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FGR persigue negligencias en la Corte de Cuentas de Hernán Contreras

La FGR incautó el jueves 11 de agosto 48 expedientes de juicios de cuentas que prescribieron debido a negligencias de funcionarios de la institución durante el periodo de Hernán Contreras. Según la FGR, el Estado perdió alrededor de $2.2 millones al no realizar adecuadamente las gestiones para sancionar irregularidades detectadas en diferentes instituciones del Estado. 

 
 

La Unidad de Intereses del Estado (UIE) de la Fiscalía General de la República (FGR) incautó alrededor de 48 expedientes de casos de juicios de cuentas que prescribieron entre 2005 y 2007, durante la presidencia de Hernán Conteras, y que hicieron perder al Estado $2.2 millones en multas por las negligencias de cuatro jueces de la entidad contralora, según el ministerio público.

En la práctica, el operativo realizado este jueves 11 en las oficinas de la Corte de Cuentas apunta contra las irregulares maneras de una institución que habría dejado prescribir una serie de juicios de cuentas contra la ANDA administrada por Carlos Perla, el Ministerio de Obras Públicas, el Hospital Rosales y la Alcaldía de Santa Ana, entre otros.

La investigación que ahora impulsa la Fiscalía abre las puertas para entender uno de los mecanismos que se utilizaron en la institución para no castigar las irregularidades detectadas en las instituciones públicas: dejar pasar el tiempo.

Durante el operativo, Mario Salazar, jefe de la Unidad de Interes del Estado, dijo que "los referidos expedientes eran de instituciones públicas. En los expedientes se les hacían reparos...según la denuncia (a) cuatro jueces de cuentas de primera instancia se les atribuye la responsabilidad de haber caducado esos procesos en los dos años que se tienen para resolver los mismos”, declaró Salazar, acompañado de varios agentes de la PNC. La FGR incautó los documentos por orden del juzgado 7° de paz de San Salvador.

La FGR estima que el Estado perdió  $2.2 millones en multas al no realizar adecuadamente las gestiones correspondientes en los casos que entraron con reparos a esos juicios de cuentas. “$2.2 millones dejó de percibir el Estado, por lo menos en el procedimiento que se tiene que hacer en esta institución sobre los reparos que se dieron en su momento”, indicó el fiscal. Además, señaló que aunque los casos ya prescribieron en la Corte de Cuentas, la FGR buscará deducir si los cuatro jueces de cuentas cometieron algún delito.

El artículo 96 de la Ley de Corte de Cuentas de la República establece que “La facultad de las cámaras de Primera Instancia para pronunciar la sentencia respectiva, caducará en dos años contados desde la fecha de recibido el informe de auditoría en la respectiva cámara de instancia”.

En el Informe de Examen Especial a la Cámara Cuarta de Primera Instancia son mencionados dos jueces de cuentas como responsables de dejar caducar juicios de cuentas. Se trata de Rosa Guadalupe Jiménez Larín y de Mauricio López Ardón.
 
En el Informe de Examen Especial a la Cámara Cuarta de Primera Instancia son mencionados dos jueces de cuentas como responsables de dejar caducar juicios de cuentas. Se trata de Rosa Guadalupe Jiménez Larín y de Mauricio López Ardón.

Que la Corte de Cuentas deje caducar irregularidades detectadas en instituciones del Estado no es algo nuevo. En 2011, El Faro publicó que esa institución no sancionó graves anomalías financieras en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) y en el Banco de Fomento Agropecuario. En el caso del ISSS, las auditorías evidenciaban faltantes de mobiliario y de equipo de bodega valorado en 106 mil 391 dólares. En el BFA, la auditoría detectó irregularidades en créditos concedidos al empresario Enrique Rais. Sin embargo, estas auditorías ni siquiera llegaron a la Primera Instancia de la Corte y fueron archivadas.

Esta investigación de 48 casos de la Fiscalía es el seguimiento a una denuncia interpuesta en mayo de este año por el exmagistrado Johel Humberto Valiente. Tras la denuncia que hiciera Valiente, El Faro tuvo acceso -a através de Oficina de Información y Respuesta de la Corte de Cuentas- de un listado de auditorías que se corresponden al periodo que ahora investiga la Fiscalía.

En el listado se encuentra, por ejemplo, uno de los casos que la FGR detecta con irregularidades. Se trata del Informe de Examen Especial a la Cámara Cuarta de Primera Instancia durante el periodo del 1 de octubre al 31 de julio de 2007. En ese caso, la jueza Rosa Guadalupe Jiménez Larín y el juez interino Mauricio López Ardón se echaron la culpa mutuamente por haber dejado caducar tres juicios de cuentas (dos de ANDA y uno del Hospital de Maternidad) cuando la Dirección de Auditoría 1 les cuestionó por haber dejado vencer el plazo para sentenciar responsabilidades patrimoniales y administrativas a las autoridades de esas dos instituciones.

El examen especial determinó una responsabilidad administrativa de 155 mil 113 dólares que no podrán ser cobrados, debido a que Ardón y Jiménez Larín dejaron caducar tres juicios. El documento menciona el juicio por "Contratación Directa y Ejecución del Contrato No. 17/2000 entre ANDA y SETERS, S.A", un "Examen Especial al proceso de licitación Pública 29/01 y ejecución del contrato NO. 221/2001 suscrito entre ANDA y SETERS S.A de C.V" y la "Auditoría Financiera al Hospital Nacional de Maternidad".

La Dirección de Auditoría 1 hizo un examen especial en el que permitió que la jueza Rosa Guadalupe Jiménez Larín se defendiera.  Larín culpó Ardón por la caducidad de los juicios de cuentas en una comunicación entregada al coordinador jurisdiccional de la Corte de Cuentas. "El juez interino se había negado a firmar algunas sentencias por razones personales", dijo Larín.  

Cuando Auditoría 1 le dio la misma oportunidad de defenderse, Ardón descargó responsabilidades en Larín. "Me reuní con los licenciados Jiménez Larín y Posada Majano, a quienes expresé que no estaba en la disposición de firmar sentencias cuyos plazos estuviesen ya caducados, más aún cuando por disposición de ellos se tenía por práctica ponerles fechas anteriores al día de vencimiento".  

La Corte de Cuentas de la República se encuentra sin sus titulares. La Sala de lo Constitucional sentenció el viernes 24 de junio que la elección del presidente de la Corte de Cuentas  Johel Valiente, del magistrado Marco Antonio Grande y Raúl López fue inconstitucional. Los diputados no documentaron los atestados para probar la independencia partidaria de los funcionarios.

La Corte de Cuentas de la República, el ente contralor del Estado, ha sido duramente cuestionada durante más de dos décadas y en 2005 incluso la Embajada de Estados Unidos alertó al departamento de Estado de una oficina con mucho más poder que el de la Fiscalía General de la República, según reveló un cable desclasificado de la Embajada y divulgado por la plataforma Wikileaks. Para la sede diplomática, esta institución servía de “espada de Damocles” contra los partidos opositores y permitía la corrupción de sus aliados políticos. En un cable, fechado en 2005, la Embajada incluso señaló que la Corte de Cuentas de Hernán Contreras "encubrió" corrupción en el caso ANDA contra Carlos Perla. Contreras, quien otrora fuera uno de los hombres más fuertes del Partido de Conciliación Nacional, dirigió la institución durante 17 años, dos de los cuales ahora están siendo investigados por la FGR. 

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