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El río de melaza que vale $3.9 millones

Juan Tennant Wright Castro, padre del diputado arenero Johnny Wright Sol, es -según la Fiscalía- el representante legal del Ingenio La Magdalena y es el señalado en dos demandas ante el Juzgado del Ambiente. Una de ellas ya fue admitida y Wright Castro recibió la notificación el pasado 31 de mayo. La Fiscalía persigue un pago de reparaciones por casi 4 millones de dólares por daños a cuatro ríos y a las comunidades aledañas.

 
 

La melaza derramada por el Ingenio La Magdalena corre por el río a su paso por el municipio de San Lorenzo, departamento de Ahuachapán. Según el Ministerio del Ambiente, en esta zona cercana al ingenio la fauna fue exterminada en un 100 %.
 
La melaza derramada por el Ingenio La Magdalena corre por el río a su paso por el municipio de San Lorenzo, departamento de Ahuachapán. Según el Ministerio del Ambiente, en esta zona cercana al ingenio la fauna fue exterminada en un 100 %.

La Fiscalía salvadoreña demandó civilmente este 9 de junio a la sociedad Ingenio La Magdalena, S.A. de C.V., por los daños al ambiente ocasionados por las descarga de melaza en los ríos La Magdalena y expansión a los ríos Grande, Chingo y Paz, en la zona fronteriza con Guatemala. El propio ingenio calcula que unos 250 mil galones de melaza se derramaron y que unos 9 mil de ellos llegaron hasta el río el pasado 5 de mayo.

La Fiscalía estima en 3 millones 972 mil 221 dólares los daños ocasionados y el juzgado del Ambiente podría ratificar esa cifra o, en el otro extremo, decidir que no haya cobro al ingenio si este se compromete a hacer toda la restauración necesaria tanto del río como de las comunidades afectadas.

La demanda está dirigida a Juan Tennant Wright Castro, empresario cañero que según la Fiscalía es el representante legal de la compañía. Wright también ha sido presidente del Ingenio El Ángel y es uno de los accionistas de La Magdalena, de cuya junta directiva es presidente.

Wright Castro es padre del diputado de Arena Johnny Wright Sol, quien hace algunas semanas lanzó una campaña en favor de la preservación del recurso agua.

El ingenio La Magdalena fue constituido el 11 de noviembre de 1994 y  la Fiscalía señala que en sus primeros cuatro años de producción no tuvo "ningún tipo de control estatal". En 2014, el hoy presidente de la Corte Suprema de Justicia, Óscar Armando Pineda, declaraba ser accionista del Ingenio La Magdalena. Incluyó esa información en su hoja de vida disponible para consultar en la página gubernamental de la Corte, bajo el apartado "entidades de servicio y comunitarias a las que he pertenecido".

La demanda que presentaron cuatro fiscales, basados en estudios del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), hace cuentas detalladas de las implicaciones del derrame.

La acusación fiscal establece que, entre el 6 y el 14 de mayo, el derrame produjo la eliminación total de la fauna acuática en los primeros 12 kilómetros aguas abajo del lugar del accidente, sobre el cauce del río La Magdalena y el río Paz. Además, en los 68 kilómetros restantes, afectó hasta a un 40 % de los animales, hasta el Zanjón El Aguacate, en el municipio de San Francisco Menéndez, Ahuachapán.

El punto 13 de la relación de los hechos de la Fiscalía calcula que hay 950 pescadores artesanales afectados por el derrame y que, entre el 6 y el 15 de mayo, unas 150 personas dejaron de visitar por turismo el municipio de San Lorenzo.

Esta es la segunda demanda presentada en el Juzgado de Medio Ambiente contra Wright Castro, por el mismo caso. La primera fue presentada el 16 de mayo por una oenegé medioambientalista, Aeproterra. La ley del Medio Ambiente, en su artículo 101, permite que cualquier persona o empresa que haya sufrido perjuicios por daños ambientales presente avisos o demandas ante el Juzgado de esta materia. El 26 de mayo, el juez de Medio Ambiente concluyó que Aeproterra está legitimada para ejercer la acción de reparación por daños al medio ambiente. Cinco días más tarde, el 31 de mayo, la notificación fue recibida y firmada en nombre del ingenio por German Antonio Siqueira Mayorga.

Empleados del ingenio La Magdalena limpian la pila de melaza que rebalsó el 5 de mayo y contaminó más de ochenta kilómetros a lo largo de cuatro ríos en el occidente de El Salvador, fronterizo con Guatemala.
 
Empleados del ingenio La Magdalena limpian la pila de melaza que rebalsó el 5 de mayo y contaminó más de ochenta kilómetros a lo largo de cuatro ríos en el occidente de El Salvador, fronterizo con Guatemala.

El Faro buscó la posición de Wright Castro respecto de la demanda. Su equipo de comunicaciones envió por correo electrónico un comunicado de Juan Carlos Rivas, abogado del Ingenio La Magdalena. “Hemos tenido el conocimiento a través de los medios de comunicación sobre la demanda civil, no penal, que presentó la Fiscalía. El juzgado ambiental tiene que decidir si la admite o no; y en caso de admitirla seremos notificados y tendremos 20 días hábiles para presentar nuestros alegatos de defensa”, afirmó Rivas.

El juez medio ambiental, Samuel Lizama, cuenta con cinco días hábiles para analizar si admite la demanda y notificar a Wright Castro de esta segunda demanda. El proceso ambiental consta de dos audiencias. La primera es una preparatoria, en la que se corrigen los aspectos formales del proceso y se ofrecen las pruebas que se van a ventilar en la siguiente etapa. Esta fase es comparable a la audiencia preliminar del proceso penal. La segunda fase es una audiencia probatoria, donde se conocen los documentos, testigos y peritos. El juez entonces debe dar un fallo verbal y luego entregar una sentencia escrita.

Este es un proceso independiente del proceso penal, que en el caso de La Magdalena todavía no se ha presentado. Es decir, un juez medio ambiental no puede enviar a nadie a la cárcel. Si el juez sentencia que hubo daños al ambiente, puede condenar al ingenio a reparar integralmente el daño causado. Si el juez determina que esa reparación es imposible, la Fiscalía solicita que el ingenio pague casi cuatro millones de dólares.

La Fiscalía arribó a la cantidad que demanda de la siguiente manera. Casi el 60 %, 2 millones 378 mil 584 dólares, corresponden a los costos sociales a los particulares, que se refieren al recurso pesquero, turismo y en menor cantidad al suministro de agua para consumo humano. Un millón 580 mil 191 dólares, el 39.78 %, es el estimado de los costos de restauración del ecosistema, incluidos los recursos hidrobiológicos y el suelo. Los restantes 13 mil 446 dólares son un monto definido como gastos de gestión en que incurrieron el Ministerio del Ambiente y las alcaldías de Chalchuapa, San Lorenzo y Ahuachapán.

El cálculo original del MARN sobre los costos incluía un millón de doláres más referidos a "medidas para la reconversión del Ingenio La Magdalena", un rubro que la Fiscalía ha omitido de su demanda.

Wright Castro ha sido un personaje importante en las filas del partido Arena, que gobernó El Salvador entre 1989 y 2009. Hace casi 13 años fue una de las personas que tenía firma autorizada en la cuenta del Banco Cuscatlán en Costa Rica que usó el partido Arena para recibir 10 millones de dólares que Taiwán donó a El Salvador, y que se desviaron para financiar la campaña presidencial de Antonio Saca en 2004.

En Arena ha habido quienes han tomado el derrame de melaza como bandera propia. Karla Hernández, diputada de Arena por el departamento de La Libertad, intentó matizar la gravedad del accidente en una entrevista televisiva el pasado 6 de junio. “Me permití traerles, porque por ahí al inicio una funcionaria dijo que la melaza era tóxica. Aquí les traje melaza y en el set pedí unas cucharitas para ustedes, para comprobarles que la melaza no mata a nadie, y te lo voy a demostrar”, dijo Hernández, al tiempo que se servía y bebía una cucharada de melaza, en la entrevista Ocho en Punto, de Canal 33. La diputada recibió críticas en redes sociales e hizo esta aclaración en su cuenta de Twitter: “Me referí a que la capa de melaza endurecida impidió el paso de oxígeno. Ese fue el problema. No que sea tóxica como se hizo ver”, tuiteó Hernández.

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