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Gobierno se fija un año para recuperar el control de los centros penales

Las autoridades de seguridad pública se plantean el cierre de otros tres centros penitenciarios por considerarlos obsoletos y prometen recuperar el control sobre las cárceles en un solo año. Mientras que el gobierno atribuye a sus medidas extraordinarias la reducción de homicidios, las pandillas insisten en que son ellas quienes han ordenado a sus miembros dejar de matar.

 
 

El gobierno limpió buena parte del centro penal de Cojutepeque, pero aún son visibles algunos de los enseres dejados atrás por los 1,282 reos que fueron trasladados el pasado 16 de junio, hacia las prisiones de Izalco y Quezaltepeque. Este era uno de las prisiones más nauseabundas de todo el sistema penitenciario salvadoreño. Foto El Faro/ Fred Ramos
 
El gobierno limpió buena parte del centro penal de Cojutepeque, pero aún son visibles algunos de los enseres dejados atrás por los 1,282 reos que fueron trasladados el pasado 16 de junio, hacia las prisiones de Izalco y Quezaltepeque. Este era uno de las prisiones más nauseabundas de todo el sistema penitenciario salvadoreño. Foto El Faro/ Fred Ramos

El vicepresidente Óscar Ortiz y el ministro de Seguridad, Mauricio Ramírez Landaverde, admitieron que el Estado salvadoreño no tiene control de sus prisiones y se fijaron el plazo de un año para retomarlo. “A la vuelta del mes de junio del próximo año ustedes van a ver un sistema penitenciario distinto”, prometió Ortiz este 19 de junio. El funcionario dio un discurso a las puertas del recién clausurado penal de Cojutepeque, en Cuscatlán.

“Una de las más importantes medidas es tomar control del sistema penitenciario que se convirtió en un punto de operaciones, organización y multiplicación de la acción violenta”, dijo Ortiz. Ramírez secundó esa idea.  “Desde el 29 de marzo, iniciamos implementación de una serie de acciones que nos lleven a contar en el futuro cercano con un sistema penitenciario más seguro, ordenado, en el que las instituciones tengan realmente el control de esos centros penitenciarios”, prometió el ministro de Seguridad.

Tres días antes de ofrecer esta conferencia de prensa y un recorrido por las instalaciones vacías del penal de Cojutepeque, la Dirección de Centros Penales envió a mil de los internos a la prisión de Quezaltepeque y 282 a la prisión de Izalco. Uno de los nuevos inquilinos de Izalco, Juan Carlos Mejía Mejía, fue asesinado dos días después de llegar, en un incidente en el que Mejía y otros tres pandilleros de la facción Sureños del Barrio 18 fueron asesinados durante la hora de movilidad de los reos.

El edificio donde funcionaba el penal de Cojutepeque ejemplifica bien el sistema penitenciario salvadoreño. Es una construcción de 68 años y ocupa media cuadra, contiguo a la alcaldía, en el corazón del municipio. En el recinto había tres personas donde solo cabía una: 1,282 internos en un lugar con capacidad para 400. En agosto de 2006,  38 reos se fugaron a través de un boquete que abrieron en un muro.  Después de este segundo cierre -el ministro de Seguridad recordó que ya se había clausurado esta prisión entre 2002 y 2003- las autoridades pretenden ocuparla para la subdelegación Centro de Cojutepeque de la Policía Nacional Civil.

El cierre de Cojutepeque supone un aumento inmediato del 233 % al 241 % de hacinamiento en el sistema de prisiones. El gobierno ya tiene los fondos para la construcción de tres centros penales con capacidad para 10 mil reos, clasificados como de baja peligrosidad. Para diciembre de 2016, prevé hacer una reclasificación total de los reclusos y darles uniformes. Además, prevé que para junio de 2017, una tercera parte del universo del sistema (de 34,700 internos) estén en dinámicas de trabajo público.

En la explicación del cierre del penal, Ortiz y Ramírez Landaverde solo aludieron a la mala ubicación del recinto. Sin embargo, días antes, el director de centros penales, Rodil Hernández, había revelado una estructura corrupta que ingresaba objetos ilícitos a la prisión de Cojutepeque. Hernández aseguró que suspendió al director, subdirector y custodios de ese centro. Pero de eso, ni una palabra en el acto oficial de clausura.

“Desde hace mucho tiempo ha habido conciencia de las autoridades en turno que este lugar (Cojutepeque) no reúne condiciones para que funcione un centro penitenciario”, dijo Ramírez. El gobierno analiza cerrar los centros penales de Chalatenango, Ciudad Barrios (San Miguel) y Usulután, también insertos en medio de la urbe del municipio.

Los de Chalatenango y San Miguel también están incluidos en el conjunto de prisiones donde se aplican las medidas extraordinarias, como un encierro durante todo el día, la suspensión de visitas o traslados para audiencias judiciales o, por ejemplo, la inspección de las condiciones de centros penales por parte de la Procuraduría para los Derechos Humanos, o cualquier otras institución que pueda supervisar las condiciones de encierro de los reclusos.

Pandillas se atribuyen reducción de asesinatos

El más reciente comunicado de las pandillas, con fecha del 18 de junio, se queja precisamente de esas medidas que están por cumplir tres meses de vigencia. “Nos preocupa el régimen represivo que el gobierno ha creado en los penales con sus medidas extraordinarias. Este régimen está poniendo en peligro la dignidad, los derechos humanos, la salud y la vida de los reclusos”, dice una parte del comunicado que firman los voceros nacionales de la Mara Salvatrucha, y las facciones Sureños y Revolucionarios del Barrio 18.

La implementación de las medidas extraordinarias ha coincidido con un descenso de los homicidios que se cometen a diario en El Salvador. Después de un primer trimestre con promedio de 22 asesinatos cada día, la cifra se ha reducido a la mitad, es decir, un promedio de 11 asesinatos diarios de abril hasta lo que va de junio. Tanto el gobierno como las pandillas se atribuyen el crédito de ese logro. El Estado dice que es resultado directo de las medidas extraordinarias; las pandillas, que es producto de un acuerdo unilateral de “cesar todo tipo de homicidios a nivel nacional”. Creer en esta segunda versión implica que las pandillas han encontrado la forma de hacer una tregua entre ellas, sin necesidad de mediadores.

El vicepresidente Óscar Ortiz dio una conferencia de prensa este 19 de junio de 2016, junto al gabinete de Seguridad, en el acto oficial de clausura del penal de Cojutepeque. Foto El Faro/ Fred Ramos 
 
El vicepresidente Óscar Ortiz dio una conferencia de prensa este 19 de junio de 2016, junto al gabinete de Seguridad, en el acto oficial de clausura del penal de Cojutepeque. Foto El Faro/ Fred Ramos 

Sin embargo, desde Casa Presidencial se insiste en restarle crédito a la voz de los pandilleros. “El mundo criminal no puede seguir siendo referencia de estadística. No lo vamos a aceptar. Lo único que nos ha mostrado es que saben hacerle daño a la gente. Por eso tenemos que pararlos, golpearlos y desarticularlos. Los datos son lo que tenemos como gobierno”, respondió Ortiz a una pregunta de El Faro. Este periódico le pidió su reacción sobre el comunicado de las pandillas. Ortiz restó cualquier valor a lo dicho por las pandillas, justo al lado del ministro de gobernación, Arístides Valencia, el hombre al que el partido de Ortiz – el FMLN- comisionó para negociar con las pandillas acuerdos electorales, de cara a la campaña presidencial de 2014.  

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