Antes de empezar con la entrevista, el periodista Héctor Silva Ávalos echa un buen vistazo alrededor de la mesa que eligió en un café de Antiguo Cuscatlán a modo de precaución. La mesa está a la par de una pared de vidrio, y él escoge una silla que le permite ver quién entra y sale de la cafetería. Ya avanzada la entrevista, cuando reconoce una cara conocida, él se levanta rápido y pide que nos marchemos cuando descubre que uno de los abogados del empresario Enrique Rais, Wilfredo Gutiérrez, ha entrado a comprar un café. Silva está más pendiente de su entorno en estos días. Vive en Estados Unidos desde 2009 y está en El Salvador para enfrentar una demanda por calumnia y difamación que ha presentado contra él Rais, un empresario que se ha hecho de amigos poderosos en el Estado salvadoreño. Silva ha investigado desde Revista Factum -de la cuál es fundador y copropietario- las conexiones de Rais con el exfiscal general Luis Martínez y con algunos funcionarios del FMLN.
Rais, por ejemplo, le prestó sus aviones al ex fiscal general de la República, Luis Martínez para que viajara, al menos, 13 veces entre febrero de 2013 y septiembre de 2014, a veces acompañado de su empleados cercanos, a veces de su esposa e hijos. Aunque Martínez alegó que este era un acto desinteresado y generoso de Rais, el Tribunal de Ética Gubernamental certificó que la Fiscalía de Martínez favoreció a Rais en los casos en que este era imputado y procedió con diligencia en los casos en que Rais era víctima.
José Aquiles Enrique Rais López es un magnate centroamericano amigo de presidentes y políticos importantes. Además, en El Salvador, lidera la empresa Manejo Integral de Desechos Sólidos S.E.M. de C.V. (MIDES). MIDES es una sociedad mixta -con capital privado y público- en la que hay dinero público de alcaldías salvadoreñas y que maneja la basura de unos 90 municipios del país. Rais además se jacta de su amistad con José Luis Merino, uno de los principales dirigentes del FMLN. En sus aviones, además del exfiscal, ha viajado también el expresidente de Honduras, Pepe Lobo, y según el propio Rais, hasta Salvador Sánchez Cerén, el presidente de El Salvador, y Mauricio Funes, el expresidente de la República.
Más reciente, Silva publicó en la Revista Factum que agentes de la DEA e investigadores de un condado de Florida intervinieron tres aviones y un helicóptero propiedad de compañías relacionadas con Rais. Según la publicación, en dos de las aeronaves perros antinarcóticos detectaron rastros de droga.
Consciente de su contrincante, Silva cuida sus palabras. Dice que no tiene miedo, que descansa en el profesionalismo de sus investigaciones y en el cumplimiento de sus obligaciones como periodista. Pero toma sus precauciones. Por ejemplo, acudió a Berta María Deleón como su defensora. Deleón es una abogada que ganó fama cuando fue querellante contra el expresidente Francisco Flores y acaba de conseguir una absolución para el secretario de Transparencia del gobierno, Marcos Rodríguez, que también estaba acusado de difamación. Silva también es respaldado por el Instituto de Derechos Humanos de la UCA y por la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad).
Esta entrevista con Héctor Silva Ávalos se realizó el martes 9 de agosto, dos días antes de que se realizara la audiencia en la que se le notificaron de los cargos en su contra.
¿Considerás la demanda como un ataque personal contra vos de parte de Rais, que se siente enojado por tus publicaciones sobre él, o un ataque contra el periodismo? La Asociación de Periodistas de El Salvador dice que, después de una de tus publicaciones sobre Rais, tu sitio web sufrió un ataque cibernético. En la demanda, te piden una indemnización de $500 mil y WOLA considera que hay intimidación hacia tu familia porque los abogados de Rais fueron a la casa de tu mamá para entregar copias de los documentos. ¿De qué va este caso?
Es un caso típico en el que un privado utiliza una demanda judicial como una forma de intimidación. Instituciones mundiales de protección a periodistas, como el Comité de Protección a Periodistas en Nueva York, o la Sociedad Interamericana de Prensa reconocen eso como una forma de acoso al libre ejercicio del periodismo. Lo que está haciendo el señor Rais es un ataque a la profesión, un ataque al oficio. He venido de Estados Unidos a El Salvador para presentarme a la audiencia de notificación, que es el jueves (11 de agosto) a las ocho de la mañana, porque creo que es importante, primero, cumplir con la ley de la República y presentarme ante este tribunal. Pero, sobre todo, porque considero que de lo que pase en este caso a nivel judicial puede sentarse un precedente nefasto para el periodismo de El Salvador. El periodismo de El Salvador es una de las pocas instancias que está denunciando abiertamente la corrupción en este país. Este es un acto de intimidación en el que el ciudadano está utilizando al sistema judicial, un sistema altamente corrupto, para intimidar a un periodista. Si ese sistema judicial altamente corrupto condena a un periodista porque a un ciudadano señalado de actos impropios con el fiscal general no le gusta que publiquen eso, decime vos: ¿qué peligro significa eso para el ejercicio de la profesión en este país?
Has explicado en Factum que empezaste a investigar a Rais casi por accidente: mientras investigabas a Luis Martínez, te topaste con Rais y todo el tema de los aviones, y otros que han sido del conocimiento público. Rais, en algunas de sus declaraciones, ha dicho que, a través de su empresa MIDES tuvo una relación laboral con tu papá, que no salió del todo bien y que por esa relación entraron en conflicto. ¿Por qué la gente tiene que creer que es un ataque contra el periodismo y que no se trata de una motivación personal?
Mirá, yo no voy a hablar de mi papá, pero te puedo decir esto: el señor Rais cuando entró a participar en MIDES, mi papá ya no era alcalde. Mi papá como funcionario público nunca tuvo una relación con el señor Rais. Punto. Yo en esa trampa del señor Rais no voy a caer. Él ha hecho un montón de declaraciones, en los medios, en conferencias de prensa. Esas declaraciones son absolutamente falsas. Este es un acto de intimidación que además está hecho por una persona que ha sido señalada de tener relaciones ilícitas e impropias con el Estado de El Salvador, a través de la figura del exfiscal general de la República. El lector no me tiene que creer a mí. Lo que el lector puede ver es que es la demanda contra un periodista. La parte demandante es un ciudadano al que hace dos semanas nombró el Tribunal de Ética Gubernamental (TEG) como participante en una relación impropia con el exfiscal general de la República. Ojo: no con un agente de la Policía, no con un juez de paz, con el exfiscal general de la República. Y el TEG dijo que debido a esa relación impropia entre el encargado de velar por los intereses del Estado y la sociedad, y el ciudadano Rais -que me ha demandado a mí- hubo una alteración inapropiada de la justicia, no en mi caso, sino en los casos que tenían que ver con Rais y con el exfiscal general Luis Martínez.
¿Crees que esa reciente resolución del TEG ayuda a tu defensa en este caso?
No puedo especular ni hablar ahorita de cuáles van a ser las estrategias de mi defensa si esto llega eventualmente a un juicio. Tenemos muchos pasos procesales que seguir: la notificación del jueves, luego los recursos que mis abogados y yo acordemos que se van a poner, luego hay una audiencia de conciliación, luego audiencia de aportación de pruebas y finalmente una vista pública. No sé qué va a pasar de aquí para allá. Sí te puedo decir es que estoy claro, como demandado, que al centro de mis artículos y de mi trabajo de investigación periodística en la revista Factum respecto al señor Rais está el otro protagonista: el exfiscal Luis Martínez. No sé si eso afecta mi caso o no. Pero no es Héctor Silva el que dice que hay o hubo una relación impropia entre el exfiscal y el señor Rais. Hoy lo dice una instancia del Estado. El TEG además certifica a la Fiscalía para que inicie una investigación. Hoy hay que ir a preguntarle al señor fiscal si la va a iniciar y que es suficientemente grave.
Uno de los artículos que fue publicado previo a la presentación de esta demanda era uno en el que vos decías que autoridades estadounidenses habían confiscado aviones propiedad del grupo Rais, por sospechas de estar involucrados en narcotráfico. ¿Esto no equivalía a decir que Rais era narco?
Lo que yo dije en mi artículo en Factum, basado en documentos del dominio público, presentados por un alguacil de un condado (Martin, en Florida), que es el condado donde hay una pista aérea, en donde aterrizaron o estaban relacionados aviones que están relacionados con el señor Rais. En esa presentación inicial de un caso por el alguacil, solicitaba a una jueza del condado Martin que formalizara el decomiso de cuatro aeronaves, tres aviones y un helicóptero, dos de esos aviones en los cuales había viajado el exfiscal Martínez. El alguacil pide ese decomiso, entre otras razones, citando a un agente de la DEA porque perros antinarcóticos del condado de Martin habían detectado rastros de droga en esos aviones. En ese artículo, yo no digo que el señor Rais sea narcotraficante, digo lo que leí, comprobé y certifiqué que estaba escrito en documentos del dominio público, introducidos ante un tribunal en los Estados Unidos.
El señor Rais dijo después que los aviones le habían sido devueltos porque no habían encontrado nada. Eso, te lo puedo decir con toda tranquilidad, es mentira. Uno: el condado Martin le devolvió los aviones porque el señor Rais llegó a un acuerdo económico con el condado de Martin. Pagó una multa de 20 mil dólares porque le devolvieran sus aviones. Eso según me lo confirmó una portavoz del alguacil del condado Martin. Yo le pregunté a ese mismo portavoz si había habido posteriores exámenes para confirmar o rechazar la presencia de narcóticos y me dijo que no. Lo único establecido en ese proceso es que perros antinarcóticos del condado Martin detectaron rastros de narcóticos en dos aviones, al menos dos veces. Nada más en ese proceso descarta ese hallazgo.
¿La ley estadounidense te permite llegar a un acuerdo? Yo nunca he visto en El Salvador que un imputado pague una multa para que le devuelvan un carro que está en un proceso de narcotráfico, porque permanece en poder de la Fiscalía.
El proceso siempre fue un proceso civil. Otra mentira del señor Rais es que yo dije que era un proceso penal. Yo nunca escribí ni dije que era un proceso penal. Era un proceso civil. En la investigación se mostró parte la Agencia de Control Antinarcotráfico de los Estados Unidos, la DEA. En un escrito firmado por el agente Kyle Keenan, de la DEA, ese agente dice que el objetivo principal de esa investigación por narcotráfico es el señor Enrique Rais. Luego, el alguacil utiliza eso como un argumento para pedir que se mantenga el decomiso. Yo hice la misma pregunta que vos en el condado de Martin. Pregunté: ¿cómo es que hay un oficio formal de la DEA diciendo que este señor es sospechoso, que sus aviones son sospechosos de tener rastros de drogas, este señor es sospechoso de narcotráfico porque así lo dice la DEA y, ahora, de la noche a la mañana, el caso está desechado. Se lo pregunté a la DEA y al portavoz del alguacil del condado. La DEA me dijo no podemos comentar más, porque no podemos comentar sobre investigaciones en proceso. Repregunté y le dije: aclarenme, aunque el alguacil haya llegado a un arreglo, ¿la DEA continúa una investigación? Sí. Es decir, en Estados Unidos hay una investigación abierta contra el señor Rais.
¿Cuál era la causa del proceso civil?
El alguacil pedía a la jueza que decomisara los aviones porque había irregularidades en los registros de las aeronaves y eso, entiendo yo, es un delito que sí se puede conciliar. Al señor Rais, el alguacil no lo acusó de narcotráfico.
¿Qué son las irregularidades en los registros de las aeronaves?
El proceso del condado de Martin dice que el señor utilizó compañías fachada, compañías que estaban indebidamente registradas. Eso lo dice el alguacil.
Si tuvieras que ponerle un nombre, ¿cuál sería ese delito en El Salvador?
No te lo puedo decir porque después el señor va a decir que lo estoy acusando de un delito que no cometió. Lo acusó el alguacil en Estados Unidos, y por lo que él llegó a un trato, fue: decomise estos aviones porque hay sospechas de que están registrados indebidamente, que utiliza compañías fachada, que no son compañías estadounidenses, entre otras cosas para que según la ley de la Florida -y otros estados- porque dos tercios de las acciones tienen que ser de ciudadanos estadounidenses. Eso no es el caso en varias de estas compañías y por eso decomíselas. A propósito, dijo el alguacil, la DEA me está diciendo esto. La jueza y el alguacil deciden desechar eso. ¿Por qué? Eso tenés que preguntárselo al alguacil.
Para cerrar el punto, el diario La Página publicó que se había cerrado esto. Ellos, sin citar fuentes, decían que con la devolución de los aviones se certificaba el cierre del proceso contra Rais. Vos decís que tenés una fuente que te dice lo contrario.
Yo tengo una fuente, te puedo enseñar los correos que yo intercambié con los portavoces del condado de Martin... No voy a hablar de los estándares periodísticos de La Página. Pero te puedo decir algo sobre La Página: no sé si todavía, pero en el momento en que La Página publicó esa nota, el jefe de redacción era Roberto Avilés, que no solo era asesor del señor Luis Martínez, sino que según constan en el proceso del Tribunal de Ética Gubernamental, también viajó en los aviones del señor Rais. Yo no confío en una publicación donde el jefe de redacción de esa publicación era el asesor del exfiscal general.
Tu caso está en Santa Tecla, con el juez Delfino Parrilla, un juez que tiene 19 denuncias en la sección de Investigación Judicial. Ocho de esas denuncias estaban activas el año pasado. ¿Te preocupa tener una cancha desnivelada en tu proceso?
Mirá, esa pregunta preferiría respondértela después de la audiencia. No voy a adelantar un criterio sobre el juez. Yo como reportero y editor cubrí al juez Parrilla en múltiples ocasiones. Cuando era reportero ya el juez Parrilla tenía denuncias. No tengo elementos para establecer directamente una relación con mi caso, ahora. Eso sí, cuando nombre a mis abogados y vean el proceso, valorando la actuación del juez Parrilla hasta ahora, entonces talvez te pueda decir si hay cosas de lo actuado hasta ahora por el juez, porque ya hay diligencias desde que se puso la demanda hasta mi notificación por edicto.Te puedo decir algo, hablando con un grupo de abogados, de entre los cuales van a salir las personas que van a ejercer mi defensa en este caso, me dicen que podría haber un elemento de jurisdicción.
Eso te iba a preguntar, ¿por qué llega el caso a Santa Tecla?
Eso hay que preguntárselo al señor Rais. Hasta donde yo entiendo y me lo han explicado los abogados, cuando es el caso de un salvadoreño domiciliado en el extranjero, se tiene que acudir al tribunal de sentencia de capital, en la ciudad de San Salvador. Y eso lo saben porque el señor Rais publicó campos pagados en los periódicos pidiéndome a mí que le diera mi dirección. Perdonáme, eso es responsabilidad de él y sus abogados. Le paga a once (abogados), ocho o cuatro no sé. Viendo que no tenía dirección, es un peso de la parte demandante, ellos son los que tienen la obligación legal de proveer una dirección. Si no hay dirección, yo soy una persona pública. En el sitio web de Factum dice donde yo vivo. Yo vivo en Estados Unidos.
Rais, ya lo describiste, tiene un emporio de abogados, no solo para este caso, sino de la gente que trabaja con él. Ocho u once, no sé. ¿Cómo te estás preparando vos?
Esta pregunta es importante. Yo soy un periodista que vivo de mi trabajo, de lo que me paga Revista Factum, un medio que tiene dos años de existir, no tiene ganancias, por supuesto. Como explicamos en nuestro 'Quienes somos', nosotros funcionamos con financiamientos de organizaciones no gubernamentales y fundaciones estadounidenses sin fines de lucro que apoyan el periodismo en el mundo, fondos similares a los que recibe El Faro. Y también soy editor no presente del sitio en español de Insight Crime, y por eso también recibo un salario. Yo no tengo dinero para pagar una defensa carísima. He acudido para pagar mi defensa en este caso a organismos internacionales que tienen fondos para pagar casos de periodistas que reciben acoso personal, acoso en situaciones de guerra, acoso en su seguridad o acoso legal. Presenté a esas organizaciones los antecedentes del caso, hablé con amigos abogados en El Salvador, gente en la que yo confío, y les dije me están acusando de esto. Hablamos de honorarios y con esos fondos voy a pagar abogados. He recibido apoyo, digamos, en forma de asesoría ad honorem de organizaciones de defensa de derechos humanos, como el Instituto de Derechos Humanos de la UCA, la FESPAD. Esas organizaciones conocen el caso y hemos estado discutiendo eso que me estás preguntando. No es un caso fácil, porque enfrente tengo a un empresario no solo acusado de muchas cosas, certificado como un hombre que ha utilizado al Estado a su favor.
Rais ha dicho que violaste el derecho de respuesta y rectificación en algunos artículos que publicaste. En Factum, has consignado que en múltiples ocasiones lo buscaste para que te diera entrevista sobre diferentes temas, a través de correo y teléfono. ¿No es una falla en el método periodístico pedir entrevista solo por correo y teléfono? Te lo digo porque usualmente en casos como este, las fuentes no nos contestan y lo que uno termina por hacer es ir a hacer plantones en sus oficinas o sus conferencias para tener respuesta
No, no creo que sea una falla en el método. Si eso fuera una falla en el método, cada nota que publicamos sin una reacción del presidente de la República tiene falla en el método. No. Te pongo otro ejemplo, acabo de terminar de leer un libro que se llama 'El arte del asesinato político', que es el caso del asesinato de monseñor Gerardi en Guatemala, escrito por Paco Goldman. Él cuando explica en los anexos de su libro precisamente porque no entrevista a todos los militares a los que nombra es porque él entiende, después de múltiples intentos de comunicación con ellos, que no tienen interés en contestarle. ¿Me entendés? Yo, por los medios electrónicos que todos tenemos, certifiqué y corroboré que los abogados de Rais, quienes se habían presentado desde el principio, quienes me dirigieron correos y a quienes yo se los dirigí, me dijeron explícitamente que él no tenía interés en darme entrevistas. Y explican las razones, dicen que por esas entrevistas al final, el periodista decide qué publica y no publica. Eso es método reconocido.
Es la edición
Es la edición. Él dijo que no, que él quería un derecho de respuesta en el que él iba a publicar lo que él quisiera y le dije que no funcionaba así.
La ley de rectificación y respuesta que aprobó la Asamblea de Sigfrido Reyes en 2013 sí habla de eso, de la posibilidad de publicar en formato y contenido similares un derecho que las personas que se sientan calumniadas por la publicación de una noticia, puedan poner. ¿Por qué no se lo diste a Rais?
Sí se lo di. Yo parto de lo que reconozco como el método periodístico válido. Hay una investigación certificada por todos los elementos y formas de certificación: cruce de fuentes, corroboración de información por diversas vías documentales, corroboración de información por fuentes vivas on u off the record y finalmente, darle al protagonista de las notas periodísticas la oportunidad de contestar a lo que sean los señalamientos. Yo escribí a los correos personales del señor Rais, evidentemente tengo copia de todo eso. En una primera instancia, nunca me contestó. Llamé a los teléfonos listados de sus oficinas: nunca me contestaron. Yo había dado ya ahí como entendido que estaba cumpliendo con mi obligación legal.
La ley señala una excepción: cuando el medio de comunicación, por propia iniciativa, haya concedido al interesado la rectificación o respuesta, sin necesidad que éste la hubiere solicitado, cumpliendo con las condiciones y en los términos que establece esta ley. ¿Eso es lo que decís que ya cumpliste?
Así es. Ahora, a mí como periodista no me toca interpretar la ley como lo entendieron Sigfrido Reyes o los legisladores en ese momento. Eso le toca interpretarlo al juez. Por eso estoy aquí. Luego viene toda la parte de comunicación de sus abogados conmigo. Me escriben correos electrónicos. Se apersonan a la vivienda de mi madre en San Salvador para 'notificarla', dicen. El abogado personal de un demandante no notifica, eso le corresponde al juez. Nuevamente, los abogados de Rais se atribuyen facultades que no tienen. Es decir, un abogado de un particular presentándose en la casa de mi mamá. Eso no tiene razón de ser. Yo les contesto y les insisto al licenciado (Ernesto) Gutiérrez y al licenciado Hernán Cortés que sí, que con todo gusto yo le concedo una entrevista a su cliente y que explique lo que quiera. Me contestan que no está interesado. ¿Qué más cumplimiento de la obligación procedimental o legal que esa?
¿Temés ir a un juicio?
Yo voy con la tranquilidad de conciencia de que he hecho mi trabajo a fondo. Además, con la satisfacción de que aquel reportaje, los que siguieron, los reportajes que publicaron otros medios como El Faro, ayudaron a visibilizar el gravísimo problema de corrupción que hay en este país. Es un problema que no ha sido visibilizado por otras instancias. Eso es algo que creo que debe de ocurrir ahora. Eso creo que es lo que el fiscal general tiene que hacer ahorita. Aquí hay un problema de corrupción que a nivel estatal no se está atendiendo. Mira el circo de la Asamblea: aquí todo el mundo dice que no necesitamos CICIG ni CICIES ni nada de eso. Bueno, que las instituciones funcionen: esto es una prueba. Que el fiscal general investigue a su antecesor. Eso está al centro de la razón por la que yo voy a tribunales el jueves.
