La Corte Suprema de Justicia ha cerrado otro capítulo en la historia de uno de los crímenes más emblemáticos de la guerra civil salvadoreña negándole a la Audiencia Nacional de España, y al juez de la causa contra los militares acusados por el asesinato seis sacerdotes jesuitas, la posibilidad de procesar a cuatro de los militares acusados de un crimen considerado como de lesa humanidad, y que supuso el descrédito para la cúpula militar que en 1989 dirigía la guerra.
Cerca de las 9:20 de la noche de este viernes 27 de agosto, tres exsoldados del 'Batallón Atlacatl' del Ejército fueron puestos en libertad después de dos días en los que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) afinaban los argumentos bajo los cuales rechazaría su extradición a Madrid, España.
Con esta segunda denegación de extradición, y con la ausencia de capturas en El Salvador para los militares de mayor altor rango implicados en el crimen, el caso jesuitas ahora depende de la posible extradición hacia España del exviceministro de Seguridad, Inocente Orlando Montano, detenido en Estados Unidos y con un proceso de apelación para evitar la extradición en el país nortemericano.
Los exsoldados Tomás Zarpate Castillo, Óscar Ávalos Vargas y Ángel Pérez Vásquez fueron recibidos por sus abogados y familiares a la salida de las bartolinas de la Dirección General de Tránsito de la Policía Nacional Civil (PNC), donde habían pasado recluidos desde el 5 de febrero, cuando fueron detenidos junto al coronel Guillermo Alfredo Benavides Moreno, el único de los militares que quedará detenido para cumplir una pena de 30 años de prisión que la CSJ le reactivó, luego de que la Sala de lo Constitucional aboliera la ley de amnistía en julio de 2016. Benavides ya había sido condenado en un fallo de 1992, y en abril de 1993 cumplía 14 meses de prisión cuando la Asamblea Legislativa aprobó la 'ley de amnistía general para la consolidación de la paz', que le otorgó la libertad. 24 años después, abolida esa ley, la CSJ ordena que su situación jurídica regrese al momento en el que se encontraba antes de dicha amnistía. Es decir, encarcelado y con un proceso de apelación de su condena ante una cámara de segunda instancia.
Los otros tres exsoldados salieron en libertad porque el miércoles 24 de agosto la CSJ rechazó por unanimidad la extradición a España, país donde un juzgado investiga el asesinato de seis sacerdotes jesuitas, la esposa del jardinero y la hija de ambos, una adolescente de 16 años. La orden final para liberarlos se dio hasta este viernes, dos días después de tomada la decisión, porque los magistrados aun no tenían redactados todos los argumentos para fundamentar su decisión.
Fue la redacción de los votos concurrentes -argumentaciones de algunos magistrados que apoyan de manera general el fallo, pero tienen diferentes argumentaciones para llegar a la misma conclusión- lo que retrasó la liberación de los tres soldados que desde el miércoles 24 de agosto se sabía que iban a ser liberados. Ese día, lo único que tenían claro los magistrados era que rechazaban la petición del juez español Eloy Velasco porque aceptarla habría significado violar el Tratado bilateral de extradiciones entre España y El Salvador. El tratado no permite el envío de personas que hayan sido condenadas o absueltas en el país al que se solicita la extradición, según lo establece el artículo 5 de ese instrumento.
El proceso judicial del caso jesuitas comenzó en 1990 y terminó en 1992 con la condena a 30 años para dos militares, y la absolución para otros soldados más, entre ellos Zarpate, Ávalos y Pérez Vásquez. La existencia de ese juicio y de esos fallos fue lo que se tomó como base para decir que estos militares ya habían sido procesados y por tanto, en base al tratado de extradición con España, no podían ser extraditados.
En el juicio celebrado entre 1990 y 1992, el sargento Tomás Zárpate Castillo fue absuelto por el jurado pese a que en su confesión extrajudicial aceptó su participación en el crimen. En concreto, Zárpate dijo haber disparado a las mujeres Elba y Celina Ramos 'hasta estar seguro de que estaban muertas'.
En su confesión extrajudicial ante la Comisión Investigadora de Hechos Delictivos, el subsargento José Antonio Ramiro Ávalos Vargas admitió haber asesinado a los sacerdotes José Amando López y Juan Ramón Moreno. Aunque el jurado escuchó esa declaración extrajudicial, el juez no la ratificó y también fue absuelto.
El cabo Ángel Pérez Vásquez, el último de los detenidos confirmado por la PNC, confesó haber disparado contra el padre Joaquín López y López y, ya herido, haberlo rematado, según la declaración extrajudicial del juicio de 1991. Aquel jurado también lo absolvió de todos los cargos.
Esta es la segunda vez que la Corte Suprema decide sobre la extradición de militares a España por el caso jesuitas. Sin embargo, la primera vez, en 2012, decidieron que no procedía la extradición por razones de forma, porque, aseguraron los magistrados, la Constitución vigente el año de los hechos (la de 1974) impedía la extradición de cualquier salvadoreño.
CJA: 'No hay garantías en El Salvador para procesar el caso'
Con la denegación de la extradición de los cuatro militares, el caso jesuitas trastabilla pero no se detiene. En España, la Audiencia Nacional en Madrid está a la espera de que el exviceministro de Seguridad Pública, Inocente Orlando Montano, sea extraditado desde Estados Unidos, país que decidió expulsarlo por graves violaciones a derechos humanos cometidas durante la guerra civil en El Salvador. Montano ha peleado judicialmente su expulsión desde Estados Unidos. Su familia espera que sea deportado a El Salvador pero el gobierno estadounidense ha dado luz verde a la extradición a España, algo que aun está por decidirse debido a que Montano presentó en abril un recurso de habeas corpus el cual aun está en trámite en la corte distrital este de Carolina del Norte.
Montano también es uno de los 17 militares que investiga el juez Velasco de Madrid por el crimen de los jesuitas. A él lo acusa de supervisar la radio desde la cual se profirieron amenazas contra los sacerdotes en los días previos a la masacre, y a demás, de haber participado en las reuniones previas al golpe perpetrado por el 'Batallón Atlacatl'.
La abogada del Center for Justice and Accountability (CJA), Almudena Bernabéu, sostiene que la no extradición de los cuatro militares no afecta en mayor medida el desarrollo del caso en España debido a que desde antes que se reactivaran las órdenes de captura contra los militares, el 5 de enero de 2016, Montano se perfilaba como la única opción para permitir que el caso jesuitas en España pase de la etapa de sumario a la presentación de pruebas. 'La decisión de la Corte salvadoreña solo afecta en el sentido que no habrá más imputados presentes, pero nada más', dice Bernabéu.
La abogada recordó que el Departamento de Justicia de Estados Unidos ya envío su último informe a la corte distrital de Carolina del Norte como parte del proceso de habeas corpus promovido por Montano, y en dicho informe, el Departamento de Justicia mantiene su postura a favor de la extradición a Madrid. 'Es un informe contundente sobre la valoración de la prueba, sobre los indicios de participación de Montano en la violación de derechos humanos', dice la abogada española.
Almudena Bernabéu también critica la justicia salvadoreña. 'No entiendo que la matemática para la justicia en El Salvador sea dejar en libertad a quienes ya habían sido absueltos en un juicio fraudulento en 1991, y que se deje por fuera a los generales. Es un insulto a la inteligencia de los salvadoreños y las víctimas de este caso. El Salvador está haciendo lo que ha venido haciendo desde hace casi 30 años, que es mostrar a sus chivos expiatorios y dejar intocables a los autores intelectuales', sostuvo.
El Faro le preguntó a Bernabéu si la decisión judicial de no extraditar a los militares enviaba un mensaje equivocado a Estados Unidos sobre las garantías de justicia en El Salvador. 'Sí, es un mensaje con el que creen que pueden engañar a las víctimas, a los familiares de los sacerdotes jesuitas, pero ninguno de ellos es tonto. No hay garantías para procesar el caso en El Salvador porque si fuera así ya estuvieran detenidos los militares de mayor rango, los generales', agregó.
Bernabéu se refiere a Rafael Humberto Larios, Juan Rafael Bustillo, Juan Orlando Zepeda y Francisco Elena Fuentes, quienes también fueron pedidos en extradición el 5 de enero de 2016 por el juez Eloy Velasco pero que no fueron detenidos por la Policía Nacional Civil. La corporación solo detuvo, con un mes de por medio, a cuatro militares, entre ellos tres soldados y un coronel que era el director de la Escuela Militare el día del crimen.
'La resolución de la Corte es un chiste jurídico', dice la abogada. 'No aplican las leyes internacionales, validan su propia sentencia con la que eliminan la amnistía, pero se quedan sin detener a los generales de la Tandona, y ni los tocan'.
