Pese a la información entregada, aun es difícil saber cuál es el origen y el destino de los 4.8 millones de dólares que en conjunto recibieron los tres partidos minoritarios.
La Ley de partidos políticos, creada para regular el funcionamiento de las instituciones que permiten a la ciudadanía acceder al poder, es letra muerta en el tema del financiamiento. La ley fue declarada inconstitucional en agosto de 2014 por considerar que no cumplía con parámetros de verdadera transparencia y rendición de cuentas, así que los partidos la reformaron en octubre de ese mismo año. Esas reformas tampoco cumplían con el pretendido objetivo de la ley, como concluyó la Sala de lo Constitucional en una resolución de seguimiento en febrero de 2015, así que en teoría los partidos deberían aprobar nuevas modificaciones que calcen con los parámetros que establece la Sala. “La (autoridad electoral) debe poder acceder a los datos, verificar su legalidad y aplicar las sanciones correspondientes”, concluyó la Sala en su resolución de agosto de 2014. “De igual forma debe garantizar la llegada de la información a los ciudadanos, de manera efectiva, sencilla y oportuna. En definitiva, se requiere de una entidad que audite la información de los partidos políticos, y que determine la veracidad de los registros que estos posean”, añadió.
Descargue la lista de financistas entregada por Gana, PCN y PDC
14.73 millones de los 22.5 millones de dólares de financiamiento que los partidos recibieron entre 2014 y 2015, provienen de la “deuda política”, el dinero que entrega el Estado a los partidos después de una elección dependiendo de la cantidad de votos obtenidos. Pero pese a tratarse de fondos públicos, ese financiamiento es igual de oscuro que el privado. Ni las donaciones privadas ni la “deuda política” son auditadas por el Estado como para saber cómo exactamente se gastó. Esto se debe, principalmente, a dos grandes problemas. Los partidos casi nunca piden comprobantes de sus gastos y, en segundo lugar, porque instituciones que en teoría deberían auditar ese dinero, conforme al mandato de la Ley de partidos, no lo hacen.
La institución responsable de auditar los fondos públicos, la Corte de Cuentas de la República, por ejemplo, confiesa que nunca ha examinado cómo se usa la deuda política. Desde 1994, la Corte solo ha hecho dos auditorías sobre deudas políticas pero nunca con el objetivo de determinar el destino final del dinero público.
¿Y quién vigila el financiamiento privado de los partidos? El TSE, la máxima autoridad electoral del país, es la que según la ley debe recibir los detalles de este tipo de financiamiento pero el tribunal no hace más que verificar que los institutos posean contabilidad formal y que sus cuentas hayan sido auditadas por firmas privadas. El Tribunal nunca comprueba si los documentos contables que le entregan los partidos son legales o si corresponden a la realidad.
Todas esas respuestas las obtuvo la organización Acción Ciudadana cuando sus abogados intentaron averiguar si los partidos cumplían la ley. Los partidos no quisieron compartir esos datos y Acción Ciudadana apeló ante el Tribunal. Fue hasta finales de mayo que el TSE ordenó a algunos partidos que entregaran la información, aunque en el caso del FMLN y Arena la resolución final aun sigue en espera. Gana, PCN y PDC solo han entregado información incompleta, incluyendo listas parciales de sus donantes.
Pese a lo limitado de esa información, El Faro descubrió, mediante un cruce de información contenidas en tablas de Excel, que un poco más de la mitad de las personas que los tres partidos han reportado como financistas, el 55%, son empleados suyos en el Órgano Legislativo. De 272 nombres de personas donantes, 152 son empleados de la Asamblea. Motoristas, ordenanzas, secretarias, colaboradores administrativos, empleados de las unidades de prensa…
En las listas de donantes también hay empresas cuyos propietarios han sido señalados por pertenecer al Cártel de Texis, como Agroindustrias Gumarsal. También aparece la empresa que administra los desechos sólidos para el Área Metropolitana, Mides S.A. de C.V. que entre sus propietarios tiene a Enrique Rais, un empresario que posee aviones que han sido decomisados por autoridades de Estados Unidos bajo sospechas de haber transportado cocaína a ese país. Ambas empresas donaron al PCN más casi 50 mil dólares en 2015.
“Con la conclusión a la que llegó la Comisión contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) de que el Partido Patriota no era un partido sino más bien una estructura criminal dedicada a desfalcar al Estado, el ejercicio de transparencia debería motivarnos más en países vecinos como El Salvador”, dice Eduardo Escobar, uno de los tres abogados detrás del movimiento Acción Ciudadana.
Otro motivo de preocupación de Escobar es que los partidos ocultan información sobre sus ingresos. Un memorándum de Hacienda muestra que en 2014, FMLN y Arena y cuatro partidos minoritarios recibieron 11 millones de dólares en donaciones pero en contraste, los mismos partidos guardaron silencio cuando Acción Ciudadana les solicitó el mismo dato amparándose en la Ley de partidos políticos que permite a cualquier persona hacer solicitudes de ese tipo. Los partidos callaron y solo el PDC dijo que recibió 226 mil dólares, que representa apenas 1.99% de lo que, según Hacienda, recibieron en realidad.
¿Qué esconden los partidos?
El 19 de febrero, tres abogados de una organización denominada Acción Ciudadana hicieron una solicitud de información a cinco partidos políticos para ver si ellos cumplían el artículo 24-A de la Ley de partidos que establece la posibilidad que cualquier ciudadano pida datos sobre su finaciamiento. Los abogados Eduardo Escobar, Roberto Ocampo y Xavier Mirandona pidieron los montos que los partidos recibieron para las elecciones municipales, legislativas, y de Parlamento Centroamericano (Parlacen) en el año 2015, así como la lista de donantes y los respectivos montos que cada uno aportó. También pidieron el monto que recibieron del Estado, y además, la información sobre donantes privados que aportan regularmente al partido, no solo en campañas. Por último, pedían copia de los comprobantes de donación; así como también de los gastos hechos, desglosados por departamento y municipio.
De todo eso, solo han logrado desclasificar documentos con cifras globales de los gastos de cinco partidos, sin los detalles, aunque en el caso de Gana, PCN y PDC lograron obtener una lista parcial de financistas. La ley de partidos obliga a todos los institutos a que tengan un oficial de transparencia y fue a través de dicha entidad que Acción Ciudadana recibió respuestas a favor del secretismo.
El FMLN, por ejemplo, entregó un mini balance de tres meses de trabajo, entre el 1 de diciembre de 2014 y el 1 de marzo de 2015, es decir, unas semanas antes de la elección de diputados y alcaldes. El partido de gobierno asegura que en ese momento, tenían un déficit de 2 millones 493 mil dólares. Sus ingresos, en esos tres meses, habían sido de 6.8 millones de dólares y sus gastos, cabe suponer que de campaña, fueron de 9.3 millones de dólares.
La manera en cómo se usaron esos 9.3 millones de dólares no está detallado y lo único que se sabe es que hubo gastos que el partido denominó “electoral”, “territorio”, “comunicaciones”, “colorido”, “impresos” y “actividades”. De todos ellos, el rubro más caro fue el de comunicaciones que al partido le costó 4.8 millones de dólares. Le siguen los rubros de “territorio” y “electoral” con 2.15 millones de dólares y 1.09 millones de dólares respectivamente. El resto de rubros representaron egresos de entre 286 mil dólares y 691 mil dólares.
De todos los ingresos, el mayor rubro, según el balance, fue el adelanto de la deuda política del Estado (4.1 millones de dólares). El adelanto es una figura que permite a los partidos gozar parte de su deuda política antes de la elección, y quedan condicionados a reintegrar el dinero si no alcanzan en votos lo que se les adelantó. En esos 90 días que sí declaró el FMLN hubo otros ingresos como los 539 mil dólares que entraron en concepto de “cuotas partidarias y donaciones” o como el millón 999 mil dólares que entró vía “recaudación territorial”.
El FMLN se abstuvo de entregar la lista de donantes privados aunque de haberlo hecho seguramente habría aparecido el nombre de militantes del partido que a la vez son empleados en los tres Órganos del Estado, en las alcaldías y en las autónomas, pues como ha confirmado El Faro, el partido recibe una cuota mensual de todos los que tienen cargos públicos.
De la información proporcionada hasta ahora por el FMLN, no se sabe, por ejemplo, si Albapetróleos o la Fundación Alba ha donado recursos al partido. O si socios empresariales de algunos altos dirigentes del partido están entre los donantes, o si entre ellos hay empresas que luego obtuvieron contratos estatales. La transparencia sobre los gastos del FMLN permitiría saber, por ejemplo, si el partido gastó algo en la preparación del mitin con el cual celebró dos años de gobierno , junto a una buena cantidad de empleados de gobierno, el 1 de junio.
En el caso de Arena, lo gastado en 2014 y 2015 sigue siendo un misterio. Arena, cuyos diputados han intentado posicionarse a favor de la transparencia, en realidad militan en un partido que sigue ocultando la información más básica sobre sus finanzas. Según el reporte de Arena, los ingresos totales durante todo 2015 fueron 10.9 millones de dólares, de los cuales el rubro más grande es el de la deuda política (6.77 millones de dólares) y, en segundo lugar, está un rubro denominado “institucionales”, el cual significó ingresos por 3.19 millones de dólares. Pero Arena no entregó ningún anexo para explicar cuál es la naturaleza de ninguna de estas categorías identificadas como “Proyecto primero El Salvador” que le dejó recursos por 1.29 millones de dólares. Hay otros rubros cuya naturaleza es más obvia, como por ejemplo las que están identificadas como “donaciones campaña alcaldes” y “donaciones campaña diputados”, que en total significaron ingresos por un valor de 1.5 millones de dólares.
Pero la interrogante sigue siendo cuáles son las personas y empresas que están detrás de cada dólar. Arena acaba de institucionalizar, por primera vez en su historia de casi 35 años, que sus militantes con puestos públicos entreguen una donación voluntaria al partido, tal como lo hace el FMLN. Hugo Barrera , exvicepresidente de organización de Arena, reconoció en una entrevista que el partido ha dependido en exceso de los grandes financistas y permitir que los empleados públicos entreguen parte de su salario al partido es una manera de independizarse. Para Barrera, todas las finanzas del partido deben ser públicas, sin restricción.
Pero en la práctica, Arena se cierra. El partido tampoco entregó a Acción Ciudadana los detalles de cómo se usó el dinero que recibió y lo poco que se puede concluir es que, al igual que el FMLN, estaba en números rojos a diciembre de 2015 con un déficit de 309 mil dólares a diciembre de 2015 después de haber comenzado el año con ingresos de 10.9 millones. ¿Es posible que después de dos años electorales un partido se declare en números rojos? Dirigentes de Arena han explicado a El Faro que la campaña presidencial de hace dos años, en 2014, costó no menos de 40 millones de dólares.
Una campaña electoral es multimillonaria. Una investigación sobre propaganda electoral efectuado por la Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde), entre 2008 y 2009, que fue firmada por el ahora secretario de Transparencia, Marcos Rodríguez, determinó que la campaña mediática electoral en la que quedó electo Mauricio Funes tuvo un costo de 19.2 millones de dólares para los partidos políticos lo cual es, por ejemplo, mayor a los 15.7 millones de dólares que el Estado ocupó para el Programa de rehabilitación de lisiados ese año.
La campaña de Arena en 2009, según el informe de la Funde, costó 10.9 millones de dólares y la del FMLN, 5.2 millones de dólares. Los restantes cuatro partidos, junto a organizaciones civiles que la investigación catalogó como afines de Arena y del FMLN, gastaron casi tres millones de dólares más.
Pero, según el informe, el costo de la campaña publicitaria se duplica y llega fácilmente a los 40 millones de dólares si se suma lo que los partidos gastan en el “detrás de cámara” de los materiales publicitarios, o en las vallas, los artefactos promocionales como llaveros, camisetas, gorras; el pago de activistas, el transporte, la alimentación, los mitines, el alquiler de locales y los aparatos de sonido, entre otros costos.
De regreso a los años 2014 y 2015, la información que logró desclasificar Acción Ciudadana muestra que los partidos minoritarios Gana, PCN y PDC, que representan la quinta parte de las fuerzas políticas en la Asamblea, tuvieron ingresos conjuntos por 4 millones 809 mil dólares. Esto representa aproximadamente el 21% de los 22.5 millones de dólares que entraron a los cinco partidos entre 2014 y 2015. Quiere decir que FMLN y Arena recibieron el 79% del pastel de financiamiento reportado por ellos aunque, como ya se dijo, falta que el FMLN rinda cuentas sobre los restantes 19 meses de 2014 y 2015 que no reportó.
Las respuestas sin fundamento
Las respuestas iniciales de los partidos a la petición de Acción Ciudadana fueron evasivas. Al contador general del FMLN, Óscar Funes, por ejemplo, le generó desconfianza que Acción Ciudadana fuera una institución aparentemente desconocida. “A pesar que la solicitud contiene los nombres y los números de DUI de los firmantes, esto adolece de un alto grado de anonimato”, respondió el contador Funes en una carta, el 10 de marzo. En la misma carta, añadió: “Por tratarse de una solicitud de información mayormente de tipo económico, el trámite se vuelve más delicado y la persona encargada de los registros está obligada a tener estricto cuidado ya que la información puede ser utilizada para el cometimiento de ilícitos penales, marginaciones político ideológicas o de otra índole en contra de las personas que donan”. El PDC pareció tener las mismas dudas y por eso pidió a los abogados que mostraran su personería jurídica de Acción Ciudadana en una carta que enviaron el 3 de marzo de 2016.
El PCN ni siquiera respondió a la carta de solicitud del 19 de febrero. Gana, en cambio, remitió a su portal web donde los datos estaban incompletos, y Arena solo dio los montos generales de su financiamiento público y privado porque, según dijeron, nada los obligaba a entregar la lista de donantes, y revelar el detalle de cómo usaron el dinero era desnudar su estrategia. El FMLN, aparte de cuestionar el motivo de la solicitud de los abogados, dijo que la redacción de la petición era “repetitiva, enredada y genera confusión”.
Todas estas respuestas incumplen la Ley de partidos políticos. El artículo 24-A de la LPP obliga a que cuando una persona pida información sobre el financiamiento, esta debe recibirla sin dilaciones. “Los partidos políticos tienen el deber de facilitar a la ciudadanía que lo solicite, información sobre lo siguiente: a) nombres de las personas naturales y jurídicas que realizan aportes al partido político y el monto de los mismos (…) y b) informe sobre el uso o destino de los fondos obtenidos mediante la deuda pública y las donaciones privadas.”
El FMLN y el PDC dijeron que los solicitantes no habían identificado si actuaban a título personal o en nombre de la organización cuyo logo acompañaba cada una de las cartas de solicitud algo que no se establece en el artículo 26-C de la ley, que es el que enumera los requisitos para solicitar información. Solo hay que registrar el nombre completo, el número de DUI, y el lugar o la dirección electrónica para recibir notificaciones.
Y así como esas, hubo más respuestas sin fundamento. Por ejemplo, el jefe de la unidad de acceso a la información de Arena, Luis Carlos Tenorio, respondió así a la petición de proveer detalles del gasto por departamento y municipio para las elecciones de 2015: “Referente a su solicitud le informamos que se encuentra al margen de la obligación a la cual la Ley de Partidos Políticos nos ha obligado a proporcionar. Además de estar solicitando información confidencial sobre contratos y estrategias políticas y de campañas electorales”.
El artículo 26 de la Ley establece que los partidos pueden declarar reservada la información sobre sus estrategias, pero no la información sobre los contratos pagados con el financiamiento privado y público.
Detrás de las solicitudes a los partidos está Acción Ciudadana, un movimiento civil que surgió en 2014 interesado en modernizar el Estado en términos de transparencia a través de reformas de ley. Para Eduardo Escobar, uno de sus integrantes, los datos que los partidos están ocultando no son sus estrategias. “No estamos pidiendo estrategias de ningún tipo, sencillamente, pedimos el detalle, por rubro, del dinero gastado y cómo se gastó a nivel departamental y municipal”, dice. “Los partidos creen equivocadamente que pueden guardarse esa información pero aspiran a que sus candidatos ocupen cargos de elección popular y por eso deberían estar dispuestos al escrutinio ciudadano. Sabemos el riesgo de que el crimen organizado penetre a los partidos, y por eso necesitamos conocer las fuentes de financiamiento y cómo se ocupa”, agrega.
Tras recibir las respuestas de los partidos, Acción Ciudadana apeló todas las respuestas ante el TSE, quien programó audiencias para escuchar a las partes.
La ley de partidos políticos, aprobada el 14 de febrero de 2013, surgió con el objetivo de regular, por primera vez en la historia, a los institutos que la ciudadanía utiliza para acceder al poder. La ley reguló los procesos de creación de los partidos, las obligaciones y derechos de sus miembros, y su funcionamiento, entre otras cosas. Pero hubo omisiones tan básicas respecto del financiamiento privado y la democracia interna que la Sala de lo Constitucional admitió una demanda de inconstitucionalidad por esas omisiones y determinó, en agosto de 2014, que la Asamblea debía emitir normativas más concretas en esos dos temas. La ley fue reformada, aparentemente, en octubre de 2014 para incluir aspectos sobre el financiamiento y sobre la democracia interna.
Pero aun con la reforma, los partidos políticos encontraron la manera de seguir negando la información. En las audiencias, todas desarrolladas en abril, los partidos ofrecieron justificaciones y nuevas excusas en clara violación a la Ley de partidos.
En su audiencia del 19 de abril de 2016, por ejemplo, Tenorio, el jefe de la unidad de transparencia de Arena dijo que revelar la información de donantes era violar la ley. “Revelar la información (…) puede ser objeto de violación de su información confidencial, y por ello debe ser protegida hasta el momento en que sea regulada por la Asamblea”. El acta de aquella sesión también registró que Tenorio pidió expresamente al TSE que denegara la entrega de los datos en clara violación la Ley de partidos, cuyo artículo 25 establece que la única data que puede ser catalogada como confidencial es la relativa a la intimidad de los donantes, su salud, su preferencia sexual, su credo, o su filiación ideológica, o su situación moral y familiar.
En su audiencia, el PCN explicó que no había dado la información en un inicio porque sencillamente se habían equivocado de correo electrónico. Pero en lugar de entregar los datos solicitados durante la audiencia, el partido siguió incurriendo en faltas a la ley. Por ejemplo, el PCN sostuvo que Acción Ciudadana debía aclarar su propósito al pedir la información, así como aclarar quiénes eran, y brindar una dirección física, cuando lo único que pide la ley es una dirección electrónica o un teléfono. En la audiencia, el abogado Escobar recordó que la Sala de lo Constitucional, en una resolución de seguimiento del 6 de febrero de 2015, había dejado sin efecto jurídico los artículos de la ley que exigían al solicitante explicar el tratamiento que daría a la información pedida.
Ese 6 de febrero de 2015, la Sala de lo Constitucional se puso a verificar si cuando los partidos habían hecho cambios a la ley, en octubre de 2014, habían cumplido con la sentencia de la Sala del 22 de agosto de 2014 según la cual debían incluir artículos que normaran la transparencia en el financiamiento partidario. Pero la Sala encontró, por ejemplo, que hay artículos, como el 24-A, que van en contra de la máxima publicidad de esos datos pues estipula, por ejemplo, que los donantes deben autorizar la publicación de su nombre o que quien solicita esa información debe explicar el uso que dará a los datos. Por eso, el 6 febrero de 2015, la Sala resolvió que los diputados no habían cumplido con la sentencia 43-2013 de agosto de 2014 y que solo habían fingido cumplirla con las reformas de octubre de 2014.
Para cada una de las audiencias con los partidos, el TSE adoptó una postura salomónica y resolvió que los partidos habían cumplido “parcialmente” con sus obligaciones de transparencia. En el caso del PCN, por ejemplo, dio por cumplida “parcialmente” la solicitud de información en la parte que pedía la lista de donantes cuando en realidad el partido no había ningún nombre de sus financistas, ni especificó el monto aportado por cada uno de ellos, ni anexó los comprobantes. El TSE también dio por resuelta la petición del detalle de cómo se gastó el dinero a pesar de que el PCN no entregó nada más que sus montos globales del financiamiento.
Al finalizar las audiencias en abril, los abogados de Acción Ciudadana tenían en su poder nada más que los balances financieros, con monto globales, de todos los partidos políticos. Los abogados pidieron revisión de las decisiones del TSE por considerar que sus peticiones debían cumplirse a cabalidad y a finales de mayo, el TSE solo había resuelto a favor de Acción Ciudadana para las peticiones hechas al Gana, PCN y PDC, partidos que han cedido un poco en su silencio y han entregado información parcial.
En el caso del FMLN y de Arena, continúan en espera que el TSE emita su resolución final.
Nadie vigila el financiamiento
¿Cuánta información falta por conocerse? Al menos el ministerio de Hacienda brinda un parámetro para concluir que los datos entregados por los partidos a Acción Ciudadana son muy limitados y no reflejan toda la realidad. Por ejemplo, según la información entregada hasta ahora por los partidos, han recibido donaciones por el orden de los 7.52 millones de dólares entre 2014 y 2015 cuando, según un memorándum del ministerio de Hacienda, la realidad es que recibieron donaciones por el doble de esa cantidad.
El memorándum 10001-MEM-125-2016 de Hacienda, que fue entregado a raíz de una solicitud de información pública hecha en mayo de 2016 por Acción Ciudadana, revela que unas 5 mil 600 personas declararon en sus impuestos donaciones a partidos políticos por un total de 16 millones 741 mil dólares, en 2014 y 2015.
El documento, en poder de El Faro, detalla que, en 2014, 278 empresas entregaron a los partidos 9 millones de dólares, y que en 2015, 238 sociedades dieron 3.8 millones de dólares. En cuanto a las personas naturales, el memorándum explica que en 2014, 2 mil 747 salvadoreños se identificaron como financistas de los institutos políticos y donaron 2.3 millones de dólares mientras que en 2015, la cantidad de donantes bajó a 2 mil 359 personas, y el monto aportado también bajó en 770 mil dólares, hasta alcanzar los 1.55 millones de dólares.
Y aquí vale la pena hacer un alto. Es evidente que los partidos ocultan algo. Solo en 2015, los partidos dicen haber recibido 7.30 millones de dólares pero según el memorándum de Hacienda, el total de donaciones de empresas y personas, ese año, fue de 5.39 millones, es decir, casi dos millones menos. ¿De dónde sacaron los partidos casi 2 millones de dólares para financiarse en 215? “Eso solo podría saberse con auditorías especializadas por parte de la Corte de Cuentas o el TSE, pero la verdad es que eso no lo hacen”, dice el abogado Escobar.
Hacienda, de hecho, explica en su memorándum no puede revelar la lista de las personas y empresas donantes de partidos porque hay un secreto fiscal y tributario que los protege, algo que Acción Ciudadana ha apelado ante el Instituto de Acceso a la Información Pública.
Si con la Ley de partidos políticos los institutos se resisten a ser totalmente transparentes, antes la cerrazón era mayor. Al Estado nunca le ha interesado fiscalizar ni el financiamiento estatal ni el privado.
El 4 de marzo, la Corte de Cuentas, la de fiscalizar el buen uso de todos los fondos públicos, informó que en las 13 elecciones de presidentes y alcaldes y diputados que ha habido desde 1994 a la fecha, la Corte solo había emitido dos informes sobre el manejo de la deuda política: uno para la campaña de 1997, y otro para la deuda política que se ocupó entre 1997 y 2002. Ambos informes, que El Faro tiene en su poder, están fechados 20 de julio de 1998 y 16 de octubre de 2002, y sirvieron únicamente para que la Corte de Cuentas verificara si los montos de deuda política entregados a los partidos eran los correctos y si había saldos pendientes a favor o en contra de los partidos. Ni una letra sobre cómo se usó el dinero.
El quinto párrafo del artículo 26-C de la Ley de partidos dice así: “Los partidos políticos tendrán obligación de disponer a disposición de la Corte de Cuentas la información relativa a su financiamiento público, y a disposición del TSE y del ministerio de Hacienda la información relativa a su financiamiento público y privado a detalle, sin necesidad de que medie el consentimiento de los donantes al final de cada ejercicio fiscal'.
Acción Ciudadana preguntó a la Corte si estaba cumpliendo la ley, y si los partidos políticos habían entregado la información relativa a su financiamiento público. La Corte respondió que ningún partido había entregado nada ni habían entregado ninguna información sobre cómo gastaron lo que les tocaba en concepto de deuda política en las campañas de 2014 y 2015, ni tampoco sus balances generales.
A pesar de la entrada en vigencia de la ley hace tres años y las reformas de octubre de 2014, la Corte de Cuentas no ha cumplido su papel que le da la ley. “Esta Dirección –dice parte de la respuesta de la Corte de Cuentas enviada a Acción Ciudadana el 4 de marzo de 2016- solicitó opinión a la Dirección Jurídica de esta institución, respecto a la obligatoriedad de los partidos políticos de presentar la información sobre la deuda política, por lo que en base a la Ley de partidos políticos y el reglamento procederemos a realizar las respectivas auditorías en dichos institutos políticos a partir el segundo semestre del presente año (2016)”.
Acción Ciudadana también preguntó el nombre de la unidad de la Corte encargada de verificar el cumplimiento de la ley, la cantidad de personal de personal encargada de verificar la información financiera proporcionada por los partidos, la estructura organizativa de la unidad, y el tipo de proceso de auditoría aplicado por la unidad. La contraloría respondió que no tiene ninguna unidad especial aparte de la Dirección de Auditoria Uno, y que no hay ningún procedimiento estándar sino que más bien cada auditoría sigue su propio mecanismo.
Tampoco el Tribunal Supremo Electoral (TSE), que según el mismo artículo 26-C tiene la potestad de fiscalizar los fondos privados, escudriña las arcas de los institutos políticos.
En la práctica, el TSE solo hace un trabajo superficial. El 15 de febrero, el Tribunal recibió una solicitud para saber cuál es, en detalle, el mecanismo que usa para fiscalizar y auditar la información financiera de los partidos políticos, el nombre de la unidad responsable del trabajo, la estructura organizativa, el método de trabajo y el método contable utilizado, la cantidad de personal que trabaja en la unidad, y si utilizaban algún procedimiento para garantizar que los partidos no llevaran doble contabilidad o que al menos la información que reportaban era verdadera.
“El TSE se limita a verificar –respondió Louis Benavides, secretario general del TSE, el 19 de febrero- que los partidos políticos cumplan con las obligaciones que expresamente establece la ley de partidos, que en materia de financiamiento son: llevar contabilidad formal y contar con una auditoría interna en los períodos de gestión conforme a sus estatutos sobre el uso de su patrimonio propio y de los fondos obtenidos por el financiamiento público y privado (Art. 24 letra f); y facilitar a la ciudadanía de manera oficiosa información sobre el financiamiento público y privado”.
El secretario general del TSE fue hábil para no responder en negativo todo lo cuestionado por el abogado Eduardo Escobar. A lo largo de 12 preguntas, y cinco páginas, el Tribunal señala una a una las cosas que la Ley le permite hacer, pero se queda sin responder si está inhabilitado para, por ejemplo, establecer la veracidad de la información financiera proporcionada por los partidos o para efectuar una auditoría propia de los documentos contables que los partidos presenten, tal como lo pedía Escobar.
El TSE, según la respuesta que dio el 19 de febrero, asigna la función de fiscalización de fondos al organismo colegiado, que es integrado por nada más ni nada menos que los magistrados propuestos por los mismos partidos políticos.
Los empleados financistas
Gana, PCN y PDC entregaron las listas parciales de sus donantes para el año 2015 en mayo, casi tres meses después de la solicitud original de Acción Ciudadana. Y con esa información, El Faro descubrió que la mayor parte de personas que ambos partidos han reportado como financistas son empleados de su mismo partido en la Asamblea Legislativa.
El Faro comparó la lista de los donantes de los tres partidos, proporcionada por Acción Ciudadana, y la cotejó con la base de casi 2 mil nombres de empleados que tiene la Asamblea Legislativa, lista que fue desclasificada por el diputado Juan Valiente. El 57% de los 212 personas donantes reportadas por el partido Gana son sus empleados legislativos, mientras que en el caso del PCN sus empleados-financistas representan el 67% y en el caso del PDC, un 31%.
Si se suma el dinero que los empleados de los tres partidos políticos donaron a las finanzas de estos en 2015 se obtiene la cifra de 95 mil 620 dólares. Si se compara este monto con los donativos que reportaron al TSE y a Acción Ciudadana, la cifra representa solo el 2.29% de los 4 millones 157 mil dólares recibidos ese año.
Una comparación de la lista de donantes de Gana con otra base de más de 60 mil nombres de funcionarios y exfuncionarios revela que entre los financistas de ese partido también hay exdiputados de ese partido y hasta el presidente de la institución, José Andrés Rovira Canales quien en 2015 donó a su partido 600 dólares. Rovira es socio del expresidente Elías Antonio Saca y presidente del partido desde 2010.
Entre los donantes también está el cuñado del expresidente Saca, Óscar Edgardo Mixco Sol, quien está contratado en la Asamblea Legislativa como asesor del partido naranja y donó 540 dólares en 2015 a Gana. Mixco Sol, además de familiar del expresidente Saca, es su socio en empresas de radio y fue él quien retomó la administración de las mismas en el período entre 2004 y 2009 cuando Saca fue presidente del país. Mixco Sol también era el presidente de una de las empresas de compró la mansión donde Saca se mudó al terminar la presidencia.
En total, Gana reporta 214 donantes, de los cuales dos son empresas (Diversiservicios Automotrices Salvadoreños, DASAL S.A. de C.V., y Droguería Saimed S.A. de C.V). Ambas sociedades aportaron 6 mil 500 dólares al partido naranja. Los 212 nombres restantes son asistentes, secretarias, ordenanzas, motoristas, técnicos informáticos, asistentes de fracción, analistas de fracción, y empleados de la unidad de prensa de la fracción legislativa que aportaron un total de 57 mil 978 dólares al partido, según descubrió El Faro. Son 121 empleados que a la vez entregan una porción de su salario al partido, entre 90 y 1 mil dólares al año. Entre los donantes de Gana también está un periodista de TVO, Josué Natán Vaquiz, quien tiene una plaza de asistente administrativo II en las plazas asignadas al partido.
Entre los financistas también hay exdiputados como Miguel Ahues Karrá, Rafael Paz, José Rinaldo Garzona, César García Aguilera, y excandidatos a diputado como Ernesto Clavel, quien compitió por San Salvador en las últimas elecciones. Ahora Clavel es el oficial de transparencia del partido. Y también están los diputados actuales, Guillermo Gallegos, Mario Tenorio, Lorenzo Rivas, Abilio Rodríguez… todos ellos donaron 2 mil 400 dólares en 2015.
En total, Gana asegura que sus donantes entregaron 123 mil 117 dólares en 2015. “Pero las donaciones son voluntarias”, dijo a El Faro el presidente del partido José Andrés Rovira, el jueves 5 de mayo, cuando fue abordado por El Faro en la Asamblea Legislativa. Rovira explicó que los empleados entran en la categoría de donantes afiliados y que esa era la única categoría de financistas. “Las empresas no nos dan”, dijo. El Faro le preguntó entonces por qué en la página web aparecía además la categoría de “donantes particulares”, que según el sitio, en 2014 había aportado 260 mil dólares al partido. “Esa no la hacemos pública por el tema de seguridad de los donantes”, dijo Rovira para dar concluida la entrevista. Después de su respuesta, abordó su vehículo y se marchó.
El PCN también entregó una lista incompleta de donantes. En una comunicación enviada a Acción Ciudadana el 30 de mayo, en cumplimiento de la sentencia definitiva que promulgó el TSE, el PCN muestra la identidad de algunos de sus financistas pero asegura que no da los nombres de todos porque no cuenta con autorización de ellos para hacerlo. El partido solo reveló la identidad de 33 de sus donantes, según los cuales recibió donaciones en dinero y en especie por 197 mil 345 dólares lo cual es menos de la mitad (un 57% menos) de lo que había reportado en abril, después de la audiencia librada en el TSE. En aquel momento, el PCN entregó un documento contable denominado “Estado de resultados” y en él aseguraba que en 2015 recibió donaciones por el orden de 465 mil 953 dólares.
Entre los 33 donantes que el partido identificó hay 20 que son empleados en el Órgano Legislativo. Hay unos, como la señora Blanca Rais Mejía, que tiene una plaza de colaboradora administrativa a tiempo parcial en la fracción del PCN y que donó 560 dólares para “el departamento de San Salvador”. La señora Rais fue candidata a diputada en 2012 por el PCN y es hermana de José Enrique Rais, un empresario salvadoreño a quien en Estados Unidos la justicia decomisó unos aviones a quienes se les encontró rastros de cocaína.
No todos los empleados financistas trabajan exclusivamente en la fracción del PCN, también hay empleados “institucionales” que son de la planilla de la Asamblea.*
Entre todos los empleados, la cantidad de dinero que aportaron al PCN es 22 mil 713 dólares. Las empresas privadas que enlistó el partido suman una donación total por casi 177 mil dólares. Entre las sociedades aportantes están por lo menos dos vinculadas al empresario José Enrique Rais. Una es Mides, que se dedica al tratamiento de desechos sólidos en el Área Metropolitana de San Salvador y donde comparte propiedad con alcaldías de Arena y FMLN; y la otra es Pro-Nobis S.A. de C.V. que tuvo como directivos a Mario Calderón, el exabogado de Rais, y al actual presidente de Anda Marco Fortín Huezo.
El PCN, cuando entregó a Acción Ciudadana la lista de sus donantes también deslizó una amenaza. “Esperamos que el uso de esta información sea con fines legales y no perjudiciales reservándonos el derecho de que como partido político nos ampara de acuerdo a lo establecido en el artículo 26-D de la Ley de partidos”, escribió Gloria Osorio del departamento jurídico de la unidad de transparencia en alusión al artículo que sostiene que pueden ser procesados quienes divulguen información reservada o confidencial.
El otro partido que tiene a empleados dentro de sus donantes es el PDC. En la lista de financistas que entregó a Acción Ciudadana solo aparecen 27 nombres, 10 de los cuales son empleados de la Asamblea. 'Estamos ante un doble financiamiento público de los partidos. Por un lado reciben deuda política pero por el otro reciben dinero de los empleados del Estado', dice el abogado Escobar. Un empleado que aparece en una de las dos listas de donantes accedió a hablar con El Faro a cambio de anonimato. Explicó que la contribución que dan al partido es voluntaria pero para eso rellenan una solicitud de descuento, lo que quiere decir que el dinero, en la práctica, nunca entra a sus bolsillos si no que se va directamente al partido.
Rodolfo Parker, el secretario general del PDC, reconoce que en la lista de donantes que su partido entregó faltan cinco o seis financistas, pero se negó a publicitarlos. Cuando El Faro le preguntó si era consciente del desacato a la resolución 43-2013 de la Sala de lo Constitucional, Parker respondió que antes que la interpretación de la Sala está la literalidad de la ley. “Yo no tengo ningún problema que se sepan los nombres, pero entonces cambiemos la ley”, respondió.
Parker sostiene que los donantes también tienen derecho del goce a la intimidad, a que no se sepa que ellos dieron dinero. Cuando se le pregunta qué derecho es ese o cuál es el motivo, responde: “El motiv es que los partidos políticos no quieren verse vulnerados en la posibilidad de que algunos donantes dejen de dar dinero si se llegan a saber que ellos fueron donantes”. Pero nada de esto está recogido en la Ley de partidos políticos, y la única información que prohíbe a los partidos dar es la relacionada a la esfera íntima de los donantes, no su nombre y el monto que aporta a los institutos políticos.
Gana, PCN y PDC fueron los únicos partidos que entregaron a los abogados una información desglosada sobre sus egresos aunque el nivel de detalle es mínimo. Ninguno de los dos partidos presentó los comprobantes del gasto que también habían sido solicitados. El PDC, por ejemplo, dice que recibió 1 millón 152 mil dólares, incluyendo la deuda política de 424 mil dólares, pero a la hora de pedir cuentas sobre cómo se usó ese dinero, solo hay una lista de rubros con el respectivo monto de dinero utilizado. “Trabajo político electoral I organización 2014, 193 mil 844 dólares”, dice uno de los rubros, y hay otros que aparecen identificados como “alquileres, suscripciones, teléfono e internet, papelería…”.
El PDC no entregó el detalle de los gastos a nivel municipal y eso, a juicio del secretario Parker, es imposible de entregar sencillamente por una razón: “No existe”. Parker dice que el 70% de la economía salvadoreña es informal y que por tanto es imposible tener facturas y comprobantes de todo lo que gastan.
—¿Quién entonces es el que controla cómo se gasta ese dinero en el partido? ¿Nadie? –preguntó El Faro a Parker.
—La dirección del partido llega hasta la dirección departamental. De ahí para abajo, partimos de la buena fe de quienes son nuestros directores departamentales. Vos confiás en que esa persona hará un buen uso del dinero, y además, en todo partido hay mecanismos de control naturales que impiden el dinero se pierda así no más. La militancia vigila que el dinero se use bien.
—¿Considera usted que un votante medianamente exigente le creería de que el dinero el PDC lo gastó basado en la buena fe? –preguntó El Faro a Parker.
—No, no me creería. Reconozco que no son suficientes los mecanismos actuales pero toda reforma o ley debe surgir de la dinámica real de una campaña. Una campaña es una batalla.
*FE DE ERRATA: Por un error del redactor, en una versión anterior de este texto se decía que el abogado Manuel Chacón estaba en la lista de donantes. Pedimos disculpas por la imprecisión pues la persona a la que hace referencia el nombre que aparece en la lista de donantes del PCN no es el abogado si no un pariente del mismo. Corrección hecha el jueves 9 de junio de 2016, a las 11:54 am.
