Los documentos del despacho jurídico panameño Mossack Fonseca conocidos como 'Panamá Papers' revelan que el magnate de las harinas en El Salvador, Adolfo Salume, acudió al bufete para adquirir una empresa offshore a la que sus compañías pagaron servicios de asesoría. El uso de esos pagos para reducir la factura fiscal lo ha llevado a una batalla legal con el Ministerio de Hacienda, que reclama el pago de 187 mil dólares porque considera que la asesoría es un servicio innecesario.
La empresa Molinos de El Salvador, S.A. de C.V. (Molsa) y el Ministerio de Hacienda libran un litigio en torno a 749 mil dólares que la compañía pagó en 2011 a Murriel Trading LLC en concepto de asesoría para la importación de trigo. Murriel Trading LLC está domiciliada en un paraíso fiscal, Nevada, Estados Unidos, y había sido adquirida por Salume en 2008.
La correspondencia interna de Mossack Fonseca y alguna de la mantenida por su personal con representantes de Molsa muestran además que en los servicios del bufete panameño a Salume se elaboró un contrato en 2010 que fue prefechado para que pareciera que había sido suscrito en octubre de 2008, una práctica común de este despacho de abogados, como muestran otras investigaciones de El Faro en el caso de las offshores del empresario Miguel Menéndez ('Mecafé') y del diputado Ernesto Muyshondt. Asimismo, en el caso de Murriel Trading LLC, al seguir la pista de las sociedades que están tras ella, al llegar al último eslabón aparece la Cruz Roja Internacional como propietaria. Mossack Fonseca usó fraudulentamente y con conocimiento de Salume o del personal de sus empresas, el nombre de la institución de socorro.
La utilidad de usar una cadena de sociedades e incluir al final el nombre de la Cruz Roja es que dificulta el rastreo de la identidad de los verdaderos propietarios de las empresas.
En cuanto al mecanismo de tener una empresa que paga servicios de asesoría a otra empresa del mismo propietario que está radicada en un paraíso fiscal, lo que sucede en términos de pagos de impuestos es que estos se reducen porque una parte del dinero fluye hacia una sociedad que por estar domiciliada en un paraíso fiscal pagará menos tributos o no pagará ninguno.
Hacienda rechaza como costos válidos de operación los pagos que Molsa hizo en 2011 a su compañía asesora, Murriel. 'La administración tributaria no acepta la cantidad de $749,083.60 (...) porque corresponden a costos no necesarios para la producción de la renta, ni para la conservación de la fuente productora de ingresos', dice el Ministerio de Hacienda. Hacienda reclama el 25 % del costo de esta consultoría en concepto de impuestos, es decir, que le tribute 187 mil 270.90 dólares.
El Faro preguntó a Salume qué piensa de la opinión de Hacienda respecto de que esa asesoría no es necesaria para la producción de harina. 'Esta información es confidencial y no es pública y actualmente está en litigio', respondió en un documento en papel, entregado el 26 de julio pasado.
La empresa consultora Murriel Trading LLC fue creada por Mossack Fonseca en Nevada el 1 de noviembre de 2007. Es una de esas compañías que el bufete panameño creaba para tener listas y a disposición de quienes buscaran compañías que les permitieran anonimato en sus operaciones. Murriel fue adquirida por Adolfo Salume el 28 de octubre de 2008. 'El licenciado Salume está interesado en una sociedad en Nevada que esté desde el año 2007/2008”, escribió el 28 de octubre de 2008 una ejecutiva de Molsa al abogado Amauri Batista, de Mossack Fonseca. La compra se formalizó ese mismo día.
Dos años después de la compra de Murriel -el 22 de octubre de 2010-, Salume gestionó la firma del contrato de asesoría entre Molsa El Salvador y Murriel Trading LLC. El contrato fue prefechado para hacer parecer que había sido suscrito el 31 de octubre de 2008, tres días después de que Salume adquiriera a Murriel Trading LLC. Según correspondencia electrónica entre ejecutivos de Molsa y abogados de Mossack Fonseca, la asesoría comenzó en enero de 2009, pero el 26 de julio de 2016, Salume y sus asesores financieros y contables dieron otra fecha: 'El servicio se comenzó a dar en 2008 mediante carta acuerdos y se formalizó en contrato en una fecha posterior'.
Murriel Trading LLC es una sociedad pantalla, que ha sido estructurada para conservar el anonimato del cliente. El único socio que le aparece a Murriel es Kastel Limited, una sociedad domiciliada en Seychelles, que pertenece a Mossack Fonseca. Como socias de Kastel Limited aparecen dos fundaciones, Foundation Co. Inc y Faith Foundation, y como 'beneficiaria' o propietaria de Faith Foundation aparece la Cruz Roja Internacional.
El Faro consultó al Comité Internacional de la Cruz Roja sobre la participación de la Cruz Roja Internacional como beneficiaria de alguna de las fundaciones creadas por Mossack Fonseca, y se desligó de todo vínculo. El organismo respondió que el uso del nombre de la institución es un abuso. 'La Cruz Roja nunca ha tenido ninguna relación con Mossack Fonseca', dijo. Salume descargó responsabilidades en el bufete Mossack Fonseca. 'Lo que me explicaron en su momento los señores de Mossack Fonseca es que ellos todas las sociedades las manejan de esa manera', dijo el empresario el 8 de junio, en llamada telefónica. 'Nos dijeron que muchas de las sociedades que ellos nos ofrecieron las manejaban de esa manera y que no había absolutamente ningún problema. Entonces, nosotros confiamos en los abogados'.
Esta información sobre la cadena de sociedades y los presuntos beneficiarios -incluida la Cruz Roja Internacional-, consta en escrituras y en documentos conocidos como “Certificates of Incumbency”, y un día de 2010 llegó a las oficinas del banco JP Morgan, que al parecer tuvo dudas sobre la veracidad de la información que aportaba un potencial cliente salvadoreño que quería abrir una cuenta bancaria en Estados Unidos. Así consta en correspondencia electrónica entre un abogado de Mossack Fonseca que le pregunta a un ejecutivo de Molsa si JP Morgan aceptó los documentos. 'Le comento que no se sienten confortables con la información, dado que no les hizo sentido que sea una fundación y la Cruz Roja el beneficiario (de Murriel Trading LLC)', escribió el ejecutivo de Molsa. El banco se rehusó a responder las preguntas que El Faro le envió vía correo electrónico.
El magnate salvadoreño de las offshore
Salume es un empresario que afirma ser el dueño de decenas de empresas que operan en más de 19 países. Cree que él es uno de los empresarios salvadoreños que más utiliza offshores y los registros de Mossack Fonseca muestran que de las más de 200 empresas que creó el despacho panameño en paraísos fiscales para clientes salvadoreños, en 27 ha figurado Salume como representante legal. Las 200 compañías acumulan un capital autorizado de 29 millones de dólares, de los cuales 19 millones corresponden a las sociedades de Salume.
Es tan común que Salume use offshores que cuando su empresa harinera se comenzó a expandir por el continente –y abrió operaciones en Guatemala, Honduras, Venezuela, Colombia, Costa Rica- decidió mover su centro de operaciones. Creó la empresa Aberlley Inc en Panamá y la inscribió ante el Ministerio de Hacienda como la dueña de Molsa y de los 16 millones de dólares en capital autorizado de la empresa salvadoreña. Según Salume, casi todos los accionistas renunciaron a sus acciones en Molsa El Salvador, a cambio de acciones por el mismo valor en Aberlley Inc.
Salume dice que no elude ningún pago de impuestos y dio dos razones para usar entidades offshore. Dijo que en El Salvador no existe renta mundial y que, por lo tanto, las reglas sobre cómo tributar no están claras si se invierte en otras jurisdicciones y por eso buscó domiciliarse en un país o territorio con baja o nula tributación (Panamá y Nevada). El otro factor es el de la administración de riesgos, que lo lleva a construir un escudo que le ayude a proteger sus inversiones en caso de problemas financieros en alguna de sus compañías. Dice que cada vez que invierte en algún país monta empresas holding intermedias. Estas empresas holding intermedias –que pertenecen a Aberlley Inc- son las dueñas de las operaciones en otros países. De este modo, agrega Salume, si una de sus empresas quebrara en algún país, no hundiría con ella al resto de su conglomerado empresarial distribuido en 19 países.
En el campo de las harinas Salume controla más de la mitad del mercado y en los últimos años incursionó en rubros muy distintos. Creó un periódico en internet y fundó un partido político, Democracia Salvadoreña. Con su partido político incursionó en las elecciones de alcaldes y diputados de 2015. Él mismo, con el cargo de secretario general, fue candidato a alcalde de la capital salvadoreña. Para acompañar el trabajo territorial creó en Panamá creó la Fundación Visión Democrática, que asegura nunca operó. Su periódico Diario 1 también está involucrado en los Panamá Papers: una empresa panameña, Omnia Media International Group Inc, es la propietaria de Diario 1. Este medio suele publicar artículos donde se cuestiona a personajes o empresarios vinculados al negocio de las harinas y a quienes les señala relación con el Cártel de Texis. Estos empresarios han levantado en los últimos años empresas como Gumarsal y Molinos San Juan.
Salume dice estar de acuerdo con que cambie el marco regulatorio de las offshore, en especial lo referente al secreto, porque afirma que hay criminales que se aprovechan de la situación. 'Que actores criminales lo usen para su beneficio, por eso yo estaría 100 % de acuerdo con que se cambie un montón de cosas. A mí como empresario no me preocupa que cambien, porque les va a aplicar a todos los demás. Si a mí me quitan una ventaja de administración de riesgos o de eficiencia fiscal le va a tocar a todos. Claro, yo no puedo competir con los que no declaran o que lavan dinero', dijo Salume.
La harinera de Salume, Molsa, es el titán del mercado de la harina de trigo. Existe 55% de probabilidad de que el pan que los salvadoreños consumen a diario haya sido producido con harina de trigo de la empresa de Salume. En 2007, la Superintendencia de Competencia (SC) determinó que Molsa cometía prácticas anticompetitivas. Descubrió que Molsa tenía un acuerdo con su competidor Harisa para repartirse el mercado. La SC impuso una multa de 1 millón 971 mil dólares a Molsa – el 3% de las ventas que registró en 2007-, que quedó en pausa por una sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo, que detuvo el cobro. La Superintendencia acudió a la Sala de lo Constitucional a pedir amparo y esta ordenó a la Sala de lo Contencioso que emitiera una nueva sentencia. El caso sigue abierto.
La harinera de Salume es considerada por el fisco como un gran contribuyente. En los años 2014 y 2015 reportó -en sus balances presentados ante el Registro de Comercio- ventas netas de 75.6 millones de dólares y de 89.4 millones de dólares, respectivamente.
La asesoría del litigio
Correos y documentos de la firma Mossack Fonseca del período 2009 a 2015, incluidos algunos intercambios con la filial salvadoreña de Molsa y con la filial en Miami del banco JP Morgan, más entrevistas que El Faro hizo a Adolfo Salume evidencian que Murriel Trading LLC fue adquirida por el empresario para permanecer oculto, mantener bajo confidencialidad una cuenta de banco en Estados Unidos y para que Molsa (en El Salvador), Adventia Commodities Inc (proveedor de Molsa Guatemala) y Molsa Honduras pagaran a Murriel Trading LLC por asesorías sobre cómo comprar trigo en el mercado internacional.
Entre 2010 y 2015, Adolfo Salume, por medio de Murriel hizo las gestiones para suscribir contratos con Molsa El Salvador y con Adventia Commodities Inc, una empresa guatemalteca que, según Salume, es el proveedor de trigo de Molsa Guatemala. Murriel Trading LLC asesoraría a estas dos empresas. Salume dijo por escrito el 26 de julio de 2016, por medio de sus asesores contables y financieros, que Molsa Honduras también paga por asesorías a Murriel Trading LLC.
Instituciones que estudian la elusión de impuestos a nivel internacional o los flujos ilícitos de capital han advertido que el pago de asesorías puede ser usado por empresas transnacionales para pagar menos impuestos en los países donde operan. Global Financial Integrity estima que América Latina dejó de recaudar en impuestos en la última década 1.4 billones de dólares. El 88 % de este dinero fue evadido o eludido gracias a falsas facturaciones comerciales entre empresas cuya estructura opera de forma transnacional, es decir, empresas de un mismo conglomerado empresarial ubicadas en distintos países que reportan ventas entre sí –que nunca se materializan- de productos y servicios para obtener ventajas fiscales como la reducción de su factura tributaria.
El mecanismo funciona de esta forma: hay una empresa 'A” que vende un servicio y está domiciliada en un paraíso fiscal donde va a recibir dinero por la venta de su servicio y va a pagar poco o nada en impuestos, porque está en un territorio o país de baja o nula tributación (paraíso fiscal). La empresa 'B', que pertenece a los mismos propietarios de la empresa A, está en El Salvador y reporta que ha pagado servicios a la empresa 'A'. Luego, reporta esos pagos como parte de sus costos y de esta manera disminuye sus utilidades, con lo que la renta sobre la cual se calcula el pago de impuesto disminuye también. De esta forma, el dinero ingresado a los bolsillos de los propietarios de las empresas 'A' y 'B' se mantiene igual, pero les reporta una obligación tributaria menor.
Salume sostiene que este no es su caso y que él paga todos los impuestos que le corresponde.
El Faro solicitó a Adolfo Salume que mostrara correos o documentos que evidencien que se materializó el servicio de asesoría entre Murriel y Molsa El Salvador y entre Murriel y Adventia Commodities Inc (el proveedor de Molsa Guatemala), pero su respuesta fue siempre “no”. “Nosotros seguramente tenemos esos correos, pero esa es información confidencial de la compañía. Yo no sé por qué usted está pidiendo esto”, contestó a El Faro el 8 de junio.
Posteriormente, El Faro le preguntó por correo electrónico por qué el público debía creerle que esta asesoría existió más allá de los papeles y que no se trata de un mecanismo para sacar capital hacia paraísos fiscales y pagar menos impuestos en El Salvador. El 26 de julio hizo llegar su respuesta. 'Su pregunta no tiene fundamento técnico ni legal y considero que daña la imagen de mi representada”.
En otra respuesta a otra de las interrogantes enviadas, Salume hizo referencia a la objeción del Ministerio de Hacienda al costo de la consultoría (de 749 mil dólares) para con ella sostener que la asesoría existió. “La DGII -Dirección General de Impuestos Internos- indica que sí existe el servicio, pero que a su juicio no es necesario para la producción de la fuente generadora de ingresos (…) y actualmente está en litigio y les indico que mi representada puede ser dañada ante el juicio de cualquier juzgador si ustedes realizan una publicación basada en su interpretación”.
$40 vs $8 por el mismo servicio
El Faro tuvo acceso al contrato firmado por Murriel Trading LLC con Molsa El Salvador y al suscrito con Adventia Commodities Inc (proveedor de Molsa Guatemala). Mientras Molsa El Salvador se comprometió a pagar 40 dólares por cada tonelada métrica de trigo importada gracias a la asesoría, Adventía Commodities Inc iba a pagar nada más ocho dólares. Salume sostiene que en el fondo lo que explica esta disparidad es que la asesoría sirve para proteger a las empresas harineras al obtener cierta garantía de pagos máximos por materia prima ante las posibles turbulencias en los precios de mercado, y que el costo es mayor cuando el tonelaje de trigo protegido es mayor.
En El Salvador, el Ministerio de Hacienda aplica la normativa que regula los precios de transferencia. Esta obliga a retener el 25 % del costo de una transacción que una empresa en El Salvador hace con otra empresa en otro país por un bien o servicio. Hacienda estudia si el bien o servicio fue adquirido a precio de mercado, es decir, si la empresa en El Salvador no esté adquiriendo un bien o servicio por el doble o el triple del precio promedio de mercado. De este modo, Hacienda busca reducir el riesgo de que este tipo de operaciones sean usadas para que empresarios salvadoreños saquen sus utilidades a otros países -paraísos fiscales- sin pagar impuestos en El Salvador.
El 8 de junio, El Faro hizo ver a Salume la diferencia de precios entre lo que cobró su empresa Murriel por asesorar para la importación de trigo a Guatemala y lo que cobró a Molsa de El Salvador. Este periódico le preguntó si podía mostrar el estudio de precios de transferencia mediante el cual se determinó que los 40 dólares por tonelada métrica de trigo importada eran un honorario equivalente al promedio de mercado. 'El estudio de transferencia indica que el servicio está a precios de mercado', respondió un asesor financiero del empresario, aunque se negó a mostrarlo.
El 26 de julio Salume añadió por escrito que Murriel Trading LLC asesora en materia de compra de trigo con una función que no aparece mencionada en los contratos a los que tuvo acceso El Faro: “Protege precios de las compañías de trigo, esta protección es para garantizar precios máximos a pagar, recordemos que el trigo está en el mercado de commodities (materias primas), por lo tanto su precio es muy variable en los mercados internacionales, funciona como una especie de seguro muy similar a los utilizados en bancos ubicados en todo el mundo para proteger tasas de interés (…) sirve para administrar riesgos ante una eventual subida de precios de la principal materia prima que utilizan las compañías del grupo Molsa”.
Agregó que a mayor cantidad de toneladas métricas protegidas, mayor es el honorario que se debe pagar. “Los honorarios que se cobran a cada empresa por asesoría y cobertura de precios se basan en distribuciones de costos, es decir que a mayor toneladas métricas importadas el costo que les corresponde es mayor (…) el costo mayor se lo lleva quien cubrió 500 TM y no el que cubre 25 TM (…) su análisis no puede ser tan simple y suponer que hay una diferencia de precios grande entre $8 por TM y $40 por TM”, respondió.
Los contratos -a los que tuvo acceso El Faro- no incluyen ningún párrafo que haga alusión a la función de 'seguro' y de 'protección de precios'. 'La Contratista prestará a la Contratante sus servicios profesionales de asesoría técnica en el desarrollo de su actividad económica, tanto en el campo administrativo como en el campo técnico consistentes en: Monitoreo del Mercado Internacional del Trigo, recomendaciones técnicas, especialmente sobre los momentos oportunos de comprar y sobre los niveles recomendados de compra, en base a las necesidades de la contratante (...) Todas las recomendaciones o gestiones de asesoría que deba realizar la contratista se harán por medio de llamadas telefónicas y correos electrónicos que deben ser enviados a las direcciones de correo electrónicos de los ejecutivos de la contratante', dice uno de los contratos.
Las gestiones para la firma del contrato entre Adventia Commodities INC (proveedor de Molsa Guatemala) y Murriel Trading LLC comenzaron el 21 de enero de 2015. Ese día decidieron que el contrato tendría por fecha enero de 2014. Cuando ejecutivos de Molsa le preguntaron al abogado de Mossack Fonseca Amauri Batista –el 9 de febrero de 2015- su opinión sobre el contrato, Batista les contestó que no le hacía sentido el honorario del borrador que decía que Murriel iba a cobrar 6 dólares al proveedor de Molsa Guatemala. Lo cambiaron y le colocaron 8 dólares por cada tonelada métrica.
En el caso de Molsa El Salvador el servicio de asesoría por cuyo pago e inclusión como costo de operación ha entrado en litigio con Hacienda corresponde a 2011. El 8 de junio El Faro preguntó a Salume si las autoridades tributarias en El Salvador conocían que Murriel Trading LLC había sido adquirida por él. No contestó a la pregunta. El Faro le preguntó si buscaba mantener su nombre oculto utilizando esa offshore y tampoco contestó.
Cruz Roja Internacional se desliga
Cuando Salume compró Murriel Trading LLC el 28 de octubre de 2008, adquirió una sociedad pantalla que resguardaba su identidad. Ejecutivos de Molsa le recomendaron que utilizara la información de accionistas y administradores de alquiler que provee Mossack Fonseca y con esa información abrió una cuenta de banco en Estados Unidos. Salume no supo quiénes estaban inscritos -nominalmente- como accionistas ni como directores de su propia empresa hasta el 10 de enero de 2010, cuando un ejecutivo de Molsa escribió a Dayana Gómez, oficinista de Mossack Fonseca, para solicitar dicha información.
Este mismo ejecutivo de Molsa tuvo problemas –el 9 de marzo de 2010- para abrir una cuenta de banco en JP Morgan con esa información de la sociedad pantalla, debido a que había reportado al banco una compleja estructura en donde aparecía como beneficiaria la Cruz Roja Internacional. En JP Morgan le preguntaron por el beneficiario de Faith Foundation, que era la Cruz Roja Internacional. La Cruz Roja Internacional aparece como el último eslabón de una cadena de sociedades o instituciones. Faith Foundation es dueña de la sociedad Kastel Limited, que está inscrita como propietaria de Murriel Trading LLC. 'El banco me pregunta, ¿es la Cruz Roja Internacional o es una sociedad que se llama así, pero que no tiene relación con la Cruz Roja?”, le inquirió el ejecutivo de Molsa Marco Araniva al abogado Amauri Batista, para responder a la inquietud del banco JP Morgan, que estaba gestionando la apertura de la cuenta. 'Marco, es la Cruz Roja Internacional. Cualquier cosa me avisas', le respondió Batista.
Tras semanas de insistencia, la vicepresidenta de JP Morgan Lilia Blanco aceptó abrir la cuenta y solicitó –como condición- al ejecutivo de Molsa la escritura de constitución de la fundación inscrita como propietaria de Kastel Limited (Foundation Co. Inc). Blanco dijo el 6 de abril de 2010 que había hablado con las personas indicadas –sin mencionar quiénes- para proceder a abrir la cuenta de banco, que aceptaría la estructura de la forma presentada y que solo necesitaba que rellenara el “confirmation of beneficial ownership”. “Es un formulario privado entre el banco y el cliente, el cual nos permite cumplir con los requisitos de 'know your client'. Además le pedimos una copia del documento que nombra a los miembros del Consejo de la Fundación', dijo Blanco.
Carlos A. Heighes, del JP Morgan, escribió al ejecutivo de Molsa, Araniva, el 7 de abril de 2010, para pedirle que rellenara un documento con nombres de personas que iban a tener firma en la cuenta de banco. 'Entendemos el nivel de confidencialidad que le quieren dar a la compañía, sin embargo para poder abrir la cuenta y operar la misma es importante saber quiénes son las personas que tienen el poder de cambiar y firmar cualquier modificación que se haga a los estatutos de la fundación'. El banco preguntaba por quienes iban a poder firmar para usar la cuenta de banco ya que hasta ese momento los ejecutivos de Molsa solo habían facilitado documentos sobre fundaciones que eran dueñas de Murriel Trading LLC. Por tanto, Heighes pedía conocer los nombres de los directores de una de las fundaciones (Foundation CO.INC) que figuraba como dueña de Murriel Trading LLC y de los apoderados legales que iban a poder tomar decisiones con la cuenta de banco. 'Hasta el momento tenemos nombres de compañías, sin embargo, estas compañías deben tener personas naturales que son apoderados legales de las mismas'.
El 8 de abril de 2010, Marco Araniva recibió de Mossack Fonseca una certificación con los nombres de los directores de Foundation Management Co. Inc (empleados de Mossack Fonseca que alquilan sus servicios como directores) , el nombre de Faith Foundation (como accionista único de Foundation CO.INC) y el nombre de la Cruz Roja Internacional como beneficiario final, información que remitió por correo a JP Morgan.
La vicepresidenta de JP Morgan, Lilia Blanco, escribió luego a Araniva para pedirle que quitara el punto donde aparece la Cruz Roja Internacional como beneficiaria de Faith Foundation. Le dijo que no necesitaba tener esa información. “Para el propósito solicitado, solo requerimos el punto uno donde indican los directores', escribió el 13 de abril de 2010. El Faro tuvo acceso a un documento llamado 'Entity Resolution Form', del JP Morgan, donde constan los nombres de cuatro personas –salvadoreñas- que iban a tener firma autorizada de la cuenta de banco: Raúl J. Díaz Ventura, Javier A. Landaverde Novoa, Jennifer E. Mejía Cáceres y Ana C. Valiente Cerna. Quien los autorizaba era la oficinista Leticia Montoya, de Mossack Fonseca.
Salume afirmó vía telefónica el 8 de junio de 2016 que no había nada irregular en la constitución de Murriel Trading LLC. 'El hecho de que se hayan abierto relaciones bancarias con bancos de primera línea de los Estados Unidos como JP Morgan que no hacen negocios con cualquiera es prueba de que no había nada irregular y nada que fuera sujeto a sospecha o que hubiese sido sujeto a cuestionamientos por parte de los reguladores de los Estados Unidos, que son sumamente acuciosos con estos temas', respondió.
El Faro preguntó al Comité Internacional de la Cruz Roja -con sede en Ginebra, Suiza- si la Cruz Roja es beneficiaria de Faith Foundation o si Mossack Fonseca tenía una autorización oficial para utilizar el nombre de la organización bajo tal calidad. El 8 de junio, Jenny Tobías -oficial de relaciones públicas y vocera del Comité Internacional de la Cruz Roja- respondió que no tenían conocimiento de este uso. 'No sabíamos que el nombre de ICRC había sido usado por Mossack Fonseca como beneficiaria de fundaciones. Esto parece ser un mal uso o abuso del nombre de la organización. La Cruz Roja nunca ha tenido ninguna relación con Mossack Fonseca. Estamos particularmente preocupados por el impacto que puede tener tal abuso en las actividades y la seguridad en los países donde operamos, donde la confianza es esencial para garantizar la protección de nuestro staff y para facilitar nuestra acción humanitaria de los más necesitados'.
El Faro buscó por correo la versión de la vicepresidenta de JP Morgan en Miami, Lilia Blanco, sobre si es común que empresarios usen el nombre de la Cruz Roja Internacional asesorados por Mossack Fonseca para abrir cuentas de banco y si es común que JP Morgan preste este tipo de servicio a offshores que tienen como shareholder a Faith Foundation que tiene a su vez como beneficiario final a la Cruz Roja Internacional, como sucedió con la empresa de Adolfo Salume (Murriel Trading LLC). Darin Oduyoye, de la oficina de relaciones públicas de JP Morgan Chase, en Nueva York, respondió por correo el 13 de junio de 2016 lo siguiente: 'We are going to decline to comment' ('no haremos comentarios').
En los archivos de Mossack Fonseca pueden encontrarse posibles explicaciones sobre las ventajas que reporta usar el nombre de la Cruz Roja como beneficiaria de sociedades pantalla. La asistente legal de Mossack Fonseca en Panamá, Joana Soto, le escribió a Andrzej Radomski -manager de la oficina de MF en la isla de Jersey- el 15 de mayo de 2009 para explicarle el propósito de usar el nombre de la Cruz Roja Internacional. 'En la actualidad, cuando los bancos o las instituciones comerciales son obligadas a entregar información de los beneficiarios finales se vuelve más difícil para nosotros evitar que se sepa el beneficiario de Faith Foundation. Esa es la razón por la que creamos esta estructura y nombramos a la International Red Cross. De este modo no es complicado'.
Este artículo partió de la revisión de una serie de documentos del bufete panameño Mossack Fonseca filtrados al diario alemán Süddeutsche Zeitung y analizados por más de 100 medios de comunicación de todo el mundo, entre ellos El Faro, como parte de una investigación de casi un año coordinada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ).
Ver además:
El conglomerado offshore de Adolfo Salume
Contrato entre Molsa El Salvador y Murriel Trading LLC
Contrato entre Adventia Commodities INC (proveedor de Molsa Guatemala) y Murriel Trading LLC
⃰ Con reportes de César Castro Fagoaga.
