La última semana de abril de 2006 fue de tragedia para tres bancos de El Salvador: el miércoles 26, el jueves 27 y el viernes 28 de abril de ese año, la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) firmó tres resoluciones sin precedentes, que ordenaban un millonario pago en concepto de impuestos al Banco Cuscatlán, al Banco Agrícola y a Credomatic. Los primeros dos meses de este año, sin embargo, fueron de fiesta para estos bancos, cuando sendas resoluciones del Tribunal de Apelaciones les exoneraron del pago del impuesto de renta.
De paso, las sentencias del Tribunal, similares y consecutivas, se convirtieron en ley, de tal manera que así como estos bancos se salvaron de pagar más de 14 millones de dólares, otras instituciones podrían esgrimir en el futuro argumentos similares para repeler cobros de impuestos por renta.
Aquel abril de 2006 era un mes de tensiones acumuladas por la ejecución de la reforma fiscal diseñada por el ministro de Hacienda de entonces, Guillermo López Suárez, a quien diversos sectores de la empresa privada, y particularmente la banca, querían fuera del gobierno. Y las demandas venían desde hacía meses. Cuando la reforma aún estaba tierna, en 2005, un representante de la banca llegó a Casa Presidencial a pedir al presidente Antonio Saca que se retractara de algunas medidas y de paso a quejarse del funcionario a cargo de las finanzas del país.
El ministro de Hacienda era incómodo no solo hacia afuera del gobierno, sino que por su decisión de intentar influir para poner orden en algunas ramas del Ejecutivo se había granjeado algunas antipatías en el gabinete.
Cuando el miércoles 26 de abril llegó al Cuscatlán el reclamo de Hacienda por 5.9 millones de dólares en concepto de impuesto sobre la renta, López Suárez ya tenía un pie afuera del gobierno: el día 22 había presentado su carta de renuncia. El jueves 27, a las 8:45 de la mañana, la DGII informó al Banco Credomatic que no había declarado todos sus ingresos y que por ello debía pagar 282 mil 966 dólares en concepto del incómodo impuesto sobre la renta. Y a las 8 de la mañana del viernes llegó el turno del Banco Agrícola, que debía 8 millones 21 mil 259 dólares. Todas esas resoluciones de Impuestos Internos, según consta en los fallos del Tribunal de Apelaciones, llevaban la firma del ministro. Ese viernes fue el último día de trabajo de López Suárez en Hacienda.
Si los bancos no hubieran apelado y ganado el caso, Hacienda habría recibido 14 millones 165 mil 389.42 dólares en concepto de un impuesto que los bancos habían eludido pagar en 2002. Las investigaciones que determinaron que esas tres empresas financieras no estaban declarando todos sus ingresos eran inéditas hasta entonces y fueron encabezadas por Luis Barahona y David Avelar, director y subdirector de Impuestos Internos hasta mayo de este año. Ambos habían sido de los cerebros que diseñaron y ejecutaron la reforma fiscal de finales de 2004 junto a López Suárez y con el acompañamiento del entonces secretario técnico de la presidencia, Eduardo Zablah.
El fisco, una vez asentada la reforma, había decidido analizar cómo algunas de las principales empresas del país estaban pagando sus tributos y por eso ordenó las auditorías. Empezaron a revisar el ejercicio fiscal del año 2002. Así determinó que en el caso de los bancos no se había declarado ingresos, entre otras categorías, por cobros de intereses moratorios o por cobros de comisiones por servicios a sus clientes. La banca apeló echando mano del reglamento de la Superintendencia del Sistema Financiero, que les dio argumentos para alegar que esos ingresos podían quedar al margen del pago de impuesto, mientras que la DGII respondió que las leyes tributarias están por encima de un reglamento y que, por lo tanto, no se podía eludir el pago del impuesto aduciendo que un reglamento les permitía la exoneración.
Cuando han pasado 28 meses desde aquellas resoluciones contra los tres bancos, ninguno de los funcionarios claves en el proceso de aumentar los ingresos del Estado está ya en el gobierno. El primero en salir fue el ministro, que dejó el cargo el día que firmó el último reclamo contra el Banco Agrícola. En agosto de 2007 renunció Eduardo Zablah, y en la última quincena de mayo de 2008 dejaron sus cargos Luis Barahona y David Avelar.
Una fuente del partido Arena involucrada con el trabajo de Impuestos Internos, y una fuente legislativa que en diversas ocasiones fue contraparte de Hacienda en los temas fiscales, aseguraron a El Faro que el ex director y el ex subdirector abandonaron sus cargos entre otras razones por presiones derivadas de un litigio con la banca. Los ex funcionarios se han rehusado a explicar públicamente los motivos de su salida. Pero parecen cerrar un círculo: López Suárez se fue después de firmar la última resolución contra los tres bancos mencionados, y Barahona y Avelar se fueron poco después de perder los tres casos en el Tribunal de Apelaciones.
El Tribunal de Apelaciones recibió de los tres bancos los alegatos de que se le estaba cobrando un impuesto improcedente. Dicha instancia, integrada por cinco personas, un presidente, dos vocales de impuestos de aduanas y dos vocales especialistas en impuestos internos, ventiló los tres casos por más de un año y al final, en enero y febrero de este año, les dio la razón. De los cinco jueces del tribunal, fueron los dos especialistas en impuestos internos quienes votaron contra los bancos.
Dado que los tres casos se ventilaron en fechas cercanas, en las mismas instancias (Impuestos Internos y Tribunal de Apelaciones) y con argumentaciones similares, las resoluciones se convierten en un asidero legal para cualquier banco que no declare ingresos como lo hicieron esas empresas.
El Código Tributario establece que cuando hay tres resoluciones consecutivas del tribunal de Apelaciones en igual sentido y en similares circunstancias, esas decisiones se convierten en doctrina jurídica. Es decir, que los efectos de un pronunciamiento particular se convierten en general en ley vinculante para toda una población. En otras palabras, si Impuestos Internos tiene otros casos similares contra otros bancos, las tres sentencias del tribunal de Apelaciones darían la razón a los bancos y determinarían que la DGII estaba en error al declarar incorrecta la forma en que las instituciones financieras habían declarado sus ingresos.
El artículo 5 del código tributario dice que se entiende por doctrina legal la jurisprudencia establecida por la Sala de lo Constitucional o por la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, o lo que resuelva el Tribunal de Apelaciones de Impuestos Internos. Esto, siempre y cuando ocurran tres sentencias uniformes y no interrumpidas por otra en contrario, y siempre que lo resuelto sea sobre materias idénticas en casos semejantes.
Dos visiones
La administración fiscal de Guillermo López Suárez marcó un hito en los gobiernos de Arena, por cuanto el ministro estuvo muy dispuesto a caer en desgracia con el sector privado, del que él provenía cuando lo reclutaron para el gabinete de gobierno. A caer en desgracia por su convicción de que había que tapar algunos huecos para recaudara más impuestos. En 2007 se recogieron, producto de la reforma, unos tres centenares de millones de dólares. Y esta fue solamente una fase de la reforma.
La segunda, que nunca llegó, fue prácticamente anunciada por el presidente Antonio Saca en abril de 2006, cuando anunció la renuncia de López Suárez y dijo que el nuevo ministro iba a seguir con las medidas tendientes a mejorar la recaudación de tributos. El lunes 1 de mayo de 2006 llegó al carago Willian Hándal, y lo primero que hizo ante los medios de comunicación fue contradecir a Saca: en una entrevista con La Prensa Gráfica aclaró que no iba a haber ninguna otra reforma en busca de más tributos. A los pocos días, dio a El Faro una entrevista en la que dejó clara su visión: “Yo vengo del sector privado, y al sector privado no le gustan los impuestos”. En esa conversación, reconoció que la reforma fiscal de finales de 2004 no fue tan profunda como debió haber sido, pero que su papel en esta administración no era incomodar a alguien.
Antes de cumplir dos años en el cargo, en enero y febrero de este año, el tribunal de Apelaciones, nombrado por el ministro, sentó el precedente favorable a la banca comercial al hacer las cuentas del impuesto sobre la renta por algunas categorías de ingresos como intereses por cuentas morosas o cobros de comisiones por servicios.
El primero de los tres bancos en saber que se había salvado fue el Banco Cuscatlán. La resolución se emitió a las 2:30 p.m. del 10 de enero de este año. Un mes después, el 11 de febrero, a las 2 de la tarde, se resolvió a favor del Banco Agrícola, y solo 30 minutos más tarde, a las 3 p.m., se firmó la sentencia de exoneración en beneficio del Banco Credomatic.
La Dirección General de Impuestos Internos decidió comenzar por revisar las declaraciones de impuestos presentadas en 2002. Esta oficina se encarga de fiscalizar que los contribuyentes declaren correctamente y a cabalidad sus ingresos. Para ello designa uno o más auditores, que pueden tardar meses investigando a un solo contribuyente, y por lo general los casos más complejos tienen que ver con los grandes contribuyentes.
Cuando los auditores terminan una auditoría, hacen un informe para el director general de Impuestos Internos, que en ese entonces era Luis Barahona. Dicho informe es revisado por tres personas más: un supervisor de los auditores, un coordinador de la oficina de fiscalización y el subdirector de grandes contribuyentes. Solo después de ese tamiz sale la cifra de impuestos que deben pagar los contribuyentes.
En ese proceso, Hacienda descubrió, por ejemplo, que en 2002 los tres bancos obtuvieron ganancias por el cobro de comisiones a clientes, y que no habían pagado impuesto por esos ingresos. El Banco Cuscatlán no declaró 255 mil 166.54 dólares en concepto de comisiones cobradas por otorgamiento de créditos, según el Tribunal de Apelaciones. El Banco Credomatic no declaró como ganancia las comisiones cobradas a los clientes por los préstamos con plazo mayor de 180 días, en un monto de 213 mil 90 dólares. Al Banco Agrícola le detectaron el mismo problema, pero la resolución no especifica el monto de ingresos no declarados como ganancias.
Las investigaciones a los tres bancos coinciden en que las instituciones financieras declaran menos ingresos que los que perciben. Solo el Banco Agrícola, según el documento del Tribunal de Apelaciones, dejó de declarar ingresos por 20 millones 308 mil 627 dólares, en diversas categorías. Según la página 50 de la resolución, el banco no declaró esa cantidad, aunque en sus estados financieros la tenía contabilizada como intereses originados por los créditos con mora mayor a los 90 días. Al Banco Credomatic le fueron detectados 692 mil 876 dólares en similar situación.
Al final del proceso, Credomatic fue la única firma de las tres a la que el Tribunal de Apelaciones ordenó al menos una mínima fracción del pago de impuesto de renta originalmente reclamado. La resolución dispuso que pague 45 mil 539 dólares. El Banco Agrícola y el Banco Cuscatlán evitaron el pago de los más de 8 millones de dólares ordenados por Impuestos Internos.
Ante iguales señalamientos del fisco, la defensa de los tres bancos es similar. Todos apelan a que el tiempo de cuatro días que establece la ley de creación del Tribunal de Apelaciones es insuficiente para armar una defensa jurídica que compita con los más de 100 días que dura la investigación de Impuestos Internos.
Otra coincidencia es que se basan en un reglamento de la Superintendencia del Sistema Financiero para argumentar por qué no incluir como ganancias los cobros por comisiones o por intereses moratorios.
Ninguno de los bancos quiso responder a este periódico las dudas que saltan sobre el proceso, como el hecho de que al final se le dé preeminencia jurídica a un reglamento por encima de una ley nacional. El Faro buscó también una posición de la Asociación Bancaria Salvadoreña y la oficina de prensa respondió que gestionaría una entrevista. Sin embargo, hasta el cierre de la nota no habían agendado entrevista con algún directivo de la gremial. Según declaraciones del director ejecutivo de Abansa, Carlos Cáceres, publicadas en el diario Colatino la semana pasada, no tienen previsto pronunciarse al respecto como gremio: “No tenemos previsto reunirnos para que se trate este tema. Ahorita lo desconocemos”.
El Colatino público una entrevista con el diputado suplente Inmar Reyes, quien trabajó en el Ministerio de Hacienda y ahora está integrado a la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa en representación del partido opositor FMLN. Este legislador declaró al vespertino que no sólo tenía conocimiento del caso del Banco Cuscatlán, sino que también de los otros dos bancos.
El ministro de Hacienda hizo gala del aumento en recaudación de impuestos en el informe de desempeño económico que leyó el miércoles pasado. Sin embargo, se fue antes de que iniciara la ronda de preguntas.
Entre otras cosas, El Faro estaba interesado en saber por qué mientras la banca ha llevado algunos litigios por pago de impuestos hasta la Corte Suprema de Justicia, Hacienda, una vez perdió los casos en el Tribunal de Apelaciones, no hizo lo mismo y acudió a la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte.
El Faro reveló tres semanas atrás cómo el Banco Cuscatlán había logrado eludir el pago del impuesto de renta por 5.9 millones de dólares por las ganancias del ejercicio 2002.
