El lunes 29 de diciembre de 2014, el abogado Óscar Alberto López Jerez, actual magistrado de la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), se reunió con los representantes de un conglomerado empresarial que querían burlar una investigación por evasión de impuestos. En esa reunión, el abogado López Jerez les aseguró que gracias a sus gestiones con el entonces fiscal general de la República, Luis Martínez, la Fiscalía se había retractado de pedir la detención de una mujer procesada por evadir el pago de 14.6 millones de dólares al fisco.
La conversación de ese día sucedió en unas oficinas ubicadas en el Bulevar Merliot, en Antiguo Cuscatlán, y perfila una conspiración entre la defensa de la imputada -de la que es parte López Jerez- y un empresario que estaba detrás de millonarios depósitos que fueron a parar a las cuentas de las sociedades de la mujer imputada. En el audio de la conversación, filtrado a El Faro, el empresario dice al hoy magistrado López Jerez que han llegado hasta este por recomendación de entonces fiscal Luis Martínez, y López Jerez participa en esa reunión para armar la defensa de su clienta con las recomendaciones de un empresario que ha puesto en aprietos a su clienta, pero que no quiere verse involucrado en el caso.
Además, en la sesión participan dos peritos contables. En esos días, López Jérez era un abogado litigante que además tenía nombramiento como consejero suplente del Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ), organismo responsable de la capacitación y evaluación de los jueces salvadoreños. En esa reunión, López Jerez se presenta como un mediador o un intercesor entre la acusada y el hombre que estaba constitucionalmente obligado a perseguirla por evadir un millonario pago de impuestos.
López Jerez y sus interlocutores construyen poco a poco una historia en la que, según lo que dicen, el entonces fiscal general Martínez se prestó para ordenar a una subalterna que pidiera un cambio de medidas cautelares para la imputada en la audiencia inicial. La Fiscalía pasó de pedir que Bertila Ponce de Olmedo quedara detenida provisionalmente mientras el caso iba a a la siguiente fase, a pedir que se le dejara en libertad. En el audio se escucha decir a los empresarios que ellos ya sabían de ese resultado porque lo habían pactado con el fiscal general. López Jerez replica que él fue clave para que Martínez diera esa orden a su subalterna.
Cuando hablan del exfiscal general se refieren a él como 'el hombre', 'el uno', el 'F1' o 'Luis'. En algunos tramos de la conversación, López Jerez también se refiere a Martínez como su 'amigo'. El empresario en algún momento se dice 'cliente' de Luis Martínez.
Cuando El Faro consultó al ahora magistrado sobre su capacidad de influencia en las decisiones del fiscal Martínez, respondió, vía telefónica, que no obstante lo que se escucha en esa conversación, él en realidad no influyó para favorecer a su clienta. 'Si yo tuviera influencias o las hubiera tenido sobre Luis Martínez, ¿por qué pidió la detención de mi clienta?', dijo.
La reunión sucedió en las oficinas de Almapa, S.A. de C.V. Almapa es la sociedad que maneja los almacenes “Bomba”. Entre otros, en el encuentro participaron el empresario Rafael Martínez y su asesor Miguel Ángel Espinoza, en representación de Bomba; López Jerez y José Roberto Cálix, abogados de Bertila Ponce de Olmedo, procesada por evadir impuestos; y Moisés Emiliano Castillo Renderos, quien aporta sugerencias sobre cómo neutralizar una auditoría del Ministerio de Hacienda.
La historia que desencadenó esa reunión comienza en 2008, año en el que almacenes Bomba depositó parte de sus ingresos en cuentas bancarias de dos empresas ajenas, dirigidas por Bertila Ponce de Olmedo. Esas empresas son Ferjasa y Águilas. El audio de la reunión de diciembre de 2014, la versión que la imputada dio a la Fiscalía en un intento por librarse de cargos, el expediente de la Fiscalía contra Ponce de Olmedo, y las entrevistas que este periódico hizo a los dos defensores de la mujer, permiten establecer que la acusada y los responsables de almacenes Bomba tenían un acuerdo para que los ingresos de estos fueran a parar a las cuentas de las sociedades de la mujer.
En abril de este año, la acusada dijo a la Fiscalía en un documento escrito que el dinero ocultado no le pertenece, sino que es de los hermanos Pablo y Rafael Martínez, que manejan almacenes Bomba.
A partir del audio no queda clara la razón por la cual los hermanos Martínez y Ponce de Olmedo llegaron a ese acuerdo, pero se escucha al perito Castillo Renderos sugerir que el pacto se dejara por escrito. “Lo que hay que hacer es que la niña Bertila tiene que hacer un punto de acta donde autoriza esa empresa que usen… para hacerlo más formal”, dice. Como justificante, aconseja decir que “las personas le hicieron la solicitud de que maneje nuestros fondos por A o B motivo, por la situación delincuencial del país o algo”, añade. Si los dueños de Bomba estaban interesados en gestionar una buena estrategia de defensa para Ferjasa y Águilas era para evitar que las autoridades conocieran 'la intimidad de los movimientos contables' de Bomba.
El caso contra Ponce de Olmedo inició en el año 2010, cuando el Ministerio de Hacienda la señaló por evadir el pago de 14.6 millones de dólares en impuestos. Durante dos años, Ponce de Olmedo fue incapaz de justificar por qué no hizo ese pago correspondiente a 2008. El 23 de marzo de 2012, Carlos Cativo Sandoval, director general de Impuestos Internos, denunció ante la Fiscalía a las sociedades Ferjasa y Águilas. La denuncia estuvo congelada más de dos años, hasta que en octubre de 2014 la Fiscalía presentó el caso al juzgado Cuarto de Paz, y en el requerimiento las autoridades pidieron la detención de Ponce de Olmedo por evasión de impuestos.
En el audio de la conversación de diciembre de 2014 se escucha a López Jerez atribuirse el éxito en su gestión ante el fiscal Martínez para que se cancelara la petición de detención de su clienta:
―¿Qué pasó ese día? Para que vean una muestra de un botón. Yo conozco bien al “número uno”, sé cómo es ―dice López Jerez, en referencia a Luis Martínez―. Entonces, de repente, me cae una llamada. Ya estábamos notificados que venía la audiencia inicial contra la niña Bertila. En el requerimiento fiscal pidiendo detención provisional para ella.
―Sí, así es -le responde el empresario Rafael Martínez.
López Jerez continúa con su relato, en que expone su capacidad de influir en el fiscal general:
―Yo no tenía ningún compromiso con ustedes hasta ese día. Estaba claro que no querían nada conmigo y tienen todo el derecho de tener el abogado que quieran. De repente, me cae una llamada del número uno: “Mirá, Óscar, mirá ese volado, tratá ahí que le den medidas sustitutivas a la niña Bertila” ―relata López Jerez aquella llamada telefónica con Luis Martínez―. 'No, Luis, mirá ―le digo―, disculpá, aquí sí te voy a pedir una cosa…" Claro, por teléfono no le podía decir todas las cosas. 'Te voy a pedir que me ayudés y vos le digás a la fiscal del caso que cambie verbalmente en la audiencia su petición de detención provisional a medidas sustitutivas, vea'... No es obligación del F1 pedir medidas sustitutivas, pero iba pidiendo la detención provisional. Le dije a él: “Mirá, papá, echame la mano y que ella pida la (medidas sustitutivas)… porque esta onda no es así…”
El audio de la conversación dura una hora y media y en ella López Jerez insisten en sus buenas relaciones con Luis Martínez. Martínez fue fiscal general entre diciembre de 2012 y diciembre de 2015. Ahora está detenido en una bartolina policial bajo la acusación de pertenecer a una red de corrupción en el sistema de justicia que favoreció al empresario Enrique Rais. Asimismo, la Fiscalía le imputa la divulgación de información reservada, debido a la filtración de escuchas telefónicas de conversaciones personales del sacerdote Antonio Rodríguez, conocido como “el padre Toño”. En el caso contra Ponce de Olmedo, López Jerez dice en el audio que el exfiscal general ordenó a una subalterna que, en la audiencia inicial, no ratificara la solicitud de detención provisional.
―Yo le dije (a Luis Martínez): no, hablá con la fiscal y que en audiencia cambie su petición. Allá como a la… quizá una hora, hora y media, me habló él: “Vaya, ya hablé con la fiscal”, me dijo. “Ya le di instrucciones”. 'Vaya, así se hace, vergón'. Y chivo, salió todo cachimbón.
El Faro buscó a Manuel Cruz, defensor de Luis Martínez, para pedirle que en nombre de su cliente diera una explicación sobre lo que se escucha en la conversación, pero este declinó hacer comentarios.
Ponce de Olmedo enfrentó la audiencia inicial por evasión de impuestos el 23 de octubre de 2014. En el requerimiento, que había sido presentado el 17 de octubre, la Fiscalía pedía la detención provisional. No solo porque consideraba que había indicios suficientes del delito, sino también por la gravedad de él -punible con hasta ocho años de prisión- y porque las sociedades que Ponce de Olmedo administraba 'obtienen ingresos suficientes que le permiten la salida del país'.
Pero seis días después la fiscal del caso se desdijo. En la audiencia inicial, modificó su solicitud de detención por tres medidas alternativas: la obligación de presentarse a firmar al juzgado, la prohibición de salir del país y el pago de una caución económica. Aunque la jueza Cuarta de Paz consideró que había indicios de delitos, resolvió en favor de la imputada: quedó procesada, pero en libertad, sin ninguna restricción.
Tal como lo relata López Jerez en la reunión, en aquella audiencia la Fiscalía desistió verbalmente de su pedido de ordenar la detención contra su clienta. Los involucrados en el debate entran a una discusión sobre quién podía atribuirse el logro de influir en el fiscal general.
Los representantes de Bomba dicen que antes de la audiencia ya sabían el resultado de esta, y expresan a López Jérez que cuando él habló con Martínez, ellos estaban reunidos con el 'señor fiscal'. Miguel Ángel Espinoza, el asesor del empresario Rafael Martínez, cuenta que ese resultado ya estaba pactado, además de un acuerdo para alejar a los dueños de Bomba de la persecución por evasión.
―En esa última reunión, como ya estaba dictada la audiencia, le dijimos: “Mire, señor fiscal, nosotros en la línea de que no queremos afectar a la niña Bertila, probar el origen de los recursos, hasta en el mismo informe de auditoría está probado'. Él agarró el teléfono y dijo: “No se preocupen. Yo en este momento me encargo. Si bien es cierto que se ha quedado como se ha quedado (orden de captura), nosotros como Fiscalía no vamos a oponernos a ninguna solicitud que haga el representante de doña Bertila. En este momento le voy a hablar para que ustedes vean que yo le voy a decir a él: mirá, ponete buzo ahí”.
Según Espinoza, el exfiscal Martínez luego les aseguró que López Jerez no tendría inconvenientes porque la Fiscalía ya no daría problemas a la acusada.
―Esa fue la charla que hizo frente a nosotros. Se supone pues que el caso se ha manejado de esta forma (…) Así fue que en ese instante él (Luis Martínez) dijo: “No, que él (López Jerez) la siga representando, yo hablo con él y que él siga armándola y que no se preocupe por parte de la Fiscalía. Aunque diga que estamos pidiendo detención provisional, pero nosotros no vamos a hacer absolutamente (nada) en la audiencia y que la señora pueda salir con medidas”. Bueno… salió hasta sin medidas.
“El apoyo de él es total”
Los registros públicos dicen que Bomba es una empresa administrada por una comerciante de San Martín y una secretaria de Apopa. Las mujeres son empleadas de una familia de apellido Martínez, los verdaderos dueños de la empresa, los que no aparecen en los documentos. Llegar a esta conclusión requiere seguir el rastro del dinero y de varias otras sociedades.
Imagine que usted compra un peluche en los almacenes Bomba. La empresa que factura esa compra se llama Almapa, S.A. de C.V. Esa compañía es administrada por Herminia Josefa López de Juárez, una comerciante de 51 años, residente en San Martín. Herminia administra ocho empresas más, una de las cuales es Inversiones y Proyectos Cuscatlán. Esta empresa es dueña de un local en Metrocentro y es dirigida por Pablo Antonio Martínez Santiago.
Herminia y otras 12 personas -entre ellas una secretaria y un motorista- son los empleados de las tiendas Bomba que depositaron el dinero en las cuentas de las dos empresas de Ponce de Olmedo. La familia Martínez no aparece en esa lista de personas. Los Martínez, en apariencia, no tienen ninguna relación con el caso porque los directivos de las compañías y las personas que depositaron el dinero son otras. En el audio, Espinoza, exdirector de Impuestos Internos del Ministerio de Hacienda, dice que esta institución entrevistó a algunos de esos supuestos empresarios, pero ellos dijeron que no son accionistas de nada. 'Es que los accionistas dicen que no son socios de esas empresas y que nunca han tenido relación'.
Rafael Martínez, el hombre que en el audio dice ser 'cliente' del fiscal general, no tiene ninguna empresa relacionada en este litigio. Sin embargo, Rafael es hermano de Pablo Antonio Martínez Santiago, aquel hombre que dirige una empresa con un local en Metrocentro y que a su vez tiene acciones en los almacenes Bomba por medio de otra empresa llamada Invepa, S.A. de C.V. La administradora de Invepa es una secretaria de Apopa que se llama Marta Alicia Osorio Dimas.
La familia Martínez y sus socios -la secretaria de Apopa y la comerciante de San Martín- manejan 17 sociedades que se dedican a salas de belleza, manejo de tarjetas de crédito, venta de ropa o, sencillamente, a “la explotación del comercio en general o a la industria”. Las empresas son prósperas. Almapa, la sociedad que maneja los almacenes Bomba, reportó 12.8 millones de dólares en activos en su último balance presentado al Registro de Comercio. Almacenes Bomba vende ropa, peluches, lámparas, desarmadores, zapatos, juguetes y otros artículos de hogar que importa, principalmente, desde China.
Aquel 29 de diciembre de 2014, Rafael Martínez parecía convencido de que López Jerez era uno de los abogados que tenía gran influencia en la Fiscalía de Luis Martínez, una relación que les garantizaría evitar que los involucraran en el caso de evasión de impuestos. De acuerdo con Rafael Martínez, el fiscal general –“el número uno”- ya les había prometido un acuerdo con el hoy magistrado, pero López Jerez sale a rechazar esa posibilidad.
―No, no, ahí... ¡huy, cuidado con esas palabras! Yo quiero aclararle, don Rafael, que yo no he comprometido para nada a la Fiscalía. Para nada le he dicho a nadie ni dentro de los honorarios que me han pagado está que voy a controlar a la Fiscalía y, mucho menos, que yo estoy aliado con el fiscal general -dice López Jerez.
―Pero en el informe que yo he tenido yo he sido claro, por eso es que ha habido una elección por usted, porque quien va a dictar los pasos es él (el fiscal general) -replica Rafael Martínez.
―Usted ha sido claro con (José Luis) Córdova quizá -le dice López Jerez, en alusión a otro abogado que no estaba presente en aquella reunión pero que asesoraba a los Martínez, tanto que a este habían buscado en primera instancia para defender los intereses de Ponce de Olmedo.
―Con él directamente.
―¿Con quién?-pregunta López Jerez.
―Con el número uno. Él me dijo: 'Él va a hacer lo que yo diga', verdad. ¿Entonces? Puedo estar delante de él y repetírselo.
López Jerez, al escuchar aquellas palabras, responde con el tono de una persona indignada:
―Como usted guste. Lo que yo quisiera es que seamos más que todo ubicados, ¿vea? Si usted observa, yo nunca estuve en una reunión en la que estuviera él (Luis Martínez) y estuviera usted. Inclusive cuando yo llevaba este caso con la niña Bertila, prácticamente a mí se me dijo: mire, mejor hágase a un lado. Y me hice a un lado. A mí no me gusta andarme peleando por un cinco. Yo entendí que ustedes iban a ver cómo trabajaban la cuestión con Córdova. ¿Y quién fue? A mí ya no me importaba eso. Y tampoco iba a salir yo de anti ético o de mala gente a estar metiendo cuchilla: 'ya que no me dan los centavitos, que no se los ganen a ellos'. Jamás soy de ese tipo de persona. ¿Estamos en eso?
Rafael Martínez, el empresario, zanja el tema explicándole que él, Luis Martínez y el abogado Córdova habían llegado a la conclusión que Ponce de Olmedo quería ser representada por López Jerez. Según Rafael Martínez, el exfiscal general concluyó por todos qué era lo más conveniente:
―Entonces vino él (Luis Martínez) y dijo así: 'Yo voy a hablar con aquel (López Jerez) para que haga lo que aquí le vamos a decir. Lo que no queremos es hacer improvisaciones o imprevistos, sino que todo sea vía cantada, porque yo domino esta área, desde este lado (la Fiscalía)'.
El magistrado de la Corte Suprema de Justicia que participó en esta reunión en que se alude a la gestión de favores en el sistema de justicia tiene un largo historial como funcionario público. López Jerez fue asesor jurídico del Ministerio de la Defensa en plena guerra civil, entre 1987 y 1989. Usó la década de los noventa para impulsar su carrera privada. Entre 2006 y 2012 fue asesor jurídico del Partido Demócrata Cristiano (PDC). En 2010, los diputados lo eligieron consejero suplente del Consejo Nacional de la Judicatura, un cargo al que renunció en febrero de 2015.
Solo tres meses después, sus excompañeros del CNJ lo introdujeron en la lista de 15 candidatos que propusieron a la Asamblea Legislativa para que esta eligiera a los cinco magistrados que renovarían una tercera parte de la Corte Suprema de Justicia. La Asamblea Legislativa lo nombró magistrado en septiembre de 2015 y está asignado a la Sala de lo Civil.
La relación entre López Jérez y el exfiscal Martínez data, por lo menos, de 1999: fueron compañeros en la defensa de Juan Torres Polanco, expresidente de la Federación Salvadoreña de Fútbol (Fedefut). Torres Polanco fue procesado y dos veces absuelto por corrupción. La Corte de Cuentas expuso un desfalco por 36 millones de colones (unos 4.1 millones de dólares, según el tipo de cambio legal) durante su gestión al frente del fútbol salvadoreño. En esa época, López Jerez y Luis Martínez eran compañeros en el despacho de Arturo Ramiro Méndez Azahar.
En la grabación, el empresario Rafael Martínez expresa una preocupación por algo que había ocurrido seis días antes de aquella conversación, el 23 de diciembre de 2014: el Juzgado Cuarto de Instrucción había ordenado el secuestro de documentación y hacer peritajes a las empresas de Ponce de Olmedo: “Lo que no queremos es improvisaciones o imprevistos, sino que todo sea vía cantada”, pedía Rafael Martínez, representante de Bomba.
El empresario se pregunta por qué se ha ordenado esos allanamientos y dice no entender por qué la Fiscalía no les informó previamente. El tono con el que habla a López Jerez es como el de la persona que pide cuentas a otra por algún resultado fallido. Le habla como si López Jerez, en lugar de ser defensor de Bertila Ponce de Olmedo, también fuera el defensor de este hombre detrás de almacenes Bomba. López Jerez intenta desmarcarse y le dice de nuevo que no tiene influencias en las decisiones del entonces fiscal general. El empresario le replica:
―Vaya, pero vamos a ser claros en esto, licenciado (López Jerez), para que lo sepa…
―No, pero espéreme...
―… porque a mí lo que no me gustan son las sorpresas, máxime que vengan de la Fiscalía, porque el apoyo de él (Luis Matínez) no es parcial. El apoyo de él es total. De tal forma que cuando él me llamó y me dijo: “Fíjese que a última hora vine y salió tal...” ¡Chispas!, dije, ¿y cómo es que no lo sabemos, viniendo de la Fiscalía? Es decir, uno en calidad de cliente tiene espacios de reclamos, verdad.
―Pero yo… si vamos a seguir con esa forma de pensar, yo no puedo estar asumiendo porque si algo me gusta es prever problemas -responde López Jerez.
―... pero hoy en enero (de 2015) vamos a buscar una reunión donde esté él y estén ustedes también, para no estar en esto, ¿veá? -dice Rafael Martínez.
López Jerez respalda esa propuesta:
―Eso es lo que le iba a sugerir. Ustedes tienen, porque miren, yo lo conozco, yo lo conozco muy bien. Entonces... y esto así es: si yo estoy en una reunión y yo callé, otorgué, vea, aunque no haya hablado... Pero si yo no estuve en esa reunión, ¿cómo usted puede reclamarme a mí que sabe de esta petición de esta auditoría? ¿Sí o no? Por lógica. Le digo porque aquel tiene eso: 'No`mbre, tranquilo, yo hablo con él'. Conmigo no ha hablado nada, se lo juro por mis hijos. Yo no estoy hablando mal de mi amigo, porque es mi amigo. Pero tampoco yo puedo asumir responsabilidades que yo nunca he asumido. ¿Tiene lógica sí o no?
―Sí, está bien -responde Rafael Martínez.
―Por eso es que yo le digo humildemente: convoque a una reunión en la que esté Córdova, el F1, usted y yo -recomendó López Jerez.
El Faro llamó a López Jerez, en la tarde del 31 de agosto, para pedirle su versión de los hechos. El magistrado concedió a este periódico una entrevista de 10 minutos, vía telefónica. Consultado sobre por qué llamó al exfiscal Martínez para pedirle el favor de que no pidiera detención contra su clienta, el magistrado asegura que no se acuerda. “Ajá, hmm. Es que mire, no recuerdo... fíjese que ahorita no recuerdo bien, pero sí está... lo que pasa es que... mire, para mí fue una gran injusticia eso que estaban queriendo hacer... que hicieron, mejor dicho: pedir la detención de ella”.
A López Jerez se le preguntó cómo podía tener esa capacidad de influencia en el exfiscal reflejada en su conversación de diciembre de 2014, pero rechazó que eso fuera así. “Mire, si yo tuviera influencias sobre el licenciado Luis Martínez, o las hubiese tenido, mire, ¿por qué pidió la detención de mi clienta? ¿Ah? ¿Le parece a usted que eso es influencia? ¿Verdad que no?”
Este periódico volvió a llamar a López Jerez los días 3 y 4 de septiembre, pero no respondió. Se le dejó mensajes para ofrecerle la oportunidad de ampliar sus explicaciones. El magistrado no correspondió.
El caso de los $14.6 millones
El 23 de marzo de 2012, Carlos Cativo Sandoval, el director general de Impuestos Internos del Ministerio de Hacienda, denunció a la Fiscalía que las sociedades Ferjasa y Águilas habían evadido impuestos en el año 2008. De acuerdo con la fiscalización tributaria del Impuesto sobre la Renta, las empresas de Bertila Ponce de Olmedo habían defraudado, en total, unos 3.4 millones de dólares. La defraudación de Ferjasa ascendía a casi 2.87 millones y la de Águilas a 572 mil 564 dólares.
Por medio de exámenes posteriores, Hacienda consideró que el perjuicio total al erario público era de 6 millones 647 mil 456 dólares en el caso de Ferjasa, y de 7 millones 999 mil 206 dólares, en el caso de Águilas. Es decir, el Estado le reclamaba unos 14.6 millones de dólares a las empresas de Ponce de Olmedo. Los abogados de la defensa estiman esa cantidad a la baja, en unos 10 millones, y denuncian que en Hacienda no se respetó el debido proceso ni se le permitió a su clienta desvanecer los señalamientos por las cuentas de sus empresas. La otra estrategia, la de desvincular a Ponce de Olmedo de los millonarios depósitos de Bomba, también se habló en la reunión de diciembre de 2014. Ahí discutieron que el plan era probar que esos ingresos no eran de Ponce de Olmedo y, por lo tanto, no le correspondía a ella pagar impuestos por ese dinero. Miguel Ángel Espinoza, el asesor financiero de Bomba en la reunión, es quien explica cómo se debe proceder:
―Por eso, yo le decía que lo importante para Ferjasa no es demostrar si esos 10 millones pagaron o no pagaron impuestos, sino que lo importante para Ferjasa es demostrar que el dinero no era de ellos. Nada más. ¿Cómo demuestra que el dinero no era de ella? Ahí están todas las declaraciones de todas las encargadas donde decían: “Mire, el dinero provenía de las ventas de estas tiendas de las empresas tales y tales'.
Ferjasa fue constituida el 12 de agosto de 1991 y el examen que realizó la Dirección de Impuestos Internos fue sobre cuatro sucursales: las tiendas “El Dollar”, de San Miguel y Soyapango, y las tiendas “Pick and Save”, de Santa Tecla y la Plaza Merliot.
Hacienda acusa a Ferjasa “no solo de no declarar su totalidad de ingresos, sino que además consignó deducciones improcedentes por 2 millones 867 mil 808 dólares. Además por no haber llevado registro de libros especiales de control de inventario, por tener doble contabilidad (con dobles tiquetes registrados) y declarando información falsa”, dice el expediente de la Fiscalía.
El caso de Águilas es similar. Hacienda también examinó la casa matriz de esta empresa, “el nuevo Pick and Save de San Miguel”, y las sucursales “El Nuevo Pick and Save” de Santa Ana, “El Dollar” de Plaza Mundo y “El Dollar del Pick and Save” de Sonsonate.
Hacienda asegura que los estados financieros de Águilas carecen de credibilidad. Primero, porque su auditor es Juan Peréz Flores, una persona que falleció en 2008. Segundo, porque el inventario está firmado por Daysi Esquivel, quien no está inscrita en el registro del Consejo de Vigilancia de la Contaduría Pública.
Hacienda también acusa a Águilas de no llevar un control de inventarios como lo obliga el Artículo 142 del Código Tributario. Según Hacienda, esto impide que se refleje “clara y verazmente el real movimiento de la mercadería, valuación, resultado de las operaciones” para que el Estado verifique el monto inicial, las ventas y la existencia de productos en la sociedad.
Una acusación que comparten las dos empresas es la de deducirse costos “por compras inexistentes mediante comprobantes emitidos a empresas de papel”. Estas sociedades 'de papel' cumplen la labor de dificultar el rastreo de los inversionistas detrás de este tipo de negocios. En este caso, las compañías a las que alude Hacienda son Importaciones Latinoamericanas, Importaciones Olivos, Servicios y comercialización de productos varios, Negocios y Servicios Piedra Blanca, Importaciones y distribuciones El Roble, y Riverman Marketing. Según el expediente, que está en el Juzgado Cuarto de Instrucción a la espera de la audiencia preliminar, son establecimientos con direcciones inexactas o inexistentes.
Bertila Ponce de Olmedo culpa a la familia Martínez de sus problemas con el fisco. Considera que se le reclama evasión de impuestos por el dinero que los almacenes Bomba depositaron y retiraron de las cuentas bancarias de sus empresas, un problema que la familia Martínez se comprometió a resolver. “Me hicieron creer que todo estaba arreglado a nivel de Ministerio de Hacienda y la Fiscalía”, se lee en un escrito que presentó a la Fiscalía el 28 de abril de 2016. En ese documento pidió una audiencia con el fiscal general Douglas Meléndez para decirle “con nombre y apellido y cargos” quiénes son las verdaderas personas involucradas, según ella, en corrupción. Ponce de Olmedo recibió respuesta de la Fiscalía hasta dos meses después, cuando se reunió con el asesor del fiscal, Juan Carlos Fuentes Real.
Luego, el pasado 18 de agosto de 2016, Ponce de Olmedo reiteró su solicitud de que se le considere como un testigo con criterio de oportunidad y entregó a las autoridades una memoria electrónica que contiene el audio en que el empresario Rafael Martínez y el abogado López Jerez hablan sobre los acuerdos que aseguran haber pactado con el entonces fiscal general, Luis Martínez. La Fiscalía citó a Ponce de Olmedo 13 días después, el recién pasado 31 de agosto. Tres fiscales hablaron con la mujer de 74 años que pide trato favorable a cambio de aportar información: el asesor del fiscal general, Rodolfo Delgado; el jefe de la División de los Intereses del Estado, Mario Dónald Salazar; y el jefe de la Unidad Penal, Jonathan Mata.
El viernes 2 de septiembre, El Faro llamó al exdirector de impuestos internos y asesor financiero de los almacenes Bomba, Miguel Ángel Espinoza, para pedirle una entrevista. Espinoza dijo que se reuniría con la familia Martínez para discutir el caso y responder a las preguntas de este periódico. Un día después, el sábado, Rafael Martínez dijo que emitirían comentarios hasta después de esta publicación.
