El día de la Independencia de 2014, Luis Martínez, exfiscal general (2012-2015), creía que había una conspiración para matarlo. Al menos, eso es lo que decía a los medios: que había abierto una nueva investigación contra el exdiputado Wilver Rivera Monge por conspiración y proposición de atentar contra su vida. Contra Rivera Monge, electo en 2012 como diputado suplente de Reynaldo Cardoza bajo la coalición PDC-PCN, la Fiscalía ya tenía abierta una investigación por sus vínculos con el narcotraficante salvadoreño Jorge Ulloa Sibrían, alias El Repollo, capturado en marzo de 2013 en Costa Rica.
Para descubrir los supuestos planes contra el fiscal Martínez, la Fiscalía autorizó una serie de escuchas telefónicas a inicios de septiembre de 2014 para el círculo de Rivera Monge. En un tramo de la investigación, en las escuchas apareció el nombre del juez 9º de Paz de San Salvador, el de su suplente, el del empresario Enrique Rais, el de Martínez y el de su exjefe de Intereses de la Sociedad, Julio Arriaza. Martínez, detenido desde el 22 de agosto de 2016, ha caído en un agujero que él mismo empezó a cavar. Echó a rodar una piedra que dos años después se le vino encima.
La Fiscalía de Douglas Meléndez presentó este 25 de agosto, ante el Juzgado Séptimo de Paz de San Salvador, la acusación contra una supuesta trama en la que Martínez prestó los servicios de la Fiscalía para favorecer en instancias judiciales al empresario Enrique Rais. El fiscal Meléndez y su equipo llegaron a esa trama luego de revisar la investigación que se había iniciado en la era Martínez, y que arrancó con la intervención de los teléfonos de tres personas. La primera es Gustavo Ulises Hernández, un comerciante de San Jacinto, que tiene antecedentes policiales por hurto y robo de vehículos, secuestro, y por su vinculación con el asesinato de los diputados salvadoreños del PARLACEN, en 2007. Hernández, además, realizó operaciones típicas de lavado de dinero con el exdiputado Rivera Monge. Es, en toda regla, un criminal. La segunda persona es “una hija del exdiputado Rivera” y la tercera “una mujer de nombre Blanca que se dedicaba al tráfico ilegal de personas”.
La Fiscalía de Douglas Meléndez dice que solo transcurrieron unos días hasta que la Fiscalía administrada por Luis Martínez interceptó una llamada de Hernández con Romeo Aurora Giammattei, el exjuez Noveno de Paz de San Salvador. Fue entonces que pidieron permiso judicial para intervenir a Giammattei, y fue gracias a esa intervención que comenzó a revelarse la trama que involucra al exfiscal Martínez con el empresario Enrique Rais.
En octubre de 2014, el Centro de Intervención de Telecomunicaciones detectó que el juez conversaba frecuentemente con Wilfredo Ernesto Gutiérrez Ayala, uno de los abogados del empresario Enrique Rais. Gutiérrez, de hecho, fue capturado junto a Enrique Rais y su sobrino, Hugo Blanco Rais, cuando atendían a un citatorio en la oficina fiscal de Santa Elena, el 22 de agosto. La Fiscalía encontró que Giammattei hablaba de “realizar actos contrarios a sus funciones como juez para favorecer en los casos' a cargo de Gutiérrez.
En las llamadas entre Giammattei y Gutiérrez, además del exfiscal general Martínez, aparece también vinculado el exjefe fiscal de Intereses de la Sociedad, Julio Arriaza. En las llamadas se refieren a Martínez a veces como “el uno”, “el mero mero” o solo “el amigo Luis”. Al hablar de Arriaza dicen 'Julio' o 'Julito'. En el requerimiento, empleados fiscales y judiciales han testificado contra ambos.
La Fiscalía ha dividido el requerimiento en cuatro casos. En el primero, Giammattei y Gutiérrez acuerdan el resultado de una audiencia inicial por el delito de amenazas contra la imputada Claudia Herrera, un caso en el que la víctima es Enrique Rais. Herrera es esposa de Mario Calderón, un exsocio de Rais. La Fiscalía de Martínez inició siete procesos en año y medio contra los Calderón. Los abogados de la pareja, Pedro Cruz y Berta Deleón, ya pidieron al fiscal general que declare la nulidad absoluta de todos esos procesos, por considerarlos viciados.
En el segundo caso, Gutiérrez y Rais describen la forma en que se inventarán un peritaje psicológico, con la ayuda de un psicólogo del Instituto de Medicina Legal (IML). Con el peritaje buscaron probar que Rais y su sobrino fueron afectados por las amenazas de Herrera. En el tercer caso, Gutiérrez habla con Hilda Trigueros, a quien el mismo psicólogo ayudó a falsificar otro peritaje que serviría como prueba en un proceso por violencia intrafamiliar, en el que Trigueros es la víctima. El último caso es el que describe la forma en que Martínez y Arriaza entorpecieron una potencial investigación contra el exjuez Aurora Giammattei, de acuerdo con la Fiscalía.
Martínez: “Esas son mierdas, inventos de esos cabrones”
Sigfredo Campos Crespo –director del centro de escuchas de la Fiscalía- ha declarado que en este caso Luis Martínez rompió los estándares con que la FGR trabajaba las escuchas telefónicas. Lo normal era que cuando surgían nuevos delitos en escuchas, el Centro de Intervenciones de Telecomunicaciones se comunicaba con alguna unidad fiscal para que le diera seguimiento. Martínez prohibió a Campos informar de los hechos de este caso a alguna unidad fiscal. Esa orden se mantuvo hasta el final del periodo de Martínez como fiscal.
Martínez, según el requerimiento, llegó al Centro de Intervenciones en la última semana de octubre de 2014. Escucharon, al menos, dos llamadas. Una ocurrió el 24 de octubre de 2014, a las 4:15 de la tarde, entre Giammattei y Gutiérrez. Estaban coordinando la presentación del requerimiento por amenazas contra Claudia Herrera, en el juzgado de Giammattei. Pero la presentación de ese documento se había retrasado. Gutiérrez notificó al juez que “tienen lineamientos todas las jefaturas, al mero mero (el ex fiscal general), a Julio (Arriaza), al asistente directo del hombre'. La Fiscalía no lo menciona, pero el asistente de Martínez era Edgar Isaías Márquez Argueta, quien asumiera brevemente el despacho entre diciembre de 2015 y enero de 2016, mientras la Asamblea eligió al sucesor del ahora procesado. Márquez Argueta, junto al exfiscal, viajó en repetidas ocasiones en los aviones de Enrique Rais, un hecho que recientemente fue condenado por el Tribunal de Ética Gubernamental.
Campos informó a Martínez que aparecía involucrado un fiscal de San Salvador en este caso, pero que no se sabía de qué unidad y que era necesario investigar. Martínez respondió “que ya habían verificado esa cuestión”.
Siguiente llamada. El juez Giammattei y el abogado Gutiérrez están al teléfono. La fecha es el 27 de octubre de 2014. Gutiérrez le explica al juez que “este bolado lo tienen puyado (intervenido, según la interpretación fiscal)'. Giammattei, que se mostró escéptico al principio, dijo que “iba a mandar a la mierda ese bolado” y que le iba a hablar al amigo Luis y le diría: “mira, ¿que vos me has pinchado mis números?”. Gutiérrez le recomendó que no reclamara tan abiertamente.
“Después de escuchar la llamada, Luis Martínez se sonrío y dijo que esas eran mierdas, que eran inventos de esos cabrones, que todo mundo sabía que Giammattei era pícaro”, testifica Campos en el requerimiento. Campos siguió informando al exfiscal y reportó reuniones tanto en abril como en mayo de 2015. De hecho, el 23 de mayo, Campos expuso todo el caso a Martínez. Campos insistió en la necesidad de judicializar un proceso contra Giammattei. Martínez solo le decía: “perame, ahí vamos a ver”. Ante la persistencia, Martínez inventó una mejor excusa, testifica Campos. “Ya sé cómo vamos a hacer, ya sé cómo le vamos a llegar a este. Lo vamos a hacer renunciar. Me voy a reunir con el presidente de la Corte (Suprema de Justicia), le voy a llevar las cosas en la mano”. Campos siempre creyó que lo mejor era pedir un antejuicio.
La Fiscalía concluye que la intención de Martínez al elaborar estas excusas era “proteger a los involucrados y al mismo tiempo evitar que su nombre o su participación salieran a relucir”, ya que en muchas de las llamadas se le mencionaba a él como 'parte activa de la corrupción”.
Gutiérrez a Rais: dibuje una casa, una persona y un árbol
Dos de los cuatro casos que presentó la Fiscalía involucran a Nestor Francisco Recinos Chicas, un psicólogo de 52 años que trabaja como perito y fue coordinador del Departamento de Psicología Forense del IML. Recinos, según la acusación, recibía pagos de hasta cinco mil dólares por fabricar peritajes psicológicos, que luego fueron usados como prueba en dos casos. Uno: el caso de amenazas en el que Rais se dice víctima de Claudia Herrera, tramitado ante el Juzgado Noveno de Paz, a cargo de Giammattei. Dos: un caso de violencia intrafamiliar de referencia 43-VI-13-3R y 7VIF2011, contra Emerson Zelaya, en el que la víctima es Hilda Guadalupe Trigueros, capturada como parte de la red de compra y venta de justicia.
Esto es lo que hay en las escuchas. Gutiérrez llamó a Rais el 5 de marzo de 2015, a las 11:42 de la mañana. Gutiérrez le dijo que a las dos de la tarde de ese mismo día tenía 'la diligencia con el que le iba a ver la cabeza (el psicólogo) y que si recordaba que la vez anterior se le dio una dosis'. La Fiscalía interpreta “dosis” como dinero. Rais dijo que sí y preguntó de cuántos 'miligramos', una palabra que la Fiscalía cree que significa miles. Gutiérrez le dice que cinco, una cantidad que cubría tanto los peritajes de él como los de Hugo Blanco Rais. Gutiérrez le dice que el psicólogo no necesita reunirse con el paciente, que lo pueden hacer a control remoto. El “bueno, demole pues” de Rais cerró la negociación.
Tres horas más tarde, Gutiérrez volvió a llamar a Rais. Gutiérrez le pidió a Rais que le anexara “tres dibujitos completos”, ante lo que Rais pidió explicaciones. Gutiérrez, como buen empleado, se las dio. Le dijo que “en una página papel bond, acostada u horizontal, haga una casa; en otra hoja parada vertical una persona; y en otra hoja vertical, un árbol, todo con lápiz'. Luego le dijo que lo borrara como que se equivocó, porque 'eso representa ansiedad”. Rais replicó que si lo quería “todo triste”. Gutiérrez le dijo que lo hiciera “todo hecho leña”. Hugo Blanco Rais no estaba con Enrique Rais en ese momento. Gutiérrez, siempre propositivo, le sugirió a su jefe que pusiera a hacer los dibujos de su sobrino a “Gracia”, una persona a quien la Fiscalía no identifica en el documento.
Seis días más tarde, el 11 de marzo de 2015, la Fiscalía presentó, ante el Juzgado Quinto de Instrucción de San Salvador, un dictamen de acusación contra Claudia Herrera y tres personas más, por el delito de amenazas contra Enrique Rais y Hugo Blanco Rais. Ese dictamen incorpora los peritajes psicológicos en los que Recinos concluye que “ambas víctimas presentan una grave afectación e incluso una de ellas requiere tratamiento psicológico”. El caso pasó al Tercero de Sentencia de San Salvador. En este caso, la Fiscalía relaciona la única llamada en la que interviene el abogado Luis Peña, con su colega Gutiérrez. Peña fue quien dio las instrucciones de que el peritaje alterado versara sobre el tema de la afectación.
Tanto en ese caso como en el de violencia intrafamiliar, hay una persona que aparece como intermediario entre el abogado Gutiérrez y el psicólogo Recinos. Se trata del abogado Héctor Francisco Grimaldi Membreño, quien entre sus clientes ha tenido al pandillero de la Mara Salvatrucha Moris Alexander Bercián Manchón, alias Barney.
Grimaldi conseguía clientes para Recinos, según se desprende de las escuchas. El 10 de marzo de 2015, Grimaldi llamó a su colega Gutiérrez. Le dijo que estaba esperando “a la clienta (Hilda Trigueros), que como ya tenía la (relación) fáctica (de los hechos), porque le enviaron parte del expediente, él lo relacionaría y la conclusión sería la que necesiten, solo que está afectada y que necesita tratamiento”. Ese mismo día, Recinos realizó el peritaje psicológico a Trigueros, un documento que aparece como prueba en el mencionado caso por violencia intrafamiliar.
Giammattei: '¿ya empezó la cacería?'
De todos los imputados, el ex juez Aurora Giammattei es contra quien la Fiscalìa tiene más pruebas. No es solo que la Fiscalía encontró munición 'matapolicías' en su casa de San Salvador. Es que Giammattei está al centro de una planificación para resolver contra la ley -prevaricato- en contra de Herrera, a favor de Rais. El caso que desnuda estos manejos es la denuncia del 23 de septiembre de 2014: Rais y su sobrino dicen que Claudia María Herrera y su personal de seguridad los amenazaron con armas de fuego en el capitalino bulevar el Hipódromo.
Casi un mes después, el lunes 20 de octubre, a eso del mediodía, Gutiérrez llamó a Giammattei. 'Creo que el paquete (caso) llegará el viernes (24 de octubre)', dice Gutiérrez. 'Me acaban de dar detalle que mañana es la fiesta', añadió. Ese mismo día, la fiscal Sindy Beatriz Molina Ayala giró órdenes de captura contra Herrera y Germán Hernández Serrano. El mismo día, diez minutos antes de las tres de la tarde, Giammattei llamó a Gutiérrez. Le dijo que 'Mauricio andaba loco, ansioso'.
La Fiscalía asegura que ese Mauricio al que hacen referencia es Mauricio Antonio Álvarez Gálvez, un abogado de 43 años que es juez suplente del Noveno de Paz de San Salvador desde 1998. Álvarez además fue propuesto por la magistrada Elsy Dueñas para ser juez Primero de Paz de Ciudad Delgado, cargo que desempeña desde el siete de abril en 2015. 20 días antes de estas escuchas que lo vincularan a esta trama, Álvarez envió una carta a la Asamblea Legislativa en la que anunciaba su deseo de convertirse en fiscal general de la República. 'Expreso mi más ferviente, decidido e inquebrantable deseo de representar los intereses del Estado y de la sociedad misma, como garante de los derechos de las víctimas', se leía en esa misiva. Álvarez añadió que pretendía 'ser un pilar fundamental en la lucha coordinada contra la impunidad'. Coincidentemente, también Aurora Giammattei entró a esa carrera por la Fiscalìa, en la que el principal contendiente era el propio Luis Martínez.
Para calmar la ansiedad del suplente Mauricio Álvarez, Gutiérrez le dijo a Giammattei que 'posiblemente mañana iban a cazar a la bruja', que la orden de captura saldría el 20 de octubre -como en efecto sucedió- y que la ejecutarían el 21 de octubre. La urgencia de Giammattei por saber era que él estaba tramitando una incapacidad médica de tres días: el plan era que Aurora Giammattei fuera sustituido por Álvarez en la causa. El 21 de octubre, a las 8:54 de la mañana, Giammattei le preguntó vía mensaje de texto a Gutiérrez: '¿ya empezó la cacería?'. A las 10:02 de la mañana Gutiérrez le contestó con un escueto 'ya'.
Giammattei estaba ansioso. Catorce minutos después, llamó a Gutiérrez. Le dijo que 'estaba reunido con el amigo (Álvarez), por si quería asegurarle en persona'. Gutiérrez respondió: 'si no cae la bruja, igual le vamos a reconocer lo que él estaba perdiendo'. Giammattei le pasó el teléfono a ese amigo -a quien la Fiscalía no identifica pero se infiere por el contexto- y Gutiérrez le reaseguró que el caso 'siempre va a llegar donde ustedes'.
Pasó otro día más y los jueces del Noveno de Paz se impacientaban. El 22 de octubre a las 12:12 del mediodía, Giammattei llamó otra vez a Gutiérrez: 'Mauricio anda llorando porque lo están llamando para Ciudad Delgado (donde ya era juez titular), que ya había agotado los días libres a que tiene derecho sin justificar y que quería que se le agilizara el trámite de la ayuda por estar disponible', dijo el juez Giammattei. Gutiérrez fue al grano: le preguntó que cuanto quería. Giammattei no dio una cifra pero dijo: 'lo que sea su voluntad'.
Claudia Herrera fue capturada ese mismo día. El 23 de octubre, a las 4:58 de la tarde, Giammatei le informó a Gutiérrez 'que ya estaba Mauricio al mando del barco (refiriéndose al Juzgado)'. Por ese entonces, los jueces ya sospechaban de la intervención y pedían unos 'verdes' (dinero) para adquirir teléfonos baratos. En esa llamada, Gutiérrez pide gusto con la audiencia inicial contra Herrera. 'Dejen la onda lo más tarde que se pueda el lunes (28 de octubre) y que el resultado que quede', dijo. Giammattei contestó: 'el resultado ya saben que está'.
Los jueces del Noveno de Paz esperaban para el 24 de octubre de 2014 un requerimiento que no llegó. A las 3:40 de la tarde, Giammattei se lo hizo saber a Gutiérrez. El abogado Gutiérrez le dijo al juez que llamara a 'Julito' (el fiscal Julio Arriaza), y que le explicara que 'si no la manda, no es pedo de ellos, sino que quedan hechos mierdas'. Julio Arriaza no contestó. Seis minutos más tarde, Giammattei se queja: 'si tienen la babosada desde anteayer, ¿por qué putas no lo tienen listo?'. Gutiérrez le explicó que 'ya le mandó al mero mero, que Hugo (Rais) estaba allá en el lugar, que estaba haciendo todo lo que podía'. Pero el requerimiento no llegaba. Gutiérrez entonces pidió que cuando el documento arribara, Giammattei le pusiera 'cinco antes de las cuatro', para indicarle que modificara la hora de recepción. A Giammattei no le pareció mal: 'manden al cerote de Francisco con un papel higiénico para hacer la paja', dijo.
Álvarez tenía una reunión. Giammattei le pidió que se quedara pero este le replicó: 'no puedo Lic, mi reunión es real y no puedo fallarle a los clientes. El pelón (Gutiérrez) es pajero'. Giammattei ya no tenía paciencia y le dijo a Gutiérrez 'sámpenle un elote en el culo a la vieja puta, para que termine esa mierda', probablemente en alusión a la fiscal a cargo del caso. Es entonces cuando Gutiérrez alega que todas las jefaturas fiscales tienen lineamiento y que Hugo Rais le dijo a él que 'no es posible que una simple gata no acate la orden de un superior'. Giammattei aceptó esperar hasta las cinco y media, primero, y a las seis de la tarde, en una llamada posterior. Gutiérrez incluso negoció ponerle la fecha del 24 al requerimiento que se presentaría el 25. Giammattei dijo que sí, pero fue en vano. El requerimiento se presentó el 25 de octubre y fue Giammattei quien finalmente vio ese proceso.
En el caso presentado este jueves 25 de Agosto, la Fiscalía de Douglas Meléndez pide la detención provisional contra todos los imputados. Además pide seis meses para ampliar su investigación, tiempo en el que se propone realizar extracción de información de los celulares y computadoras decomisadas, las bitácoras de llamadas y el rastreo de movimiento financiero entre los imputados.
El requerimiento también devela que, aunque en un primer momento la Fiscalía lo negó, sí allanó la casa de Luis Martínez. Le decomisaron cinco computadoras y un pequeño arsenal. Una escopeta, un fusil calibre 5.5 y otro tipo AR-15, calibre .223; una escopeta calibre 22, una micro UZI, además de abundante munición y ropa camuflajeada.
