Ni el empresario Enrique Rais ni el exfiscal general Luis Martínez ni ninguno de los otros ocho acusados quedarán detenidos en la fase de instrucción de un caso que revela una trama de venta de justicia en el sistema de justicia salvadoreño.
Este domingo 28 de agosto, cerca de las 2 de la tarde, Évelyn Jiménez, la jueza del Séptimo de Paz, decretó libertad bajo fianza para todos los acusados, imponiendo una cuantía que asciende a 71 mil 500 dólares (en conjunto). $20 mil dólares de esa fianza son reclamados al empresario Enrique Rais, dueño de una flotilla de avionetas en las que viajaron el exfiscal Martínez, el expresidente Mauricio Funes y el actual presidente Salvador Sánchez Cerén.
El exfiscal Martínez, acusado por “omisión de la investigación”, delito que según la jueza “parece haber sido consumado”, deberá pagar una fianza de $5 mil, pero su libertad bajo fianza estará suspendida hasta que no se conozca el resultado de otro caso en el que la Fiscalía le acusa por haber divulgado a terceros los audios de escuchas telefónicas utilizadas en otra investigación penal.
En el final de una maratónica audiencia que inició el viernes 26, y que tuvo que ser suspendida en la madrugada de este domingo, aunque la jueza Jiménez dijo que existen fuertes indicios “sobre todos los delitos, incluso el atribuido al señor Luis Martínez”, no existían elementos contundentes como para pensar que los imputados no puedan enfrentar la segunda fase del proceso en libertad, pese a que el paradero de uno de los acusados es desconocido por las autoridades. La condición que exigió la jueza a los otros 10 imputados es que residan en las direcciones presentadas ante el juzgado (para ser requeridos y recibir notificaciones) y que notifiquen si en dado caso llegan a cambiar de residencia. La jueza, además, les prohibió salir del país mientras dure el proceso.
El caso Rais Martínez revela una trama en el que Rais y sus abogados se valieron de sus vínculos con el exfiscal Martínez y con dos jueces de paz para beneficiarse en un caso contra la abogada Claudia Herrera, en el que la presunta víctima eran el propio empresario y uno de sus sobrinos. Herrera es esposa de Mario Calderón, un exsocio de Rais. La Fiscalía de Martínez inició siete procesos en año y medio contra los Calderón. Los abogados de la pareja, Pedro Cruz y Bertha María Deleón, ya pidieron al fiscal general que declare la nulidad absoluta de todos esos procesos, por considerarlos viciados.
En el segundo caso, Rais y uno de sus abogados describen la forma en que se inventarán un peritaje psicológico, con la ayuda del excoordinador del Departamento de Psicología Forense del Instituto de Medicina Legal (IML). Con el peritaje buscaron probar que Rais y su sobrino fueron afectados por las amenazas de Herrera. En el tercer caso, uno de los abogados de Rais habla con Hilda Trigueros, a quien el mismo psicólogo ayudó a falsificar otro peritaje que serviría como prueba en un proceso por violencia intrafamiliar, en el que Trigueros era la supuesta víctima. El último caso es el que describe la forma en que el exfiscal general Martínez y uno de sus mandos medios, Julio Arriaza, entorpecieron una potencial investigación contra el exjuez Aurora Giammattei, de acuerdo con la Fiscalía.
La jueza consideró que hubo consumaciones de ilícitos en la mayoría de acusaciones contra Rais, su sobrino, sus abogados y uno de los exjueces involucrados en la trama. Sobre el exjuez Giammattei, la juzgadora dijo que quedó consumada la 'falta de independencia'.
Jiménez advirtió a la representación fiscal que aunque existen indicios de la consumación de los delitos perseguidos para los acusados, la “calidad de la prueba” deberá “robustecerse” en la etapa de instrucción.
La Fiscalía informó que apelará el fallo con el cual se deja en libertad a los acusados, pues considera que existen “posibles indicios” de fuga. 'El señor Enrique Rais presentó recibos donde ni siquiera los servicios están a su nombre, y la jueza considera eso arraigo', cuestionó la cuenta oficial en Twitter de la Fiscalía, citando al fiscal del caso.
En la noche del sábado 27, la Fiscalía también informó que sujetos fuertemente armados circularon en varios vehículos atrás de las instalaciones del Centro Judicial Isidro Menéndez, y que al ser interrogados por custodios del recinto y por policías, dijeron que habían llegado para 'trasladar' al empresario Enrique Rais. Pese a lo extraño del suceso, ninguno de los sujetos fue detenido.
Para apelar la resolución que deja en libertad bajo fianza a los acusados, la Fiscalía deberá esperar hasta el viernes 2 de septiembre, cuando se entregue a las partes el fallo leído este domingo. De los 11 imputados, solo se desconoce el paradero del perito forense Néstor Recinos.
El Faro preguntó a Hernán Cortez, abogado de Enrique Rais, qué garantías ofrecía su cliente para permanecer en el país, dado que es dueño de una flotilla de avionetas y ahora tiene escuchas telefónicas que lo involucran de manera directa al menos en uno de los casos. “Eso es suponer. Póngase a pensar que es casi imposible que una de esas avionetas pueda salir del país sin que las autoridades puedan impedirlo. Solo al alzar vuelo, ahí incluso está la Fuerza Aérea para impedirlo”, dijo.
Cortez añadió, además, que una de las principales estrategias de la defensa será eliminar esas escuchas telefónicas como pruebas en el proceso. Según Cortez, si esas grabaciones nunca fueron utilizadas para perseguir algún delito, debieron eliminarse “hace mucho tiempo”.
La Ley de intervenciones telefónicas autoriza a la Fiscalía para intervenir llamadas previa autorización de un juez y durante un plazo de tres meses, prorrogable hasta en tres periodos más. Finalizado el periodo de intervención, y si la Fiscalía no presentó en los seis meses siguientes a la finalización de la intervención telefónica una acusación ante instancias judiciales, el artículo 23 de la ley dice que los audios y sus transcripciones deben ser destruidos por orden del juez que veía la causa.
La Fiscalía, hasta el momento, ha planteado que durante la administración de Luis Martínez no existió una acusación acuerpada con esas escuchas porque hubo “omisión de investigación” del exfiscal general. La defensa busca encontrar en esa ausencia de persecución penal -y de mediación de un juez- la estrategia que permita eliminar el uso de esos audios que sobrevivieron a la era de Luis Martínez. “No deberían existir. Eso dice la ley. No tienen nada”, dijo el abogado Cortez.
Al finalizar la audiencia, el exfiscal general se abrazó con sus familiares y evitó dar declaraciones a la prensa. Martínez y sus abogados esperan este lunes 29 la resolución de otra audiencia en un caso en el que le Fiscalía lo persigue por haber revelado audios de escuchas telefónicas a terceros. Enrique Rais, al finalizar la audiencia, dijo, sonriente: 'Estamos contentos. Satisfechos con el fallo'.
