Un día después de que la Asamblea Legislativa aprobara con 50 votos de Arena, PCN, Gana y PDC la publicación de un comunicado que pide a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) denegar la extradición de los militares detenidos por el caso jesuitas, los 15 magistrados de la Corte conocieron un nuevo borrador de resolución en el que, por primera vez, admiten la posibilidad de que los militares procesados sean enviados a España para enfrentar juicio en la Audiencia Nacional.
Este jueves 16 de junio, la corte plena conoció y discutió un segundo proyecto que aprueba la extradición de Guillermo Alfredo Benavides, Tomás Zarpate Castillo, Antonio Ramiro Ávalos Vargas y Ángel Pérez Vásquez. El nuevo proyecto refleja las diferencias de criterio que hay en el seno de la Corte. Hasta hace una semana, la CSJ estaba considerando un solo proyecto de resolución en el que decía 'no' a la extradición.
La semana pasada, el magistrado Rodolfo González Bonilla dijo en entrevista televisiva '8 en punto' que preveía que la resolución del caso jesuitas iba a dictarse a más tardar este jueves 16, pero el surgimiento del nuevo borrador ha reavivado el debate.
Aunque el comunicado de la Asamblea Legislativa, publicado el jueves 16 en los periódicos, metió presión a la jornada de deliberaciones de la Corte Plena celebrada este jueves, los magistrados se han dado un compás de espera tras la aparición de ese segundo proyecto, impulsado desde hace un mes por un grupo de magistrados que siguen pujando para que se discuta la posibilidad de que se apruebe el envío de los salvadoreños al juicio en España.
El comunicado divulgado este jueves por la Asamblea Legislativo no fue aprobado por el FMLN, que se abstuvo de votar a favor del comunicado y señaló, a través de su diputada Norma Guevara, que iban a ser respetuosos de lo que decidiera la Corte en este caso.
La Corte sigue dividida y no hay una decisión final. Por un lado están los magistrados que piensan que el crimen ya no puede investigarse porque ya prescribió y porque la Constitución vigente en 1989 no permitía la extradición. Los magistrados a favor de la extradición sostienen que el hecho aun puede investigarse porque se trata de un crimen de lesa humanidad, y porque la Constitución fue reformada en 2000 para permitir la extradición, incluso a aquellos procesados por crímenes ocurridos antes de la reforma, de manera retroactiva.
A los cuatro militares a quienes afectaría el fallo se les acusa de una presunta responsabilidad en la masacre de seis sacerdotes jesuitas, en 1989, junto a una colaboradora doméstica y la hija de esta. Ellos fueron requeridos por el juez español Eloy Velasco el 10 de marzo pasado.
El Salvador ya negó una vez la extradición de estos cuatro militares en mayo de 2012, pero en enero de este año el juez español Eloy Velasco reiteró las órdenes de captura contra 17 militares salvadoreños valiéndose de cambios en la interpretación constitucional y legal del estatuto de la Interpol, y sobre el significado de las órdenes de captura con notificación roja.
Entre los militares procesados hay dos grupos: los que fueron detenidos y procesados en 1990 por el crimen pero que fueron amnistiados en 1993, y los que recibieron un sobreseimiento definitivo a su favor en el año 2000, a pesar de una nueva investigación judicial. El sobreseimiento interrumpió la investigación porque un juez consideró que ya había vencido el plazo para investigar el crimen.
De los 17 militares requeridos, Inocente Orlando Montano es el único que no se encuentra en territorio salvadoreño, ya que guarda prisión en Estados Unidos por fraude migratorio y está a la espera de una extradición a España o una deportación a El Salvador.
