Tras un año de negociaciones que llevaron a nada, Arena (35 votos), FMLN (31) y Gana (11) lograron un sorpresivo acuerdo para elegir a 14 integrantes -7 propietarios y 7 suplentes- del Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ), organismo determinante en el proceso de selección de los cuatro magistrados de la Sala de lo Constitucional que -en 2018- sustituirán a los actuales magistrados.
El PCN y el PDC quedaron fuera del acuerdo y acusaron a los partidos mayoritarios de haber viciado la elección. Los seis diputados del PCN y el diputado del PDC se retiraron del pleno en rechazo al acuerdo. Mario Ponce, jefe de bancada de PCN, denunció que el mecanismo de elección fue por reparto de cuotas partidarias.
Arena propuso a tres de los consejeros propietarios: Doris Deysi Castillo de Escobar; Carlos Wilfredo García Amaya, magistrado de la Cámara de lo Civil de Santa Ana; y María Antonieta Josa de Parada. Josa es una abogada que ha hecho su carrera como catedrática. Su título de abogada incluye irregularidades como haber obtenido equivalencias en la Universidad Salvadoreña de 11 materias que nunca cursó, según el informe Vidales de títulos irregulares. El diputado Ernesto Muyshondt la defendió de ese señalamiento: “en ese informe hay muchas personas. Ella también fue la más votada de las universidades privadas y ha pasado por ese filtro”. La consejera es hermana de José Eduardo Josa, quien fue diputado suplente de Arena y candidato a diputado por Sonsonate en las elecciones de 2015, siempre con el partido tricolor.
El FMLN propuso a María Petrona Chávez Soto, una abogada de Zacatecoluca que en 2013 fue electa por la Corte Suprema como miembro de la Junta de la Carrera docente de La Paz; a Gloria Elizabeth Álvarez, una fiscal con 14 años de experiencia; y a Santos Cecilio Treminio Salmerón, reelecto por segunda vez para el CNJ, del que fue presidente desde el 30 de abril de 2015 hasta el pasado 18 de agosto. Treminio está en el CNJ desde 2006 y en 2021, cuando se cumpla el periodo para el cuál los diputados lo eligieron la noche del jueves, habrá pasado 15 años en la misma institución. Actualmente es profesor de Derecho en la Universidad de El Salvador. Lorena Peña, presidenta de la Asamblea, dijo que los partidos pequeños les habían pedido al FMLN y Arena llegar a un acuerdo para resolver el impasse de un año. 'Van candidatos de ellos (PCN y PDC) también. Todos los electos están de acuerdo a la idoneidad legal que pide la Constitución', dijo Peña.
La propuesta de GANA fue Alcides Salvador Funes Teos. Funes Teos ya fungió como consejero propietario del CNJ entre 2010 y 2015, y actualmente trabajaba en la sección de Investigación Judicial de la Corte Suprema de Justicia. Es esposo de la magistrada de la Cámara Tercera de lo Penal, Gloria de la Paz de Lizama. El Tribunal de Ética Gubernamental tiene en trámite una denuncia contra Funes Teos y otros dos consejeros, según publicó Diario El Mundo. La denuncia consiste en un intento de cambio de notas en la evaluación judicial de la magistrada Lizama, la esposa del consejero Funes Teos, de acuerdo con El Mundo.
“La repartición de cuotas políticas y partidarias en la elección de funcionarios de segundo grado continúa siendo una práctica en este Órgano de Estado por parte de las fuerzas políticas mayoritarias”, dice un comunicado de la bancada del PCN en el que sostienen que la idoneidad y competencia notorias que exige la constitución no fueron ponderadas. El PCN conoce bien esta práctica: durante los cuatro gobiernos de ARENA, este partido negoció cuotas a cambio de acompañar con sus votos iniciativas del gobierno.
La tónica para elegir a los consejeros suplentes fue la misma: tres a propuesta de Arena, tres a propuesta del FMLN y uno de GANA.
Rodolfo Parker, diputado del PDC, sugiere que este reparto de cuotas partidarias puede ser la antesala de la forma en que se elegirá a 5 magistrados que deben ser electos en 2018, cuatro de ellos en la Sala de lo Constitucional. “Neto (en referencia al diputado Ernesto Muyshondt) no alcanzó a ver que canjeó a la próxima Sala de lo Constitucional por la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos”, dijo Parker. En la misma plenaria, Arena, FMLN y Gana, nombraron como nueva procuradora para la defensa de los derechos humanos a Raquel Caballero de Guevara.
El precedente al que alude el diputado Parker tiene una explicación. Los cuatro magistrados de la Sala de lo Constitucional electos en 2009 y que concluyen su mandato en 2018 llegaron a sus puestos tras una serie de negociaciones en las que fue determinante el CNJ. Los elegidos fueron los cuatro magistrados que eliminaron la ley de amnistía, que obligaron a una reforma del sistema electoral, que destituyeron tres veces a los magistrados de la Corte de Cuentas, a un presidente de la Corte Suprema y a dos generales del Ministerio de Seguridad y de la Policía Nacional, entre otras decisiones que han marcado su gestión.
En 2009, cuando fueron electos, ocurrió una negociación a puerta cerrada en Casa Presidencial en la que participaron todos los partidos políticos. Arena y FMLN, principalmente, decidieron modificar la lista original de candidatos aptos para integrar la Corte Suprema de Justicia elaborada por el CNJ. La decisión del CNJ, que se supone un organismo independiente que con criterio técnico postula 15 nombres para que de ellos los diputados escojan a los nuevos magistrados, se terminó concretando en una votación secreta.
En julio de 2009, el ahora exconsejero, Carlos Arnulfo Cándido, sí admitió que la decisión de los partidos influyó en la definición de la lista del CNJ, que por ley se envía al parlamento junto a otra lista que surge de una votación de los gremios de abogados. “Los tomamos en cuenta desde que se comenzó a mencionar públicamente los nombres... yo lo tomo como una sugerencia”, respondió Cándido, cuando se le preguntó de la extraña coincidencia entre organizaciones políticas y un organismo supuestamente técnico.
En la plenaria de ayer, el diputado del PDC, también advirtió que de este CNJ depende la elección de 100 nuevos jueces.
La nueva procuradora
Raquel Caballero es una abogada de 52 años que tiene 15 años de experiencia en la PDDH, donde fue secretaria general, entre agosto y diciembre de 2007, y procuradora adjunta para la defensa de los derechos de la mujer y la familia en dos periodos: desde agosto de 2001 a agosto de 2005, y entre enero de 2008 y febrero de 2014. También tiene 21 años de experiencia como docente de la escuela de Capacitación Judicial, en las áreas de género y familia. Caballero fue parte del equipo que redactó la ley LEPINA para la protección infantil. En diciembre del año pasado, Caballero fue conferencista invitada en un congreso cristiano sobre la violencia de género en el que también participó como ponente la diputada Karla Hernández, de Arena.
Caballero enfrentará los retos de un país sin Ley de Amnistía, con prácticamente todos los casos de violación de derechos humanos en la guerra civil pendientes de resolver. Reemplazará a David Morales, un procurador que se caracterizó por su interés por los casos de memoria histórica, lo que le granjeó el desprecio de Arena, y que hacia el final de su periodo se mostró crítico con la actuación de la Policía y el Ejército en casos de ejecuciones extrajudiciales.
