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El Tribunal de Ética Gubernamental desnuda la relación entre Luis Martínez y Enrique Rais

La sentencia con la que el Tribunal de Ética Gubernamental justificó multar con casi 9,000 dólares al exfiscal general Luis Martínez describe conductas que no cuesta calificar como delictivas. Un juzgado certificó que, bajo la gestión Martínez, la Fiscalía no hizo ni una sola diligencia de investigación en un caso en el que su benefactor, el empresario Enrique Rais, era acusado de estafa y administración fraudulenta. Para merecerse tal pasividad, Rais prestó con frecuencia sus aviones a Luis Martínez y a su entorno. Otro detalle: el fiscal auxiliar que en 2013 no quiso investigar a Rais y pidió su sobreseimiento definitivo devino, dos años después, abogado privado del empresario.

 
 

Luis Martínez, fiscal general de la República en el período 2012-2015. Foto archivo El Faro.
 
Luis Martínez, fiscal general de la República en el período 2012-2015. Foto archivo El Faro.

El Tribunal de Ética Gubernamental (TEG) condenó al exfiscal general Luis Martínez por violar la prohibición ética de recibir pagos por acciones relacionadas con su cargo público. El TEG comprobó que Luis Martínez favoreció al empresario José Aquiles Enrique Rais López en los expedientes en los que tenía un interés directo; a cambio, empresas de Rais patrocinaron 13 vuelos privados en los que viajó hasta con su esposa y sus tres hijos.

Luis Martínez tendrá que pagar la multa máxima que la Ley de Ética Gubernamental contempla: $8,964 dólares. Sin embargo, más allá del pago, la resolución del TEG describe conductas que pueden repercutir en castigos mayores, porque encajan en delitos que el Código Penal contiene, como la omisión de investigación.

En su sentencia, el Tribunal de Ética concluyó: "La actuación fiscal se inclinó a los intereses del señor Rais López a tal grado que en un proceso ni siquiera realizó las diligencias mínimas para indagar la comisión de un delito atribuido a dicho señor”. El artículo 311 del Código Penal castiga con prisión de tres a cinco años al “fiscal general de la República o el funcionario designado por él que (...) se negare a promover la investigación de un hecho delictivo del que tenga noticia en razón de sus funciones”.

El presidente del TEG, Marcel Orestes Posada, lamentó que la ley lo inhiba de recomendar otras acciones en los casos que resultan en condenas éticas. “Quisiéramos que nos permitieran recomendar la remoción o la suspensión del empleado o funcionario, pero no tenemos la facultad de hacerlo”, se justificó Orestes Posada.

El sucesor en el cargo, el fiscal general Douglas Meléndez, no necesita la recomendación del TEG para abrir un expediente. El inciso tercero del artículo 193 de la Constitución lo habilita para promover la acción penal de oficio.

Además de omisión de investigación, hay otras infracciones que podrían acumularse. El Código Penal define cohecho –un delito castigado con hasta seis años de cárcel– casi con las mismas palabras que la prohibición ética por la que Luis Martínez fue condenado: “El funcionario que por sí o por persona interpuesta solicitare o recibiere una dádiva o cualquiera otra ventaja indebida o aceptare la promesa de una retribución de la misma naturaleza, para realizar un acto contrario a sus deberes o para no hacer o retardar un acto debido”.

El Faro consultó a un exjefe fiscal, que accedió a hablar bajo condición de que no se publique su nombre, para no tener represalias en su trabajo actual. “Los hechos se encuadran en actos de corrupción. ¿Cómo yo siendo fiscal pido a una víctima o un imputado que me dé dinero para irme de vacaciones? Solo que en vez de entregarle efectivo, le entregaba el avión”, cuestiónó el exfuncionario.

Una de las demandas por las que el TEG condenó a Luis Martínez la interpuso el abogado Mario Calderón, quien fue socio de Rais durante años, hasta que se enemistaron. Pedro Cruz, abogado de Calderón, también cree que “en los términos que esa sentencia tiene por establecidos, sin duda que habilitan a que se inicie una investigación de índole penal”.

La Fiscalía informó que Rais estaba relacionado en 10 casos: seis como víctima, dos como imputado y dos en los que solo estaba mencionado, sin ser imputado. Los miembros del TEG certificaron que “la mayoría de expedientes en los que (Rais) tenía la calidad de imputado fueron archivados en sede fiscal, mientras que en el otro se solicitó sobreseimiento definitivo. Los casos en los cuales el señor Rais López tiene calidad de víctima sí fueron judicializados”. Ese caso en el que la Fiscalía solicitó sobreseimiento definitivo para Rais se originó en diciembre de 2013, cuando Luis Martínez completaba su primer año como fiscal.

El exfiscal que trabaja para Rais

Quizá la historia del exfiscal Francisco José Paredes es la que mejor relata las conclusiones a las que ha llegado el TEG. En 2013, Paredes era el fiscal encargado de investigar a Rais. El Faro tiene un documento en el que Paredes se presenta –en 2015– como querellante en un caso en el que representa los intereses de Rais.

El 20 de diciembre de 2013, Franco Pacetti y Matteo Pasquale, dos empresarios canadienses que fueron socios de Rais, lo denunciaron por administración fraudulenta y estafa. Paredes fue el fiscal a cargo de averiguar si Rais había delinquido. En lugar de eso, Paredes pidió cerrar el caso argumentando que no existían afectados porque no había delito qué perseguir.

Casi un año después, el 28 de noviembre de 2014, el Juzgado Decimocuarto de Paz de San Salvador sobreseyó definitivamente a Rais; la Fiscalía pidió esa resolución. El Juzgado aseguró que no consta en el expediente "ninguna diligencia inicial de investigación para determinar si existió delito de estafa y que las supuestas víctimas se vieran sorprendidas en su patrimonio”.

El TEG argumentó que ese caso evidencia que Luis Martínez y sus subordinados dejaron de hacer tareas relativas a sus funciones. "Se perfiló un conflicto entre el interés personal del investigado de viajar gratuitamente en jets privados y el interés público que como fiscal general debía satisfacer ejerciendo la acción penal de forma objetiva", dice la resolución.

"La corrupción opera cuando el servidor público que adopta decisiones en el ámbito de la administración sustituye el interés público por intereses de otra naturaleza, con el objetivo de obtener una ventaja económica para sí o para el grupo al cual pertenece”, argumentó el TEG. “En definitiva, el interés del señor (Luis) Martínez González de viajar cómoda y gratuitamente se antepuso a la satisfacción del interés general que debe predominar en el desempeño de la función pública”, sentenciaron los miembros del pleno.

El 16 de mayo de este año, una Cámara de los Penal revirtió la disposición del Juzgado Decimocuarto de Paz, y ordenó investigar si Rais cometió el delito de estafa contra los canadienses. Para esto decretó “sobreseimiento provisional”, una decisión que en la práctica establece un plazo para que la Fiscalía realice diligencias para sustentar su acusación. Rais pidió a los magistrados reconsiderar su decisión, pero esta rechazó los alegatos del empresario.

La Cámara también reprendió a Paredes, el fiscal asignado al caso. Los jueces de la cámara sentenciaron que “el agente auxiliar del señor fiscal general de la República” omitió aplicar una disposición legal que lo obliga a dar audiencia a las víctimas. Según esta la Cámara, la Fiscalía vulneró el derecho constitucional de las víctimas a un debido proceso.

Dos denuncias se acumularon en el caso por el que el TEG condenó a Martínez. Una de ellas fue presentada el 23 de junio de 2015 por dos personas que luego fueron encarceladas: Mario Calderon y René Medrano, si bien este último ya recuperó su libertad.

El ya citado Mario Calderón es un abogado que fue socio de Rais durante 10 años y que en la actualidad está encarcelado, por un cargo de lavado de dinero. Además, la Fiscalía de Luis Martínez levantó contra él otras tres acusaciones. En junio de 2015, Calderón fue detenido acusado de extorsión. ¿La víctima del delito? Rais. ¿El fiscal a cargo de la investigación? Paredes, según consta en la denuncia que Calderón presentó ante el TEG.

Paredes trabaja hoy como querellante para Rais, el empresario al que, en teoría, investigó hace un par de años.

—¿Francisco Paredes?
—Sí –responde.
—Usted fue el fiscal de un caso contra el señor Enrique Rais... ¿y ahora forma parte de su equipo de abogados?
—Soy querellante, perdón; y sí, fui fiscal auxiliar, pero no puedo hablar, mejor me llama luego.

Esas fueron todas las palabras que concedió a El Faro, robadas al salir de una audiencia en la que había estado sentado en la mesa del equipo de abogados de Rais.

Los vuelos otrora sospechosos

Aunque Luis Martínez siempre rechazó discutir con los periodistas las razones de sus viajes privados, sí tuvo que justificarlos ante el TEG. El exfiscal alegó que “viajó en líneas aéreas ejecutivas debido a los riesgos de su función pública, pues había recibido amenazas en contra de él y de su familia”. Además, aseguró que “los costos de los vuelos fueron asumidos de manera desinteresada por las empresas propietarias de las líneas aéreas”.

Tras conocer la resolución, Luis Martínez reiteró sus alegatos a través de su cuenta de Twitter: “Siempre estuve adonde lo exigía el deber oficial y con un propósito importante para el país y una función especial para los salvadoreños”.

En diciembre de 2014, una investigación de El Faro informó sobre 13 viajes de Luis Martínez en aviones de Rais y perfiló el conflicto de interés que ha confirmado en su sentencia el TEG. Un ejemplo: el 24 de marzo de 2013, Domingo de Ramos de inicio de vacaciones, viajó a México junto a su esposa Carla Francesca García Rossi y a sus tres hijos. Volaron en la nave N455FD de la compañía Rais Group International NC LLC. La familia regresó a El Salvador una semana después, a bordo de la misma aeronave.

Dos abogados representaron a Luis Martínez ante el TEG: Henry Salvador Orellana Sánchez y David Rosario Márquez Argueta. El segundo es hermano de Édgar Isaías Márquez Argueta, asistente de Luis Martínez durante toda su gestión como fiscal, y luego fiscal en funciones, entre el 4 de diciembre del 2015 y el 4 de enero de 2016. Édgar Márquez viajó al menos dos veces con Luis Martínez en los aviones de Rais: el 6 de febrero de 2013 y el 19 de marzo de 2014.

Orestes Posada, el presidente del TEG, reveló que es la primera vez que esta instancia impone la multa máxima, calculada en base a 40 salarios mínimos mensuales urbanos para el sector comercio vigentes en 2013, según se lee en la sentencia. Luis Martínez tiene 60 días hábiles para pagarlo a una dependencia del Ministerio de Hacienda. La multa puede pagarse a plazos, repartidos entre no más de seis meses. En caso de que no cumpla con los pagos, la Fiscalía puede encargarse de reclamar el cumplimiento.

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Efren Lemus, Gabriel Labrador y Carlos Martínez / Foto: http://www.execuflight.com

 

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