La Fiscalía General de la República (FGR) presentó este jueves 28 de julio los resultados de la primera investigación financiera dirigida contra una pandilla salvadoreña: las autoridades aseguran que algunos líderes de la Mara Salvatrucha-13 habían creado una compleja red de negocios financiada con recursos obtenidos de forma ilícita, principalmente de las extorsiones.
Producto de la investigación, bautizada como “Operación Jaque”, fueron giradas 120 órdenes de captura contra líderes pandilleros y sus colaboradores y además se intervinieron moteles, prostíbulos, cervecerías, ventas de automóviles, empresas de autobuses y de taxis. Aunque el jefe policial, Howard Cotto, admitió que todavía no han conseguido estimar el monto total de lo decomisado, aseguró que estos negocios generaban “millones de dólares”.
Sin embargo, tanto Cotto como el fiscal general, Douglas Menéndez, martillaron un mensaje hasta la saciedad: los beneficiados de estos negocios no eran todos los integrantes de la MS-13, sino solo algunos líderes que, según la Fiscalía, ocultaban al resto de la estructura la existencia de estas empresas y sus ganancias. O sea, un grupo reducido de cabecillas que reunían para su beneficioel dinero que producían miles de pandilleros.
“Hay una clara diferencia entre los cabecillas y los integrantes (de las pandillas). La mayoría de pandilleros viven en lugares deplorables, muy deprimidos. Los cabecillas se han venido lucrando de su propia estructura… Han sido muy celosos de guardar el secreto de la forma en la que viven… Algunos incluso han decidido pagar extorsiones antes que permitir que los miembros de su estructura se den cuenta de que esos negocios son de ellos. Hay negocios que pertenecen a líderes y pagan extorsión”, aseguró el director de la Policía.
El fiscal Menéndez volvió varias veces a esa misma idea: “(Los líderes) están viviendo en forma muy diferente de los pandilleros de abajo. Los pandilleros deben saber que sus dirigentes están viviendo vidas con negocios. Lo deben saber los pandilleros de abajo. (Los líderes) Están manejando fondos a su antojo, viven en buenas casas, los de abajo no están viendo”.
Por primera vez, las autoridades envían mensajes directos a las bases de las pandillas, advirtiéndoles que están siendo utilizados por sus líderes. El fiscal dijo que las cúpulas se enriquecen a costa “de los pobres pandilleros”, y en alguna ocasión durante la conferencia se dirigió directamente a las bases criminales.
Este asunto es potencialmente una bomba de profundidad dentro de la Mara Salvatrucha. Durante los primeros días de la tregua, los líderes de esta estructura que fueron trasladados desde el penal de máxima seguridad al de Ciudad Barrios acusaron a El Faro de haber puesto en riesgo sus vidas por haber difundido una versión policial según la cual ellos habían recibido dinero a cambio de reducir los asesinatos.
Dentro de esta estructura criminal, se aprecia mucho el valor de la horizontalidad. De hecho, los miembros de la ranfla nacional se rehúsan a presentarse a sí mismos como líderes y prefieren ser llamados voceros. Aunque en la práctica la pandilla tiene una cadena jerárquica bastante vertical, esta se cimienta en el hecho de que quienes la conducen han sido nombrados por su habilidad para gestionar el bien común. El discurso dominante dentro de la Mara Salvatrucha es que su actividad criminal es de subsistencia, puesto que los recursos que obtienen de la extorsión deben beneficiar a todos los miembros de la estructura, que se calculan en cerca de 40,000. Las reglas internas de la pandilla condenan severamente a quien obtenga lucros personales valiéndose de la estructura.
Según la investigación del Operativo Jaque, un grupo de líderes pandilleros en libertad han conformado una estructura llamada “La Federación”, que sería un espejo de la cúpula nacional o “ranfla”, conformada por los máximos líderes que guardan prisión. Estas dos estructuras, extremadamente compartimentadas según la investigación fiscal, eran las únicas que estaban al tanto de los negocios que han sido intervenidos.
Uno de los detenidos, Marvin Adalid Quintanilla Ramos (a) Piwa fue presentado como el “CEO” o “financiero” de la MS-13. Quintanilla era miembro de la ranfla nacional de la MS-13, en 2012, cuando reporteros de este periódico conversaron con esa estructura dentro del penal de Ciudad Barrios. Luego de cumplir su pena, en 2015, Quintanilla salió de la cárcel y se convirtió en el director ejecutivo de una red de pastores evangélicos. Las autoridades aseguran que esa era solo una fachada para disfrazar sus actividades criminales.
Todas las autoridades presentes hicieron hincapié en que esta era la primera vez que se ataca a una pandilla a través de la investigación de sus recursos: “Por primera vez se ha tocado el patrimonio de la MS-13”, se jactó el ministro de Seguridad Pública, Mauricio Ramírez Landaverde. Según explicó posteriormente el director de la Policía, este es el resultado de un año de investigaciones en los que se conformó una unidad especial para darle seguimiento, conocida como “Grupo 300”.
De las 120 órdenes de captura, 77 han sido ya ejecutadas, y de las personas identificadas como ocho “cabecillas principales” de la MS-13 en libertad, cinco han sido capturados. Las autoridades creen que el resto ha huido a Guatemala o México. Los cargos por los que se imputa a los detenidos son organizaciones terroristas, agrupaciones ilícitas, homicidios, tráfico de drogas, feminicidio, tráfico de armas y extorsión.
Cotto precisó que los operativos ocurrieron en 11 de los 14 departamentos del país y han incautado 106 vehículos, 28 de ellos autobuses de la Rutas 6 y 4. Eso corresponde, asegura Cotto, al 70 % de los vehículos que persiguen. La policía allanó 17 inmuebles, decomisó 8 armas y 34,500 dólares en efectivo.
Los supuestos testaferros
La investigación de la Fiscalía asegura que Marvin Adalí Quintanilla Ramos (a) Piwa, y Leonel Alexander Leonardo González (a) El Necio movían los principales negocios de la Mara Salvatrucha por medio de testaferros.
Jonathan Mitchell Barrera Hernández, dueño de un taller en San Jacinto bautizado como “Jhon Mitchell”, es acusado de haber importado decenas de vehículos por medio de una importadora que dirigía Dennis Antonio González Miranda, a quién las autoridades también señalan como prestanombre de la pandilla.
Según el Centro Nacional de Registro, González Miranda está relacionado con dos empresas: Multi Inversiones GR de El Salvador y Auto Inversiones El Salvador.
Auto Inversiones El Salvador fue creada el 3 de junio de 2015 y se dedica a la “importación, compra y venta de toda clase de vehículos automotores y tramitación en general. Importación y exportación de artículos que tengan que ver con su finalidad. Dedicarse a toda clase de actividades lícitas”. La otra empresa, Multi Inversiones GR de El Salvador, nació hace apenas cuatro meses, el 3 de marzo de 2016, y se dedica “al negocio de restaurantes y cafeterías, puede ofrecer servicio de banquetes y preparación de comida, infraestructura y mobiliario necesario para el cumplimiento de tal finalidad”.
En Sonsonate, las autoridades vinculan a varios negocios con Leonel Alexander Leonardo González (a) Necio. La Fiscalía asegura que utilizó a Rolando Edgardo Fermán Paz para manejar la empresa Hoteles y Negocios, creada el 6 de octubre de 2010. El CNR detalla que Fermán Paz fue, entre el 2009 y 2011, apoderado del Banco G&T Continental de El Salvador.
Otra empresa que la Policía y Fiscalía relacionan con Necio es el Taller de Mecánica Automotriz J&J, que se dedica “a servicios de mantenimiento y reparación de vehículos automotores. Ubicada en el reparto Inclán de la carretera hacia el puerto de Acajutla, en el bloc A, número 13”. El CNR dice que el activo de esta compañía es de 86,049.87 dólares, y que fue creada el 22 de noviembre de 2012.
En San Salvador, dice la Fiscalía, Necio dirigía una casa de citas en la colonia San Francisco, por medio de Ana Luz Andrea Rodríguez, una de las personas prófugas.
